CARTAS Y NOTAS DE NUESTROS AMIGOS LECTORES
13/02/2020
COLEGAS JUBILADOS APORTANTES, ES DE SUMA IMPORTANCIA, LEER DETENIDAMENTE
Esto es por el "empalme" de Macri. Está en la Corte. No declaró inconstitucional la ley, pero sí su aplicación retroactiva.
Poder
Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE NRO: 138932/2017
AUTOS: “FERNANDEZ PASTOR MIGUEL ANGEL c/ ANSES s/AMPAROS Y
SUMARISIMOS”
Buenos
Aires,
EL
DOCTOR MARTIN LACLAU DIJO:
Llegan las presentes actuaciones a
este Tribunal a raíz de la apelación deducida por el
Dr. Miguel Ángel Fernández Pastor, a
fs. 169/174 , contra la sentencia de fs. 160/164 , en virtud de la
cual se rechaza la acción de amparo
por él deducida a fin de que se declare la inconstitucionalidad de
la Ley 27.426 y del Decreto 1058/17.
El actor señala que la nueva fórmula de movilidad
instrumentada por dicha normativa es
lesiva de su derecho y lo perjudica desde el momento en que
reduce significativamente el porcentual
de incremento de su haber jubilatorio. Consecuente con este
planteo, sostiene la
inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 27.426 y de la aplicación retroactiva
de
ese cuerpo legislativo.
Comenzando con el análisis del
primer agravio, cumple destacar que el art. 14 bis de
la Constitución Nacional otorga
derecho a jubilaciones móviles; pero deja librado al criterio del
legislador establecer las pautas de
esa movilidad, de acuerdo a las cambiantes circunstancias sociales
y económicas que se hagan presentes
en cada momento de la evolución de nuestro país. Trátase de
una cuestión esencialmente política
y, en cuanto tal, el debate ha de darse dentro de ese ámbito,
cuidando de evitar la politización
de la justicia, lo que iría en desmedro de la seguridad jurídica. Claro
está que este poder discrecional
acordado al legislador no lleva a legitimar cualquier medida que
emane de éste. Si se diera el caso
de establecerse pautas de movilidad que se tradujesen en una
disminución desproporcionada del
haber del beneficio, resulta indudable que, en esa situación, las
disposiciones legales que las
establecieran serían inconstitucionales, puesto que afectarían la
garantía de movilidad de las
jubilaciones emanada de lo dispuesto por el citado art. 14 bis.
Ahora bien, en el caso que nos
ocupa, la reciente sanción de la ley impugnada y la
fluctuante situación económica por
que atraviesa el país dificultan lograr la perspectiva necesaria
como para poder efectuar un análisis
preciso y equilibrado de las consecuencias que, en definitiva,
tendrá la nueva normativa en el
desenvolvimiento del haber de la prestación del actor. La misma
sentencia apelada reconoce que, en
el mes de marzo, se producirá una baja notoria en el porcentual
del reajuste, y ello no es
desconocido por el mismo gobierno, el cual, con el “subsidio extraordinario”
creado por Decreto 1058/17 y
otorgado por única vez a los haberes que no alcancen el nivel que allí
se indica, ha intentado paliar tal
situación respecto de los beneficiarios más necesitados. Pero he aquí
que las nuevas pautas de movilidad
introducen una reforma que acaso vaya corrigiendo esta
distorsión, puesto que, si bien los
índices aplicados son menores a los contemplados en la ley
anterior, los reajustes por
movilidad se harán cada tres meses, en vez de realizarse dos veces por año,
lo que determinaría que la sumatoria
de ellos se tradujese, en los hechos, en un porcentual más
elevado. De esta suerte, el carácter
dinámico que es propio de toda creación jurídica aconseja no
tomar una solución tan drástica como
sería declarar en este momento la inconstitucionalidad del art.
