Habría más muertos por los saqueos que los que admite el Gobierno

TUCUMÁN

Lunes 16 de Diciembre de 2013 - 11,30

Pese a que en la calle y en las redes sociales la gente opina que habían sido más de 30 las personas fallecidas tras el amotinamiento policial y los saqueos, desde el Ministerio de Salud insisten en que son cinco los muertos. Fuentes judiciales informaron ayer que aún continúan prófugos dos policías que participaron activamente en la huelga de la semana pasada. 

A una semana de la ola de violencia, robos y saqueos que sumió a Tucumán en el caos total a raíz del acuartelamiento policial, el número oficial de personas que fallecieron tras los trágicos sucesos de los días 10, 11 y 12 de diciembre no se modificó. Los muertos siguen siendo cinco, según la información que maneja el Poder Ejecutivo (PE) y que ayer fue entregada a LA GACETA.

El ministro de Salud, Pablo Yedlin, a través del encargado de prensa de la cartera sanitaria, Emanuel Gall, informó a este diario  que fueron dos los tucumanos fallecieron en el Hospital Centro de Salud de la capital, que otras dos personas perdieron la vida en el Hospital Ángel C. Padilla, y que una quinta víctima fatal fue reportada por fuentes policiales (esta falleció en un incidente producido en calle Jujuy al 2.500). Ayer, en las redes sociales circulaba la información de que una sexta víctima también había perecido como consecuencia de los trágicos sucesos. 

Durante esta semana, en las redes sociales -Facebook principalmente- se comentaba que serían 40 las personas que perdieron la vida tras los incidentes. Sin embargo, para el Gobierno sólo fueron cinco las víctimas fatales, de acuerdo al relevamiento que el Ministerio de Salud realizó en todos los centros asistenciales. 

¿Pero puede haber un margen de error al contabilizar el número de personas fallecidas? Seguramente que sí, según lo aseguran por lo bajo las fuentes judiciales consultadas.

Es que durante la crisis policial y social nada funcionó como debería. En circunstancias menos convulsionadas o corrientes, las denuncias de homicidios y lesiones llegan a la Justicia por medio de las guardias de los hospitales y de las comisarías. Pero esos servicios se vieron afectados por la huelga policial. Fuentes judiciales conjeturan que, por ende, no tomaron nota de la totalidad de los casos de muertes y de otros daños a las personas producidos durante los saqueos y los enfrentamientos derivados de ellos. O que deliberadamente optaron por no informarlos a la autoridad judicial competente para no añadir más leña al fuego. No descartan que los casos podrían haberse multiplicado al estar toda la población crispada y portando armas de fuego.

Dos policías prófugos

Siete de los nueve policías y ex policías detenidos prestaron declaración el sábado. Los otros dos permanecen prófugos. Uno de ellos es el ex agente Ángel Chaile, que horas antes de esconderse habló con LA GACETA.  “Lo que pasó no estaba previsto. No pensábamos que esto iba a ocurrir. Creíamos  que el Gobierno iba a ceder ante la presión de que estuviéramos sin trabajar. Esto no es sólo responsabilidad nuestra. El primer responsable es el Gobierno, que debe abrir un canal de diálogo con la fuerza”, expresó Chaile.

Fuentes judiciales confirmaron ayer que la investigación prosigue bajo secreto de sumario. Por esa razón, no trascendieron las imputaciones que formuló el Ministerio Público a los detenidos. El viernes por la tarde, Mirta del Valle Lenis de Vera, jueza de Instrucción de la V Nominación de esta capital, autorizó las detenciones que habían pedido los fiscales Diego López Ávila y Adriana Gianonni en la pesquisa que pretende esclarecer si un sector de la Policía cometió el delito de sedición, entre otros hechos ilícitos. Antes de requerir esa medida, los representantes del Ministerio Público habrían pedido un informe sobre el estado de la fuerza al Ministerio de Seguridad Ciudadana. Esa precaución habría obedecido a la necesidad de evitar nuevos alzamientos como consecuencia de las detenciones.

 Hasta anoche, el ex agente Chaile seguía prófugo de la Justicia. El sábado, antes de ser apresado, el policía rebelde había dialogado con LA GACETA.  El ex agente aseguró que el PE fue el principal responsable de lo ocurrido y acusó al gobernador, José Alperovich, de haber protegido sólo sus intereses. Aunque no lo reveló, dijo que existió una fuerza instigadora externa a la protesta que desató el terror en las calles, producto de los saqueos y el descontrol

Cuando se le consultó su opinión sobre las cinco personas que fallecieron durante los incidentes, Chaile lamentó los sucesos. “Es un hecho bastante lamentable. Somos conscientes de que somos servidores públicos. Pero acá nos quiere cargar toda la responsabilidad. Es cierto que tenemos la obligación de proteger. ¿Qué obligación le corresponde a las autoridades políticas? Ellos tienen la obligación de ver qué es lo que sucede en los cuadros de la Policía. Ellos ya sabían que había un gran descontento. Además, en Tucumán todos saben que el gobernador Alperovich,  dos días antes de que se inicie el conflicto, había ordenado que se trasladen todos los autos de su concesionaria”, había relatado Chaile.