Jubilados cada vez más pobres

Sábado 19 de abril de 2014 | Publicado en edición impresa

EDITORIAL I

La inflación licúa los aumentos de jubilaciones y pensiones, mientras el Estado demora el pago de las sentencias por reajustes.

Pese a lo que dicen los discursos oficiales, los jubilados son cada día más pobres y sus haberes se van aproximando peligrosamente a la línea de pobreza .

Hace dos meses, con bombos y platillos, la Presidenta anunció un aumento para los jubilados y pensionados del 11,31 por ciento, que se haría efectivo a partir del mes pasado. De esta manera, la jubilación mínima pasó de 2477 a 2757 pesos. En esta categoría se encuentra el 75 por ciento de los jubilados. Sin embargo, la inflación y el aumento del costo de vida han reducido considerablemente el incremento, que en los hechos pronto se evaporará pues, según los datos oficiales, la inflación de los tres primeros meses del año fue del diez por ciento. Además, el aumento otorgado fue inferior al de septiembre del año pasado, que ascendió al 14,41 por ciento, cuando la inflación era menor que la registrada desde entonces.

Ese efecto demoledor del incremento de los precios cobró mayor poder destructivo desde la brusca devaluación del peso, devorando el aumento otorgado en septiembre. Pronto ocurrirá otro tanto con el incremento de marzo.

En marzo último, según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el costo de la Canasta Básica Total, que determina la línea de pobreza, ascendió a 1522,6 pesos. Pero si se toma en cuenta un hogar de 2,44 adultos, el costo de esa canasta básica asciende a 3715,2 pesos: mil pesos más que la jubilación mínima. Y no hay que perder de vista que para el próximo aumento todavía habrá que esperar cinco meses. Además, según los datos del Indec, el 24,8 por ciento de los adultos mayores viven en hogares con un ingreso previsional. Por ello, el bloque de diputados y senadores nacionales de Unión Pro presentó un proyecto para que se adelante al mes de mayo el pago de la actualización remunerativa que corresponde por ley y que debería abonarse en setiembre próximo.

En oportunidad de aquel anuncio, la Presidenta sostuvo que "el Estado está presente y prioriza a nuestros abuelos". Lamentablemente, no es así. Si lo fuera, el Gobierno cumpliría la siempre postergada vigencia del 82 por ciento móvil exigido por la Corte Suprema de Justicia en varios fallos.

Días atrás, en una carta publicada por LA NACION, un jubilado de 84 años recordó con dolor algo muy cierto: la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) se comprometió ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a no apelar los juicios iniciados por los jubilados por reajuste de haberes. "Por lo menos en mi caso -sostuvo- no se está cumpliendo con ese compromiso." Agregó que obtuvo sentencia favorable a principios del año pasado, pero la Anses apeló el fallo y, como son tantos los casos que se acumulan, su expediente está en la mesa de entradas de la Cámara desde el 14 de mayo de 2013.

Más de una vez calificamos en esta columna de criminal la demora de la Anses en pagar los juicios ganados por los jubilados, pues al hacerlo parecía especular con el fallecimiento de aquellos a quienes les adeuda haberes. Aparentemente en consonancia con el sentir oficial, la fiscalía de la Cámara de la Seguridad Social se opuso a que la Justicia otorgue una medida cautelar a una jubilada de 78 años para que se reajuste su haber. La mujer había reclamado la revisión de sus haberes y solicitó que su trámite se resolviera como proceso sumarísimo.

En primera instancia se hizo lugar a la urgencia, pero la Anses apeló a la cámara y allí la fiscalía argumentó que si se tuviera que hacer eso con cada beneficiario que sufre "un estado de salud disminuido" se caería en un riesgo cierto de provocar "el desfinanciamiento del sistema, ocasionando un grave perjuicio a la sociedad". El dictamen fiscal consideró erróneamente que la jubilada no se encuentra marginada del sistema, "pues ya goza de un beneficio previsional", y que el punto de conflicto gira en torno al monto de la prestación. Contradictoriamente, la fiscalía aconsejó que se aplicara el trámite establecido para los procesos sumarísimos.

El desfinanciamiento no obedece al pago de las prestaciones de quienes han aportado tras una vida de trabajo. El mismo día en que trascendió ese dictamen, otro diario publicó la carta de otro jubilado, quien se preguntaba si la Justicia no debería investigar a los funcionarios que usan los fondos de la Anses "para otros fines". Aludió al empleo con fines políticos de los fondos de los jubilados. Por ejemplo, se emplearon para emprendimientos de Enarsa y la entrega de netbooks del plan Conectar Igualdad.

No somos agoreros sino realistas al sostener que, por desgracia, la situación de los jubilados empeorará. Al panorama de la economía nacional se suma la indiferencia y el sadismo de un gobierno que dice ocuparse de ellos, cuando lo que hace es malgastar sus aportes y negarles hasta el último momento los reajustes que la Justicia les otorgó. De no reaccionarse a tiempo, una suerte nada mejor les aguarda a los futuros jubilados. 

 Nde R La Misère Porc:

Cada día que transcurre, decenas de JUBILADOS morimos víctimas del GENOCIDIO al que nos condenó esta  KRETINA HIJA DE UNA GRAN...OFELIA WILHEM.

¿Hasta cuándo continuará haciéndose la sorda?