21 de diciembre de 2019
La pulsión voraz del peronismo
Héctor M. Guyot
LA NACION
Muchas de las juras que se han escuchado esta semana muestran hasta qué punto el kirchnerismo se ha convertido en un catecismo con deidades y santos a los que hay que adorar por encima de todo. Antes se juraba por la Patria y hoy se jura invocando a Néstor. No el de carne y hueso, sino esa construcción mítica que da nombre a importantes edificios públicos y actualiza el fervor que hasta aquí despertó la figura de Perón. La fe de carácter religioso llevada a la política eclipsa la racionalidad y aviva un fanatismo que es una de las grandes amenazas a la convivencia democrática. No solo en la Argentina, sino también en muchos otros países del globo. Esa fuga de la razón llegó al colmo en Avellaneda, donde el intendente Jorge Ferraresi, al asumir su tercer mandato, y acaso para perpetuar el dogma en las próximas generaciones, le hizo leer a un niño su jura "por la memoria viva de Perón, de Evita y de Néstor, y por la demostrada lealtad hacia Cristina".
Juras de un tenor parecido se vieron en el Congreso, adonde el Gobierno llevó su proyecto de ley para restablecer un estado de emergencia (o varios) que trastoca el equilibrio de poderes y los concentra en el Ejecutivo. Esta semana, por primera vez, los movimientos de Alberto Fernández y los de Cristina Kirchner resultaron coordinados. Tanto el Presidente como la vice avanzaron con paso decidido, cada uno por su lado, en una carrera por el control de los resortes de poder. Es la vieja pulsión hegemónica del peronismo, pero recargada. En lo más alto de la administración, la acción es desplegada hoy desde dos cabezas, cada una con sus respectivos equipos. Una apunta a dominar la política. La otra, en apariencia, se concentra en la Justicia.
Nadie puede negar la urgencia que vive el país y el estado de indigencia en que se encuentra mucha gente que "no la está pasando bien", como suele repetirse en eufemismo un tanto banal. Se espera del Gobierno que actúe sin más dilaciones que las que demanda una adecuada coordinación de la ayuda social. Lo que enciende la luz roja y despierta desconfianza es el intento por parte del Ejecutivo de hacerse de facultades propias del Congreso, entre ellas la de rediseñar o suprimir a su arbitrio decenas de organismos descentralizados (incluyendo, nada menos, la Auditoría General de la Nación y la Unidad de Información Financiera). No se puede homologar al Presidente con la vice, pero es mejor no olvidar los apoyos legislativos que un cándido progresismo le concedió a Cristina Kirchner durante su mandato, siempre por bellísimas razones, y que ella tradujo después en la "democratización" de la Justicia o en la persecución de los medios críticos. Esta vez la oposición, que votó en contra, obligó al Gobierno a introducir cambios.
La ley enviada al Congreso incluye un impuestazo que recaerá, sobre todo, en la clase media y el campo. Eventualmente, el golpe llegará también a los jubilados (aunque, al menos por ahora, no a los exfuncionarios públicos de alto rango, jueces y legisladores, que mantendrían la movilidad jubilatoria con un promedio de más de 200.000 pesos al mes). En lugar de achicar el gasto público o apuntar a los de más arriba, el Gobierno eligió equilibrar las cuentas mediante el aumento de la presión fiscal a los que siempre pagan, aun a riesgo de ahogar las fuerzas productivas y agotar la paciencia de los mansos.
Todo llegó con el nombre de "ley de solidaridad social y reactivación productiva", una finta semántica, una chicana moral que encubre la secuencia de causas y efectos por la que estamos como estamos, y que les permite a los principales artífices del desmadre pedir un sacrificio mientras la elite política y sindical del peronismo se saca los ojos por los cargos y las cajas. Lo ocurrido en la UTA es solo un ejemplo. Nuevo capítulo de una historia de privilegios que durante décadas ha desangrado al país hasta dejarlo exhausto y con un Estado imposible, lleno de arribistas y militantes.
Mientras, los presuntos protagonistas del último saqueo van quedando en libertad. En este frente, la vicepresidenta libra la verdadera batalla. Esta semana, el juez Ramos Padilla procesó al fiscal Stornelli en un ardid fraguado en la prisión cuyo objetivo es desbaratar la causa de los cuadernos de las coimas. Kicillof -que redactó su propia ley de emergencia- borró de un decretazo al Poder Judicial, al calificar de lawfare el procesamiento de dos funcionarios a los que, contra la ley, designó. Un miembro fundador de Justicia Legítima, una agrupación de jueces y fiscales militantes, quedó al frente de la Oficina Anticorrupción.
Hay preguntas todavía sin respuesta. Cuando Fernández le saca poder al Congreso, ¿se lo arrebata también a la vicepresidenta, que armó allí su bastión? ¿O el poder que acumule será después capitalizado por ella? ¿Van juntos o separados? En medio de un fanatismo que va in crescendo, interrogantes como este son los que obligan a estar atentos y hacen difícil confiar sin más en las razones del Presidente.
