Tres semanas atrás, el Fiscal Federal Jorge di Lello criticó severamente a la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones Criminal y Correccional, integrada por Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Di Lello se manifestó “dolido y molesto” por las críticas que le lanzó la Cámara Federal por su actuación en el caso ex Ciccone, donde es investigado el vicepresidente Amado Boudou, y deslizó que la sala que lo cuestionó es la misma que benefició al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a los hermanos Schoklender. “Esa sala es la sala de Jaime y de Schoklender y otros, saquen ustedes sus conclusiones y lo que opina la gente”, enfatizó. Este cortocircuito sería apenas la punta del iceberg de la profunda confrontación que se está dando en la justicia federal entre los magistrados independientes del poder político y los que responden a la Casa Rosada. En este marco cargado de suspicacias y tensiones, en medios judiciales están bajo la lupa tres recientes fallos de la misma Sala I.
El 17 de julio pasado, La Cámara Criminal y Correccional Federal concedió la exención de prisión al ex secretario de Transporte kirchnerista, Ricardo Jaime, procesado en la causa por los sobreprecios en el Belgrano Cargas. Jaime se hallaba prófugo y había apelado la resonante orden de detención del juez federal Claudio Bonadío. Pero la instancia superior anuló la decisión de Bonadío y Jaime no irá a prisión por esa causa. La Cámara Federal resolvió que “corresponde hacer lugar a la exención de prisión solicitada, bajo caución juratoria en virtud de la carencia de circunstancias que persuadan acerca de la necesidad de aplicar alguna más gravosa, vistas las constancias de su legajo personal, y sin perjuicio de las demás restricciones legales”. Según los camaristas Freiler y Ballestero, Jaime “siempre se encontró a derecho -tanto en la presente como en el resto de las causas que afronta-” y “nunca entorpeció el desarrollo de la investigación desplegada ante estos estrados”.
Pocos días más tarde, el 31 de julio, el mismo tribunal dictó otro resonante fallo que también inclinó la balanza para el lado del gobierno. La Sala I declaró nulo el procesamiento contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender en la investigación del programa “Sueños Compartidos” y apartó de la misma al juez Norberto Oyarbide. El tribunal, con la firma de los jueces Farah y Ballestero, resolvió decretar nulos los procesamientos dictados por Oyarbide, entre ellos el de asociación ilícita de los Schoklender, y lo apartó del caso. La Cámara resolvió designar al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a cargo de la causa, quien venía llevando a cabo una investigación por los fondos que recibía la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas. La crítica de la Cámara hacia Oyarbide es por haber hecho una imputación genérica hacia todos los acusados, incluidos los Schoklender y, según el fallo, los magistrados consideraron que “no resulta fácil determinar con precisión cuáles son los hechos atribuidos, e individualizar cada uno de los actos de desvío que integrarían la defraudación por administración fraudulenta de la que habrían participado los encausados”.
Por último, ayer se conoció otro fallo del mismo tribunal, que alivia la presión sobre el gobierno. La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de millonarias compensaciones a empresas de feed lot cuando estaba al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). La medida también confirmó el sobreseimiento de otros ex funcionarios de ONCCA y empresarios, mientras que ratificó el procesamiento de cuatro acusados de recibir los subsidios, entre ellos un changarín de Mar del Plata, lo que los deja cerca de ir a juicio oral. En la causa se investiga si a través de una “oficina paralela” de la ONCCA se entregaban millonarias compensaciones a empresas fantasmas de feed lot (engorde de ganado bovino) pero que habían sido creadas para el cobro de los subsidios.
On fire
Semejante sucesión de fallos favorables al gobierno en un lapso tan corto y en temas altamente sensibles, coincidiría con algunas versiones de la mayor gravedad. Una de éstas, no comprobada, señalaría que por cada uno de estos fallos habría circulado un millón de dólares. El Ministro de Planificación Federal Julio de Vido es apuntado como el proveedor de fondos y un operador judicial K de primer nivel, cuyo nombre empieza con J, sería el instrumentador de la maniobra. La difusión de esta especie habría tensado al máximo los ánimos en Comodoro Py, sobre todo teniendo en cuenta que el camarista Eduardo Freiler se habría negado a firmar dos de los tres fallos en cuestión. Las mismas fuentes agregan que el Secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y la propia CFK estarían al tanto de la operación aparentemente montada por J. y De Vido. También sin comprobación, otra versión explica esta secuencia de fallos a partir de que los camaristas estarían siendo amenazados por el gobierno o lisa y llanamente chantajeados con cuestiones personales para que mejoren en forma definitiva las situaciones procesales de determinados funcionarios cristinistas implicados en escándalos de corrupción.
El papel clave que se le asigna en estos tejes y manejes a Julio de Vido demostraría que se encuentra -una vez más- consolidado en su cargo, pese a las versiones que sostienen que la presidente está furiosa con él porque el reparto de obras públicas entre los municipios amigos de Buenos Aires no se tradujeron en la cantidad de votos esperada. Es sabido que, según el peculiar pensamiento de la presidente, si un funcionario se ve obligado a renunciar, ella lo toma como una derrota política. Así es que no sólo casi nunca pide renuncias sino que tampoco acepta las que le presentan. Ahora más que nunca en el gobierno reconocen la necesidad de contar con operadores judiciales de más nivel, sobre todo para encarar la crisis que ya se insinúa. A medida que crece la convicción de que el 27 de octubre el Frente para la Victoria no saldrá mejor parado de las urnas que el 11 de agosto, también aumenta la impresión de que a partir del 28 de octubre pueden multiplicarse en Comodoro Py las citaciones a funcionarios y ex funcionarios nacionales. Esto incluiría también que haya más llamados a indagatoria y dictados de prisiones preventivas en las causas que ya estén avanzadas. Un síntoma del cambio que se viene es que son varios los fiscales federales que le están haciendo la vida imposible a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. La Corte Suprema de Justicia declaró inválida la designación de la procuradora fiscal subrogante Alejandra Cordone Roselló, decidida por Gils Carbó.
Así las cosas, las tareas de limpieza de causas judiciales pasaron a ser prioritarias para el cristinismo, lo que incluye el dictado de sobreseimientos, el cambio de carátulas y otras medidas destinadas a alivianarles la situación a los funcionarios más fieles y especialmente a los infieles que amenacen con hablar y comprometer a la presidente.
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