17 de septiembre de 2019
El truco de asociar a Macri con el hambre y al peronismo con el rescate
El mismo kirchnerismo que desde el gobierno falsificó o interrumpió estadísticas para esconder la indigencia reclama ahora una ley mesiánica
PARA LA NACION
Dado que el mecanismo fundamental de participación ciudadana es el sufragio, los cortes de calles y avenidas, los paros salvajes y otras formas irregulares de participación popular corrían antes a contraturno; en temporada electoral, con la expectativa de cambio inminente y legítimo, se replegaban. O por lo menos menguaba la agitación callejera central cuando a sus inspiradores les tocaba concentrarse en campañas proselitistas convencionales. Ahora todo confluye y se superpone.
El mismo kirchnerismo que desde el gobierno falsificaba o interrumpía estadísticas para que -entre otras cosas- no se pudiera precisar la obscena magnitud de la pobreza y la indigencia (se argumentaba que medir era estigmatizar) reclama, sobre la base de un diagnóstico catastrofista atiborrado de índices y porcentajes, una ley de emergencia alimentaria en sintonía con los grupos sociales que cortan a pleno la avenida 9 de Julio para pedir lo mismo: una ley. El reclamo, en rigor, no es nuevo, pero su intensificación resalta por la oportunidad, por la expectativa con la que se carga a las personas más necesitadas respecto de un instrumento legal mesiánico y por la ostensible intención de asociar a Macri con el hambre y al peronismo con el rescate.
No es que la pobreza y la indigencia no hayan subido hasta algo más de un tercio de la población -marca en la que estaba antes-, sino que también aumentó su uso político partidario, probablemente debido a los extraordinarios efectos de las PASO. Lo cual aleja aún más cualquier posible solución de fondo.
El Gobierno sostenía que para reforzar la ayuda social no necesitaba ninguna ley de emergencia alimentaria. Decía que un refuerzo atento al empeoramiento de la situación ya se estaba haciendo mediante los recursos administrativos disponibles. Pero la oposición victoriosa de agosto, interesada en instalar el hambre en el centro de la pelea electoral luego de imponer con su propio triunfo la agenda social, aseguró que con el refuerzo dispuesto no alcanzaba. Decía saberlo por las movilizaciones callejeras.
Las leyes, es cierto, a veces contribuyen a modificar realidades. Otras veces consagran derechos. Menos común es que el Congreso le ordene de urgencia al Ejecutivo dar determinados recursos a la ayuda social. ¿Un modo súbito de cogobierno? En 2009 el mismo Congreso (con el oficialismo y la oposición invertidos) había sido dejado al margen por el decreto-sorpresa que creó la Asignación Universal por Hijo (AUH), una idea original -entre otros- de Lilita Carrió. Ahora la ley en debate, que pasa por alto problemas logísticos, de distribución y de coordinación de la ayuda dispuesta, es presentada como una intervención salvadora.
La idea culturalmente aceptada de que las reglas son meros instrumentos de la política y no un marco estable de convivencia vuelve una y otra vez. Por ejemplo, cuando un presidente quiere reformar la Constitución para poder quedarse (Menem, 1993 y 1998), cuando se cambia la fecha de una elección nacional por conveniencia partidaria (Kirchner, 2009), se estatiza una imprenta de papel moneda para salvar a un funcionario corrupto (Cristina Kirchner, 2012) o se pretenden adaptar las normas electorales en pleno año electoral (Macri, 2019). Pero esa idea más que nada resplandece con disposiciones oficiales de emergencias que no son lo que dicen ser.
El kirchnerismo sabe mucho del tema porque ostenta un récord absurdo, casi risueño, que debería ir al Guinness: renovó contra viento y marea un año tras otro la ley de emergencia económica mientras la economía crecía a tasas chinas. Ya todo el mundo conoce el secreto, lo de la emergencia económica era camuflaje adquirido por herencia. Con la sirena ululando se completaba el paquete de los famosos superpoderes, voz de reminiscencias rosistas alusiva a la concentración de poder discrecional. En su núcleo la ley habilitaba una transferencia de poder del Legislativo al Ejecutivo. Autorizaba al jefe de Gabinete a reasignar las partidas "que considere necesarias". El jefe de Gabinete en la época de las tasas chinas (con Roberto Lavagna de ministro de Economía) era Alberto Fernández.
La Constitución prohíbe expresamente (artículo 76) la delegación legislativa "salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública", pero, eso sí, se exige que haya un plazo, un límite. Requisito burlado mediante el recurso argento, ni muy sofisticado ni demasiado ético, de renovar la excepción cada vez que vence. Quien se tome el trabajo de leer los diarios de sesiones de las sucesivas renovaciones hallará a los informantes del Frente para la Victoria explicando que la emergencia económica debía seguir "hasta que el flagelo de la pobreza pueda ser erradicado". Fracaso que la propaganda de la "década ganada" prefirió invisibilizar, por decirlo con un neologismo hoy tan frecuentado. A la ley, que ya tenía 16 años cuando Macri le quitó el respirador, la habían traído por un año los Reyes Magos el 6 de enero de 2002, con Duhalde, tiempos en los que a nadie se le hubiera ocurrido discutir si había emergencia.
