La palabra devaluada

3 de marzo de 2020

La palabra devaluada



Alberto Fernández brinda su mensaje al
Congreso junto a Cristina Kirchner
(Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)



Por  Facundo Suárez Lastra

La primera impresión del discurso del presidente Fernández al inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación es que abundó en objetivos generales y no especificó los caminos para conseguirlos. Esto se notó especialmente en la falta de precisiones de política económica.


Fue llamativo el comienzo referido a la devaluación de la palabra, a la mentira como la mayor perversión y al valor del compromiso.


Quien fuera autor de la ruptura de la relación del Indec y la verdad y tan cambiante en los últimos años con el sentido de sus palabras debió por lo menos haber hecho una autocrítica. Decía esto al lado de la vicepresidenta que nominó su candidatura a presidente y cuyo gobierno él mismo había cuestionado. No agrego más referencias a esto ya que los lectores tienen perfecto conocimiento de las palabras pronunciadas en los últimos años por quien ahora habla de la palabra desvalorizada. En el podio de quienes han contribuido más a la devaluación de la palabra, el Presidente si no lleva la medalla de oro, lleva la de plata.


Quien prometió en campaña un aumento del 20% a todos los jubilados y a días de asumir les derogó la movilidad jubilatoria apropiándose de una cifra estimada en 50.000 millones de pesos anuales, castigando a más de 3 millones de jubilados, no está precisamente cumplimiento sus compromisos.


Hubo un puñado de objetivos que parecieran estar inspirados en buenas intenciones y otros que nos hacen estar atentos y prevenidos por lo que percibimos como malas intenciones.


Señalo para las buenas intenciones el envío al Congreso de un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo, que asista y oriente a las embarazadas y que respete las decisiones personales de las mujeres. Estuvo claro y bien fundado.


Lo de las malas intenciones aparece con claridad en los fundamentos y motivaciones para la reforma judicial que anuncia. Sin perjuicio de que algunas de las ideas parecen razonables y adecuadas para el mejor desempeño de la justicia es alarmante la motivación expuesta. Ni una palabra para alentar la investigación y sanción de los casos de corrupción que hoy tramitan o pudieran tramitar en el futuro. “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”.


Esta fundamentación sería simplemente inquietante si no fuera por el enorme despliegue tendiente a presionar la Justicia, deslegitimar su acción en lo que ya es un evidente plan sistemático para garantizar la impunidad de la vicepresidente de la Nación y algunos de los funcionarios con procesos o cumpliendo condenas firmes por causas de corrupción. Más que inquietante, esto es alarmante y nos obliga a estar muy atentos a las segundas intenciones en las reformas que se propongan.


Las referencias a la política internacional que se propone el gobierno fueron marginales e imprecisas. A pesar de haber hecho recientemente una gira europea en la que se entrevistó con varios jefes de estado. no hizo referencia alguna al Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, logrado tras un arduo trabajo en los últimos años que profundizó e hizo efectivo una tarea en que está empeñada la Cancillería argentina desde hace más de 20 años. Tampoco hubo mención alguna a la continuidad o no del interés en retomar el trabajo para incorporar nuestro país a la OCDE. En ambos casos asumimos el compromiso de impulsar estos temas con vistas a integrarnos en plenitud a la comunidad internacional desde nuestras posiciones en el Congreso de la Nación, procurando convertir estas relaciones en políticas de Estado, lejos de las extravagancias marginales que transito el último gobierno peronista.


En materia de Derechos Humanos, retomó lo que ha sido un clásico del kirchnerismo: limitarse a una lectura sesgada del pasado, procurando apropiarse de una historia donde visten de épica gloriosa una de las peores tragedias argentinas que tuvo en Raúl Alfonsín un campeón en su superación. En el discurso se lo apartó de ese lugar para ponerlo en el de líder de la capacitación en la administración pública, lo que de hecho también fue. Con una ligereza ofensiva ignoró lo hecho en los últimos años, entre lo que debemos destacar no solo el más absoluto respeto de los derechos humanos, sino la activa participación en el apoyo a las víctimas del gobierno venezolano, que ha sido el más sistemático y brutal violador de derechos humanos en nuestro continente, habiendo asesinado a más de 8.000 ciudadanos en dos años, lo que ya por esa sola razón supera los asesinatos y desapariciones de la dictadura de Pinochet en los 70. El compromiso argentino en los foros internacionales participando activamente en los reclamos y el trabajo diplomático para contribuir a que los venezolanos recuperen su democracia perdida fue en sí mismo una política de derechos humanos. La bienvenida a cientos de miles de venezolanos que con su trabajo están insertándose de la mejor manera en nuestro país es un hecho que no debió ser ignorado.


Es imposible no coincidir con la referencia a que con un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas y sectores se fortalecerá la democracia y mejorará la calidad institucional. No obstante, anunció que en el curso de la semana firmaría un decreto de necesidad y urgencia modificando la ley de inteligencia. En la semana misma del comienzo del periodo de sesiones ordinarias después de hablar de la virtud del dialogo, la devaluación de la palabra y el compromiso desanda lo dicho en el mismo discurso y se prepara para un nuevo atropello sobre el Congreso.


En efecto, un par de días antes el mismo Presidente impulsó el tratamiento de una ley que reforma el régimen especial de los jueces y personal superior del servicio exterior de la Nación sin dar los tiempos necesarios para un debate que permitiera un apropiado intercambio de ideas, de información, con un quórum estricto, en un recinto vacío de la mitad de sus diputados. Bajo el pretexto de eliminar privilegios que todos estábamos dispuestos a eliminar, optó por el tratamiento exprés en soledad para lograr imponer el par de cláusulas que impulsan el vaciamiento del Poder Judicial y generan condiciones para una mayor injerencia del gobierno en la designación de jueces y fiscales.

Finalizo volviendo al principio. Estamos dispuestos a seguir la regla que nos propone el Presidente: cuidemos la palabra, evitemos su degradación, denunciemos la mentira y demos valor al compromiso. Eso haremos. Los antecedentes del Presidente, de la Vicepresidenta y el desempeño de muchos de sus funcionarios en el pasado nos obligan a estar muy, pero muy atentos.


El autor es diputado nacional (UCR)