1 de la Ley 27.426, y aguardar los
resultados que, en definitiva, se obtengan en los próximos meses,
oportunidad en la cual será posible
valorar, con mayor precisión, los resultados que la nueva fórmula
de movilidad trae consigo.
El segundo agravio expuesto por el
recurrente, referido al carácter retroactivo de la
Ley 27.426, resulta, en mi opinión,
atendible. Dicha normativa se encuentra vigente desde el 29 de
diciembre de 2017, tal como se
desprende de su art. 11, pero retrotrae su aplicación al mes de julio
Fecha de firma:
05/06/2018
Firmado por:
NESTOR ALBERTO FASCIOLO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por:
MARTIN LACLAU, JUEZ DE CAMARA
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de ese año, lapso durante el cual la
Ley 26.417 regía y establecía otras pautas para el cálculo de la
movilidad jubilatoria.
La sentencia apelada sostiene que la
Ley 27.426 no es de aplicación retroactiva,
puesto que el derecho del actor a
ver incrementado su haber con los índices establecidos en la ley
anterior se hubiese incorporado a su
patrimonio en el mes de marzo de 2018 y, para esa fecha, la
nueva normativa ya se encontraba
vigente. De esta suerte, no se daría una aplicación retroactiva a lo
dispuesto por la Ley 27.426. Señala
la a quo: “la ley 26.417 claramente estipulaba dos momentos para
otorgar el incremento por movilidad:
en los meses de marzo y septiembre de cada año, por lo que no
era sino en dichas fechas en que la
movilidad se otorgaba y devengaba, sin que dicha ley determinara
que la movilidad se devengaba mes a
mes aun cuando su pago se realizara semestralmente”.
Ahora bien, el Anexo de la Ley
26.417 establecía la fórmula conforme a la cual se
practicaba el cálculo de la
movilidad, consignando que “el ajuste de los haberes se realizará
semestralmente, aplicándose el valor
de ‘m’ para los haberes que se devenguen en los meses de
marzo y septiembre. Para establecer
la movilidad se aplicará el valor de ‘m’ calculado conforme al
siguiente detalle: enero-junio para
el ajuste de septiembre del mismo año y julio-diciembre para el
ajuste a aplicar en marzo del año
siguiente”. Adviértase que, contrariamente a lo sostenido por la a
quo en su sentencia, lo que el texto
legal expresa no es que los meses comprendidos entre julio y
diciembre de 2017 se devengan en
marzo de 2018, sino que es al devengarse el haber
correspondiente a ese mes de marzo
que ha de practicarse el reajuste correspondiente a los meses
de julio-diciembre.
El error en que incurre la a quo
reside en confundir “lo devengado” con lo
“percibido”. Lo devengado hace
referencia al momento en que nace un derecho, tiene clara
referencia temporal; en cambio, lo
percibido señala el momento en que ese derecho se concreta. Esta
distinción es de singular
importancia y contribuye a esclarecer, en no escasa medida, el conflicto
suscitado en autos.
El Diccionario de la Real Academia
Española define el vocablo devengar del siguiente
modo: “adquirir derecho a alguna
percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro
título”. Queda claro que una cosa es
la adquisición del derecho y otra la percepción del mismo, que
tiene lugar en el momento en que
aquél se concreta. Así, por ejemplo, si a un empleado se le paga
por las tareas realizadas durante el
mes de marzo en los primeros días de abril, su derecho a la
percepción de dicho pago se origina
en el mes de marzo, si bien el pago tiene lugar en el mes
siguiente. Lo mismo ocurre en el
caso a examen: el derecho del actor a que se calcule la movilidad de
su haber durante el lapso
comprendido entre los meses de julio y diciembre se origina –esto es, se
devenga- durante el transcurso de
esos meses, con independencia de que el pago pertinente tenga
lugar en marzo del año siguiente. De
allí que pueda afirmarse, en principio, que existe una aplicación
retroactiva de la nueva ley cuando
ésta se aplica a un período en el cual regía la ley anterior, aun
cuando el pago de ese período tenga
lugar en vigencia de la ley nueva.
Paul Roubier es uno de los juristas
que ha dedicado mayor atención al estudio de los
conflictos de leyes en el tiempo.
Entiendo que las distinciones que efectúa contribuirán a introducir
mayor claridad en el tema que
analizamos. Para el jurista francés, una ley deviene retroactiva en la
medida en que sus disposiciones se
apliquen a hechos consumados bajo el imperio de una ley
anterior (facta praeterita), o
cuando, aplicándose a situaciones en curso, se introduce en los efectos
de esa situación cumplidos con
anterioridad a la vigencia de la nueva ley. Ahora bien, si la ley nueva
se aplica a consecuencias aún no
realizadas de una situación nacida bajo la vigencia de una ley
anterior, nos dice Roubier que
estamos frente a una aplicación de la ley que tiene efecto inmediato y
no efecto retroactivo. En suma, la
ley antigua debe aplicarse a los efectos producidos con
anterioridad a la vigencia de la ley
nueva, en tanto que ésta debe aplicarse a los efectos posteriores a
su vigencia. Así, nos dice que “todos
los efectos jurídicos producidos por la situación considerada
antes de la entrada en vigor de la
ley nueva son parte del dominio de la ley antigua y no se los podría
quitar sin retroactividad. Si
nosotros suponemos una situación jurídica produciendo sus efectos
Fecha de firma:
05/06/2018
Firmado por: NESTOR
ALBERTO FASCIOLO, JUEZ DE CAMARA
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RODOLFO MARIO MILANO, JUEZ DE CAMARA -Subrogante-
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durante cierto período de duración,
la ley nueva determinará los efectos jurídicos que se producen
después de su entrada en vigor, sin
que exista otra cosa que un efecto inmediato; pero ella no podría
alcanzar los efectos jurídicos
anteriores, sea que se trate de modificarlos, de acrecerlos o de
disminuirlos, sin que exista
retroactividad” (Cfr. Paul Roubier, Le droit transitoire (Conflits des lois
dans le temps, Dalloz et Sirey, Paris, 1960, pag. 183).
La doctrina de Roubier ha estado
presente en la mente del legislador argentino en lo
que al punto de conflicto de leyes
se refiere. Así, el art. 7 del Código Civil y Comercial dispone: “A
partir de su entrada en vigencia,
las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes.
Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público,
excepto disposición en contrario. La
retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos
amparados por garantías constitucionales”.
Esta norma del Código Civil y
Comercial incorpora principios sostenidos por la
jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. En tal sentido, Germán Bidart Campos
resume la doctrina de nuestro Máximo
Tribunal sosteniendo que “el principio de que las leyes no son
retroactivas emana solamente de la
propia ley –el código civil- y carece, por ende, de nivel
constitucional; pero cuando la
aplicación retrospectiva de una ley nueva priva a alguien de algún
derecho ya incorporado a su
patrimonio, el principio de irretroactividad asciende a nivel
constitucional para confundirse con
la garantía de inviolabilidad de la propiedad consagrada en el art.
17” (Cfr. Germán Bidart Campos,
Tratado elemental de derecho constitucional argentino, Ediar,
Buenos Aires, 1988, Tomo I, pag.
475).
Conforme a lo que llevamos dicho, la
Ley 27.426 deviene inconstitucional en cuanto
pretende aplicarse a las
consecuencias de una situación jurídica cuya existencia es anterior al 29 de
diciembre de 2017, fecha de su
entrada en vigor. Sólo a partir de esa fecha será válida la modalidad
de ajuste de la movilidad que la
nueva ley instrumenta. El derecho del actor a practicar el cálculo de la
movilidad de su haber conforme al
procedimiento establecido por la Ley 26.417 ha ido devengándose
mes a mes y, por consiguiente, cubre
el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 29 de
diciembre de ese año.
En consecuencia, de prosperar mi
voto y oído el Ministerio Público, correspondería
confirmar el pronunciamiento materia
del presente recurso en cuanto no hace lugar a la
inconstitucionalidad de los arts. 1
y concordantes de la Ley 27.426, y revocarlo con relación al art.2
del referido cuerpo legal, cuya
inconstitucionalidad se declara en cuanto establece que el mismo es
aplicable a los haberes devengados
entre el 1 de julio y el 29 de diciembre del año 2017.
Consecuentemente, se ordena a la
demandada que, dentro de los treinta días de quedar firme este
pronunciamiento, se reliquiden,
conforme a lo dispuesto por la Ley 26.417, los haberes del actor
correspondientes al citado período,
y se pongan al pago las cantidades resultantes, previo descuento
de las sumas ya abonadas por
aplicación de la Ley 27.426. Costas por su orden (art. 68 del CPCCN).
EL DR. RODOLFO MARIO MILANO DIJO:
Que
adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Laclau.
EL
DR. NESTOR A. FASCIOLO DIJO:
I.
Por sentencia de fs. 160/164 el
Juzgado nro. 8 rechazó la acción de amparo deducida,
impuso costas por su orden y reguló
honorarios del letrado patrocinante de la parte actora.
Contra lo resuelto se dirige el
recurso de apelación de quien demanda de fs. 169/175.
II.
A mi juicio, los agravios esgrimidos
encuentran adecuado tratamiento en el dictamen
nro. 38395 del 10.4.18 de la F.G. 2,
por lo que en atención a razones de celeridad y economía
procesal, remito a sus
consideraciones.
Sin perjuicio de ello, he de agregar
algunas consideraciones que considero necesario
formular respecto de las dos
cuestiones centrales sobre las que versan los agravios del recurrente, a
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05/06/2018
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NESTOR ALBERTO FASCIOLO, JUEZ DE CAMARA
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MARTIN LACLAU, JUEZ DE CAMARA
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saber: a) la inconstitucionalidad de
la nueva fórmula de movilidad en si misma; y b) su aplicación
retroactiva.
III.
En cuanto a la conformación mixta de
la nueva fórmula de movilidad del art. 32 de la
ley 24241, a partir de la
sustitución de su texto anterior dispuesta por el art. 1 de la ley 27426,
(resultado de un promedio conformado
en un 70% por las variaciones del Nivel General del Índice de
Precios al Consumidor Nacional
elaborado por el INDEC y un 30% por el coeficiente que surja de la
variación del RIPTE), destaco que la
misma guarda analogía con la pauta que en su momento fuera
adoptada por la mayoría de este
tribunal conformada por el recordado Dr. Roberto Wassner y el
suscripto en
miles de casos a partir de "Szczupak, Sofía Rebeca c/ Caja Nacional de
Previsión
de la
Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Reajustes por movilidad"
(sent. n° 54 del
16/8/89,
publicada en ED, 134-658); "Rodríguez, Camilo Valeriano c/ Caja Nacional
de
Previsión
de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Reajustes por
movilidad" (sent. n°
55 del
16/8/89, publicada en ED, 134-819; en JA, 1989-IV-279; en LT, Año XXXVII, n° 441,
págs.
701/55 y en TSS, To. XVII-1990-64); "Bastero, Benjamín c/ Caja Nacional de
Previsión
para el
Personal del Estado y Servicios Públicos s/ Reajustes por movilidad"
(sent. n° 56 del
16/8/89,
publicada en "Errepar", Doctrina Laboral, To.III, págs.437 y sgts. y
en ED, 136-118),
también
reiterada en la sentencia definitiva nro. 40090 del 29.7.93 recaída en la causa
21356/93
"Chocobar, Sixto Celestino c/Caja Nacional de Previsión para el Personal
del Estado
y
Servicios Públicos s/reajuste por movilidad".
En ellos se dispuso, a fin de
preservar el carácter “alimentario” y “sustitutivo” de las
prestaciones previsionales, aplicar
una movilidad que “refleje una adecuada proporcionalidad entre el
costo de vida y la evolución de las
remuneraciones del personal en actividad”, conformada por el
promedio mensual de las variaciones
surgidas de los “índices de salarios de peón industrial y de costo
de vida que elabora el Indec”.
IV.
Por otro lado, he de agregar que con
arreglo al art. 7 del C.C.C.N, “a partir de su
entrada en vigencia, las leyes se
aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes” y, según mi criterio,
eso es lo ocurrido con la ley 27426, en cuanto dispone la aplicación
de un nuevo índice de movilidad
trimestral a partir del 1º de marzo de 2018 (arts. 1 y 2).
En ese orden de cosas se ha dicho
que “La ley fija una fecha a partir de la cual
comienza su vigencia y deroga la
anterior, de manera que no hay conflicto de leyes. El problema son
los supuestos de hecho, es decir,
una relación jurídica que se ha cumplido bajo la vigencia de la ley
anterior, tiene efectos que se
prolongan en el tiempo y son regulados por la ley posterior…” (cfr.
Ricardo Luis Lorenzertti, “Código
Civil y Comercial de la Nación” comentado, T. I, Ed. Rubinzal-Culzoni
Editores, 2014, págs. 46 y 47).
Siguiendo con ese razonamiento cabe
sostener que las consecuencias de las
relaciones y situaciones jurídicas
existentes “que se constituyeron o se extinguieron cumpliendo los
requisitos de la ley anterior no son
alcanzadas por este efecto inmediato… y las que están en proceso
de constitución son alcanzadas por
la nueva ley” (ob. cit.).
Ahora bien, lo cierto es que de
conformidad con lo dispuesto por el art. 6 de la ley
26417, se sustituyó la cláusula de
movilidad regulada originalmente por el art. 32 de la ley 24241 por
el siguiente texto: “Las
prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17
de
la Ley 24.241 y sus modificatorias,
serán móviles. El índice de movilidad se obtendrá conforme la
fórmula que se aprueba en el Anexo
de la presente ley.”
Y el anexo referido, luego de
desarrollar la fórmula aplicable, concluye del siguiente
modo: “El ajuste de los haberes se
realizará semestralmente, aplicándose el valor de "m" para los
haberes que se devenguen en los
meses de marzo y septiembre. Para establecer la movilidad se
utilizará el valor de "m"
calculado conforme el siguiente detalle: enero-junio para el ajuste de
septiembre del mismo año y
julio-diciembre para el ajuste a aplicar en marzo del año siguiente.”
Fecha de firma:
05/06/2018
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NESTOR ALBERTO FASCIOLO, JUEZ DE CAMARA
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En atención a esas normas, cuya
validez constitucional no fue cuestionada por el
recurrente, cabe concluir que la
movilidad a otorgar semestralmente es el resultado de la
combinación de distintas variables
producidas en los semestres enero-junio y julio-diciembre, a
devengar y percibir sobre los
haberes de marzo y septiembre, por lo que no encuentro admisible
sostener la existencia de un
devengamiento mensual, como pretende el recurrente, para sustentar
que a la fecha de entrada en
vigencia de la ley 27426 ya había incorporado a su patrimonio el derecho
a la movilidad de la ley 26417,
siendo que aquella había sido sustituida por la ley cuestionada cuya
entrada en vigencia se produjo el
29.12.17, es decir, con anterioridad al 1º de marzo de 2018 (fecha
en que habría adquirido el derecho a
la referida movilidad) y al 31.12.17 (cierre del período
ponderable a los fines de que se
trata).
V.
