13 de mayo de 2020 • 19:59
El "indulto" a Canicoba Corral, bajo la sombra de un pacto
El juez Rodolfo Canicoba Corral, foco de intrigas
políticas en el seno del oficialismo
Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio
Carlos Pagni
LA NACION
Alberto Fernández decidió reanimar la agenda institucional enviando a la Cámara de Diputados, la semana que viene, su proyecto de reforma judicial. Es una forma de cumplir con un compromiso asumido en la inauguración de su mandato: sanear los tribunales, sobre todo los del fuero federal, para que "nunca más haya una justicia contaminada por los servicios de inteligencia". El proyecto tendrá, como adelantó Sergio Massa, un trámite parsimonioso. Es una iniciativa que merecería el aplauso, si no fuera porque, con una urgencia vertiginosa, el mismo oficialismo que lidera Fernández se prepara para indultar uno de los casos en los que estaría representada con mayor elocuencia esa "justicia contaminada por los servicios de inteligencia". La bancada kirchnerista del Consejo de la Magistratura entrará mañana en un complejo laberinto para abortar una investigación sobre las declaraciones patrimoniales del juez Rodolfo Canicoba Corral. El intento es revelador por dos razones. Además de desnudar una incoherencia de la Casa Rosada en su relación con la Justicia, permite detectar una llamativa continuidad de esa relación con las predilecciones y costumbres de Mauricio Macri. La situación de Canicoba demostraría que, contra lo que pretende indicar el discurso de Cristina Kirchner, entre kirchnerismo y macrismo hay una zona de inesperada superposición.
Sobre Canicoba pesan cinco acusaciones: cobro de sobresueldos de la ex Secretaría de Inteligencia; incremento patrimonial, enriquecimiento ilícito, viajes en aviones particulares de empresarios y pedido de dinero a un imputado. La investigación estuvo a cargo de la consejera Adriana Donato. Representante de los abogados, Donato avanzó poquísimo, hasta que abandonó su cargo en 2018. En marzo pasado Donato reveló que le habían pedido que "durmiera" el expediente.
Las indagaciones cayeron en manos de Juan Pablo Más Vélez. Dirigente radical y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, este otro delegado de los abogados elaboró un dictamen para absolver a Canicoba. El texto presentó algunas deficiencias. Fue presentado fuera de término. No formuló considerandos. Se refirió a constancias que no están en el expediente. No se refirió a constancias que sí lo están. Confundió el objeto de la investigación, que no es determinar si hubo enriquecimiento ilícito, sino corroborar si las declaraciones juradas fueron veraces. Mencionó, con envidiable poder premonitorio, informes que todavía no se habían incorporado al legajo. Y lo más curioso: frente a la denuncia de vuelos en aviones de empresarios, la única en la que no afirma la inocencia del magistrado y admite que hay que seguir investigando, pide que el tema se separe del expediente y se vuelva a sortear para que de ese problema se encargue otro consejero. Aun cuando él mismo comenzó a recoger pruebas sobre esa supuesta inconducta.
Alberto Fernández decidió reanimar la agenda institucional enviando a la Cámara de Diputados, la semana que viene, su proyecto de reforma judicial. Es una forma de cumplir con un compromiso asumido en la inauguración de su mandato: sanear los tribunales, sobre todo los del fuero federal, para que "nunca más haya una justicia contaminada por los servicios de inteligencia". El proyecto tendrá, como adelantó Sergio Massa, un trámite parsimonioso. Es una iniciativa que merecería el aplauso, si no fuera porque, con una urgencia vertiginosa, el mismo oficialismo que lidera Fernández se prepara para indultar uno de los casos en los que estaría representada con mayor elocuencia esa "justicia contaminada por los servicios de inteligencia". La bancada kirchnerista del Consejo de la Magistratura entrará mañana en un complejo laberinto para abortar una investigación sobre las declaraciones patrimoniales del juez Rodolfo Canicoba Corral. El intento es revelador por dos razones. Además de desnudar una incoherencia de la Casa Rosada en su relación con la Justicia, permite detectar una llamativa continuidad de esa relación con las predilecciones y costumbres de Mauricio Macri. La situación de Canicoba demostraría que, contra lo que pretende indicar el discurso de Cristina Kirchner, entre kirchnerismo y macrismo hay una zona de inesperada superposición.
