lunes, 29 de junio de 2015

JUSTICIA KK




















































































Después del desplazamiento de Cabral, van por Farah



Lunes 29 de junio de 2015 | Publicado en 
edición impresa




Por  | LA NACION






En las próximas horas, Luis María Cabral solicitará a la Justicia que lo reponga como integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, cargo del que fue desplazado el jueves por el Consejo de la Magistratura. Pero el Gobierno pisa el acelerador y va por más: puso en la mira a otro juez, el camarista federal Eduardo Farah, que interviene en la causa Hotesur y en otros casos sensibles.
Esta semana es clave, porque la intención del Poder Ejecutivo es acelerar los tiempos para cubrir con hombres propios todos los espacios posibles antes de que la presidenta Cristina Kirchner finalice su mandato, en diciembre próximo. Y el Frente para la Victoria tiene en su favor un dato que no es menor: hace diez días, aprobó en el Congreso un nuevo régimen para nombrar jueces subrogantes.
El jueves pasado, el bloque de consejeros del FPV sorpresivamente impuso su mayoría y, por siete votos contra cuatro, removió a Cabral de su carácter de juez interino de la Sala I de Casación. Cabral sigue como juez del Tribunal Oral Criminal.
Pasado mañana, Cabral tenía previsto votar sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán. El magistrado había elaborado un borrador para declararlo inconstitucional. Pero Ana María Figueroa, otra de las integrantes de ese cuerpo, una y otra vez demoró la votación y, así, le dio tiempo al Consejo a hacer su jugada antes de que aquél llegase a plasmarse en un fallo.
En cuanto trascendió aquella idea, el Consejo decidió actuar: el oficialismo nombró a un conjuez allegado al kirchnerismo, Claudio Vázquez. Este magistrado también es interino y ni siquiera es juez de otro tribunal. Pero tiene el visto bueno del FPV y el jueves último se apresuró a asumir su cargo.
Antes del mediodía, Cabral, con el patrocinio de Juan Carlos Cassagne y Ezequiel Cassagne, presentará una medida cautelar autónoma: solicitará a la Justicia que lo reponga en su cargo y que, finalmente, declare inconstitucional la ley 27.145, el nuevo régimen de subrogancias.
Por cierto, si hasta ahora eran los tribunales los que elegían a los conjueces, ahora la nueva ley le asigna aquella atribución al Consejo, que los selecciona entre una lista de secretarios y abogados.
Además, los legisladores de la oposición están dispuestos a salir en defensa de Cabral.
Por un lado, el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, está organizando con los otros jefes de bloque una conferencia de prensa, que se realizaría antes de que, el jueves, se vuelva a reunir el Consejo.
Y, por el otro, varios diputados de Pro, encabezados por el jefe del bloque, Federico Pinedo, y por Patricia Bullrich, presentarán hoy en favor de Cabral otro amparo y, también, una denuncia penal contra todos los consejeros del FPV que votaron su desplazamiento.
Mauricio Macri, candidato presidencial de Pro, por otra parte, ya anunció que adhiere a la marcha del 14 de julio en favor de Cabral.
Pero los consejeros del FPV, liderados por Julián Álvarez, ya dejaron atrás el capítulo Cabral e intentan ocupar rápidamente otras plazas.
Esos consejeros, lejos de amedrentarse con las presentaciones judiciales, pusieron en la mira a Farah, según confirmaron a LA NACION varias fuentes judiciales.
Aquellos consejeros sostienen que la nueva ley de subrogancias es constitucional y quieren aplicarla en toda su extensión.
Desde 2008, Farah se desempeña como titular en la Sala II de la Cámara Federal, junto con Martín Irurzun y Horacio Cattani.
Sin embargo, lo que le interesaría al Consejo sería la actuación de Farah en la Sala I, que ese juez integra en forma interina, junto con Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.
El Consejo le quiere cobrar a Farah algunas cuentas pendientes. No tanto porque ese magistrado, en febrero último, confirmó el procesamiento de Amado Boudou, porque en ese punto los tres jueces votaron en el mismo sentido.
El tema más sensible es que en la Sala I tramitan otras causas muy delicadas. Por ejemplo, ése es el tribunal al que le tocará siempre intervenir en la causa Hotesur, mientras el Gobierno no pueda prosperar con su maniobra de llevar esa causa al juzgado federal de Río Gallegos y a la Cámara Federal de Luis Piedrabuena (Santa Cruz).
Y, por otra parte, en marzo Farah fue el único de los tres magistrados que votó en favor de investigar la denuncia que había presentado el fallecido fiscal Alberto Nisman. Como se sabe, una denuncia que ni el juez Daniel Rafecas ni la Cámara Federal aceptaron reabrir.

EN LA MIRA DEL KIRCHNERISMO

Luis maría Cabral
Juez de la cámara de Casación
  • Cabral es un juez de tribunal oral, pero interinamente ocupaba un cargo de la Sala I de la Cámara de Casación
  • Mañana iba a votar por declarar inconstitucional el Memorándum de Entendimiento con Irán, pero fue desplazado de su cargo por el oficialismo
Eduardo Farah
Juez de la cámara federal

  • Eduardo Farah integra, como titular, la Sala II de la Cámara Federal porteña.
  • Además, forma parte, como interino, de la Sala I, donde tramitan la causa Hotesur y otros expedientes sensibles para el poder. Por eso, el FPV también lo puso en la mira

Voto cuota: una bomba a punto de estallar





28/06/15 - 07:05hs

Desde hace poco menos de un año, el gobierno implementa el plan Ahora 12, una máscara consumista que, en plena crisis inflacionaria, permite comprar en cuotas. Especialistas consultados por Hoy advierten sobre los efectos de esta temible burbuja financiera 

Lo peor de la fiesta K será su resaca. Levantarnos el 11 de diciembre con la confusión de un domingo por la mañana, luego de los estragos desmedidos del día anterior. 

