21 de agosto de 2019 • 16:26
Las razones por las que no avanza en la Justicia el Lava Jato argentino
Se complicó el avance de la causa judicial que investiga
las coimas en la Argentina Fuente: Archivo
Hugo Alconada Mon
LA NACION
Dos años, dos meses y veinte días después de que las evidencias sobre cómo Odebrecht pagó sobornos a funcionarios argentinos quedaran en Brasil a disposición de la Justicia argentina, todo ese material sigue en Brasil. Duerme en Brasil.
Ese fue uno de los reclamos centrales de la Cámara Federal porteña al resolver la anulación de los procesamientos a Julio de Vido, su lugarteniente Roberto Baratta y a los exsecretarios de Transporte kirchneristas Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi en la investigación local centrada en el proyecto de obra pública destinado a soterrar el tren Sarmiento.
La Cámara planteó que para avanzar en serio con el capítulo argentino del Lava Jatofaltan las confesiones de los "delatores premiados" de Odebrecht y todo el material probatorio que ellos mismos aportaron en Brasil. Por eso, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, al anular la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, remarcaron que "hay cosas que necesariamente la sentencia tenía que analizar y no analizó".
Obtener esas evidencias que duermen en Brasil es, ya, casi una obsesión para Franco Picardi, el fiscal federal que más lejos llegó en sus intentos por acceder a las confesiones de exejecutivos de Odebrecht y otras pruebas incriminatorias, mientras lidia con Martínez de Giorgi, quien adoptó varias medidas procesales controvertidas, cuanto menos.
¿Un ejemplo? Cuando Martínez de Gorgi optó por procesar a De Vido y a otros ex funcionarios por negociaciones incompatibles con la función pública, pero no avanzó sobre los beneficiarios directos de ese supuesto proceder delictivo. Es decir, empresarios como Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, a los que benefició con una falta de mérito.
¿Otro ejemplo? Cuando Martínez de Giorgi evitó durante semanas enteras resolver si aceptaba como arrepentido a Manuel Vázquez, el testaferro confeso de Ricardo Jaime, pero sobreseyó a toda la familia de Vázquez. ¿Qué provocó? Que en la primera oportunidad posterior que tuvo, Vázquez se presentó en tribunales y se arrepintió de haberse arrepentido. Total, el juez ya le había quitado cualquier aliciente para confirmar lo que le había confesado al fiscal Picardi: que él intermedió entre Jaime y Calcaterra en el pago de sobornos por US$ 20 millones.
La Cámara Federal avanzó más aún sobre la actuación de Martínez de Giorgi. Por un lado, le recordaron que su investigación debe determinar si Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa pagaron sobornos. Pero el juez no procesó, ni sobreseyó por ese delito a ninguno de los acusados. Por el otro, porque el magistrado tampoco determinó "si hubo o no perjuicio económico por los hechos".
Dicho en jerga judicial: "Si las erogaciones económicas que se hicieron durante la ejecución del contrato -mediando modificaciones de las condiciones originales, entre otras cosas- son relevantes para la imputación sobre los indagados (así lo sostuvo el juez), éste era un factor que obligadamente debía ser evaluado con el objeto de determinar los alcances de la supuesta maniobra, con incidencia directa en la calificación normativa del hecho", subrayaron Irurzun y Bruglia.
Dos años, dos meses y veinte días después de que las evidencias sobre cómo Odebrecht pagó sobornos a funcionarios argentinos quedaran en Brasil a disposición de la Justicia argentina, todo ese material sigue en Brasil. Duerme en Brasil.
Ese fue uno de los reclamos centrales de la Cámara Federal porteña al resolver la anulación de los procesamientos a Julio de Vido, su lugarteniente Roberto Baratta y a los exsecretarios de Transporte kirchneristas Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi en la investigación local centrada en el proyecto de obra pública destinado a soterrar el tren Sarmiento.
La Cámara planteó que para avanzar en serio con el capítulo argentino del Lava Jatofaltan las confesiones de los "delatores premiados" de Odebrecht y todo el material probatorio que ellos mismos aportaron en Brasil. Por eso, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, al anular la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, remarcaron que "hay cosas que necesariamente la sentencia tenía que analizar y no analizó".
Obtener esas evidencias que duermen en Brasil es, ya, casi una obsesión para Franco Picardi, el fiscal federal que más lejos llegó en sus intentos por acceder a las confesiones de exejecutivos de Odebrecht y otras pruebas incriminatorias, mientras lidia con Martínez de Giorgi, quien adoptó varias medidas procesales controvertidas, cuanto menos.
¿Un ejemplo? Cuando Martínez de Gorgi optó por procesar a De Vido y a otros ex funcionarios por negociaciones incompatibles con la función pública, pero no avanzó sobre los beneficiarios directos de ese supuesto proceder delictivo. Es decir, empresarios como Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, a los que benefició con una falta de mérito.
¿Otro ejemplo? Cuando Martínez de Giorgi evitó durante semanas enteras resolver si aceptaba como arrepentido a Manuel Vázquez, el testaferro confeso de Ricardo Jaime, pero sobreseyó a toda la familia de Vázquez. ¿Qué provocó? Que en la primera oportunidad posterior que tuvo, Vázquez se presentó en tribunales y se arrepintió de haberse arrepentido. Total, el juez ya le había quitado cualquier aliciente para confirmar lo que le había confesado al fiscal Picardi: que él intermedió entre Jaime y Calcaterra en el pago de sobornos por US$ 20 millones.
La Cámara Federal avanzó más aún sobre la actuación de Martínez de Giorgi. Por un lado, le recordaron que su investigación debe determinar si Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa pagaron sobornos. Pero el juez no procesó, ni sobreseyó por ese delito a ninguno de los acusados. Por el otro, porque el magistrado tampoco determinó "si hubo o no perjuicio económico por los hechos".
Dicho en jerga judicial: "Si las erogaciones económicas que se hicieron durante la ejecución del contrato -mediando modificaciones de las condiciones originales, entre otras cosas- son relevantes para la imputación sobre los indagados (así lo sostuvo el juez), éste era un factor que obligadamente debía ser evaluado con el objeto de determinar los alcances de la supuesta maniobra, con incidencia directa en la calificación normativa del hecho", subrayaron Irurzun y Bruglia.
¿Y si llegan las evidencias de Brasil?
Pero, ¿qué pasaría si las evidencias, al fin, llegaran de Brasil? Los exfuncionarios kirchneristas, como así también Calcaterra y otros empresarios y ejecutivos, como Javier Sánchez Caballero, al igual que el lobista Jorge "Corcho" Rodríguez afrontarían serios problemas penales. Aunque él lo niega, el exvicepresidente de Odebrecht para América Latina, Luiz Antonio Mameri, lo identificó por nombre y rol en el entramado de sobornos, lo que se suma a la información que llega de Uruguay y el Principado de Andorra.
Dicho eso, la Cámara Federal porteña tampoco podrá quitarse el mote de "tiempista" electoral. Este fallo de la Sala II se conoce después de la derrota de Cambiemos en las PASO, el 11 de agosto pasado. Y al menos salió, a diferencia de la resolución que, sobre otro capítulo argentino del Lava Jato, yace en un cajón olvidado de la Sala I desde mucho antes de la feria judicial de invierno. Acaso hayan pesado, demasiado, los llamados provenientes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
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