Por Jorge Lanata
15/12/12
El 30 de noviembre el Congreso se dedicó a discutir el Día Nacional del Mate y dejó que la Ley de Trata perdiera estado parlamentario: el proyecto había sido aprobado en el Senado por unanimidad un año y medio atrás, pasó a Diputados y luego a un cajón parlamentario.
El kirchnerismo, con amplia mayoría en la Cámara, dijo que “no había acuerdo para avanzar”.
“Ustedes me escucharon seguramente el día 9 cuando estuvimos en la Fiesta de la Democracia, al entregarle el premio a Susana Trimarco , decir algunas consideraciones sobre la Justicia, sobre el funcionamiento de la Justicia y sobre lo que la sociedad espera de la Justicia, y sobre ese divorcio cada vez más evidente entre sociedad y Justicia”, dijo Cristina cuando se conoció la absolución de los trece condenados por el caso de Marita Verón.
La Presidenta intentaba colocar una carambola a dos bandas: superar el olvido de la Ley de Trata y aprovechar el descrédito de la Justicia para generalizarlo.
Del “Enemigo Público Clarín” al “Enemigo Patria Judicial” , todo en un solo golpe y con la excusa de la reforma constitucional para “democratizar o justicia” y, de paso, plantear la re-reelección.
“La ley no fue de interés de la Presidenta. Por lo menos, que demuestre que su planteo actual no es sincero, porque parece que estuviera siendo funcional a su intento de reforma constitucional y a la embestida contra la Justicia”, le dijo a Clarín Victoria Donda, diputada nacional del FAP.
“Que el gobierno no mienta más. La Ley de Trata no se debatió hasta ahora porque el oficialismo lo impidió ”, agregó Miguel Bazze, del radicalismo.
“Ochenta y cinco por ciento de leyes aprobadas por el Congreso este año fueron promovidas por CFK y FPV. No se aprobó la Ley de Trata porque no quisieron. Ahora se acuerdan?”, tuiteó la diputada del PRO Laura Alonso.
La habilidad del Gobierno y el aparato de propaganda para transformar una gruesa omisión en una “avanzada democrática” fue notable: nadie, desde el oficialismo, vinculó a Alperovich con la Justicia tucumana.
“Alperovich es una mini copia de lo que Kirchner hizo en Santa Cruz: maneja la justicia, el Poder Legislativo, el Tribunal . Toda la provincia es un feudo y su aspiración última es llegar a la presidencia”, dijo a Radio Mitre José Ignacio Sbrocco, autor de “El Zar”, una biografía no autorizada del eterno gobernador de Tucumán.
En el país no oficial, el tema de la prostitución, la trata y sus vínculos con la política y la Policía comenzó a salir de debajo de la alfombra: “Mientras se estaba tramitando el juicio por Marita Verón, la Cámara de Comodoro Rivadavia ordenó la reapertura de Las Casitas de Río Gallegos, algo absolutamente escandaloso, los 34 prostíbulos que habilitó Néstor Kirchner cuando era intendente en terrenos fiscales, donde concentró todos los prostíbulos del barrio. En aquel lugar habíamos filmado a menores, víctimas de trata e incluso al jefe de la Policía local adentro de los cabarets ”, le dijo a este diario Gustavo Vera, de la ONG La Alameda.
La indignación popular por la absolución masiva de responsables provocó incidentes en la Casa de Tucumán en Buenos Aires y en los edificios públicos tucumanos. Comenzó a sobrevolar el fantasma de la intervención del Poder Judicial de la provincia. Alperovich almorzó el miércoles con los jueces de la Corte para tranquilizarlos, mientras los diarios recordaban la intervención a Santiago del Estero en 2004 y la de Catamarca en 1990 por el caso de María Soledad.
Un hilo invisible une los feudos con las muertes de chicas jóvenes en provincias en las que la vida vale menos : pasó en Catamarca, pasó en Santiago, pasa ahora en Tucumán.
El Zar tucumano –y su mujer, tercera en la línea de sucesión presidencial, Beatriz Rojkés– están acorralados por la maraña de su propia gestión: desde su asunción como gobernador en 2003 -antes había sido ministro de la gobernación de Miranda- eliminó el Consejo Asesor de la Magistratura para que las designaciones de nuevos jueces y miembros del Ministerio Público fueran potestad del Ejecutivo provincial.
Eliminó la Fiscalía Anticorrupción (sí, no es error: eliminó) ; reformó el sistema procesal “fijando” una Cámara de Apelaciones Única, integrada por la hermana del ministro de Gobierno Edmundo “Pirincho” Jiménez, Liliana Vitar (hermana de un funcionario nacional) y un tercer integrante designado por el gobernador en forma personal; modificó la Ley de Fueros de modo que los políticos con cargo ejecutivo y/o electivo no puedan ser investigados como un ciudadano común sino sujetos a determinadas reglas procesales; de las diez Fiscalías de Instrucción (encargadas de investigar todas las denuncias penales) designó en forma directa ocho fiscales ; designó también a tres fiscales de Cámara, tres defensores oficiales penales, una fiscal correccional y un juez correccional; en las seis Salas de Juicios Orales compuestas de tres miembros cada una designó a 9 de los 15 que están en funciones, e impuso a tres de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia Provincial.
Eduardo Romero Lascano, uno de los tres jueces que absolvió a los responsables del caso Marita Verón, es primo del ministro de Gobierno Jiménez y el principal asesor de Beatriz Rojkés en el Senado. Juró hace un año como Camarista penal y aunque no posee experiencia alguna como magistrado fue designado este año presidente de la Cámara Penal , que aglutina a las seis salas de juicio. Es, también, apoderado de Mitkey Investment Corp, una empresa con domicilio legal en las Islas Vírgenes.N
Investigación: JL / María Eugenia Duffard / Amelia Cole
El kirchnerismo, con amplia mayoría en la Cámara, dijo que “no había acuerdo para avanzar”.
