abril 4, 2014
Está claro que el Código Penal argentino, que tiene cerca de cien
años de vigencia, califica de tentativa la acción del motochorro que en
la Plaza Armenia le robó el reloj a la turista y fue detenido por un
policía y el actor Gerardo Romano. La decisión del juez Facundo Cubas es
acorde a derecho, ya que la tentativa fue incorporada a nuestra
legislación penal por la teoría liberal de Jiménez de Asúa. Pero el
sentido común de la opinión pública no entiende esta distinción que
establece nuestro código sobre la disposición del objeto robado al ser
detenido antes de huir.
Pero la ola de inseguridad que tiene en vilo a la ciudadanía no es comprendida por la corporación judicial, ya que desde la Corte Suprema y por boca de Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco amenazan a la población señalando que un linchamiento que tenga como consecuencia una muerte es homicidio agravado por alevosía con penas de hasta treinta años. Obviamente los ministros de la Corte Suprema quieren impedir que esta conducta social se generalice pero la sentencia de acuerdo a derecho del juez Cubas cayó como un balde de agua fría en la opinión pública y la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires también advirtió seriamente contra los linchamientos y con razón. Sin embargo, la justicia bonaerense está muy cuestionada por las libertades que otorga continuamente a delincuentes que aún no han sido condenados pero son un peligro para la sociedad.
La corporación judicial que enfrentó al cristinismo por la reforma judicial ahora vive una pax romana con él por el apoyo de La Cámpora a la fórmula de la corporación judicial en el Consejo de la Magistratura. Éste administra el presupuesto de altos sueldos que ganan jueces y fiscales, muchos de ellos beneficiados también con custodia policial que no tiene le ciudadano de a pie. No obstante, la existencia de este pacto no deja de responsabilizar a los jueces sobre la inseguridad ciudadana, ya que antes el gobierno decía que era una sensación y ahora que reconoce que es una realidad y por boca de Sergio Berni, les traslada la responsabilidad a los jueces. Pero los linchamientos de estos días hicieron que la opinión pública coloque como únicos responsables a los magistrados y a las policías en segundo lugar. De ahí la justa reacción de los magistrados que declaran que ellos sólo hacen cumplir la ley y, si quieren leyes más blandas o más duras como requiere la mayoría, son los políticos a través de los senadores y diputados quienes deben modificarlas. Y tienen razón pero la opinión pública, ante la ola de crímenes sin freno, está muy demandante y pone el ojo en la actuación de los jueces y éstos no deben enojarse y mucho menos amenazar a la opinión pública que quiere justicia por mano propia.
En realidad, los magistrados deben llamar a la serenidad a la gente y no querer imponer el terror de que serán juzgados por homicidio por alevosía en los casos de linchamientos. Así las cosas, esta sociedad está fracturada por once años de kirchnerismo, que dividió a la sociedad, negó la inseguridad y se confió en las cosechas de soja para que la gente, contenta con la economía, se olvidara de todo, incluso de la inseguridad. Pero ahora el tema explotó.
Pero la ola de inseguridad que tiene en vilo a la ciudadanía no es comprendida por la corporación judicial, ya que desde la Corte Suprema y por boca de Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco amenazan a la población señalando que un linchamiento que tenga como consecuencia una muerte es homicidio agravado por alevosía con penas de hasta treinta años. Obviamente los ministros de la Corte Suprema quieren impedir que esta conducta social se generalice pero la sentencia de acuerdo a derecho del juez Cubas cayó como un balde de agua fría en la opinión pública y la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires también advirtió seriamente contra los linchamientos y con razón. Sin embargo, la justicia bonaerense está muy cuestionada por las libertades que otorga continuamente a delincuentes que aún no han sido condenados pero son un peligro para la sociedad.
La defensa de los jueces
Cuando la comisión de juristas convocados por la presidente concluyó en una reforma al Código Penal, la misma fue considerada abolicionista por Sergio Massa y como innecesaria en estos momentos por radicales, socialistas y el PRO. Éstos, sin duda, se equivocaron, ya que una amplia reforma penal es un requerimiento inmediato de la sociedad civil, pero en un sentido contrario a las conclusiones de la comisión de juristas. Los reclamos de la opinión pública están más cerca de la tolerancia cero que propone Massa que de la reforma abolicionista que propuso la comisión, aunque ellos la consideren meramente garantista.
La corporación judicial que enfrentó al cristinismo por la reforma judicial ahora vive una pax romana con él por el apoyo de La Cámpora a la fórmula de la corporación judicial en el Consejo de la Magistratura. Éste administra el presupuesto de altos sueldos que ganan jueces y fiscales, muchos de ellos beneficiados también con custodia policial que no tiene le ciudadano de a pie. No obstante, la existencia de este pacto no deja de responsabilizar a los jueces sobre la inseguridad ciudadana, ya que antes el gobierno decía que era una sensación y ahora que reconoce que es una realidad y por boca de Sergio Berni, les traslada la responsabilidad a los jueces. Pero los linchamientos de estos días hicieron que la opinión pública coloque como únicos responsables a los magistrados y a las policías en segundo lugar. De ahí la justa reacción de los magistrados que declaran que ellos sólo hacen cumplir la ley y, si quieren leyes más blandas o más duras como requiere la mayoría, son los políticos a través de los senadores y diputados quienes deben modificarlas. Y tienen razón pero la opinión pública, ante la ola de crímenes sin freno, está muy demandante y pone el ojo en la actuación de los jueces y éstos no deben enojarse y mucho menos amenazar a la opinión pública que quiere justicia por mano propia.
En realidad, los magistrados deben llamar a la serenidad a la gente y no querer imponer el terror de que serán juzgados por homicidio por alevosía en los casos de linchamientos. Así las cosas, esta sociedad está fracturada por once años de kirchnerismo, que dividió a la sociedad, negó la inseguridad y se confió en las cosechas de soja para que la gente, contenta con la economía, se olvidara de todo, incluso de la inseguridad. Pero ahora el tema explotó.
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