viernes, 28 de febrero de 2020
Jubilados
28/02/2020 - 14:25
Jubilados
Quien se jubile entre marzo y mayo próximos, ganará más que quien se jubiló entre diciembre y febrero
Esto es, a igual salario y años de aporte. El que ya se jubiló recibe 2,3% más $1.000; el que lo haga ahora -por el ajuste del salario que se toma como referencia- aumenta el 9,3%.
Centro de jubilados. Foto Juano Tesone
Ismael Bermúdez“Una persona que se jubiló el 28 de febrero con un haber inicial de $ 60.000, en marzo cobrará $ 62.880, porque recibirá el aumento del 2,3% más los $ 1.500. En cambio si se jubila el 1 de marzo su jubilación inicial será de $ 65.628,60 porque recibirá un aumento del 9,38% que corresponde a la actualización de las remuneraciones históricas para quienes cesen para jubilarse a partir del 29 de febrero. O sea $ 2.748,60 más”.
Los números son del especialista previsional Guillermo Jáuregui quien explicó que el achatamiento de las jubilaciones provoca una distorsión entre quienes con las mismas remuneraciones y años de aportes se jubilaron antes del 28 de febrero y quienes lo hacen después de esa fecha.
Esto pasa porque las remuneraciones de los últimos 10 años, que se toman como referencia para la determinación del haber inicial, se actualizan por el RIPTE (índice de los salarios registrados o con aportes) que para los meses de marzo, abril y mayo se ajustan un 9,38%. En cambio quien se jubiló entre diciembre y enero, la jubilación recibirá un incremento del 2,3% más $ 1.500, lo que representa un 4,8%. Una diferencia de casi 4,6 puntos.
Otros ejemplos. Para una jubilación de $50.000. Si en lugar de cesar el 28 de febrero, el afiliado cesara el 29, el haber inicial resultante con las mismas remuneraciones será de $ 54.690,50 en lugar de $ 52.650. Una diferencia de $ 2.040,50 Para una jubilación de $90.000. Si en lugar de cesar el 28 de febrero, el afiliado lo hiciera el 29, el haber inicial resultante con las mismas remuneraciones recibirá un aumento del 9,38% es decir, sería de $ 98.442,90 o $ 4.872,90 más que en el caso anterior.
A partir de los $ 21.000, a la persona le conviene jubilarse un día más tarde y la diferencia se agranda a medida que las remuneraciones son mayores.
Jauregui explicó que hasta ahora si bien las remuneraciones y las jubilaciones tenían distintos coeficientes de actualización, las diferencias no eran tan pronunciadas porque ambas se aplicaban sin distinción entre los distintos rangos de remuneraciones o de haberes jubilatorios. Pero con el achatamiento de las jubilaciones la diferencia se hizo más pronunciada entre jubilarse antes o después de cada trimestre. En junio, con el próximo aumento por decreto, esto podría acentuarse. Y esa diferencia se mantiene de “por vida” porque los futuros aumentos se harán sobre una base jubilatoria mayor o menor, según si se jubiló, en este caso, el 28 o 29 de febrero.
“No da lo mismo jubilarse en enero o febrero que en marzo, ya que dilatar o apurar el comienzo de un trámite por unos días puede arrojar una diferencia de hasta el 5% en el haber. Es otra distorsión producto del achatamiento previsional”, dijo el abogado Adrián Tróccoli.
Kirchnerismo 2020: volvieron por todo
28 de febrero de 2020
Kirchnerismo 2020: volvieron por todo
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El oficialismo logró quórum con la presencia de Daniel
Scioli, embajador designado en Brasil (Gustavo Gavotti)
Por Mariana Stilman
Pensamos que estamos viviendo un deja vú, pero no es así: está pasando de verdad.
Vemos al presidente Alberto Fernández protagonizando algo así como “spot” publicitario en el que sostiene que en la Argentina hay detenciones arbitrarias; mientras en un videograph al pie de la imagen puede leerse que habla de lawfare y vulneración sistemática del Estado de derecho mediante “tácticas de persecución”.
Y en el curso de una semana nos enteramos de que el Gobierno pretende desarticular el Programa de protección para testigos e imputados colaboradores, para lo cual empieza filtrando información sensible de los protegidos y luego deroga el decreto que le había dado mayor autonomía al funcionario a cargo del Programa, senadores oficialistas presentan un proyecto de ley para dejar sin efecto prisiones preventivas en causas de corrupción y otro para intervenir la Justicia de la provincia de Jujuy. Como si fuera poco, el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma del régimen previsional del Poder Judicial, que está provocando la renuncia de una gran número de jueces y fiscales, por temor a perder derechos jubilatorios.
No podemos dejar de recordar a Cristina Fernández de Kirchner en un acalorado discurso hacia fines de 2012, sobre la necesidad de “democratizar” la Justicia. Recuerdo eso y las medidas que se sucedieron después, como la fallida creación de las Cámaras de Casación federales, por la cual intentó imponer una alzada a todos los fueros federales para que las causas de particular interés pudieran ser resueltas por jueces designados por el Gobierno y la nueva reforma del Consejo de la Magistratura; iniciativas todas aprobadas por las mayorías oficialistas en el Congreso de la Nación en el año 2013.
Las formas y los medios son otros, pero el objetivo es el mismo: lograr lo que el kirchnerismo siempre anheló, pero no pudo conseguir pese a sus denodados esfuerzos, control absoluto de la Justicia y garantía de impunidad.
Desde el mismo momento en que ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que ayer nos tocaba debatir, se produjeron decenas de renuncias de jueces y de fiscales, y nos enfrentamos a un panorama alarmante: existen hoy entre 200 y 280 jueces que están en condiciones de acogerse inmediatamente a la jubilación antes de que entre en vigencia la reforma que propone el oficialismo, lo que sumado a las 250 vacantes existentes permitiría al Gobierno dirigir la selección del 50% de los jueces federales. Similar panorama se avizora para el caso de los fiscales que integran el Ministerio Público.
El bloque de Juntos por el Cambio intentó por todos los medios que en el despacho a tratarse en el recinto de la Cámara fuera incluida una cláusula transitoria para dar seguridad jurídica y evitarlo; pero, como era de esperar, los diputados oficialistas se negaron de forma terminante, echando mano de todo tipo de excusas.
Ni Carlos Saúl Menem se animó a tanto. Sin embargo, la estrategia y la motivación coinciden en los tres casos.
Hacia fines de la década del 80 y principios de la del 90, cuando el país sufrió uno de los más graves procesos inflacionarios de la historia, el poder adquisitivo de los salarios disminuyó drásticamente, incluso en el caso de los funcionarios judiciales; lo que sumado a la falta de equiparación salarial reconocida por el decreto 1770/1991 provocó la renuncia de una gran cantidad de jueces del Poder Judicial Nacional; lo que generó un gran número de vacantes que debieron ser suplidas. Circunstancias que el ex Presidente aprovechó para designar en los tribunales a jueces “cercanos” y carentes de la independencia requerida para la magistratura, pero permeables a sus voluntades.
A eso se sumó la designación de los 13 jueces que integraron la primer composición de la Casación Penal, creada durante su presidencia y que, según trascendió entonces, tuvo como consecuencia nada menos que la renuncia del entonces ministro de Justicia.
Lo cierto es que ese hecho mantuvo sus efectos hasta la actualidad, cuando, por ejemplo, uno de esos magistrados designados por el ex Presidente resolvió absolver a Menem en la causa de ventas de armas a Croacia y Ecuador en octubre de 2018; es decir, 23 años después.
Como vemos, los gobiernos del PJ no se destacan por la originalidad de sus recetas. Frente a ese panorama, el resto, los ciudadanos, los legisladores representantes de los ciudadanos, ¿podemos seguir asistiendo “impávidos y gentiles”, como dice el poeta?
Sin dudas quedó en evidencia que las reales intenciones del oficialismo, el nuevo kichnerismo, no son otras que controlar la Justicia detrás de un discurso de “solidaridad” que no existe. Luego de la gravedad de lo ocurrido en la sesión de este jueves, la que se llevó adelante sólo gracias a que el Frente de Todos consiguió quórum para sesionar habiendo transcurrido el tiempo reglamentario, y gracias a que el presidente de la Cámara de Diputados permitió que se sentara en una banca el designado embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, lo que viola las incompatibilidades establecidas por la Constitución Nacional en ese sentido.
Desde la Coalición Cívica jamás estuvimos por los privilegios, sino que, por el contrario, promovimos decenas de juicios políticos a jueces por mal desempeño o corrupción, reclamamos el pago de ganancias por parte de los magistrados y el 82% móvil para todos los jubilados. Sin embargo, en este caso no estamos ante una ley que termina con los privilegios jubilatorios, tampoco ante una receta que resuelve el déficit y la inequidad en el sistema previsional; mucho menos que les mejore la situación apremiante a los jubilados del régimen general que no llegan a veinte mil pesos.
Menos aún cuando como resultado de las renuncias masivas buscadas, que ya se han dado y las que se darán a partir de la media sanción de la ley, se producirá en lo inmediato una mayor carga en el sistema; a raíz de la obligación de afrontar una cantidad sin precedente de jubilaciones solicitadas al unísono, las que de otra forma se hubieran producido años más tarde.
Otra vez nos impusieron el tratamiento exprés de una ley; una norma que, además, lleva al colapso al sistema judicial nacional y federal y atenta directamente en contra de la independencia del Poder Judicial.
Y lo volvieron a hacer con un recurso similiar al “diputrucho” de los 90, sin que les dé vergüenza, con evidente desesperación por llevar adelante sin miramientos el plan de impunidad trazado desde la conformación de la alianza electoral que los devolvió al gobierno nacional.
No podemos asistir ingenuamente a otro engaño disfrazado de ventaja, nuestro deber es advertir a nuestros representados que vienen otra vez por la Justicia y la República, en desmedro de los derechos esenciales de todos. No es un deja vú, está pasando.
La autora es diputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Juntos por el Cambio
La nueva guerra del "yuyito"
LA NACION
La nueva guerra del "yuyito"
Hoy el campo es uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, con inversiones de punta y que asume riesgos año tras año, lo cual lo ha transformado en uno de los mayores generadores de divisas del país. Los dirigentes rurales insisten en que desde 2002, cuando comenzó a subir la presión de las retenciones tras la crisis que terminó con el gobierno de Fernando De la Rúa, el campo aportó al fisco más de 100.000 millones de dólares en concepto de derechos de exportación. Y este año, ese valor superaría los 7000 millones de dólares.
Uno de los argumentos más utilizados para justificar la aplicación de retenciones es que sirven para limitar el impacto de los precios internacionales en la canasta doméstica. Eso se justificaba, dice un economista que no reniega de esta herramienta, con las exportaciones de trigo para que no impactaran los valores internacionales en el precio del pan. Y este no es el caso -sostiene- porque los argentinos no comemos soja.
