La Justicia rechazó el amparo colectivo contra la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria

03/03/2020 - 10:47

Apelarán ante la Corte
La Justicia rechazó el amparo colectivo contra la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria

La jueza Silvia Saino determinó que cada afectado deberá impulsar su juicio de manera individual. La Defensoría de la Tercera Edad presentará un per saltum.

Protesta de jubilados frente al Congreso de la Nación.
(Federico Imas)

  Ismael Bermúdez



La Justicia rechazó este martes la demanda colectiva que se había presentado por la presunta inconstitucionalidad de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria.

El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9, a cargo de la jueza Silvia Saino, rechazó el amparo colectivo auspiciado por la Defensoría de la Tercera Edad por el achatamiento de las jubilaciones, pero aceptó que cada jubilado o pensionado haga su propio reclamo.

En los fundamentos, la jueza si bien reconoce que la fórmula de movilidad suspendida, a partir de marzo, era del 11,56%, sostiene que no hay "situaciones homogéneas" y que por lo tanto, hay que analizar caso por caso para tomar una determinación.

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, y los abogados que patrocinaron el amparo, adelantaron que apelarán la resolución de la magistrada ante la Cámara de la Seguridad Social -y de no ser favorable-, recurrirán por el per saltum directamente a la Corte Suprema de Justicia.

​Según la resolución de la jueza Saino, originalmente la movilidad estableció un aumento del 11,56% a partir de marzo. En cambio, por el decreto presidencial el aumento del 2,3% más de 1.500 "implica que mientras el haber mínimo tendrá un incremento del 12,96% todos los beneficios mayores a $ 16.195 tendrán subas inferiores a dicho guarismo automático, llegando a que los que reciben los haberes máximos solo verán incrementados los mismos en un 3,75%".

En consecuencia, la Jueza sostiene que esa diferencia "excluye desde ya la posibilidad de la existencia de un conjunto homogéneo de afectados, pues únicamente podrían encontrarse legitimados para reclamar quienes hubieran visto sus haberes disminuidos en su movilidad (o sea los que perciben más de $ 16.195), y en la medida que dicho menoscabo supere el límite de confiscatoriedad establecido por la Corte Suprema, lo que resulta imposible de determinar en forma genérica".

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, le dijo a Clarin que van apelar la demanda porque no reconoce el amparo colectivo lo que llevaría a que 2,7 millones de jubilados y pensionados a hacer un reclamo individual, llevando al colapso de la justicia e impidiendo el acceso de muchos de ellos al reclamo por las dificultades para contratar abogados, pago de honorario, etc". La apelación se presentará ante la Cámara y de no tener respuesta favorable, se recurrirá "per saltum" a la Corte Suprema.

El abogado previsionalista, Adrián Tróccoli, patrocinador de la demanda, le dijo a este diario que "el fallo distingue la existencia del derecho a la cuantía de quita. Si esto fuera así, la Corte Suprema en 2018 no hubiera suspendido el aumento de las tarifas de gas. Claramente no todos pagábamos lo mismo de gas, no todos teníamos el mismo subsidio, ni siquiera todos tenemos gas".

"En cuanto al fondo si bien no se expidió, la jueza reconoció expresamente que el sistema “suspendido” determinó un 11,6% para marzo. Tenemos que resaltar que la Corte aplicó criterios simples en antecedentes de quita de movilidad e impuestos a las Ganancias, por lo tanto, ahora usar criterios restrictivos es irrazonable".

Finalmente, Tróccoli dijo que "es fundamental aclarar que el amparo sólo ataca el aumento de marzo, por lo que todas las causas pendientes por otros problemas (autónomos, actualización salarial, movilidad de los últimos años, ganancias, topes, etc.) no son cubiertos por la acción, que pretende salvaguardar el derecho de acceso a la justicia"

El mes pasado, el gobierno nacional dispuso un aumento para todos los jubilados de 2,3% más un fijo de 1.500 pesos y en su presentación, la Defensoría había argumentado que mientras que para los que cobran la mínima implica un incremento, para los que perciben por encima de ese monto significa una pérdida de ingresos respecto del anterior cálculo jubilatorio.

Cuando anunció el nuevo aumento, el presidente Alberto Fernández​ lo presentó como un nuevo esquema “solidario” que favorece a los jubilados que menos cobran frente a los que más ganan. En rigor, según cálculos técnicos, el Gobierno ajustaría el gasto en jubilaciones en unos $5.100 millones cada mes, y la cifra podría crecer hasta los $100.000 millones en todo 2020 si se repite el achatamiento en junio.