La presidente se ocupa personalmente todos los días de su futuro
judicial y en parte por eso decidió un cambio de política económica que
conlleva un intento de acercarse a los mercados voluntarios de crédito.
Así lo señaló el colega Carlos Pagni en su columna del lunes pasado en La Nación.
Señaló que la suspensión del fiscal José María Campagnoli obedecía a
los avances que éste hizo en la investigación sobre Lázaro Báez pero
principalmente en el descubrimiento del alquiler masivo de las
habitaciones de sus hoteles a Lázaro Báez. Algunos de los recibos fueron
firmados por Máximo y Florencia Kirchner, hechos jurídicos que no
fueron incluidos en las declaraciones juradas del 2010 que fueron motivo
de un sobreseimiento definitivo del juez Norberto Oyarbide sobre las
presentaciones del año 2011 y anteriores.
En efecto, en tribunales algunos jueces de varios fueros que la pasaron mal en estos últimos años se pusieron a estudiar minuciosamente ese sobreseimiento y el citado magistrado en su sentencia dice que hace la salvedad sobre pruebas que se podrían presentar en un futuro.
Pero fundamentalmente esas sumas están destinadas a parar las investigaciones sobre Báez con el objetivo de evitar un procesamiento del empresario que termine salpicando a la presidente y sus dos hijos. De ahí la necesidad de ganar tiempo pagando los costos políticos que sean necesarios para encarrilar la economía y llegar, aunque sea con la lengua afuera, al 2015, como dijo el gobernador Juan Manuel Urtubey. La idea sería, en el tiempo que falta, hacer desaparecer las pruebas que incriminan a Máximo y Florencia Kirchner como partícipes necesarios de delitos contra la administración pública cometidos también por su madre, la presidente de la Nación. Ninguno de los dos hijos son funcionarios públicos pero algún representante de la sucesión de Kirchner tenía que firmar los recibos de los insólitos alquileres que pagaba Báez por decenas de habitaciones que nunca ocupaba y que podían configurar varios delitos.
A tal efecto, el proyecto de reforma del citado código incluiría unos artículos destinados a zafar la responsabilidad penal de la presidente y de los que pocos se están ocupando, porque el proyecto en cuestión contiene graves modificaciones que preocupan a la opinión pública en relación a la inseguridad. Como el foco está puesto en esa temática, se facilita así el “contrabando” de artículos hábilmente introducidos para trabar futuras investigaciones.
En efecto, en tribunales algunos jueces de varios fueros que la pasaron mal en estos últimos años se pusieron a estudiar minuciosamente ese sobreseimiento y el citado magistrado en su sentencia dice que hace la salvedad sobre pruebas que se podrían presentar en un futuro.
Con final abierto
Esta resolución se lava las manos acerca de un posible juzgamiento en caso de que ese sobreseimiento sea declarado como “cosa juzgada írrita”, o sea, se pone a cubierto de la posibilidad de que se reabra una investigación ya que dejó la puerta abierta para una posible revisión de la medida en cuestión. Los elementos de prueba nuevos serían esos “alquileres olvidados” en la declaración jurada que Lázaro Báez pagaba por dos hoteles de propiedad del matrimonio presidencial y que implicaría gravemente a todos los sucesores de Néstor Kirchner, o sea, la presidente y sus dos hijos. De ahí la separación de Campagnoli y el “parate judicial” en la investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello. Fuentes seguras de tribunales señalan que el Ministro de Planificación Federal Julio de Vido está “derramando” importantes sumas de varios ceros de la moneda norteamericana para estae tranquilo después del 2015, ya que su situación es altamente comprometida.
Pero fundamentalmente esas sumas están destinadas a parar las investigaciones sobre Báez con el objetivo de evitar un procesamiento del empresario que termine salpicando a la presidente y sus dos hijos. De ahí la necesidad de ganar tiempo pagando los costos políticos que sean necesarios para encarrilar la economía y llegar, aunque sea con la lengua afuera, al 2015, como dijo el gobernador Juan Manuel Urtubey. La idea sería, en el tiempo que falta, hacer desaparecer las pruebas que incriminan a Máximo y Florencia Kirchner como partícipes necesarios de delitos contra la administración pública cometidos también por su madre, la presidente de la Nación. Ninguno de los dos hijos son funcionarios públicos pero algún representante de la sucesión de Kirchner tenía que firmar los recibos de los insólitos alquileres que pagaba Báez por decenas de habitaciones que nunca ocupaba y que podían configurar varios delitos.
A tal efecto, el proyecto de reforma del citado código incluiría unos artículos destinados a zafar la responsabilidad penal de la presidente y de los que pocos se están ocupando, porque el proyecto en cuestión contiene graves modificaciones que preocupan a la opinión pública en relación a la inseguridad. Como el foco está puesto en esa temática, se facilita así el “contrabando” de artículos hábilmente introducidos para trabar futuras investigaciones.
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