En el Congreso dicen que no se hubiera llegado a esta situación de elevar la presión fiscal sobre el sector que aporta más de un tercio de las divisas que ingresan al país si la ley de emergencia aprobada por el Congreso no le hubiera delegado tantas facultades al presidente Alberto Fernández.
Votaron ese segmento de la ley diputados peronistas de la llamada zona núcleo que responden al cordobés Juan Schiaretti o al santafesino Omar Perotti. Le otorgaron poder para aumentar las retenciones, que no son coparticipables. Lo mismo pasó con diputados bonaerenses que no son oficialistas, pero que permitieron la aprobación de aquella ley.
¿Y si en lugar de ajustar la soga se les redujera la presión impositiva para alentarlos a invertir? ¿Cuál va a ser el incentivo de enterrar plata en el campo a la espera de que el "yuyito" crezca, si buena parte de lo que generen se lo va a llevar el Estado, su socio principal, sin arriesgar nada?
Por: Jorge Rosales
28 de febrero de 2020 • 21:20
La nueva guerra del "yuyito"
LA NACION
El kirchnerismo ha decidido volver a tropezar con la misma piedra: confrontar otra vez con el campo. Parece que no aprendió nada de la sangría de 2008, en la llamada guerra por las retenciones móviles. Todos perdieron algo aquella vez en la interminable pulseada y esta vez no será diferente.
Los gobiernos peronistas arrastran con el sector agropecuario una vieja costumbre. Cuando llegan al poder y hay requerimientos de caja, allí está el campo para ir por sus recursos. Por ideología (el setentismo Nac & Pop) o por revanchismo contra quienes no los acompañaron en las elecciones, todos los argumentos son válidos a la hora de exprimir a los productores rurales.
Y otra vez es la urgencia de caja la que nubla la vista de los funcionarios que, sentados en un escritorio y con una hoja de cálculo, diseñan un escenario que poco tiene que ver con la realidad. Suman y restan recursos que no les pertenecen y aplican medidas que no hacen otra cosa que asfixiar a los productores agropecuarios. Se les nota. Cuando piensan en el campo lo hacen con preconceptos anacrónicos.
El kirchnerismo ha decidido volver a tropezar con la misma piedra: confrontar otra vez con el campo. Parece que no aprendió nada de la sangría de 2008, en la llamada guerra por las retenciones móviles. Todos perdieron algo aquella vez en la interminable pulseada y esta vez no será diferente.
Los gobiernos peronistas arrastran con el sector agropecuario una vieja costumbre. Cuando llegan al poder y hay requerimientos de caja, allí está el campo para ir por sus recursos. Por ideología (el setentismo Nac & Pop) o por revanchismo contra quienes no los acompañaron en las elecciones, todos los argumentos son válidos a la hora de exprimir a los productores rurales.
Y otra vez es la urgencia de caja la que nubla la vista de los funcionarios que, sentados en un escritorio y con una hoja de cálculo, diseñan un escenario que poco tiene que ver con la realidad. Suman y restan recursos que no les pertenecen y aplican medidas que no hacen otra cosa que asfixiar a los productores agropecuarios. Se les nota. Cuando piensan en el campo lo hacen con preconceptos anacrónicos.
Hoy el campo es uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, con inversiones de punta y que asume riesgos año tras año, lo cual lo ha transformado en uno de los mayores generadores de divisas del país. Los dirigentes rurales insisten en que desde 2002, cuando comenzó a subir la presión de las retenciones tras la crisis que terminó con el gobierno de Fernando De la Rúa, el campo aportó al fisco más de 100.000 millones de dólares en concepto de derechos de exportación. Y este año, ese valor superaría los 7000 millones de dólares.
Uno de los argumentos más utilizados para justificar la aplicación de retenciones es que sirven para limitar el impacto de los precios internacionales en la canasta doméstica. Eso se justificaba, dice un economista que no reniega de esta herramienta, con las exportaciones de trigo para que no impactaran los valores internacionales en el precio del pan. Y este no es el caso -sostiene- porque los argentinos no comemos soja.
En el Congreso dicen que no se hubiera llegado a esta situación de elevar la presión fiscal sobre el sector que aporta más de un tercio de las divisas que ingresan al país si la ley de emergencia aprobada por el Congreso no le hubiera delegado tantas facultades al presidente Alberto Fernández.
Votaron ese segmento de la ley diputados peronistas de la llamada zona núcleo que responden al cordobés Juan Schiaretti o al santafesino Omar Perotti. Le otorgaron poder para aumentar las retenciones, que no son coparticipables. Lo mismo pasó con diputados bonaerenses que no son oficialistas, pero que permitieron la aprobación de aquella ley.
¿Y si en lugar de ajustar la soga se les redujera la presión impositiva para alentarlos a invertir? ¿Cuál va a ser el incentivo de enterrar plata en el campo a la espera de que el "yuyito" crezca, si buena parte de lo que generen se lo va a llevar el Estado, su socio principal, sin arriesgar nada?
Por: Jorge Rosales
EL CAMINO CORRECTO
CARTAS Y NOTAS DE NUESTROS AMIGOS LECTORES
28/02/2020
EL CAMINO CORRECTO
Las decisiones tomadas por este gobierno , muestran el desconcierto de la clase política, con las medidas que hay que tomar para achicar el déficit, a la vez que incentivar la producción, el consumo y la exportación.
El campo necesita incentivos y una rotunda baja en las retenciones. Se debería negociar baja de impuestos a cambio de mayor productividad y exportaciones. Estos números debieran ser consensuados con las entidades del campo y del gobierno. En un principio el resultado debería ser neutro, pero posteriormente el gobierno recaudaría más, por la mayor producción y exportación.
El mismo enfoque debería aplicarse a la industria del conocimiento, bajar impuestos, aumentar incentivos a cambio de una mayor productividad, inversión y exportaciones. Esto es posible y se estaba dando antes de que el gobierno decidiera quitarle beneficios al sector.
Esa política deberá aplicarse a cada sector según características y posibilidades. Implica un gran trabajo para entender y adaptarse a las posibilidades y necesidades de cada sector. No se puede hacer " tabla rasa" con industrias muy distintas.
Pero claro esto implica una gran apertura y trabajo profesional de los funcionarios del estado.
Otro tema es el de la s. Deberá crearse una unidad muy especializada que trabaje en el control de la evasión fiscal que hoy llega al 40% de la economía y constituye un país paralelo que no aporta ni es solidario.
Finalmente se deberá eliminar cargos inventados para los amigos y novias, secretarías y subsecretarías, asesores de diputados, senadores, concejales y demás parásitos que viven a costilla del estado o sea de nosotros.
La idea no es afectar a los empleados de planta, sino a los "amigos" con sueldos grandes y cargos inventados.
Siendo serios se pueden resolver rápidamente los problemas de nuestro país, pero deberán tocarse algunos intereses de los burócratas y sus amigos.
La Argentina es un gran país, atado y secuestrado por una mafia de inútiles enquistados en el estado.
Esteban Tortarolo
¿¿¿TE ACORDÁS HERMANO...???
CARTAS Y NOTAS DE NUESTROS AMIGOS LECTORES
27/02/2020
¿TE ACORDÁS HERMANO...?
¿Te acordás de la campaña publicitaria Kirchnerista, que se transmitió antes de las elecciones, donde mostraban a un sujeto llorando ante una parrilla sin usar y que decía que con el peronismo volvían los asados de los domingos? Bueno, en lo que va desde el 10 de diciembre a hoy, la carne aumentó 45% (más que con Macri en 1 año).
¿Te acordás de Kicillof, compungido porque la ex Gobernadora Vidal mataba al bonaerense con altos impuestos? Bueno, ayer el nuevo Gobernador Kicillof logró aumentar entre el 55% y el 75% los impuestos sobre bienes raíces, el 100% sobre automotores y duplicar tasas de Ingresos Brutos e Impuestos de Sellos. Lo peor es que esas subas se dan en conjunto con una fortísima revaluación de los valores de dichos bienes.
Te acordás de Baradel defendiendo el valor adquisitivo de los salarios docentes en la provincia de Buenos Aires ? y haciendo paros sorpresivos y reiterativos para doblegar al gobierno anterior ? Bueno, ahora no solo empiezan las clases en término (lo que es bueno pero demuestra la politización de sus falsos reclamos), sino que lo hace aceptando un miserable ajuste de dichos salarios en $ 4.000.- y ello será en los haberes superiores a los $ 60.000.- para el resto, nada.
¿Te acordás que criticaban porque un intendente de Cambiemos tenía a un pariente en su gabinete? Ahora festejan porque duplicaron Ministerios, crearon cargos de asesorías inexistentes y ubicaron casi 16.000 nuevos parásitos estatales con sueldos superiores a los $ 100.000 mensuales. Entre ellos, los 12 parientes de Mirta Tundis, a la hermana de Pablo Echarri, al panelista televisivo Brancatelli, a la novia de Máximo y a varios presos por corrupción, cuya inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos no les impidió colgarse de la teta del Estado.
¿Te acordás del slogan que intentaba menospreciar las Obras Públicas del Macrismo, las mas importantes de los últimos 70 años y que decía "El cemento no se come"? Bueno, parece que computadoras portátiles y celulares sí se comen, ya que desde el Estado y utilizando fondo de la ANSES, entregaron 32.000 aparatos a miembros activos de La Cámpora.
¿Te acordás de Alberto en tono de preocupación decir que el ANSES está quebrado y por ello no se podía mantener “la movilidad” en las jubilaciones, “jodiéndoles” así la vida a millones de jubilados aportantes? Bueno, la semana pasada retiró 76.000 millones de pesos de ese organismo para pagar gastos políticos y las 32.000 computadoras y teléfonos para los primates Camporistas.
¿Te acordás de Alberto diciendo que el impuestazo al campo y a la clase media, así como el castigo por consumir dólares (única moneda de resguardo de valor) era por "Solidaridad" y contra el "Hambre de Macri"? Bueno, resulta que la "Ley de Solidaridad" establece usar recursos solo por 100.000 millones de pesos, cuando el mega impuestazo implica un aumento de ingresos por 500.000 millones. ¿Sabés en que se va a usar ? En poner Imágenes de Evita en estaciones de trenes, Hospitales y escuelas (a un costo exorbitante) y también en gastar 6.000 millones de pesos para cambiar todos los billetes en circulación con imágenes de "personalidades de interés popular" (que es la manera peronista de justificar poner a Perón, el Che y "al" Néstor en los billetes), entre otros gastos innecesarios.
¿Te acordás la queja del Kirchnerismo porque se habían gastado 10 millones de pesos en la Organización del G-20 en Buenos Aires (considerada por la comunidad internacional como la mejor de todos los tiempos)? Bueno, ahora se gasta un poco más de eso solo para mantener el aumento de la custodia personal de Cristina (que ahora son 72) y mantener al convicto internacional de Evo Morales en el país, a un costo de $ 4.000.000 mensuales.