El solo hecho de promover leyes de excepción y, peor aún, llevar a miles de personas en situación vulnerable a reclamarlas acampando en la principal avenida del país desnuda problemas políticos e institucionales, no solo sociales. Casi desde el principio del actual gobierno, el kirchnerismo se empeñó en demostrar que Macri llevaba al país a los niveles de desastre de 2001. Zarandear en actos opositores helicópteros de cartulina no fue otra cosa que tratar de mimetizar a Macri con De la Rúa, estigma que una emergencia alimentaria oficial lograría hoy sin esfuerzo, porque remitiría a la última, la que dictó Duhalde por decreto en 2002. Menos célebre que la emergencia económica, la emergencia alimentaria duhaldista fue continuada mediante una ley muy parecida al decreto originario. Le pusieron emergencia social. Hoy la emergencia social está vigente en versión 2016.
El antiguo objetivo político de pegar a Macri con el abismal y angustiante 2001 puesto en valor en esta campaña electoral aparece así mezclado con problemas sociales serios, indiscutibles. Frente a los cuales lo que propone la oposición es seguir sumando leyes de emergencia. La emergencia social no alcanza, dicen, hay que declarar, por otra ley, la alimentaria.
Dramático en su esencia, el hambre es la clase de temas que colocan en un lugar deshumanizado a quien procure debates técnicos, precisos, antes que adjetivados, generalistas, alarmantes. Refutar el tremendismo en esta materia suele ser políticamente oneroso, sobre todo para un presidente tildado de insensible en forma sostenida por el kirchnerismo y la izquierda, pese a que su ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había llegado a ser respetada, gracias a sus políticas dialoguistas, por la mayoría de las organizaciones sociales.
¿Es la actual crisis social una excepción, un drama que irrumpió de repente en un país equitativo que había superado las oscilaciones en los índices de pobreza? Si las normas regulares traban la ayuda social, como dicen los promotores de la ley de emergencia alimentaria que fue llevada por la oposición al Congreso, esas normas, incluidas las demás emergencias, estuvieron mal hechas. Macri falló en la reducción de la pobreza, pero eso no significa que las cosas puedan mejorar por la vía de altisonantes irrupciones legislativas.
Dado que el mecanismo fundamental de participación ciudadana es el sufragio, los cortes de calles y avenidas, los paros salvajes y otras formas irregulares de participación popular corrían antes a contraturno; en temporada electoral, con la expectativa de cambio inminente y legítimo, se replegaban. O por lo menos menguaba la agitación callejera central cuando a sus inspiradores les tocaba concentrarse en campañas proselitistas convencionales. Ahora todo confluye y se superpone.
El mismo kirchnerismo que desde el gobierno falsificaba o interrumpía estadísticas para que -entre otras cosas- no se pudiera precisar la obscena magnitud de la pobreza y la indigencia (se argumentaba que medir era estigmatizar) reclama, sobre la base de un diagnóstico catastrofista atiborrado de índices y porcentajes, una ley de emergencia alimentaria en sintonía con los grupos sociales que cortan a pleno la avenida 9 de Julio para pedir lo mismo: una ley. El reclamo, en rigor, no es nuevo, pero su intensificación resalta por la oportunidad, por la expectativa con la que se carga a las personas más necesitadas respecto de un instrumento legal mesiánico y por la ostensible intención de asociar a Macri con el hambre y al peronismo con el rescate.
No es que la pobreza y la indigencia no hayan subido hasta algo más de un tercio de la población -marca en la que estaba antes-, sino que también aumentó su uso político partidario, probablemente debido a los extraordinarios efectos de las PASO. Lo cual aleja aún más cualquier posible solución de fondo.
El Gobierno sostenía que para reforzar la ayuda social no necesitaba ninguna ley de emergencia alimentaria. Decía que un refuerzo atento al empeoramiento de la situación ya se estaba haciendo mediante los recursos administrativos disponibles. Pero la oposición victoriosa de agosto, interesada en instalar el hambre en el centro de la pelea electoral luego de imponer con su propio triunfo la agenda social, aseguró que con el refuerzo dispuesto no alcanzaba. Decía saberlo por las movilizaciones callejeras.
Las leyes, es cierto, a veces contribuyen a modificar realidades. Otras veces consagran derechos. Menos común es que el Congreso le ordene de urgencia al Ejecutivo dar determinados recursos a la ayuda social. ¿Un modo súbito de cogobierno? En 2009 el mismo Congreso (con el oficialismo y la oposición invertidos) había sido dejado al margen por el decreto-sorpresa que creó la Asignación Universal por Hijo (AUH), una idea original -entre otros- de Lilita Carrió. Ahora la ley en debate, que pasa por alto problemas logísticos, de distribución y de coordinación de la ayuda dispuesta, es presentada como una intervención salvadora.
