martes, 23 de febrero de 2016

YPF tuvo que entregar a la Justicia el contrato secreto que firmó con Chevron





24/02/16 - 00;36

Cláusulas que podrían comprometer al Estado

La obligó un fallo de la Corte Suprema a pedido de los legisladores Giustiniani y Solanas. Se firmó en 2013 y hay debate sobre las ventajas otorgadas a la petrolera de Estados Unidos.
En la Casa Rosada. Cristina junto a Galuccio y el ministro De Vido, cuando recibieron a los directivos de Chevron. Se crearon sociedades en paraísos fiscales. /MARCELO CARROLL
La petrolera YPF presentó ayer su contrato secreto con Chevron, ante la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo. La letrada aún no dio a conocer el documento y dijo que se tomará los tres días que procesalmente tiene para entregar el material al diputado socialista Rubén Giustiniani. El legislador socialista por Santa Fe había presentado una denuncia para que se divulgue el trato y la Corte Suprema falló a su favor. 
Desde la empresa esperan que la jueza reserve confidencialidad sobre cláusulas que serían sensibles a los fines comerciales de la compañía.
A primera hora de la mañana, y cumpliendo con el plazo límite fijado por la Justicia, la petrolera que preside Miguel Galuccio presentó una copia del contrato al Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº7, a cargo de Carrión de Lorenzo. Al mediodía, Giustiniani se presentó en el despacho de la magistrada junto con el senador Fernando Pino Solanas y Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, exigiendo la entrega del material. Pero la letrada, la misma que en primera instancia se negó a la divulgación del acuerdo secreto, les dijo que debe respetar tiempos judiciales, ya que según el Código cuenta con tres días hábiles para analizar el material y cumplir la orden que la Corte dictó en noviembre.
“Vamos a respetar los plazos pero esperamos que la jueza entregue el viernes el documento completo”, dijo Giustiniani, al ser consultado por Clarín. “Y vamos a analizar la información entregada en pos de verificar su veracidad”, agregó el diputado (ver más información en página 4). “Nos sorprendió la respuesta de la jueza. La Corte en su fallo no marca ninguna interpretación a cargo de la magistrada, habla de la inminente entrega del contrato, y si no nos lo entregan el viernes, volveremos a interponer un recurso ante la Corte”, advirtió a este diario Solanas. 
En cambio, desde YPF se ilusionan con el plazo otorgado por Carrión de Lorenzo. “El fallo de la Corte deja un resquicio de confidencialidad sobre cláusulas sensibles que atañen a la información geológica y comercial de la empresa”, dijeron desde la petrolera. La mirada de los abogados de YPF esta puesta particularmente en uno de los considerandos del fallo. 
Es el fundamento número 22 que sostiene “que reconocida la posibilidad de aplicar a YPF S.A. las previsiones del anexo VII del decreto 1172/03” (aquel que vela por la divulgación de información pública), “impone examinar si se da en el caso alguno de los supuestos que, de acuerdo con el citado decreto, permiten a los sujetos obligados exceptuarse de proveer la información que les fuera requerida”. Sin embargo, el fallo es contundente: “La información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”. 
Entre las cláusulas secretas, aparecería la conformación de sociedades off shore creadas especialmente para el ingreso de los US$ 1.240 millones que aportó Chevron (ver más información en esta página). En ese contrato secreto también hubo compromiso de reformas de leyes federales, como la flamante ley de hidrocarburos y hasta un anexo precios del crudo muy superiores a los ahora vigentes en el mercado que YPF debería pagarle a Chevron por lo obtenido en Vaca Muerta. En la petrolera estatal niegan esta versión: “No figura ningún precio y el acuerdo lo hicimos de buena fe, sin querer hacer trampa alguna y en el marco de la ley de sociedades comerciales, sin considerar que estábamos alcanzados por la ley de información pública”.
El contrato con Chevron para el desarrollo del yacimiento Loma Campana se firmó el 16 de julio de 2013. Tiene cinco tomos y 1.000 páginas. “El mismo viernes comenzaremos con el análisis y tomaremos acciones si hubo daños a los consumidores”, advirtió Polino. 

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