“Ustedes me escucharon seguramente el día 9 cuando estuvimos en la Fiesta de la Democracia, al entregarle el premio a Susana Trimarco , decir algunas consideraciones sobre la Justicia, sobre el funcionamiento de la Justicia y sobre lo que la sociedad espera de la Justicia, y sobre ese divorcio cada vez más evidente entre sociedad y Justicia”, dijo Cristina cuando se conoció la absolución de los trece condenados por el caso de Marita Verón.
La Presidenta intentaba colocar una carambola a dos bandas: superar el olvido de la Ley de Trata y aprovechar el descrédito de la Justicia para generalizarlo.
Del “Enemigo Público Clarín” al “Enemigo Patria Judicial” , todo en un solo golpe y con la excusa de la reforma constitucional para “democratizar o justicia” y, de paso, plantear la re-reelección.
“La ley no fue de interés de la Presidenta. Por lo menos, que demuestre que su planteo actual no es sincero, porque parece que estuviera siendo funcional a su intento de reforma constitucional y a la embestida contra la Justicia”, le dijo a Clarín Victoria Donda, diputada nacional del FAP.
“Que el gobierno no mienta más. La Ley de Trata no se debatió hasta ahora porque el oficialismo lo impidió ”, agregó Miguel Bazze, del radicalismo.
“Ochenta y cinco por ciento de leyes aprobadas por el Congreso este año fueron promovidas por CFK y FPV. No se aprobó la Ley de Trata porque no quisieron. Ahora se acuerdan?”, tuiteó la diputada del PRO Laura Alonso.
La habilidad del Gobierno y el aparato de propaganda para transformar una gruesa omisión en una “avanzada democrática” fue notable: nadie, desde el oficialismo, vinculó a Alperovich con la Justicia tucumana.
“Alperovich es una mini copia de lo que Kirchner hizo en Santa Cruz: maneja la justicia, el Poder Legislativo, el Tribunal . Toda la provincia es un feudo y su aspiración última es llegar a la presidencia”, dijo a Radio Mitre José Ignacio Sbrocco, autor de “El Zar”, una biografía no autorizada del eterno gobernador de Tucumán.
En el país no oficial, el tema de la prostitución, la trata y sus vínculos con la política y la Policía comenzó a salir de debajo de la alfombra: “Mientras se estaba tramitando el juicio por Marita Verón, la Cámara de Comodoro Rivadavia ordenó la reapertura de Las Casitas de Río Gallegos, algo absolutamente escandaloso, los 34 prostíbulos que habilitó Néstor Kirchner cuando era intendente en terrenos fiscales, donde concentró todos los prostíbulos del barrio. En aquel lugar habíamos filmado a menores, víctimas de trata e incluso al jefe de la Policía local adentro de los cabarets ”, le dijo a este diario Gustavo Vera, de la ONG La Alameda.
La indignación popular por la absolución masiva de responsables provocó incidentes en la Casa de Tucumán en Buenos Aires y en los edificios públicos tucumanos. Comenzó a sobrevolar el fantasma de la intervención del Poder Judicial de la provincia. Alperovich almorzó el miércoles con los jueces de la Corte para tranquilizarlos, mientras los diarios recordaban la intervención a Santiago del Estero en 2004 y la de Catamarca en 1990 por el caso de María Soledad.
Un hilo invisible une los feudos con las muertes de chicas jóvenes en provincias en las que la vida vale menos : pasó en Catamarca, pasó en Santiago, pasa ahora en Tucumán.
El Zar tucumano –y su mujer, tercera en la línea de sucesión presidencial, Beatriz Rojkés– están acorralados por la maraña de su propia gestión: desde su asunción como gobernador en 2003 -antes había sido ministro de la gobernación de Miranda- eliminó el Consejo Asesor de la Magistratura para que las designaciones de nuevos jueces y miembros del Ministerio Público fueran potestad del Ejecutivo provincial.
Eliminó la Fiscalía Anticorrupción (sí, no es error: eliminó) ; reformó el sistema procesal “fijando” una Cámara de Apelaciones Única, integrada por la hermana del ministro de Gobierno Edmundo “Pirincho” Jiménez, Liliana Vitar (hermana de un funcionario nacional) y un tercer integrante designado por el gobernador en forma personal; modificó la Ley de Fueros de modo que los políticos con cargo ejecutivo y/o electivo no puedan ser investigados como un ciudadano común sino sujetos a determinadas reglas procesales; de las diez Fiscalías de Instrucción (encargadas de investigar todas las denuncias penales) designó en forma directa ocho fiscales ; designó también a tres fiscales de Cámara, tres defensores oficiales penales, una fiscal correccional y un juez correccional; en las seis Salas de Juicios Orales compuestas de tres miembros cada una designó a 9 de los 15 que están en funciones, e impuso a tres de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia Provincial.
Eduardo Romero Lascano, uno de los tres jueces que absolvió a los responsables del caso Marita Verón, es primo del ministro de Gobierno Jiménez y el principal asesor de Beatriz Rojkés en el Senado. Juró hace un año como Camarista penal y aunque no posee experiencia alguna como magistrado fue designado este año presidente de la Cámara Penal , que aglutina a las seis salas de juicio. Es, también, apoderado de Mitkey Investment Corp, una empresa con domicilio legal en las Islas Vírgenes.N
Investigación: JL / María Eugenia Duffard / Amelia Cole
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