Habrá como una indescifrable culpa por haber vivido durante 12 años bajo la autoridad de un gobierno que dilapidó los fondos públicos, no para contener la inflación, generar empleo, industria o fortalecer la moneda nacional, sino para potenciar una economía dolarizada, regresiva (afectando a los que menos tienen) y lanzar planes como el Ahora 12, que, con la falsa excusa de querer “reactivar” el alicaído consumo, propone una rueda poco menos que hipócrita. En una Argentina con necesidades urgentes, esta iniciativa ofrece al consumidor la posibilidad de comprar en 12 cuotas sin interés distintos bienes -especialmente electrodomésticos- a los que, de otra manera -dadas las altas tasas de inflación- no podría acceder; es decir, crea una fiebre perversa de consumo, tienta a sectores de la población a los que su debilitado poder adquisitivo no les permite adquirir determinados productos al contado. 

Cinismo puro: ofrecer financiaciones para compras suntuosas, en lugar de crear las condiciones para que haya trabajo genuino y salarios dignos que le permitan al ciudadano decidir cómo y qué comprar. Otra máscara del rostro desalmado de Cristina Kirchner.

¿Pero quién pagará los restos de este “modelo” del que, inevitablemente, el pueblo termina siendo cómplice?

“Como tantas otras, esta es una medida artificial producto de la economía inflacionaria que nos gobierna. Esto no es gratis y esa es la otra cara de la moneda”, advirtió a Hoy el economista y exSecretario de Comercio Exterior e Interior de la Nación, Juan Dumas, y precisó: “Hay un subsidio estatal y es un numero más en el marco del déficit fiscal, otra carga a la cuenta del gasto público; en la medida en que ese gasto siga creciendo de manera descontrolada y que la financiación de ese déficit sea espuria -o sea, vía emisión monetaria- esto explotará inflacionariamente, generando otro impuesto a la gente más humilde , cuyos sueldos van por debajo del aumento de precios”.

“Vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia”, se jacta la propaganda oficial. Sin dudas, los ’90 están más latentes que nunca en la década kirchnerista. Porque el Ahora 12 no parece ser más que la actualización del voto cuota menemista, que derivó en la reelección del riojano en 1995. En plena Convertibilidad, los argentinos, endeudados hasta la médula, se volcaron en las urnas a favor del de Anillaco, por temor a que el nuevo signo político torciera la especulación económica vigente, impactando drásticamente en sus bolsillos. Las consecuencias se pagaron en 2001, cuando el país explotó por los aires y un presidente radical, Fernando de la Rúa, tuvo que huir en helicóptero. 

Por eso el temor de muchos, porque esta burbuja del despilfarro y el endeudamiento estallará en cualquier momento. “Nada de lo que sea artificial se puede sostener en el largo plazo y el consumidor percibirá cierto beneficio mientras los precios no se incrementen para luego financiarlos, un engaño que el Estado es incapaz de controlar, porque hay infinidad de comercios e infinidad de productos”, alertó Dumas.

Pero este sería un engaño, en última instancia, menor. Porque, tal como apuntó a nuestro diario el asesor en Negocios, Económico y Financiero Salvador Di Stéfano, el programa que lanzó la presidenta en septiembre pasado “genera un consumo exacerbado ahora, para dejar un consumidor endeudado a futuro. En el corto plazo, la gente compra a tasa cero, pero en el largo plazo se usa el dinero de los jubilados en algo que se termina licuando”.

Ahora 12, ¿y después?

¿Quién no quiere renovar el living? ¿O cambiar su par de zapatillas? ¿O viajar? Si hasta la mismísima Jefa de Estado, en una de sus de-sopilantes intervenciones, reveló: “Máximo (Kirchner), también se compró una heladera con Ahora 12; es de las que hacen cubitos. Casi me muero cuando me enteré”.

Ni ella se lo cree, como tampoco la mentira de una medida que es pan para hoy y hambre para mañana, porque el gobierno destina fraudulentamente fondos del Estado en subsidios para la compra de bienes suntuarios, en una bicicleta financiera que va camino a pincharse, que apenas puede contener la basura debajo de la alfombra pero que, al levantarla, emanará de-shechos contra todos y todas, resultando letal para el bolsillo de los que menos tienen. Esos que quedaron afuera de la fiesta y esperan, más que un bien de lujo en 12 cuotas, un viento de cola que los saque del olvido. 

¿Cómo se financia Ahora 12?

La financiación del plan es parte de un acuerdo entre: comercios, tarjetas de crédito, bancos y el Estado. Mientras que el Ministerio de Economía establece el marco legal para implementar la medida, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) define la política bancaria.

En un marco inflacionario como el actual, a los consumidores, que de otra manera no podrían comprar bienes de lujo, se les ofrece financiamiento a 12 meses sin interés. Los comercios pagan el 10% de tasas a las tarjetas bancarias. 

Lo habitual es que los encajes bancarios, es decir, los fondos que un banco debe tener como reserva, sin poder prestar o invertir, para respaldar sus operaciones, estén en el orden del 26%. En el Ahora 12, los bancos absorben una diferencia del 16%, pero a su vez el BCRA estableció una reducción del 16% en el encaje que tienen que dejar en el Banco Central, es decir que pueden usar esos fondos que de lo contrario tendrían que estar inmovilizados.

En resumen, a través de este mecanismo, el Banco Central debilita al sistema financiero porque requiere menos respaldo para las operaciones, lo cual lo vuelve más riesgoso, por ejemplo, en el caso de una hipotética corrida bancaria.

Para defensores de consumidores: Ahora 12 es una estafa

urante la politizada década K, el consumo termina siendo uno de los principales argumentos de campaña del Gobierno para seducir al votante. La última contienda electoral con un Kirchner en la Casa Rosada, no será la excepción.

Por eso en los últimos meses se han lanzado algunas medidas para fomentar el consumo, entre ellas el programa Ahora 12 (ver página 3). Pero con el poder adquisitivo herido de gravedad, los planes no incentivan a casi nadie, y de hecho, los que compraron electrodomésticos u otras ofertas con este sistema han manifestado reiterados reclamos.

