29/02/2020
Estafa a gran escala… otra vez se meten con los jubilados
Nos siguen pegando abajo
Por CARTA DE LECTORES
Oportunamente tuve la posibilidad de realizar una critica al llamado Programa de Reparación Histórica del gobierno anterior por su condimento extorsivo. Ello al no solicitarla expresamente y luego amenazar con retirar el adicional pagado sin acuerdo previo y cancelarlo luego por los mismos motivos cuando ello configura una aceptación tácita de que el haber estaba mal liquidado en su origen, que la presunta diferencia ofrecida no se correspondía con la realidad y que una vez abonado cualquier importe por decisión unilateral de la Administración no se puede descontar a posterior.
A todo esto le siguió una nueva formula de movilidad mal aplicada en su fecha de vigencia y que significo un virtual despojo de un trimestre completo. Este somero recordatorio es a los efectos de aclarar que tras estas lineas no hay con respecto a este tema ningún sesgo ideológico, con independencia que quien esto escribe naturalmente tiene una posición política fundamentada y asumida desde siempre.
A renglón siguiente entonces, y con la pertinente aclaración anterior, me permito calificar a esta estafa que perpetra el nuevo gobierno del Frente de Todos de verdadera infamia.
Es la única calificación que cabe a esta monumental expoliación de haberes jubilatorios sobre todo a quienes han aportado entre 30 y 40 años al sistema que tuvo a través del tiempo sucesivos cambios y fue una caja a la que recurrieron casi todos los gobiernos con mayor o menor intensidad.
La vigente Ley 24241 sancionada en 1993 sobre la que no haremos mayores comentarios en este momento salvo que introdujo un primer desfalco porque estableció el promedio de las ultimas 120 remuneraciones en lugar del establecido por las Leyes 18037 y 18038 tuvo como acompañante la 24463 que ya en su momento se la califico como Ley de Solidaridad Previsional (el abuso de la terminología abruma por el cinismo) y que no significaba otra cosa que se repartía lo que había con independencia de los haberes que correspondían por los años aportados con el agravante que ese momento coincidió en la gestión menemista con una enorme cantidad de gente que precisamente por la sanción de la Ley de Reforma del Estado, que tuvo un costo social enorme con independencia del debate sobre el tamaño de la Administración, abordaron distintos emprendimientos. Muchos de ellos dejaron de aportar como autónomos, desfinanció paulatinamente el sistema de reparto y a posterior impulso las moratorias conocidas, en algunos casos reparadoras y en otras absolutamente injustificadas, es decir, fueron planes encubiertos sin ninguna contraprestación y pagadas en 60 meses a valores históricos en un país con una inflación incontrolable.
Todos saben, incluyendo el presidente, los legisladores y naturalmente el Poder Judicial de la Nación que la nueva medida es absolutamente inconstitucional porque vulnera derechos adquiridos, principios de no regresividad garantizados e incluso consagrados en los Pactos Internacionales de DDHH suscriptos por el gobierno democrático de 1983, no antes ni después. El periodo devengado con la formula anterior que resulta en un 11,56% a partir del 1 de marzo debe aplicarse fuera de toda duda por las razones expuestas más el inquebrantable principio de raigambre constitucional de irretroactividad de las leyes que se sancionan.
Esta actualización es independiente de que la situación amerite un intenso debate para establecer una nueva formula de movilidad sin dejar de lado que el achatamiento de la pirámide una vez más como se hizo en el 2002 es de una perversión injustificable.
Nadie ignora que las prestaciones mínimas son ridículas con independencia de la presencia de aportes o no y que merecen una atención perentoria de la Administración, pero de ningún modo el abordaje del tema debe hacerse en perjuicio de los que estuvieron toda una vida conforme a derecho. Es decir, no debe en ningún caso, establecerse nuevos derechos fundamentados, vulnerando los adquiridos por otro colectivo ciudadano.
Asombra la hipocresía y el cinismo del actual gobierno y su funcionariato, tratando de impulsar una reforma constitucional cuando ni siquiera respetan la vigente.
Repito, infamia descomunal ….! Si Juan Bautista Alberdi viviera su desconsuelo no tendría limites.
