El hilo que une a Macri y a Cristina

22/09/2019

Panorama Político
El hilo que une a Macri y a Cristina


La trama judicial que complica al Presidente y a la ex presidenta. Los planes de Alberto Fernández y sus candidatos.



Candidato Alberto Fernández. Dibujo de Hermenegildo Sábat




  FERNANDO GONZALEZ



Las teorías sobre cómo podría quedar la Justicia en un gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner son innumerables. Algunas son optimistas y otras preanuncian catástrofes. Sobran las profecías. Vamos a volver mejores. Vuelven con la bandera de la venganza. Van a terminar con la grieta. Van a jubilar a todos los jueces que no les gusten y al resto los van a echar. Van a reformar la Constitución y van a transformar a la Argentina en algo parecido a Venezuela. Van a ampliar la Corte Suprema y van a promover a Carlos Zannini. O en la Corte todo va a seguir como está. Como sucede con los planes económicos del Frente de Todos, también es la incertidumbre la que domina el futuro de la Justicia.

Pero entre ese mar de dudas, navega una certeza. Además de presidente, si triunfa en las elecciones del 27 de octubre, Alberto Fernández también será el ministro de Justicia. Porque ese es el campo que mejor domina. Al que mayor tiempo le dedicó cuando fue el Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Conoce como pocos los laberintos peligrosos de Comodoro Py. Tiene relación con todos los jueces de la Corte. Maneja los secretos de la mayoría de los fiscales y da clases en la Facultad de Derecho. Alberto tendrá un ministro, o una ministra, pero él asegura tener bastante claro hacia dónde llevará los límites del sensible presente judicial de la Argentina. Las dudas, claro, aparecen con Cristina.

Y el mejor ejemplo se ha visto esta semana. El mensaje contemporizador de Alberto Fernández y de algunos de sus dirigentes más cercanos en este tiempo de campaña contrasta con el de otros que persisten en anunciar el regreso de aquella ofensiva política de Cristina Kirchner contra la Justicia que la Corte Suprema logró frenar en 2013. Esta vez le tocó a la fiscal Cristina Caamaño, presidenta de la facción kirchnerista “Justicia Legítima”, amenazar con una reforma de la Constitución que reduzca las potestades del Poder Ejecutivo. Un detalle curioso si se tiene en cuenta que, de triunfar el peronismo el 27 de octubre, el principal perjudicado de esos cambios sería justamente el propio Fernández.

En un raid de entrevistas radiales, la doctora Caamaño explicó cómo deberían ser a su criterio las nuevas reglas de la Justicia con el retorno del peronismo. Y reveló que habían estado trabajando en esos lineamientos con otros cuarenta juristas entre los que señaló al polémico ex ministro de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni. “Hay que ocuparse de los fiscales y de los periodistas también, porque hubo de parte del periodismo una invisibilidad de lo que estaba sucediendo”, avanzó la fiscal, sin aclarar a qué se refería con “ocuparse”. Esos conceptos motivaron el viernes al periodista Marcelo Longobardi, quien después de escucharla le repreguntó con lógica. “¿Usted vive en un frasco, Cristina?”.

La refriega mediática de Caamaño provocó cierto disgusto en los asesores de campaña de Alberto Fernández, sensibles porque esas polémicas puedan afectar las inmejorables chances del candidato para convertirse en presidente dentro de treinta y cinco días. La fiscal y otros militantes K suelen señalar como castigos ejemplificadores a la prensa el caso del periodista de Clarín, Daniel Santoro, investigado y procesado por el juez Alejo Ramos Padilla por supuesta extorsión a empresarios kirchneristas. Pero fue Fernández quien opinó del tema al principio de esta semana y justificó la intención del juez de Dolores de pedirle a la Comisión Provincial de la Memoria bonaerense que investigue si Santoro intentó hacer “acción psicológica” sobre esos empresarios con sus artículos periodísticos.


No fue una opinión inocente. Fernández conoce perfectamente el expediente judicial del caso y, a esta altura, debería evaluar que entre los promotores de la causa contra Santoro hay agentes de inteligencia, ex funcionarios presos y dirigentes políticos que lo frecuentan. Es por eso que Adepa, la Sociedad Interamericana de Prensa y las organizaciones representativas que nuclean a los periodistas están alertando sobre la amenaza que esa investigación representa para la libertad de expresión.

El desafío de Fernández caminará entonces a través de esa contradicción. La de una Justicia que comience a salir del subsuelo al que la llevó la politización extrema. O la que se perfeccione como una herramienta de castigo para aquellos que no se sometan a la bandera del poder de turno. La designación del eventual ministro de Justicia de un Fernández presidente permitirá leer cuál de esos caminos se privilegia. Los nombres que circulan como posibles postulantes no sorprenden demasiado. La abogada Marcela Losardo es siempre la primera en aparecer porque ha compartido estudio jurídico con el candidato y es de su extrema confianza. “Marcela es como si él fuera el ministro”, señalan quienes no dudan de que será la elegida.

