abril 19, 2015
La confirmación de la fiscal Viviana Fein al frente de la investigación del asesinato del fiscal Nisman garantizaría en alguna medida el encubrimiento del crimen. Esto coincide a la perfección con el hecho de que la denuncia de Nisman-Pollicita-Moldes contra CFK y Héctor Timerman por encubrimiento en el caso AMIA fue demorada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones para que actúe el fiscal Javier de Luca -ligado a Justicia Legítima- quien desistiría de la misma.
En este plano de negociaciones, la reforma procesal penal no se instrumentaría en la justicia federal, por lo menos a la brevedad, a cambio de la impunidad de la corrupción cristinista.
El lobo solitario
Pero todavía hay un “lobo solitario”, el juez Claudio Bonadío, quien tiene a su cargo la causa Hotesur, donde está implicada la presidente y su hijo Máximo y que esta semana tuvo novedades, ya que se supo que Lázaro Báez ahora paga 800.000 pesos anuales por alquilar habitaciones de los hoteles cuando hace cuatro años pagaba 10 millones anuales. Esto demuestra la estafa monumental realizada con el pago de alquileres. Por otra parte, anteayer la Sala I de Casación Penal estuvo a punto de recusar a Bonadío con los votos de Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, pero se demoró hasta la semana que se inicia, cuando se decidirá si será apartado Bonadío del caso Hotesur. Éste, según una hipótesis, podría renunciar a su cargo con un gran escándalo, denunciando con nombre y apellido a los jueces federales que pactaron la impunidad de la corrupción cristinista.
Mientras, el expediente de Hotesur será sorteado a otro juez, que probablemente no hará nada hasta el 10 de diciembre próximo y luego verá según sea el gobierno que asuma. Pero hay algo importante que decidió la Corte Suprema y que pasó desapercibido. El tribunal dejó correr la causa juzgada írrita, es decir que se puede anular una sentencia si ésta tiene vicios de forma y de fondo.
Uno de los antecedentes está en la decisión del TOF, integrado por Jorge Raimundi y Gustavo Bruzzone, quienes anularon una sentencia del juez Gabriel Cavallo que declaraba inocente al ex juez Galeano por irregularidades en la investigación del atentado de la AMIA. El fuero federal tiende a aceptar parar toda investigación contra la presidente y su entorno a cambio de que no se implemente el nuevo Código Procesal Penal y se pueda nombrar a los fiscales que fueron impugnados. Esta paz, de consolidarse, duraría hasta que se sepa el resultado de las elecciones presidenciales.
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