Alberto Fernández disparó una metralla de medidas para dinamitar la justicia federal

01/03/2020 - 14:45

Alberto Fernández disparó una metralla de medidas para dinamitar la justicia federal


Sin autocríticas y en medio de chicanas, el presidente prometió cambios profundos e interesantes, que requerirán de acuerdos con la oposición. Si avanza a fondo con ellos, el kirchnerismo los resistirá.



El presidente Alberto Fernández, antes de
comenzar su discurso de apertura de las
sesiones ordinarias del Congreso. Foto: AFP





  Claudio Savoia




La paupérrima consideración social respecto al desempeño del Poder Judicial ni siquiera admite reparos intramuros de los juzgados. El abnegado trabajo de cientos de magistrados en todo el país queda así bajo la sombra de los escándalos que desde hace años regala el puñado de sus poderosos colegas que deberían juzgar la corrupción de los funcionarios públicos. En esa tierra sedienta de cambios echó su semilla el presidente Fernández este domingo, con una prolongada metralla de medidas ambiciosas y complejas cuya implementación requerirá de una espalda política mucho más amplia de la que exhibe hoy el oficialismo.

Con énfasis y casi enojo, el presidente mixturó diagnósticos indiscutibles con recetas en cuya futura cocción estará la llave del éxito: se sabe, el diablo está en los detalles. "Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependiente de poderes inconfesables de cualquier naturaleza", dijo con sensatez.

Pero en esa frase se concentra el nudo del drama político que desgarra los vínculos entre los jueces y el gobierno, el oficialismo y la oposición y, sobre todo, entre las distintas facciones del Frente de Todos, cuya tensión interna respecto a la cuestión judicial no sólo es evidente sino también creciente.

Para Cristina Kirchner y sus incondicionales dentro y fuera del poder, los tribunales se usaron para perseguir opositores. Por supuesto, sólo cuando ella estuvo de ese lado del mostrador. Para otra porción enorme del país, la raíz del descrédito de los jueces está en la epidemia impunidad que casi sin excepciones asoló a la Argentina durante décadas. Tan puntuales son aquellas excepciones, que justamente en ellas estaría la prueba de una supuesta persecución: si aquí nadie paga su culpas, ¿por qué ahora quieren que lo hagan los míos?

Fernández busca una fórmula imposible para resolver esta ecuación. Intentó trazar una línea sobre el agua cuando se refirió a la "discrecionalidad judicial", y a "terminar para siempre con la manipulación de los sorteos que un grupo oligopólico de jueces federales ha permitido", que sólo habrían ocurrido desde el 10 de diciembre de 2015 y hasta su llegada al poder. Para desmentirlo, sólo bastaría recordar con el "bolillero caliente" que recurrentemente seleccionaba a Norberto Oyarbide para investigar causas molestas para el kirchnerismo, o la montaña de favores que jueces como Rodolfo Canicoba Corral, María Servini -íntima del presidente-, Jorge Ballestero y hasta el recientemente fallecido Claudio Bonadio -entre otros- le prodigaron al gobierno cuando Fernández era jefe de Gabinete y principal nexo con el Poder Judicial.


Por supuesto, aquella connivencia oscura entre jueces y funcionarios -que, recordemos. causó la salida del poder del entonces ministro de Justicia y ahora asesor estrella, Gustavo Béliz- empeoró sensiblemente cuando él se alejó del gobierno y llegaron a Comodoro Py magistrados muy controvertidos como Luis Rodrìguez, o se consagró una inédita militancia judicial oficialista con e nacimiento de la agrupación Justicia Legítima.

Aquellos pecados originales buscan ser expiados ahora con un torrente de medidas, muchas de las cuales suenan interesantes. La descollante es la ampliación del fuero federal porteño con la incorporación de los fueros penales que hasta ahora juzgan delitos en la ciudad de Buenos Aires. “De ese modo, los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados." El anuncio muestra el triunfo de Béliz sobre la ministra de Justicia Marcela Losardo, para quien el pasaje del sistema penal inquisitivo -bajo el cual los jueces investigan y juzgan- a uno acusatorio -en el que la investigación la hacen los fiscales- requiere de un fortalecimiento de la Procuración General y las fiscalías más que de la multiplicación de juzgados.

Pero Fernández también prometió acelerar ese cambio copernicano. No se escuchó, sin embargo, recoger la experiencia de las enormes dificultades diarias que esa modificación viene afrontando en las provincias de Jujuy y Salta, donde ya comenzó a implementarse. Tampoco cómo acordará la designación como procurador del ahora juez Daniel Rafecas con una oposición inflamada por la negativa de negociar cambios -ordenada por Máximo Kirchner- y la jugarreta de la semana pasada con Daniel Scioli en Diputados para votar el nuevo régimen jubilatorio de los jueces. A propósito, el presidente también deberá despejar las sospechas sobre la posible intención de sacarse de encima con un plumazo a cientos de jueces con esa reforma.

El discurso presidencial sumó más anuncios de enorme alcance, que también tocaron a la Corte Suprema de Justicia -se analizaría la cantidad y contenido de los recursos que el máximo tribunal podría recibir-, la "modernización" del Código Penal -cuya nueva versión está lista para ser votada desde hace más de un año-, cambios en el fuero Contencioso Administrativo Federal, y la prohibición por decreto para que los espías de las Agencia Federal de Inteligencia puedan ser convocados como auxiliares de la Justicia. Todos estas modificaciones, si se concretan y se sostienen, serán muy positivas para mejorar el servicio de justicia.

Para combatir la corrupción, el anuncio clave fue otro: “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, dijo Fernández. Si lograra limitar los tiempos para investigar y juzgar los delitos contra la administración pública, la transformación sí será profunda y quizás histórica. Con la misma energía, podría haber dicho que quienes le robaron al país desde el Estado como funcionarios o en connivencia con empresarios y sindicalistas irán a la cárcel y su desfalco será restituido a las arcas públicas. Pero esa parte faltó.

La agenda judicial anunciada por Alberto Fernández es tan interesante como ambiciosa. Será imposible concretarla -si quiera avanzar con ella- sin dejar de lado chicanas para acordarla con la oposición y al menos conversarla con los propios magistrados. Difícilmente Cristina permita algo de eso.