Sobre Canicoba pesan cinco acusaciones: cobro de sobresueldos de la ex Secretaría de Inteligencia; incremento patrimonial, enriquecimiento ilícito, viajes en aviones particulares de empresarios y pedido de dinero a un imputado. La investigación estuvo a cargo de la consejera Adriana Donato. Representante de los abogados, Donato avanzó poquísimo, hasta que abandonó su cargo en 2018. En marzo pasado Donato reveló que le habían pedido que "durmiera" el expediente.
Las indagaciones cayeron en manos de Juan Pablo Más Vélez. Dirigente radical y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, este otro delegado de los abogados elaboró un dictamen para absolver a Canicoba. El texto presentó algunas deficiencias. Fue presentado fuera de término. No formuló considerandos. Se refirió a constancias que no están en el expediente. No se refirió a constancias que sí lo están. Confundió el objeto de la investigación, que no es determinar si hubo enriquecimiento ilícito, sino corroborar si las declaraciones juradas fueron veraces. Mencionó, con envidiable poder premonitorio, informes que todavía no se habían incorporado al legajo. Y lo más curioso: frente a la denuncia de vuelos en aviones de empresarios, la única en la que no afirma la inocencia del magistrado y admite que hay que seguir investigando, pide que el tema se separe del expediente y se vuelva a sortear para que de ese problema se encargue otro consejero. Aun cuando él mismo comenzó a recoger pruebas sobre esa supuesta inconducta.
Sin embargo, el mayor defecto del trabajo de Más Vélez es que se apartó del protocolo que el mismo Consejo siguió para estudiar, y después sancionar, la conducta del juez Eduardo Freiler. Por ejemplo, en el expediente que desembocó en la condena de Freiler figuraban planillas con los pormenores de la evolución patrimonial del denunciado desde su ingreso a la Justicia. Con la misma vara, Más Vélez debería haber hecho esa reconstrucción de los activos de Canicoba y también de su esposa, Ana María Viviana Tejada, en cuyas actividades el magistrado justifica parte de su fortuna. Pero no lo hizo. O, si lo hizo, no lo expuso.
La pesquisa sobre Freiler había sido liderada por el consejero, en representación de los diputados, Pablo Tonelli. Es decir, un militante de Cambiemos, como Más Vélez. Tonelli es uno de los acusadores de Canicoba. Igual que el diputado Juan Manuel López, de la misma coalición. El otro acusador es Alfredo Propitkin, autor de la primera denuncia contra el juez. Propitkin es un antiguo perito de la Corte que denunció al magistrado, basándose en informaciones que le habría provisto el ya fallecido juez Carlos Santiago Fayt, por cobrar 14.500 dólares mensuales de la antigua Secretaría de Inteligencia.
Ante las deficiencias del trabajo de Más Vélez, Tonelli sugirió recabar nuevas pruebas, similares a las que él reunió en el caso Freiler. Informes sobre el valor de mercado del inmueble que ocupa Canicoba en Monasterio 1643, de Vicente López; detalles sobre una propiedad del partido de Tigre; la historia laboral, según consta en la Anses, de la esposa del magistrado, a quién él adjudica su prosperidad; y la trayectoria tributaria de la firma Gadega S.A. y de la misma Tejada.
Más Vélez no se hizo cargo de las sugerencias de su colega y compañero de Cambiemos, Tonelli. Prefirió ceder su lugar en la Comisión de Acusación del Consejo a su compañera de lista, la abogada radical Marina Sánchez Herrero. En la Comisión de Finanzas, que Más Vélez encabeza, no hubo el mismo criterio rotativo.
Mañana está previsto que la Comisión de Acusación trate el caso Canicoba. Una alternativa es que Sánchez Herrero acepte los pedidos de Tonelli y avance con la pesquisa. También puede suceder que aduzca que, culpa de la feria estival y de la pandemia, no pudo estudiar el caso. O que se apruebe el dictamen de Más Vélez y Canicoba quede absuelto.
Las dos últimas alternativas otorgarían una extraordinaria verosimilitud a la versión, muy insistente en el Consejo, de que los representantes del kirchnerismo se proponen suspender la investigación y archivar el expediente Canicoba en un par de semanas. El pretexto sería que el viernes de la semana que viene, 22, perdería vigencia la acusación del perito Propitkin, la más antigua, por el mero paso del tiempo. Este desenlace volvería a demostrar lo que muchos consideran de sentido común: es incorrecto que se acumulen en una misma causa imputaciones de distinta naturaleza, formuladas en distintas oportunidades.
La suspensión de la indagación sobre las declaraciones patrimoniales de Canicoba es una competencia del plenario del Consejo. El encargado de tramitarla, en voz muy baja, es Gerónimo Ustarroz. Se trata nada menos que del representante del Poder Ejecutivo. Es decir, la voz de Alberto Fernández. Ustarroz es un kirchnerista de Mercedes, hermano de crianza del ministro del Interior, Wado de Pedro. Con Ustarroz votarían, para exculpar a Canicoba, el juez Alberto Lugones, presidente del organismo; los senadores María Pilatti Vergara y Mariano Recalde; la diputada Vanesa Siley; y el académico Diego Molea, flamante y ferviente kirchnerista, rector de la Universidad de Lomas de Zamora.
En contra de suspender la investigación sobre Canicoba se pronunciarían la senadora radical Silvia Giacoppo; el diputado Tonelli; los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta; y los abogados Sánchez Herrero y Más Vélez.
La suerte del magistrado estaría en manos de la diputada Graciela Camaño, que integra la oposición al Gobierno desde Compromiso Federal.
Protección kirchnerista
La protección kirchnerista a Canicoba es curiosa no sólo por su disonancia con el discurso judicial del Presidente. En especial porque, como recuerdan en su entorno, Alberto Fernández tuvo una mala experiencia con este magistrado, que no consigue olvidar. Se trata del procesamiento del actual ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que Canicoba dictó después de una extraña visita de Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, al imputado. Fernández, íntimo amigo de Moroni, trajinó los tribunales como abogado hasta que consiguió revocar esa sentencia.
Sin embargo, el rasgo más asombroso de la peripecia de este juez federal en el Consejo, es la convergencia en su favor de fuerzas que se suponen antagónicas. Para explicar la displicencia de Más Vélez siempre se proporcionó, con pedido de reserva, la misma explicación: es un pedido de Daniel Angelici, padrino político del consejero radical y vicerrector de la UBA. Según innumerables versiones, todas muy creíbles, este binguero, expresidente de Boca y principal gestor de Macri en Comodoro Py, fue el encargado de solicitar a Canicoba que mande tras las rejas a Omar "Caballo" Suárez. Este sindicalista es uno de los acusadores del juez: lo denunció por, antes de dictar su prisión, haberle querido cobrar para mantenerlo libre. Angelici controló, durante la gestión de Macri, el área jurídica de la AFI.
Canicoba tuvo otras razones para caer simpático a los servicios de Inteligencia. Sobreseyó a Gustavo Arribas, jefe de la AFI y alter ego de Macri, cuando un cambista brasileño reveló haberle girado dinero negro en el marco de la operación Lava Jato. Canicoba exculpó al acusado antes de que le contestaran los exhortos que él mismo había pedido a bancos suizos. Una premura inconveniente, porque la respuesta de esos bancos absolvía a Arribas. El último servicio de Canicoba a los delegados de Macri en la AFI fue desentenderse de varias denuncias sobre espionaje clandestino de Arribas y su segunda, Silvia Majdalani, sobre figuras de la oposición kirchnerista, el deporte y la prensa. Canicoba utilizó esas denuncias para investigar a otras dependencias del Estado, algunas de las cuales lo indagaban a él.
