Ya es un ejercicio habitual de la Presidente remover jueces y fiscales a su antojo y designar adictos sustitutos, con varias finalidades. La primera y esencial es la de cubrirse de los actuales juicios de corrupción y de los que vendrán como vendavales después del 2015. La segunda es poner valla a los millonarios juicios, en cantidades y en valores, por la actualización de los haberes jubilatorios, fraudulamente asignados por la Anses. A esto último nos referimos en esta nota.
El Consejo de la Magistratura procura deshacerse de los jueces Herrero y Fernández. ambos de la Sala II de Seguridad Social y los acusa de "mal desempeño" en sus funciones. Sucede que estos magistrados son un ejemplo de probidad y justicia y han emitido fallos ejemplares en amparo de los derechos de los jubilados, condenando a la Anses en varios de ellos, como se verá en el extracto que se hace de la presentación del Dr.José Ignacio Herrero, en defensa de su padre Luis R. Herrero.
Es extenso, pero deja en descubierto la perversidad de las maniobras de la Anses para destruir los derechos de los justos litigantes:
"En los países donde falta plata, los Gobiernos se ven tentados a usar la plata de las cajas jubilatorias para otros fines diferentes que para el pago de las jubilaciones. Es mucha, pero mucha caja.
El gobierno menemista siempre quiso recortar el gasto que significaban los abuelos. Así fue que dictó uno de los decretos de necesidad y urgencia más injustos que un gobierno democrático puede dictar. Como si los jubilados tuviesen mucho tiempo para litigar, el presidente Menem –en su primer DNU después de la Reforma Constitucional de 1994- suspendió el trámite de los procesos previsionales durante 6 meses y pretendió prohibir a los jueces dictar sentencia en dicho lapso. Por suerte, no hubo hesitación y la misma Sala II, integrada por los mismos jueces, declaró la nulidad absoluta e insanable de aquél DNU.
la Ley de Solidaridad Previsional que estableció la arbitraria excepción de “falta de recursos” que podía oponer la ANSeS ante los pedidos de reajustes de los jubilados. O sea que, como defensa a su falta de pago como la ley lo ordenaba, la ANSeS podía decir, justificado por ley, “No tengo plata”. Imagínense el daño que ese argumento amparado por ley podría hacer en el ámbito empresarial, y luego piensen sus consecuencias ante un reclamo para pagar la vivienda, la comida o los remedios. La Sala II por medio del fallo “Ciampagna, R.” declaró inconstitucional ese ilógico argumento.
También en esos años, la Sala II, en uno de los fallos quizá más trascendentes por el contexto político, y por la injusticia y arbitrariedad de la medida, aceptó el reclamo del Defensor del Pueblo y declaró inconstitucional el descuento del 13% a los jubilados. Por suerte, y sorpresivamente (tal vez por la reacción pública que tuvo la medida –hasta Mirtha Legrand interpeló a Patricia Bullrich en su programa-), este fallo fue cumplido y a los tres días se dictó el Decreto 1.819/02, por el que se dispuso el cese del descuento y la devolución de lo retenido en títulos públicos. Ahí estaba la trampa, ¿En títulos Públicos? ¿En el 2001? Rápidamente, la Sala II declaró la inconstitucionalidad del Decreto 1.819/02 y dispuso la devolución en efectivo. Los títulos, se convirtieron en basura al poco tiempo.
La ANSeS, nadie lo puede negar, obligó siempre a los jubilados a litigar. Si éstos no litigan, no ven reajustados sus haberes y no cobran justamente. Es ridículo, pero es así.
Nada se dice de los más de tres años de parálisis que sufrió la Sala II a raíz de las recusaciones de ANSeS. Con una desfachatez inaudita se inventa que el servicio de justicia en la Sala II se vio afectado por un conflicto personal, pero se soslaya la actitud de la jueza Dorado, que le dio trámite a miles de recusaciones arbitrarias y maliciosas planteadas por la ANSeS por la causal de “prejuzgamiento”,contra el tribunal que había rechazado unánimemente, a su vez, la recusación de Anses."
Muchas gracias a nuestro AMIGO S.P.P. por el envío.
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