¿Te acordás del pedido Kirchnerista de solidaridad dirigido a los que mas tienen? Bueno, ahora pagarán el impuesto a los Bienes Personales todos los argentinos con patrimonio que alcancen los 33.000 dólares (los ricos, según ellos). ¿Sabés quienes quedan exceptuados? Políticos, Jueces y ex-presidentes.
¿Te acordás de Alberto diciendo en la TV, hace apenas dos años atrás, que Cristina debe responder por sus actos de corrupción, que Kicillof como Ministro de Economía era el responsable de la debacle del país y que Nisman había sido asesinado? Bueno, ahora dice todo lo contrario, ¿eso no es ser hipócrita y mentiroso? pero no sólo lo callan, sino que lo aplauden mientras entrega viviendas construidas por el Gobierno de Macri en el Chaco (como si fuera un logro suyo) y cerrando el discurso diciendo "Amigues de Chaco gracias a todes".
¿Te acordás de Alberto hablando de incorporarse al mundo ? Bueno, ahora se pelea con Estados Unidos, desconoce reclamos de la Unión Europea y defiende la postura de Irán, además de ser uno de los dos únicos presidentes del mundo (junto a Cuba) en reconocer a Maduro como gobernante democrático y a pedido de éste último retira las credenciales de la embajadora Venezolana en Argentina por ser partidaria de Guaidó -el Presidente nombrado por la Asamblea Nacional Venezolana-.
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*¿SOMOS EL PUEBLO MÁS COBARDE DEL MUNDO, DEJAREMOS QUE LOS DELINCUENTES NOS GOBIERNEN?*
Muchas gracias al Amigo, R.M.E.G. por el reenvío.
Florencia en Cuba: versiones inquietantes
27/02/2020
Florencia en Cuba: versiones inquietantes
Provienen del neo kirchnerismo
Los rumores corren como reguero de pólvora por los corrillos de la política. Lo sorprendente es que surgen del propio seno del neo kirchnerismo.
Refieren a Florencia Kirchner y el misterio de su estadía en Cuba. Porque, como ya se dijo en este mismo espacio, no hay elementes que permitan comprobar que la hija de Cristina esté allí, en algún lugar de La Habana.
Ni siquiera su reciente cuenta en Instagram logra desentrañar el nudo de tan enigmática cuestión. Porque allí solo se dejan ver fotografías que no parecen recientes y que ni siquiera permiten comprobar que han sido tomadas en Cuba.
Entonces, en ese contexto, arrecian todo tipo de versiones. Algunas de ellas irrepetibles. Otras casi descabelladas. Surgen, como se dijo, del riñón del kirchnerato.
“¿No es raro que no haya una sola foto de Florencia con su hija?”, dijo intrigado a este periodista uno de los asesores del mismísimo Alberto Fernández.
Acto seguido, planteó otra duda: “¿Por qué Cristina dejó de llevar a su nieta a la isla hace meses? ¿No la extraña su madre?”.
No es el único que se hace ese tipo de preguntas. Una exfuncionaria de segunda línea del Ministerio de Justicia recordó a quien escribe estas líneas que la expresidenta escapó a Cuba el mismo día que murió su madre Ofelia. “Ni siquiera se quedó a enterrarla, ¿por qué ese apuro? ¿Qué le dijeron de su hija?”.
Lo que dice la mujer es totalmente cierto: el 19 de abril pasado, cuando falleció su progenitora, Cristina decidió viajar tal cual tenía previsto en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a La Habana, con escala en Panamá. Otra vez: ¿Por qué el apuro?
¿Qué es lo que se enteró Cristina sobre su hija que debió irse a las apuradas a Cuba? ¿Qué tan grave fue la noticia que le dieron?
Hay un antes y un después. Una bisagra que cambió todo a partir de entonces. Fue cuando comenzó el misterio y los datos sobre Florencia empezaron a escasear.
De hecho, la Justicia espera desde hace meses que le envíen desde Cuba un nuevo parte sobre la salud de la hija de Cristina. Ha insistido de toda manera posible y este no aparece. ¿Por qué tamaña resistencia a un pedido judicial? ¿Qué es lo que se intenta ocultar?
Entretanto, Florencia sigue posteando fotos que no son actuales, con comentarios que, según han dicho públicamente sus propios conocidos, no parecen provenir de su propia autoría.
“Está claro que le pasó algo grave, sino no se entiende todo lo que está pasando”, insistió la exsecretaria de Estado antes citada. Todos se miran entre sí y nadie comprende en su totalidad la dimensión de lo que ocurre. Aunque saben que no es nada bueno.
Por lo que confiaron a quien escribe estas líneas los diversos informantes, Cristina decidió guardarse para sí todo lo referente a su hija. Incluso pidió a sus colaboradores que no le pregunten nada al respecto y que no hablen del tema con los medios de comunicación.
Ello explica que nadie diga nada sobre Florencia y su supuesta estadía en Cuba. Es, por ahora, un tema tabú. Debería ser una cuestión de Estado, sobre todo por el procesamiento que pesa sobre la hija de Cristina por lavado de dinero.
Pero no lo es, sencillamente porque ocurre en la Argentina, el país que ya ha superado a Macondo en lo que a realismo mágico refiere.
¿Será la señora Kirchner tan diferente de nosotros?
LA NACION
¿Será la señora Kirchner tan diferente de nosotros?
Como Italia, la Argentina se ha acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades, a anteponer las rentas al trabajo y el consumo a la producción
Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat
Loris Zanatta
Por: Loris Zanatta
26 de febrero de 2020
¿Será la señora Kirchner tan diferente de nosotros?
Como Italia, la Argentina se ha acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades, a anteponer las rentas al trabajo y el consumo a la producción
Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat
Loris Zanatta
PARA LA NACION
BOLONIA.- No sé si los italianos tenemos la mafia en los genes y la exportamos a donde migremos, según dijo Cristina Kirchner. Para ella es fácil. Gracias a sus antepasados alemanes, su feudo de Santa Cruz es un ejemplo de rigor luterano; gracias a los ancestros suizos del marido, ambos gobernaron Argentina animados por el más puro puritanismo calvinista. ¿Para qué ofender y ofenderse? El humorismo es una especie de autorretrato: cada uno el suyo.
Esto no impide que Italia y Argentina sean entre los países más parecidos al mundo. Pero en un sentido menos superficial; por "cultura", algo serio, más que por los genes, híbridos e indisciplinados. Tan similares que durante mucho tiempo esperé que Argentina siguiera los pasos de Italia, pasada en dos generaciones del fascismo a la democracia y del hambre a la prosperidad. Estaba equivocado. Como muchos, hoy observo resignado Italia "argentinizarse".
¿A qué me refiero? Nada lo explica mejor que el reciente estudio de un brillante sociólogo italiano, Luca Ricolfi. Para Ricolfi, la italiana es una "sociedad señorial de masas". Una sociedad rica donde una minoría de trabajadores mantiene una mayoría que no trabaja. Por varias razones: demográficas, económicas, culturales. Los ancianos viven mucho y los niños nacen con el gotero; pocas mujeres trabajan y muchos jóvenes no estudian ni buscan empleo. No es que falte trabajo: a las empresas les cuesta encontrar obreros. Falta el trabajo calificado al que creen tener derecho en base a su titulación.
Esta sociedad "señorial" tiene mucho tiempo libre y se concede consumos "opulentos". No son cosas para aristocráticos como un tiempo: es un fenómeno masivo. Ay de no reservar un restaurante días antes, ay de no avisar con tiempo el masajista del spa. Comida gourmet y cuidado corporal, vacaciones exóticas y gadget electrónicos: el boom es imparable. Sólo por darles una cifra: el gasto en juego de azar supera el presupuesto de salud.
Sin embargo, algo no está bien. ¿Italia es realmente tan rica? ¿Puede permitirse tantos lujos? Suena raro, porque la economia es estancada, no ha crecido en diez años. Por el contrario: retrocede, se tambalea. De ahí la pregunta: ¿quién paga la factura? Las respuestas de Ricolfi, cifras en la mano, no dejan salida. En primer lugar, tal opulencia no sería posible sin una amplia red económica casi esclavista, en su mayoría poblada por inmigrantes. Ellos son los que cuidan por poco dinero a nuestros ancianos y nos llevan las comidas a casa, que recogen la fruta en los campos y limpian los baños en las estaciones.
Pero eso no es todo. Si Italia trabaja cada vez menos pero consume cada vez más es porque está gastando la riqueza acumulada por los ancianos: los padres los de los abuelos y los hijos los de los padres. La herencia está literalmente siendo derrochada. No desde hoy, en realidad. Hace cincuenta años que el Estado acumula deuda alimentando la ficción de que somos más ricos de lo que somos. Hoy en día la deuda se volvió una camisa de fuerza que impide despegar. ¿Los nietos todavía encontrarán algo?
Se dirá que este es el caso en todos los países desarrollados. Pero no es verdad. Los números, como siempre, son despiadados, las clasificaciones concluyentes. ¡Y Italia siempre está en el fondo! Aquí trabaja el 45% de la población, en Islandia, el líder, el 79%. Y las posiciones son siempre las mismas, ya sea que se mida el crecimiento económico o la productividad laboral, la eficiencia administrativa o la facilidad para abrir negocios. No hay como andar de puntillas: hay sociedades basadas en el trabajo y la producción y hay sociedades basadas en la renta y el consumo, como hay casas construidas con criterios antisísmicos y casas que serán arrasadas por el primer terremoto.
¿Cómo se explica? Trivializar es un momento y nunca faltan excepciones. Para que nadie piense sea mi obsesión, dejemos que lo cuente Ricolfi: la "sociedad señorial de masas" prospera en los países católicos; Bélgica, España y Francia están a un paso de seguir a Italia en el club. Los países cristianos ortodoxos están en el medio y los protestantes en el extremo opuesto. Es una vieja historia: capaz que Weber había dado en el blanco sobre la ética protestante del capitalismo...
En todo esto no hay nada malo: nadie es mejor y nadie es peor. No seré yo quien se eriga en gendarme moralista. ¡Disfrutar la vida no es pecado! En cien años, Keynes profetizó en 1928, "el problema económico será solucionado" y el hombre podrá usar su tiempo libre para cultivarse. Bueno, hemos llegado. Ojalá le toque pronto a todos aquellos que aún no lo han logrado. ¿O no? ¿O no es así como funciona? ¿Puede un país permitirse ser "señorial" sin crecer? La verdad es que la primavera de una sociedad de ese tipo está destinada a ser efímera. De hecho, el otoño ya ha llegado. Todos los datos socioeconómicos hablan claramente: Italia es un país en decadencia, un paso a la vez, una "argentinización lenta", escribe Ricolfi. ¿Pero qué tiene que ver Argentina con eso? ¡No es una "sociedad señorial de masas"! Es demasiado pobre para serlo. Sin embargo, tiene muchos de sus rasgos. Será que la vocación "señorial" es más una cuestión cultural que socioeconómica. ¿Que sea por esto que en lugar de despegar como todos profetizaban, se hundió?
