CAMPAGNOLI Y LA REPÚBLICA, SUSPENDIDOS

Por Jorge R. Enríquez





La suspensión del fiscal José Campagnoli es un hecho gravísimo, que ha provocado críticas de políticos, entidades de abogados y fiscales y otras personalidades públicas, pero que la sociedad en su conjunto acaso no haya dimensionado aún debidamente.

Campagnoli es un fiscal respetado en el mundo jurídico por su integridad y su laboriosidad. No tiene ataduras políticas ni ideológicas de ningún tipo, salvo las que lo atan a su deber constitucional. ¿Por qué, entonces, fue suspendido y se pretende removerlo de su cargo?

Precisamente por eso: un fiscal independiente que cumple estrictamente su función es inadmisible para el kirchnerismo, sobre todo cuando, como en este caso, las investigaciones se realizaban sobre personas estrechamente vinculadas a la familia de la presidente de la Nación.

Campagnoli es suspendido por investigar, es decir, por hacer lo que se espera de un fiscal. Los fiscales no son jueces, son partes. Esto lo sabe cualquier persona sin mayores conocimientos jurídicos, acostumbrada a ver infinidad de películas norteamericanas en las que hay escenas de juicios. Como parte, el fiscal puede y debe -de la misma forma que, en sentido contrario, lo hace el defensor- asumir posiciones enfáticas en pos de la causa que representa. Si solicita algo que no corresponde, el juez no se lo concederá. Si investiga un hecho que no es de su competencia, hay recursos procesales destinados a corregirlo.

Eso es lo normal. Lo grave es que un fiscal no investigue cuando debe hacerlo. A Campagnoli lo apartan por lo contrario: por intentar averiguar la verdad.

La  jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó entiende que su misión es defender los intereses del poder; Campagnoli cree que la suya es defender la legalidad y los intereses generales. Gils Carbó se encarga de encubrir todo aquello que pueda afectar al círculo presidencial; Campagnoli investiga a todos por igual.

La corrupción gubernamental está a la vista de todos. La justicia federal es por lo general remisa a avanzar en las causas que se abren en torno a esos hechos escandalosos. Cuando un fiscal digno lo hace, es suspendido.

Lo que motivó la reacción de la Procuradora fue que el fiscal investigara a Lázaro Báez, socio de la familia Kirchner. Si la investigación tiene defectos, el ordenamiento procesal prevé las formas de corregirlos. Enjuiciar al fiscal revela una notoria animosidad, basada en esa intención de otorgarle impunidad al poder.

No se trata sólo de Campagnoli. Se intenta dar un mensaje para todos los fiscales: en el poder político rige la impunidad. Para eso asumió la Procuración General la doctora Gils Carbó.

Es necesario que la sociedad tome conciencia de la gravedad de lo sucedido y reaccione con vigor y celeridad. No se puede aceptar pasivamente este atropello a la República. Defender a Campagnoli no es solamente defender a un funcionario judicial probo y valiente, sino defender el Estado de Derecho, cercado por nuevas amenazas que lo pretenden suprimir.

Es por eso, que sólo cabe expresar estupor ante la solicitud de una medida cautelar presentada por Lázaro Báez para que el periodismo se abstenga de informar las relaciones contractuales de sus empresas con los hoteles de la familia Kirchner. Se trata de un burdo y grosero intento de que se aplique la censura previa, expresamente prohibida por el artículo 14 de la Constitución Nacional desde 1853, así como en instrumentos de derechos humanos que gozan en nuestro país de jerarquía constitucional.

Si se llegara a una pretensión tan flagrantemente inconstitucional es porque existe en las más altas esferas del gobierno nacional un estado de desesperación por las graves revelaciones que está realizando en “La Nación” el periodista Hugo Alconada Mom. Báez no habría promovido esa acción sin el aval de la presidente de la Nación, afectada de un modo contundente por esas informaciones. En lugar de buscar la censura de periodistas que echan luz sobre cuestiones de altísimo interés público, Báez y Cristina Kirchner deberían justificar esos contratos insólitos, que tienen todo el humo de encubrir hechos de corrupción manifiesta.

En efecto, ¿cuál es el propósito comercial que justifica un contrato de esa índole? ¿Para qué pagar sumas astronómicas por anticipado por la disponibilidad constante de habitaciones que después jamás se ocupan?

Ya sería extraño ese contrato entre verdaderos privados, pero cuando una de las partes es la presidente de la Nación y la otra un empresario beneficiado por la obra pública dispuesta discrecionalmente por esa presidente y antes por su marido, presidente y primero gobernador  de la provincia que permitió que un oscuro cajero de un banco de Río Gallegos llegue a ser en poco tiempo un potentado, entonces el asunto cobra un interés público evidente.

La censura no puede prosperar, mientras exista un resto de Constitución. Y, en todo caso, sería inútil en tiempos de vertiginosas y universales redes sociales. No se puede tapar el cielo con un harnero.

La presente nota del Dr. Jorge R. Enríquez, es publicada en La Misère Porc por gentileza de su autor.