En democracia no existe el delito de opinión

SÁBADO 06 DE FEBRERO DE 2016

EDITORIAL

La controversia reabierta sobre el número de desaparecidos no puede ser ensombrecida por conveniencias ideológicas ni por intentos de censura.

Un nuevo capítulo relacionado con la década del 70 se abrió días atrás cuando el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, durante un acto en homenaje al fotógrafo José Luis Cabezas, en Pinamar, afirmó que "no hubo 30 mil desaparecidos" y que "se arregló ese número en una mesa cerrada", al tiempo que sostuvo: "La historia argentina dice que los Montoneros construyeron la democracia cuando en realidad la atacaron".

Tras esos dichos, organizaciones de derechos humanos, artistas, intelectuales y funcionarios del propio gobierno rechazaron los dichos de Lopérfido, con la determinación de quienes recurren al dogmatismo porque se sienten custodios de una verdad tan evidente que resultaría inmodificable. Pareciera que cuando se trata del período más oscuro de la Argentina nadie está debidamente habilitado a expresar su pensamiento, sus dudas o revisar datos del pasado reciente. En lugar de aceptar el disenso como una de las conductas elementales de la democracia y de participar como ciudadanos interesados en los debates de la agenda pública, se recurre a la negación y al descrédito del otro, olvidando que el delito de opinión no está contemplado en ninguna legislación ni jurisprudencia.

Lo que hizo el ministro de Cultura porteño fue poner en palabras una opinión compartida por muchos argentinos. Entidades de derechos humanos, por su parte, han creído conveniente sostener una cifra de víctimas que en 32 años de democracia no ha podido ser confirmada, pese a las leyes reparatorias, los subsidios, las pensiones, las exenciones impositivas y el impulso del Estado conferido a los hechos de los años 70, tanto en sede judicial como administrativa. El histórico informe Nunca Más, que contiene el dictamen de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada en diciembre de 1983, habló de 8961 denuncias sobre personas desaparecidas.

El comunicado que Lopérfido subió a las redes sociales explica el contexto en el que pronunció sus dichos. "Participé de un debate que derivó en ciertas reflexiones sobre los años más oscuros de la Argentina, la dictadura más aberrante de nuestra historia. Durante mi alocución, cité a personalidades de prestigio. Algunas de ellas víctimas también, como Graciela Fernández Meijide. No hice ningún juicio de valor. Nadie, excepto alguien con aviesa voluntad de dañar, puede dudar de mi profunda adhesión a favor de los derechos humanos y mi repudio más absoluto y contundente a la peor etapa de la historia argentina. La junta militar ejecutó un plan sistemático de desaparición y muerte que merece mi juicio condenatorio".

Una cuestión no menor es que cuando se sostiene como un dogma la cifra de 30.000 desaparecidos se corre el riesgo de ofender la memoria de los que efectivamente murieron. Se banalizan las circunstancias de sus desapariciones y se subestima el valor de la muerte de cada uno de ellos. Aumentar el número incluyendo a personas que fueron ajusticiadas por las propias organizaciones armadas, o que recurrieron a la pastilla de cianuro o murieron manipulando bombas, ha sido una estrategia que los periodistas Ceferino Reato, en su libro "Viva la Sangre", y José D'Angelo en "Mentirás tus muertos", documentaron debidamente. Quienes hablan de 7000 o 9000 desaparecidos en lugar de 30.000 lo hacen condenando el terrorismo de Estado y la violación de los derechos humanos, mientras expresan su preocupación por la verdad.

Fernández Meijide, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y luego de la Conadep, ha dicho lo suyo en medio de una controversia que amenaza con ocupar los próximos cuarenta años explicando los últimos cuarenta años de nuestra historia. En respuesta a las críticas a Lopérfido, argumentó: "Es todo tan circunstancial, de tal chiquitaje... sustituir y llenar de mentiras. Como los 30.000 desaparecidos. ¿Con qué derecho cuando había un conteo de 9000?".

La actitud de ocultamiento de la verdad histórica, tanto del Estado como de ciertas organizaciones, se encuentra en franca violación del derecho a la verdad. No sólo es un derecho individual de los afectados a conocer las circunstancias en que sus familiares padecieron violaciones a los derechos humanos, sino que es un derecho colectivo de la sociedad a conocer con exactitud el pasado reciente.

En una sociedad democrática, el Estado debe satisfacer la justa necesidad del pueblo de conocer con veracidad los hechos dolorosos de su pasado. Y esta necesidad se acrecienta cuando se advierte la prácticamente nula actividad del Estado y de no pocas entidades de derechos humanos por conocer la magnitud de la acción terrorista cometida por organizaciones como Montoneros y el ERP contra la población civil y no combatiente. Cabe destacar que cualquier controversia numérica queda sepultada por la magnitud de las consecuencias de los procedimientos fuera de la ley con los cuales se combatió a los grupos guerrilleros. Pero es absurdo que la polémica reabierta estos días se prolongue como parte de un pasado que los argentinos merecen conocer de forma documentada y no como un mito que se acepta sin discusión alguna porque resulta "impolítico" hacerlo.

Ensombrecer los hechos según la conveniencia ideológica del momento no es el camino para llegar a la verdad. Vivir en democracia implica que el Estado no viole los derechos humanos, ni modifique la verdad histórica del dolor de todo un pueblo. Las nuevas generaciones merecen vivir en un país donde el dolor y la parcialidad no sean los que dicten los hechos del presente.

En medio de la polémica, Rogelio Alaniz, escritor y periodista, consiguió, en un artículo publicado en LA NACION, iluminar la esencia de lo que está en discusión. "Ocho mil desaparecidos es un horror. No hace falta mentir ni enlodarse en el fango de la desmesura. Escuchemos el murmullo de los números. Ocho mil desaparecidos significa, para darnos una idea aproximada de lo que vivimos, un desaparecido por día durante veinte años. Todos los días y todas las semanas y todos los meses del año un desaparecido. ¿Les parece poco? ¿Para qué exagerar? Todo puede entenderse, hasta el error. Lo que cuesta más entender es la empecinada y a veces interesada persistencia en el error".

N de R La Misère Porc: