ECONOMÍA
20/02/2020 - 17:18
El costo de vida
El Gobierno confirmó que habrá subas de tarifas en junio: dicen que ya hay retrasos de entre 40% y 50% en gas y luz.
Según las empresas, en la Ciudad y el GBA no cubren sus costos y empiezan a generar deuda con el Estado por su incapacidad para pagar insumos clave.
Aunque estaba previsto que el congelamiento durara 6 meses, la confirmación del jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, sobre esa fecha de vencimiento trajo algo de alivio a las distribuidoras de gas y luz. En esas empresas hablan de un atraso de entre 40% y 50% con respecto a los importes necesarios para poder pagar sus costos.
La tarifa de luz no aumenta desde febrero del año pasado, y la de gas, desde abril. La inflación desde ese momento supera el 50% para distribución eléctrica y bordea el 40% para las compañías que llevan a gas a hogares e industrias.
Tanto los costos de luz como de gas están en dólares. Aunque el Gobierno barajó la idea de "pesificarlos", lo que hubo hasta ahora es una conversión a pesos de costos que están en dólares, pero sin una reducción significativa. En generación eléctrica, por ejemplo, los costos vienen escalando, pero lo que pueden pagar las distribuidoras está estancado.
Esa distorsión -costos en alza atados al dólar, pero ingresos fijos en pesos- empieza a hacer mella en las cuentas públicas. Cammesa es la empresa mayorista del sistema eléctrico y con control estatal. Se encarga de pagarle a las generadoras eléctricas. Desde hace meses, cobra vez menos de las distribuidoras y también les abona menos a las generadoras.
Aunque se dice que hay una reforma en ciernes, para bajar un poco los costos, la deuda de Cammesa ya está bordeando los $ 100.000 millones. La compañía no logra cobrarle a las distribuidoras. Estas argumentan que sin ingresos no pueden afrontar los pagos de la energía que consumen.
La situación también está complicando a las distribuidoras de gas, pero en menor medida. El gas se comercializa en dólares. En verano, por ahora, sobra gas y la demanda cae mucho. Pero, desde abril, el precio del gas sube, la demanda aumenta y allí habrá un descalabro: algunas de las partes no podrá pagar y eso complicará a toda la cadena.
El kirchnerismo ya pasó por estas situaciones. Para no convalidar precios de gas en dólares para productores locales, recurrió a las importaciones. Ese procedimiento fue más costoso, complejo, con acusaciones de corrupción y frenó el desarrollo local. El elenco actual dice que esa lección ya se aprendió. Que no repetirán viejos esquemas. De ahí que aceptan que habrá que hacer algo con las tarifas para que la producción local siga teniendo actividad.
El dilema del Gobierno es como ir en contra de sus promesas de campaña (de no aumentar las tarifas), mientras tiene que cuidar las cuentas fiscales, comprometidas y sin mucho margen para generar déficit fiscal.
En el Gobierno conviven diferentes visiones sobre cómo encarar los próximos pasos. Hay sectores que responden a Alberto Fernández y otros que se referencian en Cristina Fernández de Kirchner. Las indefiniciones provocan que algunos puestos claves estén desocupados. El Gobierno decidió intervenir en el Enargas (ente regulador del gas), pero aún no nombró a un nuevo titular.
Habría algunos avances en torno al Enre, que es el regulador de la electricidad.
Como el resto de la economía, la energía está pendiente de una resolución sobre el tema de la deuda. El escenario financiero de las empresas del sector puede despejarse si ese problema está solucionado. La industria requiere miles de millones de dólares, que llegarán si la Argentina alcanza cierto orden macroeconómico.
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