sábado, 13 de febrero de 2016

YCRT: solo con inventariar irregularidades no basta, esperamos las denuncias penales

opi SANTA CRUZ





13/02 – 18:00 
























Por: Rubén Lasagno


El nuevo Interventor de YCRT Omar Zeidán, parece encaminado a transparentar el abuso y la corrupción que se generó durante 12 años en la empresa carbonífera de Río Turbio. La tarea, seguramente es titánica; la difusión del rosario de irregularidades y corrupción que a cada paso van encontrando los auditores, es loable, pero nada de esto va a ser válido en la práctica, si no se es consecuente con el trabajo de transparentar este gran nicho de corrupción de la década ganada en Santa Cruz, si no se formalizan las denuncias penales contra todos los responsables y no solo contra el máximo ideólogo, Julio de Vido. 
YCRT, la empresa altamente cuestionada y cuyas irregularidades, mentiras y corrupción OPI viene denunciando desde el año 2006, está siendo auditada por la nueva intervención encabezada por el radical Omar Zeidán, hombre de la cuenca carbonífera, que a nuestro criterio, no debiera ser el Interventor debido a su cercanía física, social y política con los principales responsables de la impresionante corrupción que atraviesa a la empresa, la Termousina y la Universidad Tecnológica Nacional como la tríada necesaria para los negocios ilegales que han montado; sin embargo, dándole un voto de confianza y en la esperanza de que el nuevo funcionario nombrado por el macrismo, tenga la voluntad de llegar a la verdad que durante más de una década fuimos contando a cuentagotas y pasó casi desapercibida para una gran porción del pueblo, digamos que el comienzo es bueno y los primeros indicios que ha dado Zeidán y su equipo, apuntan a destruir, fundamentalmente, esta estructura donde la corrupción estuvo sistematizada.
Desde hace algunos días el equipo de prensa de YCRT se ha preocupado porque los medios reflejen sus primeros logros y por ejemplo, han encontrado convenios “inverosímiles” “para favorecer a políticos y no a la empresa”, contratos millonarios con universidades nacionales, alquileres de viviendas que nadie ocupaba, gastos siderales en publicidad, telefonía celular para gente que no estaba en la empresa etc, etc. Es decir, como en tantos otros casos, hoy se corrobora lo que vinimos diciendo durante muchísimo tiempo y gente como el ex Intendente Matías Mazú, el Interventor Pérez Ozuna, el rector de la UTN, el Gerente de Isolux y en general todo el arco político del FPV, se encargaban de contrarrestar con negativas, entrevistas pautadas con los medios pagos y argumentos de los más inverosímiles.
Todo esto es muy cierto, pero lamentablemente para Zeidán y los suyos, mucho de esto, ya lo sabíamos. OPI, particularmente, porque ningún otro medio de la provincia lo ha reportado hasta hoy, viene informando desde hace años éstos y otros negociados mucho más graves y siderales que los mencionados. Por lo tanto, ahora que la nueva intervención tiene acceso a toda la documentación, pagos, licitaciones, contratos, compra de maquinarias en Polonia, etc, esperamos que, además de inventariar las irregularidades, los responsables sean personalmente denunciados ante la justicia penal.
Las nuevas autoridades de YCRT, están rodeadas. No es exagerado decir que Zeidán y el grupo de apoyo, cayeron en un nidal de hormigas coloradas, que los tratarán de condicionar y empujarlos a equívocos o toma de decisiones donde quede reflejado su inexperiencia y caigan víctimas del desconocimiento con el cual los van a inducir a errores. No es menor “limpiar” la corrupción de 12 años donde, desde el jefe de taller, pasando por un supervisor, un jefe de mantenimiento, el que realiza las compras, el contable que asienta los gastos y la autoridad máxima que libera los fondos, están consustanciados con una práctica corrupta y sistemática, aplicada en todo el proceso interno y externo de la empresa.
Sortear estos problemas, es más que un desafío para Zeidán y quienes llegan a YCRT. Por este y no por otro tema, la nueva intervención tiene que transparentar y difundir públicamente los números de la corrupción y testimoniar aquello que tantas veces hemos denunciado ante la pasividad de los medios provinciales y de la sociedad en su conjunto. Es necesario que la nueva gestión lleve ante la justicia penal a todos y cada uno de los integrantes de esa cadena de ilícitos; desde Julio de Vido, que enviaba los fondos para su uso discrecional, hasta el empleado que sobrefacturaba un repuesto e iniciaba el circuito ilegal de dinero que alimentaba los bolsillos de muchos responsables del vaciamiento de YCRT, hasta llegar a la cabeza de esa intervención, en todos estos 12 años.
El triángulo formado por YCRT-Isolux Corsán (Termousina) y UTN es un verdadero “triángulo de las Bermudas” de los fondos públicos, donde se han “perdido” cientos de millones de dólares. Solo si la nueva intervención está decidida a hacer cirugía mayor sin anestesia (llegue a quien llegue y duela a quien le duela, en términos de poder) el resultado va a ser bueno y la esperanza de que se puede cambiar el paradigma, habrá surgido. Si por el contrario, al final de este proceso, solo se pide ante la justicia, la cabeza de Julio De Vido, como responsable ideológico y se negocia la impunidad para los demás partícipes necesarios, desde los Interventores K, hasta el último jefe de compras, solo se habrá maquillado de transparencia una acción encomiable y desperdiciado una opeortuniad inigualable de castigar a los impunes y por sobre todo, habremos perdido la oportunidad (una vez más) de saber la verdad, en un momento en que – como no sucede desde hace más de una década – alguien que no sea un funcionario kirchnerista, puede echar mano al corazón del núcleo de corrupción administrativa y financiera con fondos nacionales más impresionante, en la provincia de Santa Cruz.
Lo dijimos y los reiteramos: la nueva Intervención, la SIGEN y cuanto organismo y entidad intervenga en las auditorias de YCRT-Termousina, no solo deben abocarse a difundir un inventario de irregularidades y hacerlo público, sino que debe actuar consecuente con el espíritu de transparencia que dicen tener desde el gobierno nacional y hacer de manera explícita, concreta y con nombre y apellido de cada uno de los involucrados, la correspondiente denuncia penal. Si no se da este último paso, será solo contar lo que otros hicieron, cómo robaron y cómo desviaron fondos públicos, transformándose en cómplices, toda vez que con las pruebas en las manos no se acude a la justicia para plantar la denuncia penal correspondiente contra cada uno de los actores.
(Agencia OPI Santa Cruz).

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