Al igual que Italia, Argentina se ha acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades, a anteponer las rentas al trabajo, el consumo a la producción. Ambos evadimos impuestos y tenemos enormes economías sumergidas. No premiamos el saludable individualismo de quienes intentan emerger con talento y sacrificio, sino el conformismo de quienes corean consignas gastadas. Somos entre los países menos productivos de nuestras regiones, con el mercado laboral más rígido y la administración pública más ineficiente. Quienes aspiren a hacer negocios, encuentran enormes obstáculos burocráticos y sindicales. En el ranking de la "libertad económica en el mundo", Italia ocupa el puesto 80, después de las Islas Fiji, Argentina el 148, después de Gambia. Pero "combatimos el neoliberalismo"! Formamos especialistas de la "resistencia antiliberal", héroes de la comicidad involuntaria, luchadores contra los fantasmas: como si fuera nuestro problema! En lugar de exigir más y preparar mejor, nuestras universidades asignan títulos cada vez más devaluados, irrelevantes para la vida real.
Hasta cuando, llegada la hora del ajuste de cuentas, los italianos y los argentinos somos campeones en compadecernos, en hacer las víctimas, en acusar al destino y a los "enemigos". La culpa es del euro y de Europa, dicen los italianos mientras los otros europeos siguen progresando. La culpa es de la deuda, les hacen eco los argentinos confundiendo el efecto con la causa. No es sorprendente que no crezcamos, que el ascensor social esté roto, que corramos cantando y tocando hacia el barranco. Pero al final siempre nos absolvemos y seguimos nuestro camino. ¿Será la señora Kirchner tan diferente de nosotros?
BOLONIA.- No sé si los italianos tenemos la mafia en los genes y la exportamos a donde migremos, según dijo Cristina Kirchner. Para ella es fácil. Gracias a sus antepasados alemanes, su feudo de Santa Cruz es un ejemplo de rigor luterano; gracias a los ancestros suizos del marido, ambos gobernaron Argentina animados por el más puro puritanismo calvinista. ¿Para qué ofender y ofenderse? El humorismo es una especie de autorretrato: cada uno el suyo.
Esto no impide que Italia y Argentina sean entre los países más parecidos al mundo. Pero en un sentido menos superficial; por "cultura", algo serio, más que por los genes, híbridos e indisciplinados. Tan similares que durante mucho tiempo esperé que Argentina siguiera los pasos de Italia, pasada en dos generaciones del fascismo a la democracia y del hambre a la prosperidad. Estaba equivocado. Como muchos, hoy observo resignado Italia "argentinizarse".
¿A qué me refiero? Nada lo explica mejor que el reciente estudio de un brillante sociólogo italiano, Luca Ricolfi. Para Ricolfi, la italiana es una "sociedad señorial de masas". Una sociedad rica donde una minoría de trabajadores mantiene una mayoría que no trabaja. Por varias razones: demográficas, económicas, culturales. Los ancianos viven mucho y los niños nacen con el gotero; pocas mujeres trabajan y muchos jóvenes no estudian ni buscan empleo. No es que falte trabajo: a las empresas les cuesta encontrar obreros. Falta el trabajo calificado al que creen tener derecho en base a su titulación.
Esta sociedad "señorial" tiene mucho tiempo libre y se concede consumos "opulentos". No son cosas para aristocráticos como un tiempo: es un fenómeno masivo. Ay de no reservar un restaurante días antes, ay de no avisar con tiempo el masajista del spa. Comida gourmet y cuidado corporal, vacaciones exóticas y gadget electrónicos: el boom es imparable. Sólo por darles una cifra: el gasto en juego de azar supera el presupuesto de salud.
Sin embargo, algo no está bien. ¿Italia es realmente tan rica? ¿Puede permitirse tantos lujos? Suena raro, porque la economia es estancada, no ha crecido en diez años. Por el contrario: retrocede, se tambalea. De ahí la pregunta: ¿quién paga la factura? Las respuestas de Ricolfi, cifras en la mano, no dejan salida. En primer lugar, tal opulencia no sería posible sin una amplia red económica casi esclavista, en su mayoría poblada por inmigrantes. Ellos son los que cuidan por poco dinero a nuestros ancianos y nos llevan las comidas a casa, que recogen la fruta en los campos y limpian los baños en las estaciones.
Pero eso no es todo. Si Italia trabaja cada vez menos pero consume cada vez más es porque está gastando la riqueza acumulada por los ancianos: los padres los de los abuelos y los hijos los de los padres. La herencia está literalmente siendo derrochada. No desde hoy, en realidad. Hace cincuenta años que el Estado acumula deuda alimentando la ficción de que somos más ricos de lo que somos. Hoy en día la deuda se volvió una camisa de fuerza que impide despegar. ¿Los nietos todavía encontrarán algo?
Se dirá que este es el caso en todos los países desarrollados. Pero no es verdad. Los números, como siempre, son despiadados, las clasificaciones concluyentes. ¡Y Italia siempre está en el fondo! Aquí trabaja el 45% de la población, en Islandia, el líder, el 79%. Y las posiciones son siempre las mismas, ya sea que se mida el crecimiento económico o la productividad laboral, la eficiencia administrativa o la facilidad para abrir negocios. No hay como andar de puntillas: hay sociedades basadas en el trabajo y la producción y hay sociedades basadas en la renta y el consumo, como hay casas construidas con criterios antisísmicos y casas que serán arrasadas por el primer terremoto.
¿Cómo se explica? Trivializar es un momento y nunca faltan excepciones. Para que nadie piense sea mi obsesión, dejemos que lo cuente Ricolfi: la "sociedad señorial de masas" prospera en los países católicos; Bélgica, España y Francia están a un paso de seguir a Italia en el club. Los países cristianos ortodoxos están en el medio y los protestantes en el extremo opuesto. Es una vieja historia: capaz que Weber había dado en el blanco sobre la ética protestante del capitalismo...
En todo esto no hay nada malo: nadie es mejor y nadie es peor. No seré yo quien se eriga en gendarme moralista. ¡Disfrutar la vida no es pecado! En cien años, Keynes profetizó en 1928, "el problema económico será solucionado" y el hombre podrá usar su tiempo libre para cultivarse. Bueno, hemos llegado. Ojalá le toque pronto a todos aquellos que aún no lo han logrado. ¿O no? ¿O no es así como funciona? ¿Puede un país permitirse ser "señorial" sin crecer? La verdad es que la primavera de una sociedad de ese tipo está destinada a ser efímera. De hecho, el otoño ya ha llegado. Todos los datos socioeconómicos hablan claramente: Italia es un país en decadencia, un paso a la vez, una "argentinización lenta", escribe Ricolfi. ¿Pero qué tiene que ver Argentina con eso? ¡No es una "sociedad señorial de masas"! Es demasiado pobre para serlo. Sin embargo, tiene muchos de sus rasgos. Será que la vocación "señorial" es más una cuestión cultural que socioeconómica. ¿Que sea por esto que en lugar de despegar como todos profetizaban, se hundió?
Al igual que Italia, Argentina se ha acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades, a anteponer las rentas al trabajo, el consumo a la producción. Ambos evadimos impuestos y tenemos enormes economías sumergidas. No premiamos el saludable individualismo de quienes intentan emerger con talento y sacrificio, sino el conformismo de quienes corean consignas gastadas. Somos entre los países menos productivos de nuestras regiones, con el mercado laboral más rígido y la administración pública más ineficiente. Quienes aspiren a hacer negocios, encuentran enormes obstáculos burocráticos y sindicales. En el ranking de la "libertad económica en el mundo", Italia ocupa el puesto 80, después de las Islas Fiji, Argentina el 148, después de Gambia. Pero "combatimos el neoliberalismo"! Formamos especialistas de la "resistencia antiliberal", héroes de la comicidad involuntaria, luchadores contra los fantasmas: como si fuera nuestro problema! En lugar de exigir más y preparar mejor, nuestras universidades asignan títulos cada vez más devaluados, irrelevantes para la vida real.
Hasta cuando, llegada la hora del ajuste de cuentas, los italianos y los argentinos somos campeones en compadecernos, en hacer las víctimas, en acusar al destino y a los "enemigos". La culpa es del euro y de Europa, dicen los italianos mientras los otros europeos siguen progresando. La culpa es de la deuda, les hacen eco los argentinos confundiendo el efecto con la causa. No es sorprendente que no crezcamos, que el ascensor social esté roto, que corramos cantando y tocando hacia el barranco. Pero al final siempre nos absolvemos y seguimos nuestro camino. ¿Será la señora Kirchner tan diferente de nosotros?
Por: Loris Zanatta
CARTAS AL PAIS - JUBILADOS
28/02/2020 - 20:00
Jubilados
“Genial idea la ley de Solidaridad, con plata de los demás y de los jubilados”
Dice el lector que “nadie puede apropiarse de los Bienes Personales”, y que “tenemos un derecho constitucional que no se respeta”.
Vior
Los jubilados somos noticias todos los días porque no nos respetan los derechos adquiridos y además, porque somos presa fácil de la delincuencia.
La semana pasada, el Presidente Alberto Fernández , de prepo, resuelve reformar una ley que oportunamente fue dictada por el ex presidente Macri y objetada totalmente por los justicialistas, y ahora que son Gobierno la cambian y no para mejorar la situación de los jubilados, sino para empeorarla. A esa ley la llaman de la Solidaridad y la ANSeS va pagar $ 5.100 millones de pesos menos por mes para aportar a la bolsa sin fondo del Estado, gracias a la ley de la Solidaridad. Genial idea con la plata de los demás y en este caso con la de nosotros, los jubilados. El Estado nacional se provee de fondos de la ANSeS y a cambio entrega Títulos del Tesoro de la Nación, o sea sin fondos.
Existe un listado de lo que vamos a cobrar de menos y entiendo que debería existir en nuestro recibo de haberes de jubilados dicho monto en un ítem “Aporte a la Patria”, como constancia real de nuestra “Solidaridad”. Nuestra Constitución Nacional determina que nadie puede apropiarse de los Bienes Personales y este es un acto de apropiación indebida del capital privado, tenemos un derecho constitucional que no se respeta. De hecho, ¿a quién le importa que no se cumpla con la Constitución? Los jubilados debemos hacer una reflexión dolorosa, quienes nos aplican estas medidas correctivas para beneficiar la ineficiencia de los políticos que administran los bienes del Estado, son nuestros hijos y la lógica me indica que todos los que gobiernan tienen padres, (¿o nacieron de un repollo?) y esos somos nosotros y nos cuidan tomando la herencia con anticipación.
¡Que real el dicho una madre!, puede alimentar y criar a diez hijos y diez hijos no son capaz de mantener una madre, y ahora no es que no pueden cuidarnos, ahora se apropian de parte de la jubilación.