Fernando Blanco Muiño, presidente de Unión de Consumidores de Argentina, en diálogo con Hoy explicó respecto a Ahora 12 que “son planes producto de la inflación. Vino a poner en oferta un plan de cuotas inferior al que había antes”.

“Hemos visto algunos comercios en los que a la gente les cobran un recargo del 10%, probablemente para cubrirse el comercio con la menor tasa de interés. Lo deseable sería que el sistema de tarjeta de créditos y el sistema financiero argentino retome las condiciones de financiación previa y que los planes sean mayores a 12 meses. Además, no entendemos por qué para algunos productos es sólo de jueves a domingo y no el resto de la semana”, agregó Blanco Muiño.

“¿Qué cuánto tiempo se puede sostener este plan? Puede estallar la economía argentina en función de las tasas inflacionarias que venimos arrastrando hace años. 

Estos son paliativos frente a una economía gobernada por la inflación. En contexto no inflacionario ninguna de estas políticas serían necesarias, como no lo fueron durante muchos años cuando la Argentina tuvo estabilidad. Pero lamentablemente la inflación hace que se desmadre todo el sistema económico. Entonces las tasas de financiación de las tarjetas terminaron siendo usurarias, los gastos de comisiones son altísimos, los precios están absolutamente distorsionados y en este contexto el gobierno se ve obligado a tomar este tipo de medidas que no son más que paliativas, para tratar de arreglar algo en el corto plazo”, estimó el especialista.

“El plan tiene un costo fiscal para el gobierno porque subsidia tasas, como es 12 cuotas sin interés contra una inflación (aún si tomáramos la inflación del INDEC como cierta, aunque sabemos que no lo es, del 20%) de arranque estarías perdiendo un 20%, cosa que no sucede porque el que subsidia es el Estado, de ahí que hay recursos públicos afectados a esto”, indicó Blanco Muíño.

El engaño de las cuotas sin interés

Héctor Polino, titular de la ONG  Consumidores Libres, habló con Hoy y  opinó que “en los últimos tiempos a raíz de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y haberes jubilatorios, y a un menor nivel de la actividad económica, los negocios en general y las cadenas de supermercados están incentivando las ventas a través de tarjetas de créditos en cuotas”.

“Las ofertas resultan tentadoras- continuó Polino-  en un país con altas tasas de inflación, al anunciar ventas a 3, 6, 12 y hasta 24 cuotas sin interés,  pero la mayoría de las veces se encuentra con varios precios: de lista, de contado y en cuotas”.

Tras lo cual afirmó: “¿Cuánto nos están cobrando de interés por una compra en 12 cuotas ‘sin interés’? El interés es del 37,5 anual. Pero la tasa cobrada es en realidad mucho mayor, ya que la devolución no la hacemos toda junta al final del año, sino que la vamos haciendo mes a mes. Si a ello le agregamos los seguros por el saldo financiado, la tasa de interés puede llega a ser del 80 % anual”.

Para concluir, Polino advirtió que “el consumidor debe tener en cuenta esta situación antes de resolver apresuradamente una compra en cuotas mediante el pago con tarjetas de crédito”.

“Este plan no es más que una estrategia de marketing”

Para el economista Rodolfo Santángelo, si bien Ahora 12 genera créditos a costo cero, “hay que entender el plan en el marco de la integralidad del sistema financiero, donde hace más de un año el crédito crece por debajo de la inflación, y por debajo de los depósitos. Este plan es una estrategia de marketing, donde el total de los créditos están cayendo, así que no es suficiente para reactivar el consumo general”

“En un proceso inflacionario, los bancos, cuyos pasivos son los depósitos, tienen un pasivo que les cuesta cero y parte de esa ganancia la trasladan en el plan cero del crédito, pero es mucho más grande la cantidad de depósitos a costo cero de los bancos que lo que ellos prestan a costo cero”, dijo a Hoy Santángelo. 


Para el profesional, el estancamiento económico “no se compensa con este tipo de programas y el próximo gobierno va a tener que hacerse cargo de una herencia muy pesada”.

Avance chino en Neuquén por 50 años y sin impuestos





28/06/15


Revelación de Periodismo para todos

Argentina cedió 200 hectáreas, por medio de un convenio que firmó Cristina en febrero. Aseguran que la base es controlada por la Ejército chino. Temen que se destine para uso militar.
Son 200 hectáreas en la estepa patagónica que el gobierno chino logró "conquistar" en Argentina a través de un convenio firmado con la presidenta Cristina Kirchner en febrero de 2015 y por el cual se le entrega la explotación de ese territorio durante 50 años y con eximición de pago de impuestos. La base espacial china está en Bajada del Agrio, a 50 kilómetros de la frontera con Chile y a unos 300 kilómetros del noroeste de Neuquén. Ahí estuvo el periodista Jorge Lanata y anoche Periodismo para todos (PPT) mostró cómo los chinos controlan cada gramo de tierra de esa base.
Primera parte del informe
http://www.clarin.com/politica/Avance-chino-Neuquen-anos-impuestos_0_1384062053.html
Cuando Lanata se acercó hasta la base para intentar ingresar y hablar con las autoridades para conocer el verdadero propósito de ese enclave, los empleados chinos en la base fueron categóricos: no le habilitarían el ingreso. Los hombres le aseguraron al periodista que ese predio es territorio chino y que es la embajada de ese país la que coordina las autorizaciones que en última instancia otorga el gobierno de China. Según constató el equipo de PPT que pasó una semana en Neuquén, la base espacial comenzó a construirse un año antes de que el convenio entre ambos países fuera aprobado. Ese convenio, además, fue denunciado por la oposición en diferentes oportunidades por las cláusulas secretas que contiene. Es decir, existen acuerdos secretos entre el gobierno argentino y el chino en relación a la base.
Segunda parte del informe
http://www.clarin.com/politica/Avance-chino-Neuquen-anos-impuestos_0_1384062053.html
"El beneficio para Argentina no lo puedo deducir", expresó en el informe de PPT el intendente de Neuquén, Horacio Quiroga.
En tanto, el experto en seguridad Ricardo Runza reveló que la base"depende de una agencia paramilitar". Y agregó: "Vemos a esta base con fines fundamentalmente militares. Implica una cuasi sesión de soberanía argentina a una potencia extranjera".

Para qué sirve el Banco Central?




Domingo 28 de junio de 2015


Por Roberto Cachanosky

 No hay economía que pueda funcionar sin un sistema monetario sano, porque la moneda, finalmente, facilita las transacciones entre los particulares


Si en esta campaña me presentara como candidato a presidente o a legislador y dijera que hay que cerrar el Banco Central, la mayoría de la gente me denunciaría como un loco impresentable. Como un políticamente incorrecto que dice barbaridades. ¿Cómo eliminar el Banco Central? En todo caso, dirían, tiene que estar bien administrado.
A continuación voy a intentar mostrar que aquellos que dicen que no hay que cerrar al BCAR y que hay poner gente idónea, son los que están delirando.

Veamos, desde que fue creado el BCRA tuvimos inflación, megainflación e hiperiflación. La tasa de inflación promedio anual desde 1935 hasta 2014 fue del 54%. Han pasado 80 años desde que fue creado el BCRA, por lo tanto, como la inflación crece a tasa compuesta, para ver el acumulado de inflación hay que elevar 54 a la 79 (un año menos porque hago la cuenta hasta 2014). Eso me da una inflación acumulada de 7,35% billones de aumento, si no me equivoqué entre tantos billones de inflación. Aclaro que el 54% es un número redondeado para hacer más fácil la redacción porque cualquiera que haga la cuenta con el 54% la va a dar algo menos. 

Los decimales que no agregué, generan una diferencia a tasa compuesta en 79 años.

Pero no solo el BCRA generó esa descomunal inflación, sino que además destruyó 5 signos monetarios. El peso moneda nacional, el peso ley 18.188, el peso argentino, el austral y este peso que está en terapia intensiva y ya no es moneda porque no cumple con el requisito de ser reserva de valor.

Como decía antes, desde que fue creado el BCRA, el promedio la tasa de inflación estuvo en el 54% anual. Ahora bien, veamos la inflación anual graficada desde que fue creado el BCRA en 1935 hasta 2014.


Gráfico 1
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El gráfico 1 muestra la inflación anual pero la dispersión de datos entre los mínimos como en la convertibilidad en que incluso hubo deflación y los máximos como la hiperinflación no permiten ver claramente la tendencia de la inflación. Por eso ahora va el gráfico 2 hecho a logarítmica que sí permite percibir la tenencia. Las zonas en que la curva desaparece, es porque cuando se transforma a esa tasa logarítmica no toma los datos con valores negativos (deflación) y la raya de la curva queda en blanco.
Gráfico 2
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El gráfico 2 muestra, entonces, la inflación en escala logarítmica y permite visualizar mejor en qué niveles estamos actualmente. Como puede verse hoy la inflación está en el mismo nivel que va desde mediados de la década del 40 hasta los 70, aproximadamente. O sea,  estamos en un rango de inflación alta o, si se prefiere, retrocedimos casi 70 años en la lucha contra la inflación. Pero también queda muy en claro la tendencia ascendente de la inflación desde que fue creado el BCRA.

Cuando uno ve estos datos de inflación, advierte que a lo largo de la historia del BCRA, dicha institución destruyó sistemáticamente la moneda, porque el Central se transformó en el financiador más importante el déficit fiscal. Una vez que los gobiernos tuvieron la maquinita de emitir moneda sin límites, no pararon de subir el gasto público hasta llegar a este nefasto kirchnerismo que lo llevó a hasta niveles insospechados.

Pero lo cierto es que gobierno tras gobierno usó el impuesto inflacionario como mecanismo de financiar su populismo. Eso hizo que se destruyera la moneda y que el argentino buscara un sustituto. Ese sustituto fue el dólar, por eso, Kicillof, que supuestamente se especializó en historia económica, ni siquiera sabe esa materia porque con solo  analizar estos datos advertiría que la fuga hacia el dólar no es ninguna maniobra especulativa de grupos de poder, sino simples reacciones de la gente que se refugia en el dólar como forma de defenderse de sus ahorros y su ingreso.

Desde que fue creado el BCRA cuento que tuvo 58 presidentes, a un promedio de 1,3 por año, lo cual me indica que este no es un problema de poner personas serias y confiables, sino de sistema. El BCRA es una institución que conspira contra el pueblo argentino destruyendo su moneda, el crédito y el crecimiento. Es un virus de destrucción monetaria.

Pero aun con esta nefasta trayectoria estoy dispuesto a ceder en mi propuesta de eliminar el BCRA y que la gente use la moneda que quiera, y optar por eliminar el curso forzoso del peso. Es decir, que la gente pueda hacer sus transacciones en la moneda que desee. En ese contexto el BCRA tendría que producir una moneda de buena calidad o desaparecería como una fábrica de alpargatas que pierde el monopolio que el otorga el gobierno y produce alpargatas de mala calidad.

No hay economía que pueda funcionar sin un sistema monetario sano, porque la moneda, finalmente, facilita las transacciones entre los particulares. Actúa como una autopista que permite agilizar la circulación del tránsito.

La historia del BCRA muestra que esa institución sistemáticamente se ha encargado de destruir la autopista.

¿Por qué existe el cepo cambiario? Porque es la forma que tiene el gobierno de “obligar” a la gente a usar pesos y de esa manera cobrarle  el impuesto inflacionario.

 Es una especie de corralito para cobrarle el impuesto inflacionario. El cepo es tan perverso como el corralito y el corralón. Estos confiscaban directamente ahorros. El cepo confisca ingresos y ahorros en forma indirecta vía el impuesto inflacionario. El cepo es como cazar en el zoológico.

Recordemos que la moneda no es un invento de los gobiernos, sino un descubrimiento del mercado que luego se lo apropiaron los gobiernos. La era de la inflación comienza en el siglo XX con la nefasta proliferación de los bancos centrales.

Insisto, la solución a esta locura inflacionaria es desregular el mercado monetario y dejar que la gente opere en la moneda que desee. En ese escenario, el BCRA estará obligado a producir una buena moneda o se condenará a desaparecer.

La persecución a Carlos Fayt




Lunes 29 de junio de 2015 | Publicado en
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Editorial II


 En la OEA se aprobó, el pasado 15, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Suscripta por la Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, entrará en vigor rápidamente ya que para ello se requiere sólo la ratificación de dos Estados miembros. La Convención proscribe claramente la persecución desatada desde el Poder Legislativo contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos S. Fayt. Cabe apuntar que ya hay una denuncia penal contra la subcomisión que integran la diputada Anabel Fernández Sagasti y los 16 diputados oficialistas más que persisten en la pretensión ilegal de investigar la "salud psicofísica" del juez, como quedó demostrado el jueves pasado, en la segunda convocatoria secreta que tuvieron y de la que tampoco participaron ni fueron informados los diputados opositores que habían rechazado formar parte de la subcomisión, pero sí ser informados cada vez que esta se reúna.
La Convención tiene por objeto proteger y asegurar, en condiciones de igualdad, los derechos humanos y libertades fundamentales de toda persona mayor, es decir, las que tienen 60 años de edad o más, y procura específicamente la eliminación de cualquier discriminación por edad que pretenda anular o restringir el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de esas personas, tanto en el ámbito público como en el privado. Define como "maltrato" a toda acción contra una persona mayor que dañe su integridad física, psíquica y moral. La acción de la diputada Anabel Fernández Sagasti y los otros diputados queda incluida entre los malos tratos.
La Convención define como "violencia" contra cualquier persona mayor todo aquello que le cause daño o sufrimiento físico o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. El trato persecutorio contra Fayt está específicamente prohibido por esa Convención que garantiza a las personas mayores el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en cualquier ámbito en el que sus actividades se desenvuelvan. Cabe esperar ahora que la Justicia disponga el inmediato cese de las vejaciones que se han puesto en marcha contra Fayt.

Exclusivo: Recalde permitió en otro vuelo que se ingrese a la cabina





28.06.2015

LPO confirmó que en un vuelo a Iguazú dejó que un equipo del canal ultraoficialista CN23 volara en la cabina

Mientras la noticia del vuelo del escándalo que protagonizó la vedette Vicky Xipolitakis en la cabina de un avión de Austral-Aerolíneas repercute en los principales diarios del mundo, LPO pudo confirmar que el episodio lejos de ser una extravagancia de dos pilotos desubicados, es la consecuencia natural de una práctica habitual en la estatal Aerolíneas Argentinas, permitida y hasta fomentada por su presidente Mariano Recalde.



Un video al que accedió LPO revela un episodio que complica la versión del candidato a jefe de Gobierno kirchnerista, quien simuló indignación por el incidente y despidió a los pilotos expuestos por el video de la vedette.




Recalde autorizó en su momento que el canal oficialista CN23 filme desde la cabina el vuelo, el despegue y el aterrizaje del vuelo inaugural de la ruta Buenos Aires-Iguazú–Río de Janeiro. El hecho ocurrió el 5 de Julio de 2011, en el mismo vuelvo en el que él viajaba junto a otros funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.




Recalde en persona permitió así que en un vuelo bajo su supervisión directa se violara el principio aeronáutico de “cabina estéril”, además de normas internacionales, colocando la integridad física de los pasajeros en “grave riesgo”, adviertieron a LPO las fuentes que revelearon el episodio.




En las imágenes se puede ver el recibimiento del gobernador de Misiones, Maurice Closs, a Recalde que desciende en Iguazú del vuelo, mientras lo graban las cámaras de CN23.




Según comentaron las fuentes a LPO, la irrupción de personas y personalidades del mundo del espectáculo como de la política en las cabinas de los vuelos de las dos aerolíneas que dirige Recalde, son una “práctica cotidiana” desde que el camporista empezó a manejar la compañía estatal.




Por eso, la desvinculación de los pilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Matías Soaje generó enojo y desazón entre los empleados que ven “injusto” el despido por lo que es una práctica habitual y consentida de la compañía que dirige Recalde, agregaron a LPO a la administración de la empresa.




El más joven de los pilotos despedido espera familia para dentro de unos días lo que acentuó la indignación de sus colegas, quienes bajo pedido de mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias, afirmaron a LPO que Recalde “habría estado al tanto de lo que ocurría en el vuelo 2708 de Austral del día lunes 22 de junio e incluso lo habría aprobado”.


Esta situación podría revelarse ni bien avance la investigación del fiscal federal Carlos Rivolo, que ordenó el allanamiento en la casa de los pilotos para determinar si se trataba o no de prácticas habituales.