La idea culturalmente aceptada de que las reglas son meros instrumentos de la política y no un marco estable de convivencia vuelve una y otra vez. Por ejemplo, cuando un presidente quiere reformar la Constitución para poder quedarse (Menem, 1993 y 1998), cuando se cambia la fecha de una elección nacional por conveniencia partidaria (Kirchner, 2009), se estatiza una imprenta de papel moneda para salvar a un funcionario corrupto (Cristina Kirchner, 2012) o se pretenden adaptar las normas electorales en pleno año electoral (Macri, 2019). Pero esa idea más que nada resplandece con disposiciones oficiales de emergencias que no son lo que dicen ser.
El kirchnerismo sabe mucho del tema porque ostenta un récord absurdo, casi risueño, que debería ir al Guinness: renovó contra viento y marea un año tras otro la ley de emergencia económica mientras la economía crecía a tasas chinas. Ya todo el mundo conoce el secreto, lo de la emergencia económica era camuflaje adquirido por herencia. Con la sirena ululando se completaba el paquete de los famosos superpoderes, voz de reminiscencias rosistas alusiva a la concentración de poder discrecional. En su núcleo la ley habilitaba una transferencia de poder del Legislativo al Ejecutivo. Autorizaba al jefe de Gabinete a reasignar las partidas "que considere necesarias". El jefe de Gabinete en la época de las tasas chinas (con Roberto Lavagna de ministro de Economía) era Alberto Fernández.
La Constitución prohíbe expresamente (artículo 76) la delegación legislativa "salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública", pero, eso sí, se exige que haya un plazo, un límite. Requisito burlado mediante el recurso argento, ni muy sofisticado ni demasiado ético, de renovar la excepción cada vez que vence. Quien se tome el trabajo de leer los diarios de sesiones de las sucesivas renovaciones hallará a los informantes del Frente para la Victoria explicando que la emergencia económica debía seguir "hasta que el flagelo de la pobreza pueda ser erradicado". Fracaso que la propaganda de la "década ganada" prefirió invisibilizar, por decirlo con un neologismo hoy tan frecuentado. A la ley, que ya tenía 16 años cuando Macri le quitó el respirador, la habían traído por un año los Reyes Magos el 6 de enero de 2002, con Duhalde, tiempos en los que a nadie se le hubiera ocurrido discutir si había emergencia.
El solo hecho de promover leyes de excepción y, peor aún, llevar a miles de personas en situación vulnerable a reclamarlas acampando en la principal avenida del país desnuda problemas políticos e institucionales, no solo sociales. Casi desde el principio del actual gobierno, el kirchnerismo se empeñó en demostrar que Macri llevaba al país a los niveles de desastre de 2001. Zarandear en actos opositores helicópteros de cartulina no fue otra cosa que tratar de mimetizar a Macri con De la Rúa, estigma que una emergencia alimentaria oficial lograría hoy sin esfuerzo, porque remitiría a la última, la que dictó Duhalde por decreto en 2002. Menos célebre que la emergencia económica, la emergencia alimentaria duhaldista fue continuada mediante una ley muy parecida al decreto originario. Le pusieron emergencia social. Hoy la emergencia social está vigente en versión 2016.
El antiguo objetivo político de pegar a Macri con el abismal y angustiante 2001 puesto en valor en esta campaña electoral aparece así mezclado con problemas sociales serios, indiscutibles. Frente a los cuales lo que propone la oposición es seguir sumando leyes de emergencia. La emergencia social no alcanza, dicen, hay que declarar, por otra ley, la alimentaria.
Dramático en su esencia, el hambre es la clase de temas que colocan en un lugar deshumanizado a quien procure debates técnicos, precisos, antes que adjetivados, generalistas, alarmantes. Refutar el tremendismo en esta materia suele ser políticamente oneroso, sobre todo para un presidente tildado de insensible en forma sostenida por el kirchnerismo y la izquierda, pese a que su ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había llegado a ser respetada, gracias a sus políticas dialoguistas, por la mayoría de las organizaciones sociales.
¿Es la actual crisis social una excepción, un drama que irrumpió de repente en un país equitativo que había superado las oscilaciones en los índices de pobreza? Si las normas regulares traban la ayuda social, como dicen los promotores de la ley de emergencia alimentaria que fue llevada por la oposición al Congreso, esas normas, incluidas las demás emergencias, estuvieron mal hechas. Macri falló en la reducción de la pobreza, pero eso no significa que las cosas puedan mejorar por la vía de altisonantes irrupciones legislativas.
Por: Pablo Mendelevich
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