Los jubilados pagamos el Impuesto a las Ganancias y ahora nos descuentan un porcentaje de nuestros haberes. El Presidente es abogado y con estas medidas le asegura trabajo a su cofradía, porque la cantidad de juicios que se van a generar van a ser millones y para iniciar un juicio siempre hay que poner unas monedas a los profesionales que están sin trabajo, no deja de ser una manera de generar producción.
Juan J. Sagardía
jsagardia@jerarquicos.com
Aquí estamos de vuelta
Parece ser que después del reclamo a Telecóm, se ha "normalizado" nuestro servicio telefónico y por ende, internet.
No creemos que el problema sea de Telecóm y sí, que es obra de los "hackers" K, que están poniéndose un poquito "nervioshos".
De todas formas y pudiendo escribir, hemos "vuelto peores" (más que ellos, los K) y no queremos volver a los malditos doce años kakistas; con pinchaduras y molestias en nuestra y otras páginas.
Por tanto, seguimos en carrera y si algo no les gusta a los kumpas; quieran tener a bien irse a la r m p m q l p, todos juntos.
La Misère Porc
miércoles, 26 de febrero de 2020
OTRA VEZ, COMO ANTES DEL 2015
Estimados Amigos de La Misère Porc; parece ser que hemos vuelto a los problemas que durante cuatro años, no hemos tenido.
Hoy me encuentro con mi teléfono fijo "pinchado" y por ende nuestras PC, funcionan muy mal, ya que no podemos acceder a distintos medios y mucho menos a Yahoo.
Creemos que a los "muchachos hackers K" no les gusta la difusión del 16 M PARO NACIONAL CIUDADANO.
Mañana (hoy, son las 02;40 de la madrugada), haré el pertinente reclamo a Telecóm y veremos que ocurre.
La presente, la estoy escribiendo desde una Netbook, con el Wi Fi de un vecino que me permitió hacerlo.
Pedimos mil disculpas y veremos que ocurre con el reclamo.
Hoy me encuentro con mi teléfono fijo "pinchado" y por ende nuestras PC, funcionan muy mal, ya que no podemos acceder a distintos medios y mucho menos a Yahoo.
Creemos que a los "muchachos hackers K" no les gusta la difusión del 16 M PARO NACIONAL CIUDADANO.
Mañana (hoy, son las 02;40 de la madrugada), haré el pertinente reclamo a Telecóm y veremos que ocurre.
La presente, la estoy escribiendo desde una Netbook, con el Wi Fi de un vecino que me permitió hacerlo.
Pedimos mil disculpas y veremos que ocurre con el reclamo.
La Misère Porc
27/02/2020 - 02;43 a.m.
PRESIDENTE Y EJÉRCITO
CARTAS Y NOTAS DE NUESTROS AMIGOS LECTORES
25/02/2020
PRESIDENTE Y EJÉRCITO
El presidente de la nación es el comandante de las fuerzas armadas nacionales, institución fundacional de nuestro país.
Estas fuerzas armadas, nada tienen que ver con aquellas de los años de plomo que se vieron forzadas a participar en
una guerra sucia, donde combatieron con fanáticos terroristas que mataron a más de 2.000 personas.
Los métodos utilizados fueron atroces y la violación de los derechos humanos fue cotidiana.
Pero fueron los métodos utilizados por todos los ejércitos en casos similares.
La guerra es esencialmente violación de los derechos humanos, es homicidio y tortura.
Quienes siguen soñando con el caballo blanco de San Martín y con el Santo de la Espada, debieran madurar
y entender que un ejército en operaciones es una máquina infernal de matar.
Son así los marines norteamericanos, el SAS inglés, los boinas rojas franceses, los cosacos, el ejército Chino, etc.
Pero hoy, el ejército argentino desarmado como castigo político, es una institución totalmente subordinada a
los mandos civiles y a su comandante , el señor presidente de la nación.
Para ellos no hay derechos humanos, solo venganza.
No podremos nunca cerrar las heridas, hasta que no actuemos con sinceridad y honestidad.
Esteban Tortarolo
etortarolo@gmail.com
Muchas gracias al Amigo ESTEBAN TORTAROLO, por tan EXCELENTE nota enviada. Esta, es nuestra cruel realidad y sólo prima la VENGANZA de los zurdos apátridas.
La impunidad de Cristina Kirchner, una política de Estado
26 de febrero de 2020
La impunidad de Cristina Kirchner, una política de Estado
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Alberto Fernández y Cristina Kirchner
(REUTERS)
Por Álvaro de Lamadrid
Las iniciativas y acciones del presidente Alberto Fernández desde que asumió el poder evidencian cuáles son sus prioridades de gobierno. En materia económica: superpoderes, excepcionalidad y discrecionalidad, que aseguren asignación y recortes antojadizos de recursos a propios y extraños, gasto público y renegociación de la deuda sin control ni plan y negativa voluntaria de diseño presupuestario y plan económico. Ajuste confiscatorio a los jubilados, quita de coparticipación a la CABA y castigo a la clase media, el campo y los sectores de la sociedad que no los votaron.
Estas acciones procuran el manejo de las cuentas fiscales sin control ni freno alguno. Recaudar lo más que se pueda a como dé lugar y no ordenar ni pagar deuda, o pagar lo menos posible de acá 2023. Si la situación se complica, como no hay acceso a los mercados, emitir. Todo ha causado indignación en los ciudadanos. Es entendible esta preocupación tomando en consideración el mensaje que había transmitido el Presidente que venía a “llenar las heladeras de los argentinos”, “dar un aumento del 20% a los jubilados” y “terminar con el ajuste”.
Pero la cuestión económica no es la prioridad número uno del Gobierno. Más allá de lo que se dice, la verdadera y principal prioridad es la impunidad de Cristina Kirchner que es la dueña del poder y del gobierno en la argentina.
El Presidente no ha podido ocultar que toda su agenda política, acciones, decisiones y hasta declaraciones están subordinadas a los dictados de la vicepresidente Cristina Kirchner. Hace esfuerzos para mostrar una independencia que no tiene y un poder de decisión que no existe en la práctica.
Intenta Alberto Fernandez copiar el modelo de cooptación de la transversalidad de Néstor Kirchner para buscar una fortaleza y estabilidad política frente a su vicepresidente y distraer con ello su debilidad.
Pero el Presidente no es el bueno y la Vicepresidente la mala. Son lo mismo. No hay que caer en la trampa ni la estratagema trillada y fatigada del “kirchnerismo crítico”, “kirchnerismo originario», “kirchnerismo disidente” y/o “kirchnerismo republicano”, porque a fin de cuentas, en cualquier denominación sabemos que todos han formado parte del saqueo y la destrucción de nuestro país.
La Argentina clama por justicia y es un abuso descarado invitar a formar parte de un gobierno que entregó la nación al narcotráfico y sus aliados, a quienes con la excusa de terminar con los desencuentros, -propósito que al gobierno no le interesa-, terminan siendo hoy los cómplices del momento.
El Presidente, en ese encorsetamiento que tiene, envía señales equivocadas a la comunidad internacional cuando trata de culpar al gobierno de Cambiemos de la destrucción del país, obviando irresponsablemente su actuación propia como parte del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, verdaderos responsable y propulsor del régimen corrupto que se instaló en el país.
Exculparse a sí mismos y pretender hacerle ver al ciudadano que existe un único gobierno que arrasó con el país y es responsable de la debacle es sumamente preocupante, pues se busca limpiar la imagen de una organización criminal que organizó un gobierno para delinquir y rendir a todo un país.
Debemos decirlo de manera responsable: para la reconstrucción de la nación no necesitamos como -nos quieren hacer creer- que quienes recuperaron el poder desde 2019 y lo destruyeron todo antes, procuren hoy el reencuentro de ciudadanos divididos en algún momento por temas políticos, cuando en verdad se busca unir esfuerzos para que una facción política se lleve puestas a las instituciones y la libertad.
El Presidente lleva adelante una transacción que le permitió llegar al poder, a través de un pacto de impunidad con su Vicepresidente, para terminar con sus cuentas pendientes en la usticia y garantizarle el fin de la persecución judicial por su corrupción, dándole certezas de impunidades definitivas para adelante, sobre crímenes que no pueden ser olvidados ni perdonados.
Por ello el Presidente habla de “un nunca más a la persecución judicial”, agita que hubo años de lawfare y sostiene que hubo complicidad mediática para perseguir a Cristina Kirchner y los suyos con detenciones arbitrarias e injustas.
En ese orden, van los proyectos que fogonea el Presidente para silenciar al periodismo y sus investigaciones, a quienes se culpa de atreverse a visibilizar la corrupción macrocefàlica y sin fin del Kirchnerismo, del cual formó parte, se escandalizó y denunció con vehemencia en tiempos de alejamiento con la Vicepresidente.
No le importa al Presidente la degradación institucional que su pacto de impunidad con Cristina Kirchner significa para el país.
Por ello, dejó correr el proyecto temerario de intervenir el poder judicial de la Provincia de Jujuy, con la finalidad de liberar a Milagros Sala, por designios de la vicepresidente Cristina Kirchner. Un dislate macabro instalado como si nada a plena luz del día.
Tiene que rendir cuentas la Vicepresidente de cada uno de ellos según el delito cometido. La muerte de Bonadio no debe ser la muerte de las causas que investigaba. La reforma judicial de avanzada que planea el gobierno y esconde la colonización de los juzgados federales, cuyo plan es acompañado con el empujón para que jueces federales se jubilen, tampoco.
Es imposible construir una sociedad democrática con impunidad, porque las instituciones dejan de estar al servicio de los ciudadanos.
Hasta el día de hoy la impunidad -no solo para los culpables de corrupción pero principalmente- es el mayor estímulo para quienes una y otra vez se atreven a asaltar, agredir, asesinar y robar.
Conozco la impostura del kirchnerismo. Esa necesidad táctica de estar siempre en cruzada contra alguien, porque sólo se puede justificar el régimen, si es cruzada necesaria contra algo que se muestra como mal absoluto.
Esto es mucho más grave de lo que pensamos y son muchos quienes prefieren no afrontarlo. Se consuelan pensando que estos desvíos autocráticos son igual democracia.
Esto impide la discusión y la exigencia de responsabilidades sobre los crímenes pasados. Esto impide un debate sobre nuestro pasado.
Esto evidencia el grado de impunidad, opacidad y corrupción de nuestro sistema. La impunidad es la norma. Como consecuencia, se pueden decir las barbaridades más disparatadas sin que pase nada.
Pareciera que es de mala educación que la gente asuma la responsabilidad de sus actos o palabras. Por otra parte, este país debe padecer otro mal que lo carcome: la insoportable equidistancia de muchos que no toman partido entre la República y la autocracia populista.
No hay democracia con gurisas. Es como el embarazo; se está embarazada o no, nunca he conocido a nadie que haya estado medio embarazada.