Por otro lado, tampoco encuentro
acreditado que la aplicación de la ley 27426
produzca una quita confiscatoria en
el haber del actor, circunstancia relevante a tener en cuenta al
momento de resolver, pues deja
huérfana de sustento la violación del derecho de propiedad alegado
por la parte actora, aspecto a ser
considerado con prescindencia que de si la mentada ley se aplica “a
las consecuencias de las relaciones
y situaciones jurídicas existentes”, cuanto si se entendiera que la
misma tiene efectos retroactivos,
supuesto en el cual “no puede afectar derechos amparados por
garantías constitucionales” según el
ya citado art. 7 del C.C.C.N.
Es el propio demandante quien en
varios pasajes de su memorial cita al respecto,
precedentes tales como “Actis
Caporale” (C.S.J.N. 19.9.99), “Quiroga, Carlos Alberto” (C.S.J.N.
11.11.14) y otros en igual sentido,
llegando a admitir de manera expresa que con arreglo a la doctrina
del Máximo Tribunal “…solo
se considera razonable toda quita que no supere el 15% del haber
calculado
conforme a las pautas de esta sentencia, como una contribución solidaria a la
seguridad
social
de quienes tienen mayor capacidad económica…” (SIC, resaltado
incluido, fs. 171 vta.,
segundo párrafo).
Bajo esa premisa habré de abordar el
test de confiscatoriedad, teniendo en cuenta
que según el recibo del fs. 5
correspondiente a haberes del período 11/17, el actor percibió la suma
de $33.181,35 por PBU/PC/PAP.
Dando por válido que -según los
dichos del propio demandante- de acuerdo a la ley
26417, en marzo de 2018 su beneficio
se habría incrementado en un 14.60%, la prestación habría
alcanzado un haber mensual de
$38.140,41 para el período marzo/agosto de 2018.
Tomando como punto de partida el
mismo haber de $ 33.181,35, en virtud de la ley
27426, las Res. S.S.S. E-2/18 y 6/18
y las Res. ANSeS 28/18 y 88/18, la movilidad aplicable en los
haberes de marzo y junio del año en
curso es del 5,71% y del 5,69%, acumulativamente, de manera
que el haber de marzo ascendió a la
suma de $ 35.181,71 y el de junio a $ 37.183,54.
El cotejo del haber mensual que
resulta de la aplicación de la ley 27426 de $
35.181,71 para los meses de marzo,
abril y mayo, alcanza al 92,24% del de $ 38.140,14 que arrojaría
la ley 26417, en tanto que el de los
meses de junio, julio y agosto de $ 37.183,54 equivale al 97,487%
del de $ 38.140,14, antes aludido.
Evidentemente, en las dos hipótesis,
las mermas verificadas del 7,76% y del 2,51% no
alcanzan la entidad confiscatoria
pretendida por el demandante bajo los parámetros invocados por el
propio recurrente.
Por lo que vengo de exponer y de
conformidad con lo opinado por el Ministerio
Público a fs. 179/181, mediante
dictamen del que se acompañará copia con la notificación a librar,
propongo rechazar el recurso
deducido. Costas por su orden en atención a las particularidades del
caso (art. 17 de la ley 16986 y 68,
segundo párrafo, del CPCCN.). Naf.
Por lo
que resulta del acuerdo de la mayoría, y oído el Ministerio Público, el
Tribunal
RESUELVE : confirmar el
pronunciamiento materia del presente recurso en cuanto no hace lugar a la
inconstitucionalidad de los arts. 1
y concordantes de la Ley 27.426, y revocarlo con relación al art.2
del referido cuerpo legal, cuya
inconstitucionalidad se declara en cuanto establece que el mismo es
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Firmado por:
NESTOR ALBERTO FASCIOLO, JUEZ DE CAMARA
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por: JAVIER BENITO PICONE, SECRETARIO DE CAMARA
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- N de R La Misère Porc:
- Mil disculpas por no poder transcribir correctamente, desde el archivo PDF.
Muchas gracias al envío de NUESTRO AMIGO, O.M.
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