Ayer informamos
sobre el accidente automovilístico que se produjo en la avenida Santa
Fe y la calle Vidt con el novio brasileño del embajador suizo en la
Argentina, Johannes Matyassi. Éste no estaba al volante del auto que le
había asignado la embajada suiza y que chocó a un joven al que le
provocó heridas. Pero lo más grave es que el brasileño cercano al
embajador intentó escapar pero un taxista impidió su fuga, por lo cual
se inició un sumario y se dio intervención a la justicia.
En el primer momento, el embajador quiso darle una suma de dinero a la familia del joven atropellado, que se negó e inició una causa que está en trámite de mediación judicial, pero inexplicablemente demorada hace muchos meses. Como explicamos ayer, hay una disputa de jurisdicción, ya que el auto del embajador extranjero daría lugar a la competencia de la Corte Suprema de Justicia pero el juicio por indemnización iría al fuero civil. La palabra decisiva es de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, quien tiene cajoneado el expediente y se supone que si se da curso a la investigación judicial del caso, el embajador suizo seria cesanteado de inmediato por su gobierno por permitir a un extraño manejar un auto con chapa diplomática.
De ahí también se explicaría la demora de la Procuradora para así obtener alguna ventaja jurídica del embajador para que demorara la investigación de las cuentas suizas de Lázaro Báez y demás empresarios y funcionarios de alto nivel del cristinismo que están imputados por lavado de dinero proveniente de las coimas por la adjudicación de obras públicas sobrefacturadas, por la evasión impositiva o por cualquier instancia de sobornos.
A todo esto se agrega la confirmación de los conjueces adictos al gobierno en las Cámaras de Casación para alegar la impunidad de todos los funcionarios imputados por la justicia federal. También hay que agregar las fuertes sumas de dinero en dólares norteamericanos que un ministro de este gobierno les entrega a jueces del fuero federal para que sobresean o cajoneen deudas hasta llegar al año que viene y que haya una supuesta entrega transparente del gobierno.
En el primer momento, el embajador quiso darle una suma de dinero a la familia del joven atropellado, que se negó e inició una causa que está en trámite de mediación judicial, pero inexplicablemente demorada hace muchos meses. Como explicamos ayer, hay una disputa de jurisdicción, ya que el auto del embajador extranjero daría lugar a la competencia de la Corte Suprema de Justicia pero el juicio por indemnización iría al fuero civil. La palabra decisiva es de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, quien tiene cajoneado el expediente y se supone que si se da curso a la investigación judicial del caso, el embajador suizo seria cesanteado de inmediato por su gobierno por permitir a un extraño manejar un auto con chapa diplomática.
De ahí también se explicaría la demora de la Procuradora para así obtener alguna ventaja jurídica del embajador para que demorara la investigación de las cuentas suizas de Lázaro Báez y demás empresarios y funcionarios de alto nivel del cristinismo que están imputados por lavado de dinero proveniente de las coimas por la adjudicación de obras públicas sobrefacturadas, por la evasión impositiva o por cualquier instancia de sobornos.
Como siempre, Sbatella
De este modo, el gobierno, a través de José Sbatella, el titular de la UIF que no investiga las operaciones sospechosas que informan bancos argentinos y que esta próximo a ser confirmado por la presidente por cuatro años más, suma la impunidad del accidente que protagonizó el amigo del embajador suizo para demorar la investigación de las cuentas argentinas en ese país provenientes del gobierno más corrupto de la democracia argentina.
A todo esto se agrega la confirmación de los conjueces adictos al gobierno en las Cámaras de Casación para alegar la impunidad de todos los funcionarios imputados por la justicia federal. También hay que agregar las fuertes sumas de dinero en dólares norteamericanos que un ministro de este gobierno les entrega a jueces del fuero federal para que sobresean o cajoneen deudas hasta llegar al año que viene y que haya una supuesta entrega transparente del gobierno.
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