También figuran en todas las mesas de pronósticos el ex ministro Alberto Iribarne y el abogado Juan Manuel Olmos, quien además mantiene contactos fluidos con la Justicia porteña. Hasta allí las soluciones previsibles. Pero hay otros que apuestan por presencias más disruptivas para diseñar el nuevo escenario de la Justicia. Algunos mencionan al ascendente dirigente de La Cámpora, Wado De Pedro, una suerte de nexo político entre Alberto y el neokirchnerismo que por sus conexiones podría recalar también en el ministerio del Interior.

El otro nombre que comienza a escucharse es el de Gustavo Beliz. Como bien lo adelantó en Clarín el periodista Pablo Ibáñez, el ex ministro de Carlos Menem y de Néstor Kirchner estuvo esta semana acompañando a Fernández en la Facultad de Derecho. Beliz se fue mal del primer gobierno kirchnerista cuando propuso una amplia reforma judicial que incluía una limpieza impiadosa de Comodoro Py. Pero Kirchner prefirió las carpetas del espía Jaime Stiuso a las ideas del ministro, y Beliz se fue castigado del poder con una crueldad que tuvo pocos antecedentes. Por las amenazas del entonces presidente, durante años no pudo conseguir trabajo en el Estado ni en el sector privado. Así fue como recaló en una oficina perdida que el Banco Interamericano de Desarrollo tenía en América Central. El y su familia pasaron privaciones.

De todos modos, en todos esos años Fernández mantuvo el contacto discreto con Beliz, quien hoy ocupa un cargo del BID en Buenos Aires y tiene opinión sobre un crédito para obra pública de U$S 6.000 millones que podría llegar a la Argentina en los próximos meses. La designación de Beliz en el ministerio de Justicia (o en la misma AFI, donde algunos le asignan chances) sería un revulsivo pero de características refrescantes. Todo indica que sólo podría serlo si Cristina se mostrara de acuerdo.

Otro de los frentes judiciales donde se esperan señales de Alberto Fernández es la Corte Suprema. El candidato mantiene una relación privilegiada con Elena Highton de Nolasco y con el peronista cordobés Juan Carlos Maqueda, y también es fluido su vínculo con Ricardo Lorenzetti. Resta saber cómo funcionaría ahora el diálogo con Horacio Rosatti, quien fue ministro de Justicia con Kirchner y dejó el gabinete que presidía Fernández denunciando manejos irregulares en la construcción de cárceles. Es cierto que pasó el tiempo y que el peronismo se ha regalado en estas elecciones otra oportunidad para olvidar.

Más preocupado está el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que teme la posibilidad de una ampliación del cuerpo que lo lleve a siete miembros. ¿Cómo lo harían? El futuro gobierno debería impulsar una ley en el Congreso que derogue la última reducción a cinco ministros. Es en esa hipótesis donde toma cuerpo la posibilidad de que Cristina impulse a Carlos Zannini como integrante del supremo. Pero la versión es rechazada de plano cada vez que se hace la consulta en el equipo de campaña de Fernández.

Una Corte ampliada con Zannini como uno de sus integrantes es la pesadilla de quienes apuestan al declive de la grieta. Cristina ha enviado en estos meses señales de concordia a través de sus colaboradores en el Instituto Patria. Pero ninguno de ellos se anima a predecir su reacción ante el avance de las causas judiciales por corrupción. El viernes se enteró que irá a juicio oral y público cuando el juez Claudio Bonadio cerró la investigación de la causa que se popularizó como los Cuadernos. Como candidata, o tal vez como vicepresidenta, debería responder si es cierto que lideraba una asociación ilícita y si de verdad cobró personalmente 28 coimas. Son cada vez más en el circuito del poder los que creen que esa imagen jamás se va a hacer realidad. Porque el Congreso, dominado por el peronismo, no le va a conceder el desafuero. O porque aparecerá una jurisprudencia que la pondrá bajo protección.

Quienes sí comienzan a preocuparse son algunos funcionarios del actual gobierno. Devotos de la política del péndulo, el kirchnerismo ya hace circular los apellidos de aquellos que podrían atravesar apremios judiciales. E incluyen al propio Presidente entre los que sumarán juzgados en esas recorridas. Por eso, hay dirigentes oficialistas y opositores trabajando para encontrar soluciones jurídicas tanto a las complicaciones de Cristina como a las que podría enfrentar Macri en el futuro cercano. Un hilo caprichoso e inesperado que uniría sus destinos hasta dejarlos a salvo de esa telaraña que se teje desde hace más de una década.