febrero 7, 2014
El pedido del fiscal Jorge Di Lello de indagatoria del Vicepresidente
Amado Boudou, más allá de sus relativas consecuencias procesales en lo
inmediato, abre un capítulo político nuevo. Para un gobierno acorralado
por la escalada inflacionaria y del dólar, la perspectiva del
procesamiento de su vicepresidente es tal vez la mejor cortina de humo
que tiene a mano. El 10 de abril del 2012, Boudou, acorralado por
primera vez por el caso Ciccone, pidió que la Justicia investigara al
estudio fundado por el procurador general, Esteban Righi, por un
aparente tráfico de influencias, y al presidente de la Bolsa de
Comercio, Adelmo Gabbi, por un supuesto ofrecimiento de dinero para que
favoreciera a la firma Boldt.
De hecho, el vicepresidente se llevó puesto al entonces Procurador General y dejó en claro que no aceptaba ser el chivo emisario de la corrupción oficial. A partir de este episodio, sus relaciones con CFK fueron tensas y ésta lo protegió en los hechos pero jamás volvió a elogiarlo. Anteayer, el periodista Marcelo Bonelli dio por sentado que la presidente estaba dispuesta a entregarlo a Boudou a manos de la justicia. Si el pedido de indagatoria de Di Lello prospera y se le suman otros hechos, la situación de Boudou podría convertirse en el centro de la escena política nacional. Es que seguramente sectores de la oposición -y tal vez algunos disidentes- presentarían un pedido de juicio político que no prosperaría al no reunir los dos tercios de los votos.
Pero más allá de esto, Boudou, que ya hoy carece de poder en el Senado, podría convertirse en una figura simbólica, pasando la batuta del Senado a un presidente provisional con peso propio, como Gerardo Zamora, el ex gobernador de Santiago que se proyecta como candidato a vicepresidente de un futuro presidenciable kirchnerista. Hoy por hoy, con la potenciación del escándalo del vicepresidente, CFK consigue un éxito. Se trata de un escándalo que puede colocar en segundo plano, al menos por algunos días, la evaporación de las reservas del Banco Central y la cabalgata inflacionaria.
También el agravamiento de la situación de Boudou le serviría al gobierno para disciplinar a su tropa. Si el vicepresidente puede llegar a caer bajo el peso de la justicia, ¿qué les puede esperar al resto de los funcionarios sospechados por la justicia? De algún modo, la presidente bien puede estar enviándole un claro mensaje a sus tropas: “o nos salvamos todos o no se salva ninguno”.
Al ex Secretario de Transporte se lo investiga porque los bienes que consiguió mientras fue secretario de Transporte del kirchnerismo son injustificables. Se lo investiga en el caso de la Tragedia de Once por no haber controlado a Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa que explotaba el ferrocarril Sarmiento. Está pendiente de ir a juicio oral, porque se descubrió que el dueño de la Terminal de ómnibus de Retiro le pagaba el alquiler de su departamento cuando él, como funcionario público, debía supervisar cómo se cumplía el contrato. También está sospechado por la compra de trenes españoles casi en desuso que costaron millones de euros y no sirven casi para nada. La lista de sospechas sobre Jaime sigue pero, increíblemente, sólo hubo una orden de captura que quedó sin efecto a las pocas horas.
Nada parece indicar que Boudou acepte menos que esto, o sea, subsistir a la sombra de una evidente protección política. La gran diferencia con Jaime es su condición de funcionario electo. A varios de sus allegados les confesó que jamás renunciará. Si lo hiciera, sus posibilidades de terminar preso serían mucho mayores.
De hecho, el vicepresidente se llevó puesto al entonces Procurador General y dejó en claro que no aceptaba ser el chivo emisario de la corrupción oficial. A partir de este episodio, sus relaciones con CFK fueron tensas y ésta lo protegió en los hechos pero jamás volvió a elogiarlo. Anteayer, el periodista Marcelo Bonelli dio por sentado que la presidente estaba dispuesta a entregarlo a Boudou a manos de la justicia. Si el pedido de indagatoria de Di Lello prospera y se le suman otros hechos, la situación de Boudou podría convertirse en el centro de la escena política nacional. Es que seguramente sectores de la oposición -y tal vez algunos disidentes- presentarían un pedido de juicio político que no prosperaría al no reunir los dos tercios de los votos.
Pero más allá de esto, Boudou, que ya hoy carece de poder en el Senado, podría convertirse en una figura simbólica, pasando la batuta del Senado a un presidente provisional con peso propio, como Gerardo Zamora, el ex gobernador de Santiago que se proyecta como candidato a vicepresidente de un futuro presidenciable kirchnerista. Hoy por hoy, con la potenciación del escándalo del vicepresidente, CFK consigue un éxito. Se trata de un escándalo que puede colocar en segundo plano, al menos por algunos días, la evaporación de las reservas del Banco Central y la cabalgata inflacionaria.
También el agravamiento de la situación de Boudou le serviría al gobierno para disciplinar a su tropa. Si el vicepresidente puede llegar a caer bajo el peso de la justicia, ¿qué les puede esperar al resto de los funcionarios sospechados por la justicia? De algún modo, la presidente bien puede estar enviándole un claro mensaje a sus tropas: “o nos salvamos todos o no se salva ninguno”.
Vidas paralelas
Según una interpretación que ayer trascendió en la Casa Rosada, Boudou podría convertirse en el nuevo Ricardo Jaime. O sea que quedaría procesado pero no detenido, caminando por una angosta cornisa.
Al ex Secretario de Transporte se lo investiga porque los bienes que consiguió mientras fue secretario de Transporte del kirchnerismo son injustificables. Se lo investiga en el caso de la Tragedia de Once por no haber controlado a Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa que explotaba el ferrocarril Sarmiento. Está pendiente de ir a juicio oral, porque se descubrió que el dueño de la Terminal de ómnibus de Retiro le pagaba el alquiler de su departamento cuando él, como funcionario público, debía supervisar cómo se cumplía el contrato. También está sospechado por la compra de trenes españoles casi en desuso que costaron millones de euros y no sirven casi para nada. La lista de sospechas sobre Jaime sigue pero, increíblemente, sólo hubo una orden de captura que quedó sin efecto a las pocas horas.
Nada parece indicar que Boudou acepte menos que esto, o sea, subsistir a la sombra de una evidente protección política. La gran diferencia con Jaime es su condición de funcionario electo. A varios de sus allegados les confesó que jamás renunciará. Si lo hiciera, sus posibilidades de terminar preso serían mucho mayores.
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