La política que persigue implementar el gobierno es la del estado de venganza, descalificación y linchamiento contra los que molestan al gobierno. Lo que quieren hacer con la justicia es convertirla en un reducto servil y domesticado, un ámbito copado por militantes y familiares como sucede hoy en la provincia de Santa Cruz.
La política de Estado que tiene en mente la Vicepresidente, dueña del poder del gobierno, es la radicalización, confrontación, persecución y descalificación del otro en su amplio contexto, lo que pone en peligro al futuro de la nación misma y la viabilidad de la república; en consecuencia, eso es lo que debiera estar en el centro del debate político. Es por esta razón que el contenido y la forma en la que se trasmite el discurso político del gobierno adquiere relevancia especial.
Llegará sin duda el momento de rendir cuentas al país. ¿Quién responderá por el tiempo perdido y los daños que se están causando? Argentina vive uno de los momentos más peligrosos de su historia. La degradación de la Justicia avanza y todo parece anunciar que el deterioro de la institucionalidad del país será irreversible. Vamos a luchar para que esto no ocurra. Tenemos que hacerlo, no estamos solos. La sociedad no lo va a permitir.
El autor es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires (Juntos por el Cambio)
N de R La Misère Porc:
EXCELENTE nota con verdades irrefutables. Recomendamos leerla con suma atención, puesto que el autor, pone de manifiesto lo tramado por el "vamos por todo", que tanto nos costó y sin duda alguna, NOS COSTARÁ muchísimo más.
Más Cínico e Hipócrita, imposible
25/02/2020 - 23:12
Embajador ante la UNESCO
Pino Solanas defendió el aumento a los jubilados: “El concepto del Gobierno es que aporten los sectores más pudientes”
Sostuvo que Alberto Fernández “tiene compromiso real con las grandes mayorías y ha puesto la prioridad en los que menos tienen”.
Fernando "Pino" Solanas durante un
debate en el Senado en 2016.
(Pedro Lazaro Fernandez)
El designado embajador ante la UNESCO, Fernando "Pino" Solanas, defendió este martes la política de aumentos a los jubilados que lleva a cabo el gobierno de Alberto Fernández y explicó que "el concepto es que aporten los sectores más pudientes".
En una entrevista con Infobae, el ex senador y cineasta de 84 años explicó: "Hay jubilados que ganan varias veces más que un senador. Toman eso para confundir a la población y decir que a todos los jubilados se les baja la plata. Mentira".
"Este gobierno tiene compromiso real con las grandes mayorías y ha puesto la prioridad en los que menos tienen. Su primera gran medida de gobierno fue el movimiento en torno de combatir el hambre", sostuvo.
La semana pasada, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto sobre los incrementos a las jubilaciones y a las asignaciones familiares.
Tal como se había anunciado, la suba a las jubilaciones será de un 2,3% sobre el valor devengado en febrero, más una suma fija de $1.500. En tanto, las asignaciones familiares tendrán un aumento del 13% sobre los montos y rangos vigentes.
Desde la oposición se critica duramente esta medida del Gobierno al considerarla como un "ajuste" a los jubilados y un retroceso por haber derogado la Ley de Movilidad sancionada por Mauricio Macri en 2017.
Sobre su nuevo cargo como embajador ante la UNESCO, Solanas dijo: "Muchos han preguntado por qué voy a la UNESCO como si yo fuera un experto en vacas o químico. He militado en la cultura durante 50 años y ya he participado en grandes debates de la UNESCO".
Por otra parte, pidió que en el oficialismo se traten con cuidado las diferencias ya que considera que "cuando eso sale hacia afuera, es darle de comer a los que quieren desprestigiar".
Sobre su nuevo cargo como embajador ante la UNESCO, Solanas dijo: "Muchos han preguntado por qué voy a la UNESCO como si yo fuera un experto en vacas o químico. He militado en la cultura durante 50 años y ya he participado en grandes debates de la UNESCO".
Por otra parte, pidió que en el oficialismo se traten con cuidado las diferencias ya que considera que "cuando eso sale hacia afuera, es darle de comer a los que quieren desprestigiar".
"Estamos ante un gobierno amplio, de vocación progresista, plural, de unidad nacional. Han pasado recién 60 días o 70. Nos equivocamos muy fuleramente si entramos a poner palos en la rueda", señaló.
Entre otros temas, el ex senador reiteró su apoyo al proyecto de legalización del aborto y aseguró: "Este año tiene que salir la ley".
N de R La Misère Porc:
Este es el mejor ejemplo de lo que es un miserable H.. de P.... Es un panqueque basura, digno de ser un mercenario K, abanderado de todos los H D R P M Q L P que integran el des-gobierno K, que debemos soportar...hasta que aguantemos.
Los K van acomodando a sus amigos...
25/02/2020
Los K van acomodando a sus amigos: la amante de Santa María y la hija de la masajista de Cristina
Volvieron peores
Uno de los tópicos que más enfurece a la ciudadanía a la hora de hablar de política es el de los “acomodados”, aquellas personas que logran acceder a lugares ostentosos, no por su calidad profesional, sino más bien por su cercanía con algún poderoso de turno.
En muchos casos es por cercanía familiar —léase “nepotismo”— pero en otros solamente es por “amiguismo”.
Los ha habido en todos los gobiernos, desde Raúl Alfonsín en adelante. Nadie zafó al respecto. Ni Menem, ni De la Rúa, ni Macri… y mucho menos los Kirchner.
Estos últimos no solo han acomodado a propios y entenados, sino que los han puesto en lugares clave de la política y la Justicia.
Tal el caso de Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina, que fue nombrada en su momento una fiscalía santacruceña donde se cocinan alguna causas judiciales que complican al kirchnerismo.
Ahora mismo, en su regreso al poder, el neo kirchnerismo ha vuelto a hacer de las suyas. Ciertamente, no se trata de ninguna revelación: se viene mostrando desde diciembre pasado cómo se van acomodando al calor del poder amigos y familiares.
Sin embargo, hay dos casos que merecen ser destacados, primero porque nadie ha reparado en ello; segundo, porque son casi vergonzantes.
El primero es el de Soledad Mariella Barboza, quien fue puesta como directora del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires sin ser escribana. Solo por el mero pedido de Víctor Santa María, de quien se presume que es su amante.
El otro caso refiere a María Eugenia Doro Urquiza, quien fue puesta a cargo de la Dirección Nacional de Registro del Automotor por ser hija de “Norita”, la masajista de Cristina Kirchner.
Como se dijo, ambos casos no son los primeros… ni serán los últimos. Eso sí, son emblemáticos: por el increíble descaro más que nada.
Intento de priorizar la impunidad
LA NACION
Intento de priorizar la impunidad
Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat
Mario Negri
25 de febrero de 2020
Intento de priorizar la impunidad
Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat
Mario Negri
PARA LA NACION
El gobierno nacional acaba de derogar el decreto 795/2019 del expresidente Mauricio Macri, que había creado la Agencia Nacional de Testigos Protegidos e Imputados con el fin de garantizar la mayor seguridad de las personas que colaboran de "modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal" y, en especial, a aquellos que brindaron información en investigaciones judiciales vinculadas a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública.
Por decisión de la actual administración, el sistema de protección de testigos volverá a su anterior jerarquía y se anuló uno de los aspectos más sobresalientes del DNU del expresidente Macri: aquel que sancionaba severamente la difusión de cualquier dato de las personas acogidas al programa y de sus declaraciones en las causas judiciales. A partir de ahora, la difusión de información secreta de los casos de arrepentidos como Leonardo Fariña, Oscar Centeno y Alejandro Vandenbroele no es más ilegal.
La consecuencia de la medida del presidente Alberto Fernández está a la vista: el extestaferro del exvicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, decidió dejar el programa de protección de testigos ante la difusión de sus declaraciones en las causas, la tergiversación de aquellas y una campaña alentada por funcionarios actuales que indicaba que recibió dinero del gobierno de Cambiemos para testificar en contra del exvicepresidente, lo cual lo obligó a desmentir esas falsedades ante la opinión pública.
En este contexto, el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados dejaría de tener sentido y se estaría buscando desarticular un sistema auxiliar de la Justicia que es clave y vital para las investigaciones del crimen complejo, sobre todo en lo referente a la corrupción. Difícilmente alguien vaya a sentirse seguro si sus datos y lugar de relocalización dejan de ser secretos. Nadie se atreverá a brindar información a la Justicia respecto de actos de corrupción cometidos por quien gobierna con un programa que no da garantías. ¿Se está optando acaso por priorizar la impunidad sin que importe poner en riesgo la vida de las personas que están dentro del sistema, incluyendo a los trabajadores del propio programa?
A esta altura, y viendo los casos de arrepentidos respecto de los cuales se publicó y se difundió información secreta, el lector habrá comprendido la línea de construcción de un relato de impunidad en el que se está embarcando el Gobierno al dejar sin efecto los fundamentos esenciales del decreto firmado por Mauricio Macri.
Una de las principales razones para dotar de mayor autonomía al Programa de Protección de Testigos e Imputados, convirtiéndolo en una agencia nacional, fue que muchos testigos protegidos y arrepentidos en causas que investigan la corrupción kirchnerista pidieron más garantías, ya que denunciaron a exfuncionarios de un partido político que ahora nuevamente gobierna el país.
El DNU del expresidente Macri jerarquizó al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, creado por la ley 25.764 en 2003, transformándolo en agencia -ente autárquico con autonomía funcional- y garantizando las condiciones para su actuación independiente. El mismo decreto creó un consejo consultivo integrado por el Presidente del Tribunal de Casación Penal, el procurador general de la Nación y el secretario de Seguridad de la Nación, cuya función central fue la de proponer al Poder Ejecutivo el nombre del director de la agencia. De esa forma el Gobierno no podía directamente designar o remover al director según su conveniencia.
Además, como ya dijimos, se incorporó algo vital para la seguridad de las personas protegidas que la ley 25.764 no preveía: la confidencialidad, el secreto y la estricta reserva de los legajos e información de los incluidos en el sistema. Cualquier filtración de esa información se convertía en delito penal, ya que ponía en riesgo la vida e integridad de los testigos y arrepentidos. La Argentina fue el primer país de la región en firmar un convenio de cooperación con la Corte Penal Internacional para protección de testigos, circunstancia que pone de manifiesto el alto nivel alcanzado por el programa durante el gobierno de Cambiemos.
La mejora del servicio impactó profundamente en el sistema de justicia, que comenzó a requerir la intervención del programa cada vez con mayor frecuencia. Tanto es así que se pasó de un promedio histórico de 41 casos al año (entre 2003 y 2015) a 150 casos al año (entre 2016 y 2019). La derogación del decreto por el presidente Fernández convierte al testigo protegido en un testigo sin protección.
Por: Mario Negri
El gobierno nacional acaba de derogar el decreto 795/2019 del expresidente Mauricio Macri, que había creado la Agencia Nacional de Testigos Protegidos e Imputados con el fin de garantizar la mayor seguridad de las personas que colaboran de "modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal" y, en especial, a aquellos que brindaron información en investigaciones judiciales vinculadas a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública.
Por decisión de la actual administración, el sistema de protección de testigos volverá a su anterior jerarquía y se anuló uno de los aspectos más sobresalientes del DNU del expresidente Macri: aquel que sancionaba severamente la difusión de cualquier dato de las personas acogidas al programa y de sus declaraciones en las causas judiciales. A partir de ahora, la difusión de información secreta de los casos de arrepentidos como Leonardo Fariña, Oscar Centeno y Alejandro Vandenbroele no es más ilegal.
La consecuencia de la medida del presidente Alberto Fernández está a la vista: el extestaferro del exvicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, decidió dejar el programa de protección de testigos ante la difusión de sus declaraciones en las causas, la tergiversación de aquellas y una campaña alentada por funcionarios actuales que indicaba que recibió dinero del gobierno de Cambiemos para testificar en contra del exvicepresidente, lo cual lo obligó a desmentir esas falsedades ante la opinión pública.
En este contexto, el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados dejaría de tener sentido y se estaría buscando desarticular un sistema auxiliar de la Justicia que es clave y vital para las investigaciones del crimen complejo, sobre todo en lo referente a la corrupción. Difícilmente alguien vaya a sentirse seguro si sus datos y lugar de relocalización dejan de ser secretos. Nadie se atreverá a brindar información a la Justicia respecto de actos de corrupción cometidos por quien gobierna con un programa que no da garantías. ¿Se está optando acaso por priorizar la impunidad sin que importe poner en riesgo la vida de las personas que están dentro del sistema, incluyendo a los trabajadores del propio programa?
A esta altura, y viendo los casos de arrepentidos respecto de los cuales se publicó y se difundió información secreta, el lector habrá comprendido la línea de construcción de un relato de impunidad en el que se está embarcando el Gobierno al dejar sin efecto los fundamentos esenciales del decreto firmado por Mauricio Macri.
Una de las principales razones para dotar de mayor autonomía al Programa de Protección de Testigos e Imputados, convirtiéndolo en una agencia nacional, fue que muchos testigos protegidos y arrepentidos en causas que investigan la corrupción kirchnerista pidieron más garantías, ya que denunciaron a exfuncionarios de un partido político que ahora nuevamente gobierna el país.
El DNU del expresidente Macri jerarquizó al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, creado por la ley 25.764 en 2003, transformándolo en agencia -ente autárquico con autonomía funcional- y garantizando las condiciones para su actuación independiente. El mismo decreto creó un consejo consultivo integrado por el Presidente del Tribunal de Casación Penal, el procurador general de la Nación y el secretario de Seguridad de la Nación, cuya función central fue la de proponer al Poder Ejecutivo el nombre del director de la agencia. De esa forma el Gobierno no podía directamente designar o remover al director según su conveniencia.
Además, como ya dijimos, se incorporó algo vital para la seguridad de las personas protegidas que la ley 25.764 no preveía: la confidencialidad, el secreto y la estricta reserva de los legajos e información de los incluidos en el sistema. Cualquier filtración de esa información se convertía en delito penal, ya que ponía en riesgo la vida e integridad de los testigos y arrepentidos. La Argentina fue el primer país de la región en firmar un convenio de cooperación con la Corte Penal Internacional para protección de testigos, circunstancia que pone de manifiesto el alto nivel alcanzado por el programa durante el gobierno de Cambiemos.
La mejora del servicio impactó profundamente en el sistema de justicia, que comenzó a requerir la intervención del programa cada vez con mayor frecuencia. Tanto es así que se pasó de un promedio histórico de 41 casos al año (entre 2003 y 2015) a 150 casos al año (entre 2016 y 2019). La derogación del decreto por el presidente Fernández convierte al testigo protegido en un testigo sin protección.
Por: Mario Negri
Presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados
lunes, 24 de febrero de 2020
UN 25 DE FEBRERO...
HOY, 25 DE FEBRERO PERO DEL AÑO 1778, NACÍA EN YAPEYÚ; EL GENERAL DON JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTÍN. NUESTRO PADRE DE LA PATRIA Y LIBERTADOR DE AMÉRICA
La Misère Porc
JUSTICIA BUROCRÁTICA
CARTAS Y NOTAS DE NUESTROS AMIGOS LECTORES
24/02/2020
JUSTICIA BUROCRÁTICA
Siento realmente una enorme pena por la renuncia de jueces y fiscales.
Pareciera realmente que ellos ocupan un lugar en la justicia solamente por los privilegios que esto les trae.
Impartir justicia es de una responsabilidad enorme, de ella depende la credibilidad del sistema, el orden social y loas garantías para la inversión.
Sin justicia somos tierra de nadie y ganará siempre el más fuerte.
Quienes tienen que juzgar a los ladrones que arruinaron el país y se consideran "presos políticos", se vayan para defender sus privilegios o sus derechos adquiridos es una verdadera tragedia, muestra lo lábil que es nuestra justicia y la enorme indefensible de la gente.
Impartir justicia no es una tarea burocrática más. Esta en juego vidas y haciendas, esta en juego el sistema en sí mismo.
Sin justicia no hay credibilidad y si los jueces privilegian sus ingresos por sobre sus obligaciones, muestra la frivolidad
de los hombres que debieran protegernos.
Un Juez, como un médico o un policía lo es de por vida. No es un buen "conchabo" donde se gana bien.
Todos los jubilados están siendo perjudicados por leyes que recortan sus ingresos pero que anuncian lo contrario.
Porqué los jueces deberán correr otra suerte que la de su pueblo, acaso los " no jueces", no aportamos durante toda nuestra vida?
Porqué se entrega el tercer poder de la república a justicia legítima sabiendo que es parcial e implementará un
régimen de justicia "partidaria".
La responsabilidad de los jueces es enorme, son y serán siempre bien pagos, pero su deber es con la institución
y con la república.
Anteponer intereses personales a la obligación de impartir justicia, es inadmisible.
Esteban Tortarolo
Sobre la delincuencia económica
24 de febrero de 2020
Sobre la delincuencia económica
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Por Mariano BorinskyLa criminalidad económica conlleva una complejidad que supera ampliamente a los casos tradicionales que se encuentran dentro del mundo del derecho penal. Puesto que se entremezclan con la dinámica de las operaciones financieras, mercantiles y propias del sistema económico de cada país.
La delincuencia económica afecta de modo decisivo los recursos del Estado y el correcto funcionamiento del mercado y la economía.
En ningún otro sector como el de los delitos económicos se ve con tanta claridad la relación existente entre Economía y Derecho y el condicionamiento económico de la regulación jurídica. La forma jurídica depende ante todo y sobre todo de una determinada estructura económica.
Cabe destacar que en esta clase de delitos, la población en su totalidad se constituye en grupo vulnerable toda vez que las maniobras ilegítimas que desvían fondos del Estado impiden que el dinero sea utilizado para los fines previstos (vgr. necesidades públicas: educación, seguridad, salud y justicia). Por otra parte, el mismo Estado se ve afectado por la criminalidad económica ya que debilita su capacidad para resolver los problemas sociales que sufre el país. La persecución de estos delitos económicos incidirá de manera inmediata en la percepción que la comunidad tiene hacia las instituciones sociales, y además, permitirá al Estado contar con mayores recursos para cumplir con sus obligaciones en lo relativo al problema de la distribución. Las grandes maniobras de evasión tributaria, contrabando, lavado de dinero y fraude a la administración pública impiden al estado financiarse y elaborar políticas sociales que tiendan a paliar las necesidades de los menos privilegiados, eliminando así el principio de solidaridad, base de la organización social.
Sin embargo, no debe efectuarse una absoluta identificación entre la delincuencia económica y lo que Edwin Sutherland denomina “delitos de cuello blanco“ -white collar criminality- en el ámbito de la criminología, más específicamente, en la sociología criminal de los Estados Unidos de América. Este último constituye el núcleo más llamativo y trascendente de la delincuencia económica, pero ésta no se agota en aquél. El “delito de cuello blanco” ha sido definido como el “delito perpetrado por una persona respetable y de alto estatus social en el ejercicio de su profesión”, según la definición del citado autor. Precisamente, el hombre de negocios que viola las leyes dictadas para regular los negocios no pierde, generalmente, dicho estatus entre sus socios comerciales. Se trata de delitos que, efectivamente, dañan, extensa e intensamente el “orden económico” de una sociedad. Pero los delitos que lesionan este orden económico no sólo son llevados a cabo por este tipo de personas, sirviéndose de su situación social y ocupacional. Hoy, el delito económico es más extenso, objetiva y subjetivamente. Así, el delito fiscal o el delito informático, por ejemplo, que caen dentro de esta clase de delitos, no requieren, para llegar a ser tales, ni que se cometan por personas de alto estatus ni con ocasión de desempeño del trabajo habitual.
Los delitos económicos se distinguen del delito de cuello blanco, pues provienen de presupuestos analíticos diferentes, debido a que este último es una noción, sobre todo, sociológica, siendo su relación con el derecho (y el derecho penal económico, en particular) ambigua. En cambio, el delito económico depende estrechamente del desarrollo y de la extensión del derecho en el área de la economía: su existencia está ligada a la presencia de incriminaciones formales por la verificación de una transgresión a la ley positiva y no puede exceder ese ámbito. Precisamente por dicha ambigüedad es que el delito de cuello blanco genera preguntas e inquietudes y se encuentra más cerca de la política que del derecho. En este marco, no hay que olvidar la primacía de la política en las primeras formas de conocimiento criminológico. El delito de cuello blanco, entonces, no se limita al delito económico; es, en esencia, un delito señalado por la inmunidad.
La criminalidad de cuello blanco tenía por finalidad no aminorar la incidencia o gravedad del delito, sino tratar de explicar el funcionamiento de la sociedad entera. El conocimiento de la delincuencia contra el orden socioeconómico redunda en el mejor conocimiento de ese orden y, por ende, de todo el sistema social. Y, viceversa, sólo a partir del análisis amplio de ese sistema se puede llegar al entendimiento de lo que significa aquella forma de delincuencia y a la implementación de estrategias político-criminales aptas para hacerle frente.
La corrupción es un elemento a tener en cuenta, que entra en juego como uno de los grandes elementos de la criminología y la política, y que constituye la piedra angular en esta diferenciación que viene haciendo alusión entre el criminal convencional y el criminal de cuello blanco.
La corrupción es la intersección entre el crimen y la política. Puede entenderse de un modo instrumental, como el medio técnico inmediato por el cual la delincuencia económica se despliega. La misma es el establecimiento de modos criminales de hacer política que se expresan en la apropiación por algunos de lo que es público, vale decir, de todos.
La corrupción es un proceso social genérico, ubicuo en el tiempo y en el espacio y, por lo tanto, imposible de eliminar, proceso que va de la mano, de otro proceso, también paradigmático en América Latina respecto de la particular construcción de las relaciones sociales y políticas: la exclusión social.