Estas nuevas pruebas habilitarían al experimentado fiscal que estuvo a cargo de la tragedia de Lapa, a ampliar la pesquisa y apuntar a Mariano Recalde, como máximo responsable de este tipo de prácticas, que irresponsablemente ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Réquiem para la Justicia ( 2º parte)




Lunes 29 de junio de 2015 | Publicado en
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Editorial I

Detrás de la proscripción del funcionario judicial Ignacio Rodríguez Varela aparece una extraña figura: el supuesto delito de filiación


ÚLTIMA PARTE
A tono con la ideología según la cual todo es enjuiciado a la luz de lo ocurrido en los años setenta, como si nada hubiese pasado antes de la asunción de Néstor Kirchner en 2003, a pesar de sus casi tres décadas de carrera en la Justicia, Ignacio Rodríguez Varela ha sido acusado por su condición de hijo de Alberto Rodríguez Varela, quien además de funcionario del proceso militar ha sido profesor, decano de la Facultad de Derecho y rector de la Universidad de Buenos Aires, autor de varias obras jurídicas y bioéticas, y miembro de las Academias Nacionales de Derecho y de Ciencias Morales y Políticas. De esta manera, a los indicios de la discriminación motivada en las causas y proyectos que han molestado al kirchnerismo deben agregarse los que surgen del retroceso a los tiempos del delito de filiación. Éste fue confesado, tal como el fiscal José María Campagnoli lo denunció hace cinco años ante la Corte Suprema de Justicia, por el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien le refirió al fiscal que Ignacio Rodríguez Varela "tenía un problema de portación de apellido y que, en razón de ello, se hallaba diez metros bajo tierra".
No obstante estas arbitrariedades, la idoneidad supuesta en su trayectoria como funcionario fue confirmada por Rodríguez Varela en las pruebas y oposición de antecedentes en todos los concursos en los que participó. Sin embargo, en la primera serie de ternas que integró en 2005 para un juzgado de instrucción se encontró con la noticia de que el Gobierno había resuelto no designarlo jamás, proscripción enseguida confirmada al resultar el único de los postulantes ubicados en los siete primeros lugares del orden de mérito -entre un centenar de participantes- que no fue incluido en los pliegos enviados al Senado para cubrir las siete vacantes de aquel concurso. Formó parte allí de sus primeras seis ternas, cuatro de ellas en el primer lugar. Decidido entonces a dejar en evidencia el desvío de poder y la arbitrariedad escondidos en los pliegues de la discrecionalidad presidencial, Rodríguez Varela se valió del único recurso a su disposición y se anotó para concursar para juez y fiscal en todos los fueros penales nacionales y federales y todas sus instancias: en todos los casos ocupó los primeros lugares y resultó ternado. No tardó así en encabezar su primer concurso para dos cargos de fiscal de instrucción donde obtuvo el mejor puntaje en antecedentes y en la prueba escrita; sin embargo, en su lugar fueron finalmente designados concursantes a los que había superado en una veintena de puntos y se hallaban ubicados en el segundo y quinto puestos en el orden de mérito. Sumadas esas ocho ternas, seis de ellas en primer lugar, inició en 2008 el primer amparo, que al día de hoy se encuentra en estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A las exclusiones señaladas siguieron, a lo largo de la última década, 23 más para cargos de camarista de Tribunal Oral en lo Penal Económico -se designó a los dos que lo seguían en el orden de mérito-, camarista de la Cámara del Crimen -donde obtuvo la mejor nota en la prueba escrita y fueron designados el que lo seguía en el orden de mérito y el ubicado en el sexto lugar-, camarista de Tribunal Oral Criminal -fueron designados tres de los que lo seguían en el orden de mérito- y nuevamente para juez de instrucción -donde integró nueve ternas sucesivas en las que se designó nueve veces a quienes lo seguían en el orden de mérito, el último de los cuales ocupaba el lugar decimotercero. Junto a las más recientes, que mencionaremos luego, y las otras cuatro arbitrariamente anuladas en la primera versión del concurso 140, son un total de 35 ternas. Ello, además de la confirmación de la idoneidad de Rodríguez Varela con la obtención de la tercera mejor nota en la prueba para la Cámara Nacional de Casación Penal, con la que superó o igualó a ocho de los diez magistrados designados recientemente para desempeñarse en ese tribunal.
Como consecuencia de los últimos dos concursos en los que fue ternado y relegado una vez más a favor de alguno de los ubicados por debajo de él en los órdenes de mérito, Rodríguez Varela inició un segundo amparo en resguardo de sus derechos. Allí actualizó la secuencia que pone de manifiesto su discriminación y se agravió también por irregularidades en el trámite de selección del concurso 71 para seis cargos de fiscal de instrucción y del concurso 302, destinado a cubrir el sensible puesto de juez federal de La Plata, tribunal para el cual el Gobierno había postulado al ex secretario de Justicia Ernesto Kreplak. Ante estas evidencias, la jueza federal María José Sarmiento concedió a Rodríguez Varela dos medidas cautelares provisorias y el 16 de junio pasado dictó su sentencia. Allí consideró que se encontraba probada la arbitraria proscripción y afirmó que "sin duda puede inferirse de la conducta de la administración la intención por parte de uno de los poderes del Estado de evitar el nombramiento del doctor Rodríguez Varela en los cargos concursados". No obstante esta trascendental y valiente consideración, la doctora Sarmiento rechazó el amparo porque a su juicio una resolución judicial no podía remediar esta situación.
De esta manera, probada la discriminación, en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a la que ha acudido Rodríguez Varela, y más adelante seguramente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encuentra la decisión definitiva en torno de una cuestión de derecho muy relevante para nuestra ultrajada República: ¿puede al resguardo de facultades discrecionales mantenerse una proscripción que se ha tenido por probada? ¿Es constitucional concebir la atribución de elegir jueces y fiscales entre los ternados con el alcance de un puro arbitrio de decidir "no elegir" nunca a un aspirante a la magistratura, así sea ternado una o cien veces? ¿Pueden mantenerse designaciones -como la que se pretende realizar en un cargo clave para el control de las próximas elecciones- que se sostienen en la decisión ilegal e inconstitucional de proscribir y discriminar a Ignacio Rodríguez Varela, sea por su trabajo o por su filiación?
Es de esperar que el caso paradigmático de Ignacio Rodríguez Varela encuentre pronto el cauce de la Justicia, y que al mismo tiempo nuestra Argentina pueda superar definitivamente sus discordias, irresponsablemente revividas y alimentadas en la última década.

El empresario que le prestó el Audi a Nisman, cada vez más comprometido




28/06/2015 | 19:19

El fiscal guardó en su caja fuerte un papel que comprueba una transferencia bancaria de Claudio Picón, vinculado a empresas de seguridad. Firmó un contrato con Sara Garfunkel. 


