Hay que comenzar a hablar del juicio político a Gils Carbó

15/12/2013| 15:30

 

 por HUGO ALCONADA MON

 

Muchas causas judiciales en el fuero penal comenzaron con la publicación de investigaciones periodísticas. Al reves: muchas investigaciones de fiscales fueron la base de impecables notas periodísticas. En cualquier caso, la nota de Hugo Alconada Mon demuestra la profundidad de la pesquisa que realizaba el ahora suspendido fiscal federal José María Campagnoli y condiciona a quien se encuentra a cargo. De hecho, si estos datos cayeran en saco roto, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sería política y penalmente responsable toda vez que con el cambio que ella inspiró, reclamó y promovió, se habría interrumpido una investigación decididamente importante para el interés colectivo.

 

 Lázaro Báez, el hombre de relación tan sospechosa con Néstor Kirchner... y con Cristina.

 CIUDAD DE BUENOS AIRES (La Nación). No es necesario rastrear sociedades y cuentas bancarias alrededor del mundo para comprender la simbiosis entre el empresario Lázaro Báez y el matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Basta con revisar la contabilidad de sus hoteles en Santa Cruz.

La conclusión es elocuente: siete empresas de Báez firmaron acuerdos retroactivos con Valle Mitre SA, la empresa que gerencia los hoteles de la familia Kirchner, que le garantizaron a la pareja ganancias millonarias durante más de dos años.

 

Para eso, el 90% de las facturas que emitió esa gerenciadora se destinaron a Austral Construcciones y otras firmas de Báez, que les aseguraron a los Kirchner la supuesta ocupación de un tercio de sus habitaciones durante años. Sin importar que fuera temporada alta o baja.

 

El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que esta semana fue suspendido el fiscal José María Campagnoli por investigar movimientos de dinero del zar de la obra pública patagónica.

 

A tal punto llegaron esos convenios, que las empresas de Báez se comprometieron a pagar a Valle Mitre SA una cantidad prefijada de 935 habitaciones por mes en el hotel Alto Calafate, por ejemplo, con una tarifa en dólares más baja, pero que debieron abonarse sí o sí, aunque no usaran las habitaciones, según corroboró LA NACION, al revisar la facturación durante meses junto a seis expertos antilavado y tributarios que prefirieron mantener sus nombres en reserva.

 

¿Resultado? Todos los meses, el Alto Calafate se garantizó un tercio mínimo de ingresos, ya fuera que esa localidad desbordara de turistas o éstos brillaran por su ausencia. Así, y siempre según esos convenios cuya copia obtuvo LA NACION, las 103 habitaciones de lujo de este hotel debieron ser ocupadas 9 noches por mes por los empleados de Báez, uno de los grandes beneficiarios de la obra pública durante la década kirchnerista. O dicho de otro modo, que a lo largo de cada mes, esos empleados debieron ocupar 1 de cada 3 habitaciones.

 

Ese tercio garantizado por Báez se combinó, además, con otro tercio diario que cubría Aerolíneas Argentinas, ya en pleno proceso de expropiación, y aún cuando otros hoteles de la misma categoría en El Calafate ofrecían tarifas más bajas, según reveló LA NACION en 2010. Así, de combinarse ambos ingresos, el Alto Calafate se garantizó una ocupación superior al 60 por ciento.

 

Sin contar los ingresos generados por Aerolíneas -además de convenios y eventos pagados por el gobierno nacional en ese mismo hotel, como el III Congreso Federal de la Industria, en noviembre de 2012-, de todos modos, el flujo que aportó Báez resultó millonario. Sólo durante 5 meses de 2010, por ejemplo, reportó $ 2,8 millones, aún cuando esos convenios comenzaron a tejerse en agosto de 2009 -según consta en la copia del Libro IVA Compras de diciembre de ese año de Austral Construcciones, y se extendieron hasta mediados de 2011.

 

Con esos documentos a su disposición, los seis expertos consultados por LA NACION arribaron por separado a conclusiones similares: estimaron que surgen conductas que podrían configurar los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria agravada y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otras figuras. También, forzar la reapertura por "cosa juzgada írrita" de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner.

 

Las sospechas de los expertos -que incluyen referentes del sector privado, de la AFIP y dos ex altos funcionarios de la UIF, la unidad antilavado- se fundaron en un eje: la operatoria podría representar la forma en que parte de los ingresos por la obra pública que recibió Báez durante años habría vuelto al bolsillo de los Kirchner mediante la operatoria hotelera.

 

El umbral de sospecha se elevó por ciertas características de la operatoria. La primera, que algunos convenios se firmaron en septiembre de 2010, por ejemplo, pero de manera retroactiva al 1° de julio de ese año, según consta en las copias de esos contratos a los que accedió LA NACION.