Otro aspecto a destacar de la delincuencia socioeconómica es la actividad económica empresarial. Las características de este ámbito generan cuestiones específicas por cuanto la empresa actúa como estructura compleja, jerarquizada, en la que los centros de decisión aparecen, a menudo, alejados de los agentes ejecutores. Además —como se tipifican comportamientos de sujetos que intervienen en el tráfico económico desde posiciones fuertemente formalizadas— es frecuente la configuración de estos delitos como especiales. En este punto resulta fundamental la redacción de un Nuevo Código Penal que sistemático 900 leyes especiales, que se encuentra actualmente a estudio del Honorable Senado de la Nación. A ello se suma, que en ocasiones, la problemática de los delitos especiales se superpone a la suscitada por la actuación de personas jurídicas. En algunos casos se provocan conocidas lagunas de punibilidad si quien realizó el comportamiento típico no reúne las características exigidas por la ley para el sujeto activo. No podrá responder como autor, ni como partícipe si nadie lo hace a título de autor, en virtud de la accesoriedad de la participación. Hacer frente a estos supuestos exige o bien incluir cláusulas particulares de extensión de la autoría en cada uno de los delitos en que se estime necesario, o bien introducir una regla general que regule de forma global la actuación en lugar de otro, o bien prever la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Al repasar la faceta histórica de la criminalidad económica, se observa y es indiscutible la tendencia cada vez mayor del Estado a intervenir en la vida económica. En el fondo de esta tendencia está el convencimiento profundo, cada vez más arraigado en las clases dirigentes, del fracaso del modelo económico capitalista puro, incapaz de asegurar su supervivencia con el automatismo de los mecanismos de la economía de mercado. Precisamente la principal característica de los sistemas económicos capitalistas —al hilo de la experiencia de Roosevelt en Estados Unidos de América en los años 30, surgen en los países europeos occidentales tras la Segunda Guerra Mundial— ha sido la intervención del Estado en la vida económica, bien al lado de la iniciativa privada, bien sustituyéndola de un modo más o menos amplio.
Esta creciente intervención del Estado en materia económica es lo que da origen al Derecho Penal Económico, definido como el conjunto de normas que protegen el orden económico, que tiene una doble perspectiva en función del predominio de aspectos dirigistas (intervencionistas en la economía) o liberales. Delito económico en sentido estricto es la infracción jurídico-penal que lesiona o pone en peligro el orden económico entendido como la regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía de un país.
Algunos autores prefieren las denominaciones de “Derecho penal de la empresa” o “Derecho penal de los negocios”, como especies del derecho penal económico, y con un concepto más amplio que este último. La empresa es el motor del sistema económico actual, lo que no excluye que deba destacarse además una importante restricción a la autonomía de la voluntad de las personas físicas, ya que en un mundo globalizado las empresas multinacionales y no los Estados o las alianzas entre estos serán las que gobiernen el mundo de los negocios.
En el concepto tradicional de Derecho Penal Económico, la intervención del Estado a través del ejercicio de su poder punitivo en el ámbito de las relaciones económicas no fue desconocida en otras épocas anteriores. Ya en el derecho romano se preveían sanciones para los que especulaban con los precios de los cereales o evadían impuestos, e iguales medidas punitivas se preveían en la Edad Media para los que infringían las normas sobre calidad o precio de los productos en los mercados. También se observa en la Edad Moderna la existencia de disposiciones legislativas vinculadas con los monopolios y en el siglo XX vuelve a surgir el intervencionismo estatal en la economía, favorecido por la crisis económica que se sucede entre las dos guerras mundiales. Estas razones coyunturales son las que determinaron la aparición de una legislación penal excepcional, destinada a sancionar con graves penas las infracciones en materia de tráfico de divisas, formación de precios, etc.; que luego se reconvierte en una regulación jurídico-punitiva más amplia de todo el sector económico con una vocación de permanencia, en atención al desmesurado crecimiento económico de la producción, no respaldado por necesidades objetivas, al aumento de las industrias bélicas, la continua inflación, las crisis económicas con reivindicaciones sectoriales, convirtiendo al sistema de la economía de mercado en una jungla en la que no se respetaban las reglas del juego básicas de la economía capitalista, amenazando su supervivencia. El Estado se ve obligado a intervenir, y pasa así de mero espectador de la vida económica a principal protagonista: de Estado liberal a Estado social.
Los economistas han afirmado convincentemente que muchas reglamentaciones económicas estaban impidiendo la competencia y manteniendo altos los precios en lugar de bajos. La consolidación de un sistema de economía de mercado debe necesariamente suponer la revalorización de la disciplina fiscal y la defensa de la competencia.
El derecho penal económico, en un sentido amplio, como la protección del orden económico entendido como la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. A su vez, el “Delito económico” es aquella conducta que lesione o ponga en peligro la regulación jurídica en alguna de las citadas facetas: producción, distribución y consumo de bienes y servicios. De este modo, según la añeja propuesta de Liendemann, el delito económico sería “aquel acto punible que se dirige contra el conjunto de la economía o contra ramas o elementos de la misma funcionalmente relevantes”, erigiéndose la lesividad para lo colectivo en el criterio diferencial básico con respecto a los delitos patrimoniales.
Para otro autor, derecho penal económico en sentido restringido abarca los delitos que afectan la actividad de intercambio de bienes y servicios (derecho aduanero, derechotributario, régimen cambiario) y en sentido amplio, quedarían abarcados los delitos fiscales, los fraudes de subvenciones, los delitos cometidos en el seno de instituciones bancarias, financieras y cambiarias, los delitos vinculados al funcionamiento de empresas privadas de seguros, los delitos contra la seguridad social, balances falsos, la competencia desleal, los delitos en el comercio exterior, los delitos ecológicos.
Hay tres características del derecho penal económico: dispersión (los delitos económicos están tipificados en leyes especiales); mutabilidad (las normas penales económicas se relacionan con la situación económica de cada país); rigor (atendiendo a las repercusiones sociales de los ilícitos económicos, se amplía o diversifica el arsenal punitivo del sistema tradicional).
En el ámbito de la delincuencia socioeconómica se procede identificar tres categorías de bienes jurídicos supraindividuales:
1) institucionalizados de titularidad individual o individualizable (por ej., capacidad recaudatoria o recursos de la hacienda pública);
2) supraindividuales que constituyen elementos básicos del sistema (por ej. medio ambiente), y;
3) colectivos o sociales funcionalmente necesarios para la defensa de otros individuales (por ej. transparencia del mercado de valores).
Los delitos económicos en sentido estricto serían, únicamente, los que atentan contra la determinación o formación de los precios, los delitos monetarios, el contrabando y las infracciones fiscales. En sentido amplio, los que afectan bienes jurídicos patrimoniales individuales y que afectan además la regulación de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios entre los que se incluyen los de insolvencia, competencia ilícita, abuso de crédito, estafa, fraudes alimenticios, delitos laborales, relacionados con sociedades mercantiles, receptación, malversación de caudales públicos, cohecho, apropiación indebida, falsedad de documentos, entre otros.
El concepto limitado del derecho penal económico abarca aquellas partes del derecho penal que tutelan primordialmente el bien constituido por el orden económico estatal en su conjunto y, en consecuencia, el flujo de la economía en su organicidad, en una palabra la economía nacional. En tanto este organismo económico se halla, como valor supraindividual, preponderantemente institucionalizado y ordenado, dirigido y vigilado por vía de las medidas administrativas —con lo cual se verifica la política económica—, la materia alcanzada por la definición es el derecho(penal) económico administrativo. Al derecho penal económico en este sentido restrictivo corresponde una concepción del derecho económico como derecho de la dirección de la economía por el Estado.
Otra visión define al “delito económico” como las infracciones penales que se cometen explotando el prestigio económico o social, mediante el abuso de las formas y las posibilidades de configurar los contratos que el Derecho vigente ofrece. O al abusar de los usos y las razones de la vida económica basados en una elevada confianza. Infracciones penales que, de acuerdo con la forma que se cometen y las repercusiones que tienen, son idóneas para perturbar o poner en peligro, por encima del perjuicio de los particulares, la vida o el orden económico.
El derecho penal económico es, sin duda, una parte muy importante del moderno derecho penal y quizás una de las partes que tengan más futuro. Pero todavía falta una elaboración doctrinal (e incluso, hoy en día, legal) capaz de decir con certeza cuál es la extensión, contenido y límites que debe tener este sector del derecho penal. El problema tiene sus raíces fuera del derecho penal y que, por lo tanto, mal se puede solucionar sólo con el derecho penal, si éste no va acompañado de reformas más radicales de la realidad social, política y económica. La citada advertencia da justificación al carácter interdisciplinario de la presente investigación en un ámbito un poco más acotado que el de la delincuencia económica: el del derecho penal tributario y más específicamente, del fraude fiscal.
Lo que sí está claro es que el derecho penal económico se define en relación con un objeto de carácter político-criminal: la prevención de la criminalidad económica.
Así, parte de la doctrina sostiene que para superar el riesgo de entrar en una dinámica punitiva expansionista, desconocedora de garantías, se propone, una especie de derecho penal de dos velocidades: el derecho penal clásico, adornado de las tradicionales garantías, se reservaría para los (“clásicos”) delitos castigados con penas privativas de libertad, mientras que procedería flexibilizar (en lo garantista y en lo dogmático) el derecho penal económico.
El orden socioeconómico que se pretende tutelar no es un orden idílico, sino conflictivo y reaccionario a las regulaciones legales que puedan conculcar los intereses sectoriales subyacentes; es un orden que se caracteriza por los principios de la propiedad privada y el de la libertad económica, entre otros, que son los principios fundamentales del orden capitalista. Cualquier intento de regularlo y/o cambiarlos sin cambiar al mismo tiempo la estructura que lo condiciona, está destinado al fracaso. El derecho penal debe cambiar en la medida en que la sociedad a la que sirve también cambie. Y es lógico que a una sociedad configurada democráticamente corresponda también un derecho penal capaz de proteger penalmente sus instituciones democráticas.
Si el derecho penal es sólo la superestructura represiva de todo un sistema de control social puesto al servicio de un entramado de intereses económicos, políticos y sociales, está claro que sólo la transformación democrática de estos intereses determinará un cambio del sistema total. El derecho penal tiene en este proceso de cambio una función muy modesta: procurar no entorpecerlo con normas disfuncionales al mismo y preparar el terreno para que la solución a los conflictos económicos y sociales no sea sólo una cuestión de un derecho penal mejor, sino también y sobre todo, de “algo mejor que el derecho penal”.
El autor es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Doctor en Derecho Penal UBA, Presidente Comisión Reforma Codigo Penal, Co-Director del Posgrado en Derecho Penal Tributario UBA; Profesor Universitario UBA, Austral, Di Tella, ex Fiscal General Penal Económico; Autor de “Derecho Penal Económico y de la Empresa”; “Fraude fiscal”; entre otras
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