Por: Héctor M. Guyot
Muchas de las juras que se han escuchado esta semana muestran hasta qué punto el kirchnerismo se ha convertido en un catecismo con deidades y santos a los que hay que adorar por encima de todo. Antes se juraba por la Patria y hoy se jura invocando a Néstor. No el de carne y hueso, sino esa construcción mítica que da nombre a importantes edificios públicos y actualiza el fervor que hasta aquí despertó la figura de Perón. La fe de carácter religioso llevada a la política eclipsa la racionalidad y aviva un fanatismo que es una de las grandes amenazas a la convivencia democrática. No solo en la Argentina, sino también en muchos otros países del globo. Esa fuga de la razón llegó al colmo en Avellaneda, donde el intendente Jorge Ferraresi, al asumir su tercer mandato, y acaso para perpetuar el dogma en las próximas generaciones, le hizo leer a un niño su jura "por la memoria viva de Perón, de Evita y de Néstor, y por la demostrada lealtad hacia Cristina".
Juras de un tenor parecido se vieron en el Congreso, adonde el Gobierno llevó su proyecto de ley para restablecer un estado de emergencia (o varios) que trastoca el equilibrio de poderes y los concentra en el Ejecutivo. Esta semana, por primera vez, los movimientos de Alberto Fernández y los de Cristina Kirchner resultaron coordinados. Tanto el Presidente como la vice avanzaron con paso decidido, cada uno por su lado, en una carrera por el control de los resortes de poder. Es la vieja pulsión hegemónica del peronismo, pero recargada. En lo más alto de la administración, la acción es desplegada hoy desde dos cabezas, cada una con sus respectivos equipos. Una apunta a dominar la política. La otra, en apariencia, se concentra en la Justicia.
Nadie puede negar la urgencia que vive el país y el estado de indigencia en que se encuentra mucha gente que "no la está pasando bien", como suele repetirse en eufemismo un tanto banal. Se espera del Gobierno que actúe sin más dilaciones que las que demanda una adecuada coordinación de la ayuda social. Lo que enciende la luz roja y despierta desconfianza es el intento por parte del Ejecutivo de hacerse de facultades propias del Congreso, entre ellas la de rediseñar o suprimir a su arbitrio decenas de organismos descentralizados (incluyendo, nada menos, la Auditoría General de la Nación y la Unidad de Información Financiera). No se puede homologar al Presidente con la vice, pero es mejor no olvidar los apoyos legislativos que un cándido progresismo le concedió a Cristina Kirchner durante su mandato, siempre por bellísimas razones, y que ella tradujo después en la "democratización" de la Justicia o en la persecución de los medios críticos. Esta vez la oposición, que votó en contra, obligó al Gobierno a introducir cambios.
La ley enviada al Congreso incluye un impuestazo que recaerá, sobre todo, en la clase media y el campo. Eventualmente, el golpe llegará también a los jubilados (aunque, al menos por ahora, no a los exfuncionarios públicos de alto rango, jueces y legisladores, que mantendrían la movilidad jubilatoria con un promedio de más de 200.000 pesos al mes). En lugar de achicar el gasto público o apuntar a los de más arriba, el Gobierno eligió equilibrar las cuentas mediante el aumento de la presión fiscal a los que siempre pagan, aun a riesgo de ahogar las fuerzas productivas y agotar la paciencia de los mansos.
Todo llegó con el nombre de "ley de solidaridad social y reactivación productiva", una finta semántica, una chicana moral que encubre la secuencia de causas y efectos por la que estamos como estamos, y que les permite a los principales artífices del desmadre pedir un sacrificio mientras la elite política y sindical del peronismo se saca los ojos por los cargos y las cajas. Lo ocurrido en la UTA es solo un ejemplo. Nuevo capítulo de una historia de privilegios que durante décadas ha desangrado al país hasta dejarlo exhausto y con un Estado imposible, lleno de arribistas y militantes.
Mientras, los presuntos protagonistas del último saqueo van quedando en libertad. En este frente, la vicepresidenta libra la verdadera batalla. Esta semana, el juez Ramos Padilla procesó al fiscal Stornelli en un ardid fraguado en la prisión cuyo objetivo es desbaratar la causa de los cuadernos de las coimas. Kicillof -que redactó su propia ley de emergencia- borró de un decretazo al Poder Judicial, al calificar de lawfare el procesamiento de dos funcionarios a los que, contra la ley, designó. Un miembro fundador de Justicia Legítima, una agrupación de jueces y fiscales militantes, quedó al frente de la Oficina Anticorrupción.
Hay preguntas todavía sin respuesta. Cuando Fernández le saca poder al Congreso, ¿se lo arrebata también a la vicepresidenta, que armó allí su bastión? ¿O el poder que acumule será después capitalizado por ella? ¿Van juntos o separados? En medio de un fanatismo que va in crescendo, interrogantes como este son los que obligan a estar atentos y hacen difícil confiar sin más en las razones del Presidente.
Por: Héctor M. Guyot
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