Oportunamente tuve la posibilidad de realizar una critica al llamado Programa de Reparación Histórica del gobierno anterior por su condimento extorsivo. Ello al no solicitarla expresamente y luego amenazar con retirar el adicional pagado sin acuerdo previo y cancelarlo luego por los mismos motivos cuando ello configura una aceptación tácita de que el haber estaba mal liquidado en su origen, que la presunta diferencia ofrecida no se correspondía con la realidad y que una vez abonado cualquier importe por decisión unilateral de la Administración no se puede descontar a posterior.
A todo esto le siguió una nueva formula de movilidad mal aplicada en su fecha de vigencia y que significo un virtual despojo de un trimestre completo. Este somero recordatorio es a los efectos de aclarar que tras estas lineas no hay con respecto a este tema ningún sesgo ideológico, con independencia que quien esto escribe naturalmente tiene una posición política fundamentada y asumida desde siempre.
A renglón siguiente entonces, y con la pertinente aclaración anterior, me permito calificar a esta estafa que perpetra el nuevo gobierno del Frente de Todos de verdadera infamia.
Es la única calificación que cabe a esta monumental expoliación de haberes jubilatorios sobre todo a quienes han aportado entre 30 y 40 años al sistema que tuvo a través del tiempo sucesivos cambios y fue una caja a la que recurrieron casi todos los gobiernos con mayor o menor intensidad.
La vigente Ley 24241 sancionada en 1993 sobre la que no haremos mayores comentarios en este momento salvo que introdujo un primer desfalco porque estableció el promedio de las ultimas 120 remuneraciones en lugar del establecido por las Leyes 18037 y 18038 tuvo como acompañante la 24463 que ya en su momento se la califico como Ley de Solidaridad Previsional (el abuso de la terminología abruma por el cinismo) y que no significaba otra cosa que se repartía lo que había con independencia de los haberes que correspondían por los años aportados con el agravante que ese momento coincidió en la gestión menemista con una enorme cantidad de gente que precisamente por la sanción de la Ley de Reforma del Estado, que tuvo un costo social enorme con independencia del debate sobre el tamaño de la Administración, abordaron distintos emprendimientos. Muchos de ellos dejaron de aportar como autónomos, desfinanció paulatinamente el sistema de reparto y a posterior impulso las moratorias conocidas, en algunos casos reparadoras y en otras absolutamente injustificadas, es decir, fueron planes encubiertos sin ninguna contraprestación y pagadas en 60 meses a valores históricos en un país con una inflación incontrolable.
Todos saben, incluyendo el presidente, los legisladores y naturalmente el Poder Judicial de la Nación que la nueva medida es absolutamente inconstitucional porque vulnera derechos adquiridos, principios de no regresividad garantizados e incluso consagrados en los Pactos Internacionales de DDHH suscriptos por el gobierno democrático de 1983, no antes ni después. El periodo devengado con la formula anterior que resulta en un 11,56% a partir del 1 de marzo debe aplicarse fuera de toda duda por las razones expuestas más el inquebrantable principio de raigambre constitucional de irretroactividad de las leyes que se sancionan.
Esta actualización es independiente de que la situación amerite un intenso debate para establecer una nueva formula de movilidad sin dejar de lado que el achatamiento de la pirámide una vez más como se hizo en el 2002 es de una perversión injustificable.
Nadie ignora que las prestaciones mínimas son ridículas con independencia de la presencia de aportes o no y que merecen una atención perentoria de la Administración, pero de ningún modo el abordaje del tema debe hacerse en perjuicio de los que estuvieron toda una vida conforme a derecho. Es decir, no debe en ningún caso, establecerse nuevos derechos fundamentados, vulnerando los adquiridos por otro colectivo ciudadano.
Asombra la hipocresía y el cinismo del actual gobierno y su funcionariato, tratando de impulsar una reforma constitucional cuando ni siquiera respetan la vigente.
Repito, infamia descomunal ….! Si Juan Bautista Alberdi viviera su desconsuelo no tendría limites.
José Maria Ermida
DNI 7.781.146
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