Lo que se esconde detrás de los helechos

16/01/2020 

Debate
Lo que se esconde detrás de los helechos

Alberto Fernández, con Horacio Rodríguez Larreta. Los
recursos coparticipados, en la mira del Gobierno Nacional.


  Martín Lousteau




"En Capital hasta los helechos tienen luz y agua”, dijo la vicepresidente de la Nación en La Matanza, uno de los distritos con mayor desigualdad y peores índices sociales de la Argentina (pero cuyo gobierno tiene -llamativamente- más de 9.000 millones de pesos depositados en plazos fijos en el Banco Provincia). Y así pareció señalar nuevamente el camino. Semanas después el Gobierno Nacional reconoció que planea avanzar fuertemente sobre los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Nuevamente la palabra mágica, obviamente difícil de objetar y que parece permitir tanto hacer como deshacer discrecionalmente, es “solidaridad”. El Presidente pretende forzar a la CABA a ser más solidaria.

Es cierto que la Ciudad es un distrito próspero. Lo es por geografía y por historia, incluyendo su rol como Capital Federal de nuestro país. Pero esa prosperidad que se refleja en tantos lados y que aprecian los visitantes es abrumadoramente proveniente de la actividad privada. Es sobre ésta última que se recaudan los impuestos, tanto locales como nacionales (que van a la Nación y luego al resto de las provincias a través de la coparticipación).

De hecho, la CABA es, por lejos, el distrito que más aporta a la recaudación nacional. En 2019 esa contribución para con el resto del país equivalió en promedio a $420.079 por cada porteño, una cifra que es entre dos y diez veces mayor al de las otras 23 jurisdicciones. Pero además, la Ciudad financia el 72% de su gasto público con recursos propios, un valor muy superior al de otros distritos.

Hasta hace poco el porcentaje era inclusive mayor. Pero al transferirse la responsabilidad por la seguridad se transfirieron desde la Nación también los recursos, tal como prescribe la Constitución Nacional de 1994. En el ranking de autoabastecimiento de ingresos públicos la sigue la Provincia de Buenos Aires (gran perjudicada por la coparticipación y el congelamiento del Fondo del Conurbano que el kirchnerismo no resolvió en 12 años) con un 41%. Todo el resto presenta números marcadamente inferiores: Tierra del Fuego el 20%, Neuquén el 26%, Santa Cruz el 19%, La Pampa el 20%, Formosa el 6% y Catamarca el 9%, por citar sólo algunos.

Pero no se trata sólo de eso. Contra lo que se puede suponer y lo que parecen sugerir las autoridades nacionales, el gasto público en la Ciudad no es más alto que en el resto del país. De hecho, las seis provincias mencionadas en el párrafo anterior gastan todas más por habitante que la CABA. Y el nivel de ésta última es similar al de La Rioja o Chubut, que atraviesa una importante crisis fiscal y financiera.

Por el contrario, en los últimos cuatro años el GCABA inauguró medio centenar de escuelas, urbanizó barrios, llevó adelante importantes obras en materia de salud y recibió la transferencia de la Policía mejorando notoriamente la seguridad, entre otras cosas.

Todo eso ocurrió mientras Santa Cruz (con más presupuesto por habitante que la CABA y habiendo recibido transferencias discrecionales cinco veces mayores al resto de las provincias durante el kirchnerismo) tuvo prácticamente paralizado su sistema educativo por la falta de pago a los docentes o mientras otras provincias que reciben ayuda financiera de Nación (como los 5600 millones recientes para Tucumán, Chubut, Chaco, Río Negro y Santa Cruz) rompen sus propios récord de empleo público por habitante.

Como se puede apreciar, la CABA no está entre los primeros puestos en materia de presupuesto por habitante (está séptima) y sólo solventa por sí misma una gran proporción de su gasto público y hace los mayores aportes hacia la Nación y otras jurisdicciones. Vale la pena recordar además que, por tener estatus de provincia y ser al mismo tiempo un municipio, el Gobierno de la Ciudad debe atender responsabilidades por partida doble: la salud, la educación y la seguridad (desde que tuvo lugar la transferencia) por un lado, pero también el mantenimiento de plazas y veredas, la iluminación, el ordenamiento del tránsito o la recolección de residuos. Y estos servicios no se brindan únicamente para los porteños. Todos los datos y conceptos hasta aquí vertidos son públicos por lo que, frente a la intención presidencial, resulta atronador el silencio de tantos dirigentes porteños que hoy ocupan despachos en el Gobierno Nacional.

En tiempos de urgencias y mientras éstas duran, quienes están en una mejor condición pueden estar dispuestos a hacer contribuciones adicionales. Y probablemente la CABA lo esté si esa es de verdad la discusión. Si, por el contrario, la motivación del Gobierno Nacional es puramente política, y no sólo los premios sino también los castigos se distribuirán en función de las afinidades partidarias, no sólo se avasallará la institucionalidad sino que se incurrirá en un severo error de diagnóstico. Hoy estamos condenando a un 35% de los argentinos a ser pobres. Y a la clase media a pagar cada vez más impuestos y recibir cada vez menos bienes y servicios públicos, mientras se aferra hasta con lo que puede a la pared para no caer también en la pobreza.

Es cierto que la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias, y entre éstas últimas tiene un debate pendiente, el de la sanción de una nueva ley de coparticipación. Pero la discusión de qué hacen los Estados con los recursos públicos que generamos con nuestros impuestos no puede postergarse más.

Ajustada por la informalidad y la inflación, Argentina está en el podio de las presiones tributarias más altas del mundo, lo cual permite un nivel de gasto record. Pero a nuestro sector público eso no le basta y gasta más aún. Así no sólo vive en déficit sino que de vez en cuando nos termina estafando (mega-devaluaciones, corralitos, cepos, plan Bónex, pesificaciones forzadas, reperfilamiento o default). Parecemos encerrados en un peligroso callejón: mayores recursos públicos no han resuelto la pobreza, ni la seguridad, ni la salud, ni la educación, ni la justicia; y con esta presión tributaria tampoco es posible generar puestos de trabajo en la cantidad y la calidad necesarias para eliminar la pobreza.

Cómo salir entre todos de este laberinto es lo que verdaderamente deberíamos estar discutiendo, y ojalá seamos capaces de encararlo. Desafortunadamente, tanto el fondo como el modo en que se está planteando el tema de la detracción de recursos a la CABA parecen indicar lo contrario.

Cuando en campaña el actual presidente esbozó que planeaba reducir lo que recibe la Ciudad, pregunté si eso era una propuesta de reordenamiento fiscal federal que teníamos que debatir entre todos o si lo que se pretendía era condicionar la capacidad que puede tener una jurisdicción para gestionar dependiendo del color político. A pesar de las promesas de cerrar la grieta y de trabajar los consensos para poner a la Argentina de pie, la respuesta a esa pregunta tan sencilla todavía está pendiente.

Martín Lousteau es economista y político. Senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Juntos por el Cambio).