29/08/2019
Gremios portuarios y delincuencia, parte final
Asociación política, judicial y empresarial
En el último tiempo, se ha venido publicando en el presente medio una miniserie que trata sobre la corrupción presente tanto en la Federación como en los Gremios portuarios. Éste es el tercer y ultimo capitulo de una investigación exclusiva de Tribuna de Periodistas.
En la primera parte, de dicha retahíla de artículos se reveló las complicaciones que los dirigentes sindicales les generan a los empresarios que no son de su afinidad, incluso llegando al quebrantamiento; robos; apropiaciones y la protección (nunca faltante) política.
En la segunda, se asomaron denuncias que hablan sobre amenazas, extorciones, lavado de dinero, contrabando, narcotráfico e incluso homicidio.
En esta última parte, se dejará ver cómo, que además de la protección de la dirigencia política, estos personajes también conservan cierto aval departe del empresariado.
Entre los principales hombres de negocios vinculados a esta asociación ilícita, se encuentra un hombre llamado Pablo Ferulano, dueño de la compañía Suelos Argentinos S.A., además de Hipólito Benso, quien fuera dueño de varias empresas dedicadas al rubro portuario.
Entre aquellas pueden mencionarse Deher S.A. con CUIT 30-69967771-6; Ronzal S.A. con CUIT 30-71041654-7 y Portside S.A. con CUIT 30-70833902-0, aunque quien aparece como titular es un señor de nombre José Castillo.
En ese sentido, es dable destacar que el señor Castillo es señalado por gente del ambiente portuario como un simple testaferro de los mencionados Hipólito Benso, Pablo Ferulano, y del secretario general del SUPA Puerto del Bajo Paraná y Delta del Paraná Héctor Eduardo Rojas.
Por caso, hay dos cosas que son necesarias mencionar respecto de Don José: primero es que se trata de un familiar directo de Jorge Castillo, mayormente conocido como “El Rey de la Salada”. Dicho sea de paso, parte de lo contrabandeado iba a parar a aquel afamado “shopping”.
Lo segundo destacable por posesión de relevancia es que José Castillo aparece como empleado de empresas como: Molca Molinos Cañuelas; Puerto San Martin y Puerto San Lorenzo; y Trading Sur S.A.
Por ésta última empresa, con CUIT 30-70954111-7, ubicada en el 9º piso de la altura 1183 de la calle Santa Fe en la capital santafesina de Rosario, no casualmente, fue detenido por maniobras ilícitas un agente aduanero.
Los propietarios de CGE, empresa sospechada y denunciada de contrabando y venta de camiones, son Jorge y Nicolás Castillo Armas, además de ser quienes aseguraron que con el apoyo de los antes mencionados, la aduana Zarate-Campana y el Juzgado Federal de Campana, a cargo del Dr. Adrian González Charvay, tienen la pericia de ingresar cualquier cosa que se les solicite.
Sendos Castillo Armas, además afirmaron que los contenedores contrabandeados ingresan desde el buque a barcazas que los trasladan directamente a los astilleros “DEL SUR”, propiedad de Omar “Caballo” Suarez, gremialista del SOMU hoy privado de su libertad acusado de asociación ilícita y cobro de coimas.
La empresa CGE, donde se encuentran todos los camiones, se encuentra radicada en la Avenida Los Quilmes altura 166 en la localidad de Bernal, en la provincia de Buenos Aires y la parte administrativa conexa se halla en Olga Cossenttini 263, 4º piso, oficina 25, del coqueto barrio de Puerto Madreo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con CUIT 30-71209734-1 y con fecha de inscripción el día 14 del mes de noviembre del año 2011. Desde allí continúa el apoyo judicial que la organización ostenta.
Una digresión al respecto: la Fiscal de Campana, Doctora Cecilia Tallion es esposa del agente aduanero Gustavo Nardo, quien fuera uno de los socios de dicha organización.
Otra digresión al respecto: El Doctor Adrian González Charvay es el reemplazante del otrora juez federal de Campana-Zárate, el Doctor Federico Faggionato Márquez, quien, no casualmente, fue destituido a pesar de la presión que puntuales funcionarios del kirchnerismo ejercieron para que ello no ocurra.
Redondeando
Una gran parte del sindicalismo quedó muy lejos de lo que supo ser en sus comienzos, ahora radica remotamente de la lucha por los trabajadores y es utilizado para abultar las billeteras de unos pocos “poderosos defensores del empleado”.
Ello no podría suceder jamás sin apoyo político y judicial. Es un país donde los centros de poder se unen para conformar asociaciones dedicadas a la delincuencia, el cambio debería hacerse de raíz, algo que difícilmente alguna vez ocurra.
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