Por Emilia Delfino 


Dos años y medio. La transferencia es de julio de 2012. El fiscal la atesoraba, pero aún no se conocen las razones. Es por 200 mil dólares o pesos. | Foto: Cedoc


El hallazgo sorprendió a los investigadores que intentan determinar cómo murió el fiscal Alberto Nisman. En la pequeña caja fuerte que el titular de la fiscalía AMIA tenía en el dormitorio de su departamento en las torres Le Parc encontraron un comprobante de una transferencia bancaria. La imagen puede verse en el video realizado por la División de Fotografía de la Policía Federal la madrugada del lunes 18 de enero.

Luego de meses de conocer la existencia de ese documento, PERFIL pudo saber quién figuraba como responsable de esa transferencia que según los investigadores es de US$ 200 mil –otros creen que podrían ser pesos– y que por alguna razón Nisman guardó durante dos años y medio.

La transferencia figura a nombre del empresario Claudio A. Picón, el titular de la empresa Palermopack SA. Esa firma tiene a su nombre el Audi Q5 que manejaba Nisman. La transferencia se hizo desde una cuenta de Picón en el Bank of America, el mismo en el que Nisman tenía su cuenta no declarada junto a Lagomarsino, su madre y su hermana en Nueva York.


Picón no es cualquier empresario. Junto con su hermano Fabián es socio del polémico Eduardo Ecke en las empresas Starpack y Easypack. Ecke trabajó para la seguridad de Alfredo Yabrán, por lo que fue investigado en relación con el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas; manejó la seguridad del Grupo Exxel, y está vinculado con Frank Holder, un ex agente de la CIA y relacionado con la empresa de seguridad Kroll.

Picón está en la mira del fiscal Juan Pedro Zoni, quien investiga a la madre y a la hermana de Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, y al técnico informático Diego Lagomarsino, por presunto lavado de dinero. En un intercambio de información con la fiscal Fein y tras la consulta a la empresa responsable de un emprendimiento inmobiliario en Capital Federal se sumaron más indicios contra Picón, quien declaró ser amigo de Nisman.



Cuatro meses antes de esa transferencia Picón firmó un contrato con la empresa Inversora Libertador SA, una constructora que estaba desarrollando una torre en Dorrego al 1700. Luego, en julio fue la transferencia. En octubre, la madre de Nisman y Picón firmaron un contrato y Garfunkel se convirtió en la titular de dos departamentos y dos cocheras en ese edificio a través de un fideicomiso. La mujer declaró que los compró con fondos propios, producto de la venta de otro inmueble y de una herencia.

Los hechos demostraron que la relación entre Picón y Nisman iba más allá del préstamo de un auto y pusieron al empresario en la mira. El fiscal Zoni cree que Picón podría haber ayudado a blanquear fondos de origen ilícito.

Zoni intenta determinar si los familiares de Nisman, Lagomarsino y Picón son cómplices del blanqueo de dinero que Nisman podría haber desviado de las arcas del Estado –a través de su fiscalía– o a través de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia.

