Otra estafa a los jubilados

A raíz de una sólida denuncia, Diego Bossio, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ha quedado sometido a una investigación judicial que deberá determinar su responsabilidad en lo que sería una nueva y gravísima estafa a los jubilados porque se trata de otro desvío de los fondos que a ellos están destinados. En esta oportunidad, la suma sustraída sería de 835 millones de pesos.

La denuncia involucra, además de Bossio, a los secretarios de Finanzas, Adrián Cosentino, y de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y fue presentada por la diputada Elisa Carrió y la ex legisladora Fernanda Reyes, ambas de la Coalición Cívica. Tras evaluarla, el fiscal federal Federico Delgado imputó a los funcionarios en esta causa que se encuentra a cargo del juez federal Julián Ercolini.

Para las denunciantes, hubo un eventual desvío de fondos de los jubilados mediante cuatro resoluciones dictadas en forma conjunta y sugestivamente publicadas ocho meses más tarde en el Boletín Oficial. Se trata de la suscripción de 172 millones de dólares tomados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS). 

Según la denuncia, ese monto estaba destinado a la empresa mixta Cammesa, que administra el sistema eléctrico, y a la estatal Enarsa, "con objeto de cancelar obligaciones con Pdvsa", la empresa petrolera estatal venezolana.

Bossio negó que haya existido un desvío de fondos y luego recibió el apoyo público de la presidenta Cristina Kirchner, quien cínicamente sostuvo: "Preparate, Bossio, a recibir más denuncias. Lo importante es una Argentina donde se recuperaron derechos y hoy la gente está mejor".

Pero quienes no estarán mejor serán los jubilados y aquellos que en el futuro se vayan incorporando a la llamada clase pasiva. En principio, la Anses justificó las operaciones al informar que el FGS efectuó una suscripción de una letra del Tesoro Nacional el 28 de noviembre de 2012 por un valor nominal de 835 millones de pesos y por un plazo de 365 días, agregando que esa práctica es habitual y que el FGS suscribe títulos públicos de modo anual por un monto aproximado de 30.000 millones de pesos.

Sin embargo, las dudas requieren la intervención de la Justicia porque en reiteradas oportunidades se ha denunciado la utilización de los fondos del organismo previsional para otros fines muy diferentes del pago de las jubilaciones, pensiones y cajas provinciales traspasadas. Así, por ejemplo, el dinero que debería estar exclusivamente destinado a los jubilados y pensionados ha terminado financiando el déficit del Tesoro nacional, el programa Conectar Igualdad, créditos a empresas públicas y privadas, y también el nuevo plan de viviendas oficial Procrear. Se trata de un claro desvío del dinero con finalidades políticas.

Más de un informe ha puesto de relieve que, como el aumento de los impuestos no alcanzó para financiar el incremento del gasto público, el Gobierno recurrió mediante decretos de necesidad y urgencia a los fondos de la Anses y del Banco Central.

Algunos estudios indican que, entre 2009 y 2012, el Tesoro nacional se apropió de 80.000 millones de pesos de la Anses.

Por otra parte, Bossio también se encuentra imputado con el vicepresidente Amado Boudou a raíz de una denuncia que los vinculó con un posible tráfico de influencias durante el último canje de deuda.

Como hemos dicho en otras oportunidades, al privar a los jubilados de los fondos que legítimamente les pertenecen, el Gobierno los obliga a contratar abogados para reclamar en la Justicia la actualización de sus montos. De esta manera, en vez de cobrar lo que les corresponde, la clase pasiva ha recurrido y recurre en masa a los tribunales a esperar durante años el fallo favorable de primera instancia, y luego el de segunda.

Hay más de 300.000 juicios en marcha, pero la odisea judicial no termina para los jubilados litigantes con el fallo favorable de primera instancia, ni con el de segunda instancia, en la Cámara, pues aun entonces la Anses demora los pagos, tal vez especulando con el paso del tiempo y el futuro fallecimiento de sus acreedores.

Y como si esas trabas no bastaran, la reforma judicial promovida por el Gobierno procura crear una nueva instancia judicial por encima de la Cámara. Esa instancia, una Cámara de Casación, terminaría extendiendo los ya de por sí prolongados juicios en por lo menos otros dos años.

Sin embargo, dentro de ese panorama hubo una notoria excepción: en 2008, Ofelia Esther Wilhelm inició un juicio y en poco menos de tres años obtuvo una sentencia favorable con el reajuste del monto de la pensión por la muerte de su marido. Es la madre de la Presidenta. En cambio, hay jubilados que no tienen más remedio que aguardar diez años hasta obtener un fallo.

Especular con el exiguo lapso de vida que puedan tener quienes pertenecen al sector pasivo para así birlarles el dinero que les pertenece y destinarlo al financiamiento ilegal de la política revela, más allá de las calificaciones penales que puedan caber, una crueldad inhumana incompatible con un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos.