OTRA GRAN ESTAFA EN SANTA CRUZ

19 noviembre, 2019

Matías Mazú tiene garantizada la libertad: sigue siendo diputado provincial




Matias Mazú Diputado FPV –



Por  Rubén Lasagno



En Santa Cruz gracias a la endeble y bien laxa Ley Electoral, todo es posible. Desde la Ley de Lemas, que representa los intereses partidarios de los grupos minoritarios hasta las candidaturas testimoniales, pasando por (y como consecuencia de lo anterior) la posibilidad de ganar en dos lugares y elegir con cual quedarse. Esta aberración de la democracia, no es otra cosa que la inmoralidad política puesta al servicio del poder, que hace y deshace a su antojo, a instancia de un pueblo manso y obediente, quien ve pasar a los inmorales por su puerta, e igual los vota.

En este marco el multi-candidato del FPV Pablo Grasso, fue como candidato a diputado provincial y ganó. Pero especulando descaradamente con abarcar más poder, se candidateó a Intendente y también ganó. Su meta era ésta última, pero ¿Por qué no hacer las dos intentonas si la benigna ley se lo permite y las leyes las votan y aprueban ellos mismos?. De última, en Santa Cruz a nadie le importa quién los representa, lo importante es que ocupen las bancas; y así nos va.


LA GRAN ESTAFA: “READECUARON” UNA AVENIDA POR CASI 500 MILLONES DE PESOS. LO MÁS GRAVE: DESAPARECIERON FONDOS Y LA AVENIDA SIGUE IGUAL


Decidido Grasso a ocupar la intendencia, en su banca de diputado se generó la discusión. En la grilla para ocupar los puestos había dos “históricos” del Frente para la Victoria. María Esther Labado, ex concejal, ex senadora y quien reclamó para sí la banca “por una cuestión de género” y junto a ella el diputado Matías Mazú un eterno legislador o intendente (según las épocas), pero siempre dispuesto a llevar adelante las peores y más irrisorias explicaciones de lo inexplicable en el recinto, como por ejemplo, su última revelación del jueves pasado al decir “La Caja de Servicios Sociales de nuestra provincia es la mejor Obra Social del país”.

La Gran estafa: “readecuaron” una avenida por casi 500 millones de pesos.
Lo más grave: desaparecieron fondos y la avenida sigue igual –
Foto: OPI Santa Cruz/Federico González


Dos intereses, entonces, se cruzaron por la banca. La de Labado, que es una “funcionaria congénita” con necesidad de estar asociada a la beca estatal desde algún lugar y los de Matías Mazú que si bien también es un todo terreno, ésta vez más que nunca necesita seguir en el cargo, pues sobre él pesa un pedido de detención por causas de corrupción, mientras fue Intendente de Río Turbio.

Como para la justicia electoral, para la provincia y para el electorado proclive a votar cualquier cosa que le ordenen, ser condenado a prisión por corrupto no es suficiente desmérito para ocupar un cargo electivo, Mazú se dispuso disputarle a Labado la banca en la Legislatura, atendiendo a que la caletense se lo discutía desde una posición de género, más que de legal pertenencia.

Para ello debemos remontarnos al 2018 cuando la Cámara de Diputados provincial aprobó un proyecto de reforma de la Ley de Género, por el cual se elevó al 50% la participación de las mujeres en las listas y al producirse una renuncia en la banca el diputado saliente será sustituído por alguien del mismo género. Por este motivo, será diputado provincial reemplazando a Pablo Grasso, Matías Mazú y no Labado.

“El 29 voy a buscar el diploma a diputados”, dijo Mazú a un diario local con una sonrisa que le cruzaba la cara, pues la banca es un reaseguro de impunidad. El 18 de octubre, tal como lo informara OPI, el TOF 7 lo condenó junto con Atanasio Pérez Osuna, Larregina y una decena de cómplices más, a cuatro años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, devolución solidaria de 50 millones de pesos y detención inmediata de los involucrados por corrupción en las “construcción” de la Avda YCF en Río Turbio, investigación periodística llevada a cabo por OPI en el año 2016 donde se demostró que un día antes de entregar el cargo presidencial, licuaron 50 millones de pesos.


OSUNA, MAZÚ,LARREGINA, LASCURAIN Y VARGAS CONDENADOS A 4 AÑOS DE PRISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS 50 MILLONES JUNTO A FAINSER

Ni la investigación preliminar, ni las pruebas contundentes de corrupción, ni la inhabilitación para ejercer cargos públicos, ni los embargos o las prisiones decretadas por la justicia, han sido causas suficientes para que Matías Mazú sea hoy diputado provincial. El objetivo del FPV fue (otra vez) cumplido con creces, gracias al apoyo del electorado.

(Agencia OPI Santa Cruz)