Si bien el encargado de poner a salvo a Canicoba del protocolo con que el Consejo sancionó Freiler fue Más Vélez, quien con más celo se encargó de gestionar los intereses de Angelici en esa institución fue el anterior representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahíques. Este abogado se desempeña ahora como Procurador de la Ciudad de Buenos Aires, cargo al que llegó gracias al patronazgo del binguero. La ceremonia de asunción de Mahíques expuso una galería de afinidades. Uno de los invitados fue Canicoba. Otro, "Wado" de Pedro.
En octubre pasado Wado De Pedro -ahora ministro del Interior- estuvo en la jura de Juan Bautista Mahíques como fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; el funcionario es foco de acusaciones de Cristina Kirchner
La presencia del ministro del Interior era previsible. Igual que su hermano de crianza, Ustarroz, tiene con Mahíques una vieja y estrechísima amistad nacida en la infancia compartida por todos en Mercedes. Era impensable: Ustarroz no sólo heredó el sillón de Mahíques en el Consejo. También heredó sus prioridades.
Esta continuidad está atada por otras relaciones. Cristóbal López y Fabián de Souza tienen un agradecimiento eterno por las gestiones de Angelici ante su amiga la jueza María Eugenia Capuchetti, que los sobreseyó. El binguero cuenta con un amigo íntimo en la Casa Rosada: Juan Manuel Olmos, decisivo jefe de asesores del Presidente y el mejor interlocutor del "albertismo" con De Pedro. El mismo Angelici influye a la distancia sobre el rector Molea, que preside la Comisión de Disciplina, a través del integrante del Consejo porteño, Alberto "Nacho" Biglieri.
Las vinculaciones podrían extenderse al infinito. Demuestran, en su multiplicidad, la existencia de un orden. Es el orden al que Fernández quiere hacer frente con su reforma judicial y que mañana, en el Consejo, estaría por burlarse de él.
El papel de De Pedro
Una de las grandes novedades de estos meses es la lenta incorporación de "Wado" de Pedro a ese sistema. El ministro del Interior se ha ido desplazando desde el centro de La Cámpora a un flexible ecumenismo. Uno de los indicios de ese desplazamiento es su cada vez más estrecha relación con Massa, quien lo asoma a su pequeña disneylandia de empresarios, medios amigos, financistas y gerentes neoyorkinos. La amistad se completa con el próspero Ignacio "Nacho" Saavedra, a quien muchos diputados atribuyen ser el proveedor del muro de pantallas con que Massa tapizó, con poco éxito, el recinto de Diputados.
Son anécdotas. Lo relevante es que la gestión de Ustarroz, el delegado de De Pedro en el Consejo, a favor de Canicoba es la manera en que el régimen judicial enquistado en Comodoro Py se ríe, ya no del Presidente, sino de su vice. La teoría del lawfare tiene, por momentos, rasgos delirantes. Por ejemplo: ayer la esposa de Julio De Vido, le pidió por Twitter a Ricardo Jaime que no se calle nada. El problema es que la última vez que Jaime dijo algo interesante fue cuando confesó que había robado. Más allá de estas liviandades, si hay un caso en el que la lectura judicial de Cristina Kirchner sobre la Justicia Federal resulta verosímil, es el caso de Canicoba Corral. Para la intimidad del Instituto Patria el principal agente del lawfare no fue, en realidad, Macri, sino Massa cuando todavía era rival.
La cuestión tribunalicia está hoy en el centro de las tensiones oficiales. Quienes rodean a la señora de Kirchner más de cerca, los mismos que le enrostran haberse equivocado al renunciar a la presidencia, a la cabeza de los cuales están Oscar Parrilli y Leopoldo Moreau, la escuchan lamentar su situación actual. Decir que, mientras Alberto Fernández departe con figuras prominentes de Cambiemos, "sin que haya ningún macrista complicado en la justicia", ella y sus hijos siguen con las causas abiertas y las cuentas embargadas. ¿Hay algún pacto cuyo cumplimiento se demora? Casi seguro. Más incierto es saber quién es el responsable de ese desperfecto. Si Fernández o De Pedro.
Por: Carlos Pagni
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