Del despojo de los acreedores a la quiebra actual

25/05/2015

Por Juan José Guaresti

A fines de diciembre de 2001, un grupo de desquiciados dirigentes políticos se pusieron de pie en la Cámara de Diputados de la Nación y prorrumpieron en una cerrada ovación ante la declaración de quién en ese entonces ejercía la Presidencia de la República por designación de la Asamblea Legislativa del Congreso: Ese mandatario había decidido no pagar la deuda externa y fue aclamado. Un par de días mas tarde el autor de tan irresponsable manifestación tuvo que irse. Era cierto que la deuda pública era impagable… en ese momento y con el elenco que integraba los poderes políticos del gobierno… pero no lo hubiera sido con gobernantes fabricados con otra madera. 

Hombres y mujeres enérgicos podrían haber afrontado esa crisis, como lo hicieran exitosamente en otras oportunidades dirigentes de calidad. Hubieran cancelado esa deuda sin lesionar a nadie en un futuro mas o menos próximo y manteniendo intacto el crédito y el honor de la República. Años más tarde, en 2005, en lugar de confeccionar un plan económico inteligente, negociar un plazo para pagar la totalidad de la deuda y terminar con ella, amen de reclamarle al Fondo Monetario Internacional la reparación de sus errores en la materia, se eligió despojar a los acreedores buena parte de su dinero y fijar términos larguísimos para el pago. Los títulos defaulteados mediante decretazos irresponsables valían muy poco, lo que atrajo la atención de inversionistas especializados en comprar barato bonos en esa situación y luego demandar a los gobiernos la totalidad de la deuda para hacer de esta manera un brillante negocio.

 Estos inversionistas compraron un 7% de la deuda originaria y exigieron el pago de su valor completo ante distintos tribunales extranjeros. En un Tribunal de Nueva York fijado contractualmente para conocer del caso quedó firme en Junio pasado una sentencia a favor de los actores. Nuestro gobierno no ha cumplido con esa sentencia que durante el proceso judicial había manifestado que honraría, lo que ahondó su descrédito. Los hechos demostraron que una de las razones importantes de la crisis argentina del año 2001 era que el tipo de cambio fijado arbitrariamente por el gobierno con la política denominada “convertibilidad” o sea que un dólar valía un peso, fue un verdadero error inicial y su supervivencia en el tiempo durante 10 años, pese a todas las advertencias que se hicieron, era un disparate mayúsculo.

Cuando se desató la crisis de 2001 el dólar inicialmente cotizó a $ 2,60, llegó a valer $ 3,90 en la plaza local lo que era una exageración y comenzó luego a descender hasta menos de $ 3,00. La devaluación del peso -y buenos precios internacionales- alentaron las exportaciones y las inversiones extranjeras. Lamentablemente en lugar de aprovechar esta bonanza, se realizaron gastos públicos sin justificación, se fijaron impuestos que eran verdaderas exacciones, se hicieron miles de designaciones de empleados claramente inconstitucionales porque no se demostraba en forma objetiva su idoneidad, se incurrió en la falsificación de los índices estadísticos y, nuevamente, un tipo de cambio retrasado, desalentó la producción argentina. Parecería que el gobierno odiara a las actividades agropecuarias y a las inversiones nacionales y extranjeras en la industria, que son el histórico motor del desarrollo nacional.

 Otro factor de la caída de las inversiones es la desconfianza internacional diseminada por el incumplimiento de los compromisos contraídos tanto por el Estado según ya hemos visto y también por las instituciones bancarias instaladas en el país, que fueron autorizadas a su pedido por el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia a realizar el desatino de devolver en pesos solamente una parte del importe de los depósitos en dólares. La prueba que las deudas se pudieron reestructurar en mucha mejor condición para los acreedores y depositantes bancarios y evitarnos el descrédito consiguiente así como la degradación económica que trajo aparejada, la brindó el presidente de la Sociedad Rural Argentina quién dijo en su histórico discurso en la apertura de la Exposición de la Sociedad Rural del año 2013, que se habían ido del país en los cinco años precedentes 85.000 millones de dólares… Cabe preguntarse: ¿cuántas decenas de miles de puestos de trabajo genuino se perdieron por no establecer honrosas condiciones de cancelación de las deudas y obligar a los bancos a cumplir con las suyas, actitud que hubiera demostrado la integridad, firmeza de carácter y altura de miras del gobierno argentino? Estas últimas son las condiciones esenciales de una gestión exitosa. 

El Uruguay también cayó en cesación de pagos pero reestructuró sus obligaciones sin despojar a los acreedores y también dispuso que sus bancos cumplieran con sus depositantes… lo que le garantizó recibir posteriormente muchas inversiones serias y, consiguientemente, elevar el nivel de vida de sus habitantes.

