domingo, 10 de noviembre de 2019

¿Vuelve el terror a Jujuy?




10/11/2019


¿Vuelve el terror a Jujuy?

Pensando en las víctimas de Milagro Sala





La “Tupac Amaru”, en tiempos de kirchnerismo, y bajo la conducción de Milagro Sala, no fue una organización criminal más. Los delitos cometidos por este grupo tuvieron la capacidad de amedrentar a la población, condicionar seriamente a los funcionarios públicos de la Provincia de Jujuy y, de paso, permitir a la líder (y a su familia) un nivel de vida con vista al Dique, que desentona con los pobres que dice defender.

Las instituciones provinciales jujeñas, entonces, se vieron sometidas, como nunca, al poder central. En primer lugar, por el ya característico sojuzgamiento que –billetera mediante- llevó a cabo el kirchnerismo contra todos los gobernadores. Y, en segundo lugar, porque Milagro Sala recibió fondos nacionales para armar una estructura paraestatal que incluyó distintos tipos de bienes y servicios, que normalmente están en manos del estado. De ese modo, áreas como educación, deportes, vivienda, entre otras, quedaron a cargo de un grupo sectario que, en muchos casos, reemplazó al estado provincial, y lo sometió de facto a la Presidencia de la Nación.


Pero Sala no sólo se adueñó del Estado, sino de la voluntad de muchos jujeños. Un caso paradigmático se conoció a partir del asesinato del joven militante radical Jorge Ariel Velásquez. Cristina Kirchner sostuvo en una de sus apariciones forzadas televisivas que Velázquez estaba afiliado al Partido Soberanía Popular, brazo político de la Tupac. Y era cierto, pero como bien lo aclaró luego el radicalismo en un comunicado, el fallecido había sido víctima de un “… método compulsivo y extorsivo que utiliza la agrupación Tupac Amaru para cooptar a jóvenes, exigiéndoles esa afiliación para poder acceder a una escuela pública que maneja la Tupac Amaru con fondos del Estado nacional”.


Esta organización extorsiva y violenta, no dudaba en expulsar a golpes, de las casas que construía (sin que se entregara escritura) a quienes eran asignados a dichas viviendas, cuando los beneficiarios no se adaptaban a los deseos de sus líderes. No dudaba en apoderarse por métodos antidemocráticos de organizaciones sindicales o sociales porque no le respondían. No dudaba, en suma, en aplicar un clientelismo extremo y salvaje, que anulaba todo atisbo de federalismo y república, ante la pasividad de los tres poderes del estado provincial.


El Presidente electo, Alberto Fernández, sostuvo que Milagro Sala “no merece estar detenida”, no obstante las cuatro condenas a prisión que recayeron sobre Sala: una de ellas confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y otra por la Cámara de Casación de Jujuy. La propuesta de Eugenio Zaffaroni, en línea con Fernández, consiste en la intervención federal del Poder Judicial jujeño, para lograr la libertad de la líder tupaquera. Un despropósito, desde el punto de vista jurídico, ya que la Constitución no justifica ese remedio institucional por el sólo hecho de que al poder central no le guste como se administran las prisiones preventivas.


Nótese, además, que los líderes de la Tupac, en tanto cometieron delitos en forma sistemática contra derechos fundamentales de las personas, deberían ser juzgados como criminales de lesa humanidad. En efecto, al ser la Tupac una organización paraestatal, que manejó fondos del estado y cumplió funciones públicas, se encuentra sujeta a las responsabilidades que establece el Estatuto de Roma, en materia de violación de derechos humanos. Y, en ese contexto, la jurisprudencia ha sido reticente a conceder la libertad a acusados por delitos de lesa humanidad que no tienen sentencia firme. Lamentablemente, el establishment argentino e internacional de DDHH, en el caso de las víctimas de Milagro Sala, mira para otro lado.


Asimismo, y dado que la prisión preventiva tiene como finalidad que quien está sometido al proceso no obstaculice el accionar de la Justicia, sería ilógico conceder la libertad a quien ha demostrado capacidad de anular el accionar, no sólo de los jueces, sino de las instituciones de toda una provincia.

La paz conquistada por la ciudadanía jujeña, sobre la base de decisiones políticas y judiciales, quizá sea la gesta histórica más importante de esa provincia desde el “Éxodo Jujeño”. Como en aquel entonces, los héroes desconocidos fueron aquellos hombres y mujeres, cortos de bienes materiales, pero colmados de dignidad. Son esos héroes, los que debemos proteger todos los argentinos. Son esos héroes, a quienes no debemos fallarles, aquellos ciudadanos jujeños que concurrieron ante un juez, o un fiscal, y sobreponiéndose al temor que les causaba la eventual libertad de Milagro, o la reacción violenta de sus secuaces libres, dijeron: Sala es culpable.
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