Hace más de un año, el embajador suizo en la Argentina, Johannes
Matyassy, manejaba su auto en compañía de su novio, un ciudadano
brasileño, y chocaron a un auto conducido por un joven. El citado
embajador intentó ocultar el accidente con el pago de una suma de dinero
pero la familia del joven no aceptó y le inició una demanda en la
justicia civil pidiendo una indemnización. Este pequeño juicio no sería
importante por sí solo, pero plantea un problema de jurisdicción, ya que
el caso es competencia original de la Corte Suprema, aunque sigue el
trámite de un juicio civil ordinario.
El caso es que el expediente iniciado por la familia está cajoneado por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, que no se pronuncia hace meses. Pero al mismo tiempo, el exhorto que mandó al ministerio público y la justicia suiza el juez federal Sebastián Casanello rebotó, porque no precisa qué delito antecedía al de lavado de dinero. Y el caso es que los suizos no aceptan la evasión tributaria como delito precedente al lavado.
De ahí que la nación helvética rechazara el exhorto donde se intentaba averiguar cómo Lázaro Báez exportó ilegalmente 60 millones de euros y después los repatrió con bonos de la deuda externa argentina, cuestión que descubrió el fiscal Juan José Campagnoli, al que ahora lo suspendieron, aunque hubo otro exhorto pedido por el fiscal federal Guillermo Marijuán.
El avance de esta causa es fundamental, ya que en las notas de La Nación de los periodistas Hugo Alconada Mon y Mariana Arias se demostró que Lázaro Báez y su empresa Austral alquilaban habitaciones que no usaban a los tres hoteles de la familia Kirchner, cuestión que el matrimonio presidencial y su sucesión no aclararon posteriormente y por los cuales obtuvieron un sobreseimiento definitivo en las denuncias de enriquecimiento ilícito del 2009, 2010 y 2011. Pero por esa omisión podrían ser considerados incursos en “cosa juzgada írrita”, es decir, de carácter fraudulento, o sea, susceptible de una anulación futura, dada la trascendencia pública de las revelaciones periodísticas que implicarían a la presidente de la Nación en maniobras de lavado de dinero, lo mismo a sus hijos Máximo y Florencia, que firmaban los recibos de los alquileres que pagaba Lázaro Báez y cuyas plazas hoteleras no utilizaba.
Ahora surge la sospecha de un encubrimiento de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó con el embajador suizo Matyassy para que no avance una causa menor pero que indica un comportamiento escandaloso para un embajador extranjero.
El caso es que el expediente iniciado por la familia está cajoneado por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, que no se pronuncia hace meses. Pero al mismo tiempo, el exhorto que mandó al ministerio público y la justicia suiza el juez federal Sebastián Casanello rebotó, porque no precisa qué delito antecedía al de lavado de dinero. Y el caso es que los suizos no aceptan la evasión tributaria como delito precedente al lavado.
De ahí que la nación helvética rechazara el exhorto donde se intentaba averiguar cómo Lázaro Báez exportó ilegalmente 60 millones de euros y después los repatrió con bonos de la deuda externa argentina, cuestión que descubrió el fiscal Juan José Campagnoli, al que ahora lo suspendieron, aunque hubo otro exhorto pedido por el fiscal federal Guillermo Marijuán.
Un escándalo conveniente
Pero existe la sospecha de que el embajador suizo, ante la revelación de un escándalo surgido de un choque en el que iba acompañado por su novio brasileño, le haya sido útil al gobierno al no poner el empeño necesario para agilizar el trámite del exhorto. Todo esto aunque el banco suizo canceló la cuenta de Lázaro Báez y su hijo Martín, por lo cual la causa está en manos del juez Casanello y no avanza, porque podría probar solamente la evasión impositiva, que para nuestra ley sí vale como delito precedente del lavado.
El avance de esta causa es fundamental, ya que en las notas de La Nación de los periodistas Hugo Alconada Mon y Mariana Arias se demostró que Lázaro Báez y su empresa Austral alquilaban habitaciones que no usaban a los tres hoteles de la familia Kirchner, cuestión que el matrimonio presidencial y su sucesión no aclararon posteriormente y por los cuales obtuvieron un sobreseimiento definitivo en las denuncias de enriquecimiento ilícito del 2009, 2010 y 2011. Pero por esa omisión podrían ser considerados incursos en “cosa juzgada írrita”, es decir, de carácter fraudulento, o sea, susceptible de una anulación futura, dada la trascendencia pública de las revelaciones periodísticas que implicarían a la presidente de la Nación en maniobras de lavado de dinero, lo mismo a sus hijos Máximo y Florencia, que firmaban los recibos de los alquileres que pagaba Lázaro Báez y cuyas plazas hoteleras no utilizaba.
Ahora surge la sospecha de un encubrimiento de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó con el embajador suizo Matyassy para que no avance una causa menor pero que indica un comportamiento escandaloso para un embajador extranjero.
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