La remoción de Cabral, otro paso hacia un régimen autoritario




Lunes 29 de junio de 2015 | Publicado en 
edición impresa



Por  | LA NACION


 El sistema institucional argentino continúa en estas horas su transfiguración hacia un régimen autoritario cuya clave de bóveda es el sometimiento del Poder Judicial a una facción política. Con la sustitución del juez Luis Cabral por el abogado Claudio Vázquez en la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Cristina Kirchner logró algo mucho más importante que evitar que ese tribunal declare la inconstitucionalidad, en términos muy severos, de su extravagante acuerdo con Irán. A partir de ahora, ella controlará una instancia decisiva del proceso que más la desvela: la causa en la que su empresa familiar, Hotesur, es investigada por lavado de dinero. La Sala I interviene en ese expediente.
En abril, junto con su colega Gustavo Hornos, Cabral había rechazado el pedido de Romina Mercado para que se desplace al juez Claudio Bonadio del caso. Mercado, la titular de la empresa, es la hija de la ministra de Acción Social, cuñada de la Presidenta y candidata a gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Ahora en lugar de Cabral estará Claudio Vázquez, un abogado de Lanús amigo del secretario de Justicia, Julián Álvarez.
Sería incorrecto, sin embargo, suponer que el pronunciamiento de la Cámara sobre el memorándum con Irán es intrascendente para el oficialismo. En los argumentos de las partes durante la audiencia que se celebró en marzo, sobre todo los del fiscal Raúl Pleé, hay atisbos de que el fallo que la Presidenta quiere evitar incluiría calificaciones sobre las conductas de los funcionarios que negociaron con Irán.
Entre otros, ella misma. ¿También se pediría una sanción? ¿Los votos de Cabral y de su colega Juan Carlos Gemignani contemplaban, con distintas modulaciones, esa posibilidad? Éste es el motivo principal de inquietud de la señora de Kirchner: por la ventana de la discusión sobre la constitucionalidad del acuerdo regresaría el espectro del fiscal Alberto Nisman y la denuncia que, de un modo u otro, le costó la vida.
El reemplazo de Cabral dará lugar en las próximas horas a movimientos judiciales y políticos. El juez presentará un recurso de amparo en el fuero contencioso administrativo. Y la Asociación de Magistrados, de la que él es vicepresidente, irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU para denunciar que en el país se está violando una garantía consagrada por el sistema internacional: que a un magistrado no se le puede arrebatar sin justificación legal una causa en la que ya ha actuado como juez natural.
Pleé, por su parte, pidió el jueves pasado que la Cámara se expida con los dos votos que ya están redactados, el de Gemignani y el de Cabral, aun cuando este último consignó que el suyo es sólo un borrador inicialado. El fiscal también reclamó al presidente de la Sala I, Gustavo Hornos, que no se modifique la composición del tribunal en todas las causas en las que interviene Cabral, de acuerdo con aquel principio que alega la Asociación de Magistrados.
El criterio ha tenido ya una defensora inesperada: la camarista Ana María Figueroa, casi siempre alineada con el Poder Ejecutivo. El lunes de la semana pasada, cuando se suspendió la lectura del fallo, hubo especulaciones sobre lo que terminó sucediendo: que el kirchnerismo reemplazaría a Cabral. Sin embargo, cuando en una entrevista radial Reinaldo Sietecase y Romina Manguel consultaron a Figueroa sobre esta alternativa, ella dijo que era absurda. De modo que, según Figueroa, Cabral debería votar en la causa del memorándum con Irán aunque haya sido desplazado. Éste es el núcleo técnico de la discusión: no tanto si el juez fue bien o mal sustituido, sino si debe continuar actuando en los casos en los que participó. Acertijo: ¿qué opinaría la Corte Suprema si alguien la consultara sobre este problema?
Cristina Kirchner y sus gerentes judiciales ejercerán la máxima presión para que en lugar de Cabral intervenga Vázquez, quien prestó juramento de urgencia el jueves por la noche. El propósito es que se declare la constitucionalidad del acuerdo o, por lo menos, que se siga el salomónico criterio del juez de primera instancia, Rodolfo Canicoba Corral: hasta que Irán no apruebe el tratado, la cuestión es abstracta. Una posición discutible, ya que la DAIA y la AMIA no impugnan el entendimiento sino la ley que lo aprobó y que sigue vigente.
La Presidenta se propone que el debate sobre su memorándum pase a la Corte para que ésta lo gire a Alejandra Gils Carbó, la procuradora que, al asumir sus funciones, preguntó en la Casa Rosada qué esperaban de ella. Gils Carbó puede dormir el trámite por mucho tiempo. Así se cumpliría el objetivo de la señora de Kirchner: que el debate sobre sus inexplicables tratativas con Mahmoud Ahmadinejad quede reducido a la causa en la que el abogado Juan Labaké, a quien Patricia Bullrich caracterizó como "neofascista", acusó a Santiago Kovadloff, Marcos Aguinis, Daniel Sabsay y a varios legisladores, como traidores a la Patria por haber objetado el tratado. Labaké basó su denuncia en un texto en el que el sociólogo kirchnerista Jorge Elbaum acusó a esos tres intelectuales de responder al "buitre" Paul Singer. Elbaum fue empleado de la DAIA, es funcionario del Poder Ejecutivo, fue director de la Escuela de Defensa y prestó servicios de seguridad informática para una gran compañía farmacéutica. Cristina Kirchner adhirió a sus argumentos en su página oficial, a pesar de que reproducen el peor cliché antisemita, según el cual quienes se inquietaron por el acercamiento con Irán no eran más que un grupo de judíos buscando plata. La ex SIDE, a través de su director Fernando Pocino, sigue presionando al juez Julián Ercolini y al fiscal Carlos Stornelli para que mantengan viva la denuncia de Labaké. Stornelli es también el responsable de la causa Hotesur.
El avance sobre la Cámara de Casación no es un episodio aislado. En él aparece una conducta que el kirchnerismo pretende convertir en regla: no deben asignarse causas a los jueces o fiscales, sino fiscales y jueces a las causas. Vázquez fue nombrado en lugar de Cabral porque se sabe de antemano que obedecerá a quienes lo impulsan. Fue el principio que expuso Carlos Zannini, a quien por razones inexplicables caracterizan como una mente jurídica brillante, cuando dijo, quejándose de un fallo de la Corte: "No los pusimos para esto".
Esta deformación del caso Cabral se sistematiza con el nuevo régimen del Ministerio Público. Después de transferir a los fiscales los poderes de los jueces, el kirchnerismo remodeló las fiscalías de tal modo que será Gils Carbó, en última instancia, quien decida a cuál de sus subordinados irá cada expediente. La Justicia termina así de recuperar la vista. Los casos no serán distribuidos al azar, por concurso o por turno. Es una tiránica consagración de la arbitrariedad, que extenderá todavía más la corrupción dentro de los tribunales. Impensable defección del garantismo.
El relevo de Cabral se introdujo en la campaña electoral. Entre hoy y mañana en la Asociación de Magistrados habrá una procesión interminable de dirigentes de la oposición. El principal, Mauricio Macri, fue el primero en convocar a la movilización del 14 de julio por una justicia independiente. Cuatro días más tarde se conmemorará un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA.
Si bien es un desafío para todo el oficialismo, la discusión es un dolor de cabeza para Scioli. No porque él difiera de la Presidenta en la visión de la vida institucional. Jamás se opuso a las iniciativas del Gobierno y no participó de los pronunciamientos de los demás candidatos en los últimos meses, sobre todo después de la muerte de Nisman. Al contrario, cuando se organizaba la marcha en homenaje al fiscal, su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, llamó a un funcionario judicial para advertirle: "Ojo, porque si vas a la marcha, no te vas a poder sentar más en nuestra mesa". Scioli fue un factor central, aunque discreto, para que la causa de la denuncia contra la Presidenta por el acuerdo con Irán se archivara. Y también para que se estanquen las investigaciones sobre corrupción. Un comportamiento previsible en alguien que, a pesar del reclamo de su mismísima jefa, no puede mostrar su declaración jurada.

La pregunta no es, entonces, cuál es la concepción que tiene Scioli de la institucionalidad. Eso fue informado por la prensa oficialista de los últimos 12 años. La pregunta es si logrará seguir disimulando esa concepción. Porque la continuidad que le exigirá la Presidenta si llega a ganar las elecciones no estará referida al cepo, la inflación, las tarifas o los holdouts. Lo que la señora de Kirchner espera de Scioli es que mantenga intacta la organización abusiva del poder que ella ha diseñado y se propone seguir administrando. Aquellas decisiones económicas son anecdóticas. El proyecto es esa arquitectura autoritaria. Y, como se sabe, el candidato es el proyecto.