Un poco de historia: Desde el 4 de junio de 1943, en que un golpe fascista depuso al gobierno conservador del Dr. Ramón Castillo, las finanzas del Estado han sido generalmente mal manejadas y cada tanto, los gastos públicos desmesurados originaron inflaciones incontenibles que empobrecieron al pueblo, como actualmente ocurre. A este hecho hay que añadirle el deficiente manejo de la política económica, lo que terminó en crisis de balanza de pagos, como también actualmente acontece. Dicho esto último en buen criollo, significa que no hay dólares para afrontar las deudas ni pagar las importaciones. Normalmente es lo que pasa cuando se acude a la idea absurda de combatir la inflación fijando despóticamente un dólar barato lo que inexorablemente origina que las importaciones sean estimuladas porque se reduce su precio. 

Así ha ocurrido aquí. Con esta ”solución” las exportaciones se vuelven cada vez menos rentables y quienes fabrican lo que se podría exportar, dejan de hacerlo o lo vendan en el mercado interno a precios de liquidación. Un buen ejemplo de esto es lo que pasa hoy en día con la carne vacuna, el trigo, el vino, etc., etc. El final es archiconocido: Faltan divisas y ante esta circunstancia los gobiernos tambalean cuando no se vienen abajo directamente, siguiendo una ley inexorable. Luego sobreviene una devaluación bestial producto de las fuerzas sin freno del mercado que causan daños grandísimos, porque no se tomaron las medidas correctivas a tiempo. Después hay que volver a empezar, rodeados de ruinas.

Nuestros gobernantes, en vez de cerrar las fuentes del mal, que son el pésimo manejo de las finanzas públicas y subvaluar el valor del dólar, no han encontrado otra salida que endeudarse a tasas cada vez mas caras e impagables en el mercado interno y externo, e instalar el cepo cambiario, dificultando las importaciones y el pago de las utilidades y otras obligaciones. La solución real hubiera sido, ayer como hoy, incentivar las exportaciones y hacer reaparecer nuestros productos en los mercados mundiales. Asimismo, tener en cuenta que las deudas razonables son solamente aquellas en que se obtienen fondos para realizar obras cuyo producido permita pagar las obligaciones originadas.

Otra idea no menos “genial” para disminuir el déficit fiscal: A partir de mediados de 1997 para reducir la deuda pública el Ministerio de Economía, multiplica las sentencias adversas contra el Estado Nacional, que debe pagar en bonos. por un coeficiente inventado menor que la unidad. Para poner un ejemplo: Si se deben 1000 bonos 4ta. Serie “2%” según el Magistrado que dictó sentencia firme o sea que la sentencia no se puede modificar por nada, se la multiplica ilegalmente por 0,73. En consecuencia en vez de pagar 1000 bonos, se le entrega al acreedor 730 bonos. Durante 17 años se le ha hecho creer a decenas de miles de acreedores del Estado y a sus abogados y contadores, que el pago así manipulado era correcto. Esta estafa multimillonaria no la lleva a cabo un defraudador profesional sino el Estado Argentino.

Colofón: En 1890 la Argentina cayó en cesación de pagos. El Dr. Carlos Pellegrini, presidente de la Republica, conservador, llegó a un acuerdo con los acreedores por el cual la Argentina pagó sustancialmente su deuda. No hubo quejas de nadie… y el flujo de fondos de inversión prosiguió llegando a nuestras playas ayudando al desenvolvimiento argentino. En 1933 el Presidente dela República, general Agustín P. Justo, radical, se encontró con un problema similar porque tuvo que afrontar las exorbitantes deudas que había dejado la administración depuesta el 6 de septiembre de 1930. Su ministro, Dr. Federico Pinedo, socialista independiente, preparó un plan de pagos mediante el cual los acreedores quedaron completamente satisfechos.

 El cumplimiento de los compromisos contraídos en plena crisis mundial cuando muchos países rehusaban pagar sus obligaciones, generó tal confianza en la Argentina, que se produjo una oleada de inversiones nacionales y extranjeras con la consecuencia que el producto bruto industrial duplicó en 1939 al producto bruto agrario respecto de los guarismos de 1933. A partir del arreglo de 1933 que no despojó a los acreedores de deuda pública ni a los depositantes en los bancos como lamentablemente se hizo en 2005/2006, la economía argentina alcanzó una pujanza extraordinaria y el gobierno, respeto mundial. Quedó demostrado en 2005/2006 que cuando los dirigentes de un país arrojan al cieno el honor de su patria por salvar su economía a expensas de sus acreedores como se hiciera en esas fechas, esa nación se queda sin el honor y la acompaña el descrédito, inevitable padre de la pobreza. Se termina, como actualmente, con la economía en quiebra.

Juan José Guaresti (nieto)