JUICIOS DE JUBILADOS / DEFIENDEN A UN JUEZ RECUSADO

Desde el Congreso acusan a la Anses de obstruir la Justicia

Diputados de la oposición expresaron su preocupación ante el Consejo de la Magistratura

Por Silvia Stang  | LA NACION

Dr. LUIS RENÉ HERRERO     Un Juez,  ejemplo de probidad y honradez


Un grupo de legisladores nacionales de varios partidos de la oposición rechazó, en una nota presentada al Consejo de la Magistratura, la intromisión del Gobierno en la justicia previsional. Fue luego de conocerse que, por una estrategia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de recusación a un juez, hay ya más de 5000 expedientes de reclamos paralizados en una de las salas de la Cámara de Apelaciones.

 

La presentación del escrito firmado por 18 diputados y senadores fue impulsada por las diputadas Graciela Iturraspe (Unidad Popular), Alicia Terada (Coalición Cívica), Virginia Linares (GEN), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Alicia Ciciliani (Partido Socialista), la ex diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica) y la senadora María Eugenia Estensoro (Coalición Cívica).

La manifestación de una "honda preocupación" por parte de legisladores sobre el tema representa un capítulo más en el fuerte conflicto que mantiene el organismo previsional con la Justicia. Es un conflicto que el mes pasado fue llevado a la escena del Congreso cuando, convocado por la comisión bicameral que debe controlar el uso de los recursos del fondo de garantía de la Anses, el director del organismo, Diego Bossio, decidió dedicar buena parte de su exposición a cuestionar el accionar judicial, por diversos fallos que dan respuesta favorable a reclamos de jubilados.

En los últimos años, y sobre todo desde 2007, creció de manera exponencial la cantidad de juicios que se originan mayoritariamente en malas liquidaciones de las jubilaciones y en la falta de ajustes adecuados a los haberes.

En aquel discurso, el funcionario se refirió a la recusación que reiteradamente presenta la Anses, como parte demandada, para evitar que el juez camarista Luis Herrero, integrante de la Sala II, emita fallos. Contra Herrero, y también contra el juez Emilio Fernández, el organismo hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura que, de avanzar, podría llevarlos a un juicio político. Las razones aludidas en ese expediente se refieren a cuestiones formales vinculadas al proceso de votación en una causa. En su defensa, Herrero argumentó que se alude a funciones que no dependen de él.

El escrito de los legisladores rechaza que desde julio de 2011 la Anses esté recusando a Herrero en todos los trámites de juicios de jubilados que llegan a esa sala. El análisis y la firma de expedientes están trabados desde entonces, porque luego de que un tribunal del propio fuero declarara inválida la recusación (se acusó a la Anses de abusar de un derecho y de conspirar contra la Justicia), el organismo oficial decidió llevar la cuestión a la Corte Suprema. El tribunal superior deberá ahora expedirse sobre la cuestión.

Los diputados de la oposición acusan ahora a la Anses de cometer un "abuso de derecho" y recuerdan que la Sala II es la que inició el dictado de medidas cautelares para que los jubilados que reclaman un reajuste de haberes en iguales términos que quienes ya obtuvieron fallos de la Corte no tuvieran que esperar los largos tiempos del trámite judicial para empezar a percibir su haber corregido (dejando el cobro del retroactivo para el final del proceso).

Medidas cautelares

Son los jueces Herrero y Fernández los que se mostraron favorables a dar vía libre a esas medidas, y si bien la Anses no invocó expresamente ese tema en su denuncia ante el Consejo de la Magistratura, lo cierto es que desde allí se envió a hacer una auditoría a la sala, referida a la forma en que se tramitan las cautelares.

El Gobierno ya intentó evitar por diferentes vías que sigan dictándose ese tipo de disposiciones judiciales, que deben ser cumplidas en forma urgente y bajo el apercibimiento de la aplicación de multas personales a los funcionarios.

Los legisladores que se quejan de la intromisión del Gobierno en el fuero señalan que el juez Herrero tiene "una extensa trayectoria en la defensa de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional a los jubilados y pensionados", y citan una serie de sentencias de peso firmadas en la sala. El primer antecedente citado es la declaración de "nulidad insanable" de un decreto de necesidad y urgencia de 1995, que pretendía suspender el trámite de los juicios previsionales durante 6 meses.

La presentación lleva la firma, entre otros, de Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica), Luis Juez (Frente Cívico de Córdoba), Claudio Lozano (Unidad Popular), Fernando Solanas (Proyecto Sur), Rubén Giustiniani (Partido Socialista) y Federico Pinedo (Pro)..