15/12/13
Mientras los aplaudidores, operadores y distintos dirigentes que trabajan de justificadores seriales del gobierno kirchnerista se esfuerzan en tratar de atribuir los saqueos y la violencia social de los últimos días a supuestos intentos desestabilizadores, la propia realidad –que siempre es la única verdad- está mostrando que los factores que generaron el estallido nada tienen que ver con estos fantasmas golpistas.
El malestar social, que impera a lo largo y ancho del país, como venimos sosteniendo en las páginas de nuestro diario, tiene que ver con el deterioro de la situación económica. Y con la actitud de un gobierno nacional que, en lugar de leer el mensaje que el conjunto de la ciudadanía le envió a través de las urnas, con el apabullante voto castigo en las últimas elecciones legislativas, se empeña en no modificar el rumbo.
Por más que los gobiernos provinciales, en un intento desesperado por frenar la rebelión policial y los saqueos, hayan decretado importantes aumentos salariales para las fuerzas de seguridad -lo propio hizo la administración K con Gendarmería, Prefectura y Policía Federal- el deterioro creciente de la situación económica está calando muy profundamente en la sociedad. Y, en caso de que esto continúe, de poco servirá tener policías con los bolsillos un poco más robustos.
La inflación está haciendo que los salarios rindan cada vez menos, y a ello se le suma la decisión gubernamental de volver a aplicar esa barbaridad que significa gravar con el Impuesto a las Ganancias a los asalariados. Y más en momentos de alta sensibilidad como son las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Asimismo resulta muy preocupante la falta de recursos genuinos, y de fuentes alternativas de financiamiento, como para sostener lo que debería ser la universalización de los aumentos concedidos a las fuerzas de seguridad a todo el espectro de la administración pública nacional, provincial y municipal, como así también a los jubilados que deben sobrevivir con poco más de $ 2.000 mensuales.
Por ende, nos encaminamos indefectiblemente a que, en el corto y mediano plazo, haya nuevos conflictos sociales, con una paralización casi absoluta del funcionamiento institucional de los estados.
Los episodios ocurridos en las últimas dos semanas, que han dejado el luctuoso resultado de 13 muertos, nos retrotraen inevitablemente a la crisis de 2001, donde el estallido del régimen de Convertibilidad generó caos y violencia extrema a lo largo y ancho del país. Pero, lo que resulta aún mas grave, es que la muerte no solamente se circunscribe a los episodios de los saqueos: todos los días, ciudadanos inocentes, dejan su vida al ser víctimas de las balas de delincuencia en episodios de inseguridad generados por la extrema marginalidad.
Por más que desde el Twitter la presidenta intente responsabilizar exclusivamente de lo ocurrido a las fuerzas policiales, es la propia realidad la que encarga de desmentir cada una de sus excusas.
Los argentinos están pagando las consecuencias de que el gobierno haya desperdiciado una oportunidad única para cambiar el rumbo de subdesarrollo de nuestro país. A nivel internacional hubo condiciones excepcionales, durante una parte importante del gobierno K, que hicieron que ingresaran divisas como pocas en la historia de la Argentina. Pero esos recursos extraordinarios, en lugar de implementarse en planes estratégicos para recuperar el aparato productivo y generar empleo genuino, se derivaron a la corrupción y a hacer crecer de forma exponencial el Estado ineficiente, totalmente alejado de las verdaderas necesidades de la gente.
El empleo público fue usado como un conchavo para intentar enmascarar la desocupación, y se terminó creando un monstruo gigantesco, sediento de recursos económicos que ahora escasean.
En ese sentido, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que si actualmente solamente 3 de cada 10 argentinos no vive del Estado, la ecuación económica no cierra por ningún lado. Los K crearon una auténtica bomba de tiempo y no tienen la menor idea de cómo desactivarla.
Por otra parte, a diferencia de otros estallidos sociales, la crisis de la última semana tuvo un elemento tan novedoso como preocupante: con la rebelión policial, estalló por los aires la estructura de mandos de las fuerzas de seguridad. Al haberse roto el principio de autoridad, en una institución que necesariamente tiene que ser verticalista, ya que está confirmada por efectivos a los que el propio Estado le confía un arma de fuego para mantener el orden social, el país corre riesgo de caer en la anarquía si el conflicto va en aumento.
En momento tan difíciles se requiere de mucha sapiencia, capacidad de autocrítica y predisposición diálogo, a fin de encontrar soluciones superadoras, para que la paz social vuelva a la Argentina. Lamentablemente, hasta el momento, el gobierno sigue encerrado en su propia soberbia, viviendo en una burbuja, con internas dentro del propio elenco gubernamental que también contribuyen al caos.
Esperemos que, por el bien de los argentinos, más temprano que tarde se termine imponiendo la racionalidad.
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