23 de abril de 2020
Coronavirus. La paradoja que faltaba: se enfermó la salud
Carlos Pagni
LA NACION
El Gobierno ha adoptado dos decisiones relevantes. Alargar la cuarentena, cuyo final se había fijado para el 27, hasta el 10 de mayo. Y endurecer, como estaba previsto, su posición frente a los acreedores externos. Una medida es sanitaria. La otra, financiera. Pero sería un error no advertir que están relacionadas. Si se permite una simplificación, los especialistas calculan que cada mes de cuarentena provoca una reducción del 50% de la producción de ese mes. Medido de otro modo: por cada semana de cuarentena, el PBI tiene una retracción anualizada del 1%. Quiere decir que cada vez que agrega días a la cuarentena, Alberto Fernández sumerge más al país en la recesión. Se podrá discutir si esa estrategia es o no inevitable. Lo cierto es que, cuanto más se congele la economía, más indispensables serán los instrumentos para salir de esa parálisis. Hay uno principal: el dinero para financiar inversiones. Esto es lo que se pone en juego en la esgrima con los bonistas. El acceso al crédito de la sociedad en su conjunto. Y, sobre todo, de las empresas. Muchas habrán dejado de existir. O estarán conectadas a un respirador, por usar una imagen de época. En síntesis: la pandemia cambió el significado de la negociación de la deuda. Ya no se trata sólo, ni en primer lugar, de un asunto fiscal. Es una cuestión determinante para la velocidad con que se recupere la vida material.
El tejido productivo está muy afectado. Por eso ayer el Gobierno terminó de reglamentar un paquete de ayuda que servirá a las compañías, sobre todo a las más pequeñas, a llegar a mayo sin hundirse. Pasar el nuevo mes será otro desafío. Hay muchos sectores afectados. Pero uno se destaca entre todos, por la paradoja que entraña su dificultad. Es el de la salud. Los hospitales y sanatorios han reducido a la mitad su nivel de ocupación. Los motivos son diversos. Hubo, por razones obvias, un derrumbe de los accidentes de tránsito. Los procedimientos programados, es decir, que no vienen impuestos por una emergencia, sobre todo cirugías, quedaron postergados. Muchísimas personas, por temor a salir de su casa, no consultan al médico.Aun cuando registren síntomas preocupantes. Un ejemplo: hace dos semanas el doctor Harlan Krumholz publicó en The New York Times un artículo preguntándose adonde habían ido los infartos. Explicaba que, tanto en los Estados Unidos como en otros países, la gente huye de las entrevistas presenciales y llega a las clínicas cuando los síntomas ya son severísimos. En Buenos Aires se replica ese fenómeno. Todo el sistema médico está funcionando al 50% de su capacidad, lo que hace suponer que hay, o habrá, un aumento de patologías ajenas al Covid 19. El ministro Ginés González García consignó días atrás que la mitad de las camas de terapia intensiva del país están vacías.
Esta subutilización del aparato sanitario representa para los sanatorios una caída dramática de ingresos. Se calcula que es, promedio, del 50 al 55%. Los que tienen contratos con la seguridad social, en especial con el PAMI o instituciones provinciales, están más dañados todavía, por las consuetudinarias moras en los pagos. Los hospitales públicos, de cualquier dimensión, afrontan otro problema: la caída de recaudación del Estado en todos sus niveles. Sobre todo en las provincias, que son las que operan los centros de salud más requeridos.
Esta reducción en los ingresos se combina con un aumento excepcional en el gasto y la inversión. Este mes se cerró un nuevo trimestre de la paritaria de los trabajadores de Sanidad con un incremento salarial del 16%. Es un aumento moderado. Pero difícil de absorber, ya que el precio de las prestaciones que se factura a las obras sociales y prepagas está congelado. Los sueldos representan alrededor del 70% de los costos de una clínica. También aumentaron, como consecuencia de la pandemia, otras erogaciones. Muchas instituciones compraron más respiradores, camas y equipamiento personal como barbijos, camisolines, gafas, etc.
Ginés González García consignó que la mitad de las camas de terapia intensiva del país están vacías, cuestión que será de gran importancia ante un eventual brote del coronavirus
El Gobierno ha adoptado dos decisiones relevantes. Alargar la cuarentena, cuyo final se había fijado para el 27, hasta el 10 de mayo. Y endurecer, como estaba previsto, su posición frente a los acreedores externos. Una medida es sanitaria. La otra, financiera. Pero sería un error no advertir que están relacionadas. Si se permite una simplificación, los especialistas calculan que cada mes de cuarentena provoca una reducción del 50% de la producción de ese mes. Medido de otro modo: por cada semana de cuarentena, el PBI tiene una retracción anualizada del 1%. Quiere decir que cada vez que agrega días a la cuarentena, Alberto Fernández sumerge más al país en la recesión. Se podrá discutir si esa estrategia es o no inevitable. Lo cierto es que, cuanto más se congele la economía, más indispensables serán los instrumentos para salir de esa parálisis. Hay uno principal: el dinero para financiar inversiones. Esto es lo que se pone en juego en la esgrima con los bonistas. El acceso al crédito de la sociedad en su conjunto. Y, sobre todo, de las empresas. Muchas habrán dejado de existir. O estarán conectadas a un respirador, por usar una imagen de época. En síntesis: la pandemia cambió el significado de la negociación de la deuda. Ya no se trata sólo, ni en primer lugar, de un asunto fiscal. Es una cuestión determinante para la velocidad con que se recupere la vida material.
El tejido productivo está muy afectado. Por eso ayer el Gobierno terminó de reglamentar un paquete de ayuda que servirá a las compañías, sobre todo a las más pequeñas, a llegar a mayo sin hundirse. Pasar el nuevo mes será otro desafío. Hay muchos sectores afectados. Pero uno se destaca entre todos, por la paradoja que entraña su dificultad. Es el de la salud. Los hospitales y sanatorios han reducido a la mitad su nivel de ocupación. Los motivos son diversos. Hubo, por razones obvias, un derrumbe de los accidentes de tránsito. Los procedimientos programados, es decir, que no vienen impuestos por una emergencia, sobre todo cirugías, quedaron postergados. Muchísimas personas, por temor a salir de su casa, no consultan al médico.Aun cuando registren síntomas preocupantes. Un ejemplo: hace dos semanas el doctor Harlan Krumholz publicó en The New York Times un artículo preguntándose adonde habían ido los infartos. Explicaba que, tanto en los Estados Unidos como en otros países, la gente huye de las entrevistas presenciales y llega a las clínicas cuando los síntomas ya son severísimos. En Buenos Aires se replica ese fenómeno. Todo el sistema médico está funcionando al 50% de su capacidad, lo que hace suponer que hay, o habrá, un aumento de patologías ajenas al Covid 19. El ministro Ginés González García consignó días atrás que la mitad de las camas de terapia intensiva del país están vacías.
Esta subutilización del aparato sanitario representa para los sanatorios una caída dramática de ingresos. Se calcula que es, promedio, del 50 al 55%. Los que tienen contratos con la seguridad social, en especial con el PAMI o instituciones provinciales, están más dañados todavía, por las consuetudinarias moras en los pagos. Los hospitales públicos, de cualquier dimensión, afrontan otro problema: la caída de recaudación del Estado en todos sus niveles. Sobre todo en las provincias, que son las que operan los centros de salud más requeridos.
Esta reducción en los ingresos se combina con un aumento excepcional en el gasto y la inversión. Este mes se cerró un nuevo trimestre de la paritaria de los trabajadores de Sanidad con un incremento salarial del 16%. Es un aumento moderado. Pero difícil de absorber, ya que el precio de las prestaciones que se factura a las obras sociales y prepagas está congelado. Los sueldos representan alrededor del 70% de los costos de una clínica. También aumentaron, como consecuencia de la pandemia, otras erogaciones. Muchas instituciones compraron más respiradores, camas y equipamiento personal como barbijos, camisolines, gafas, etc.
Ginés González García consignó que la mitad de las camas de terapia intensiva del país están vacías, cuestión que será de gran importancia ante un eventual brote del coronavirus
El contexto hace, además, que los precios de esos bienes hayan sufrido un aumento llamativo. Un funcionario de la ciudad de Buenos Aires explicaba ayer a LA NACION : "Tuvimos un escándalo por el precio de los barbijos en medio de una urgencia. Se suspendió la operación. Ahora necesitamos más. Y tenemos un contrato con un proveedor que decidió no entregar la cantidad a la que se había comprometido. Es evidente que se la vendió a otro comprador, a un precio mayor. En consecuencia, estamos ante un dilema complicado. O dejamos a los médicos y enfermeros sin barbijos, o soportamos un escándalo porque tendremos que pagar 10 veces lo que valen en una situación normal. Deberíamos dar una conferencia de prensa y someter al público esa disyuntiva". Con los respiradores ocurre algo parecido. Por eso el Ministerio de Producción de la Nación, que conduce Matías Kulfas, explora la posibilidad de convocar a empresas automotrices y electrónicas para reparar el material que esté dañado. Aquí aparece otro inconveniente: no hay un registro de los respiradores que poseen provincias, municipios e instituciones privadas.
Para acotar las desviaciones que surgen a menudo con las contrataciones perentorias a las que obliga la emergencia, los diputados de la Coalición Cívica, encabezados por Juan Manuel López, presentarán hoy un proyecto para agravar las penas para los delitos en perjuicio de la administración pública, cuando se cometan en medio de crisis como la que hoy se verifica en el campo sanitario.
Hasta ahora no se advierte que el Gobierno esté prestando atención al problema general : la doble Nelson de la caída de ingresos y el aumento de gastos pone al universo de la salud ante una peligrosa encrucijada. Podría suceder que las clínicas estén ante dificultades financieras insalvables justo en el momento en que se produce el pico de demanda. El paso del tiempo, que les permitía a los agentes sanitarios prepararse para una exigencia excepcional, ahora comienza a debilitarlos. Se llega a sí a un reclamo inesperado: son algunos médicos los que piden una ayuda estatal adicional, o abreviar la cuarentena.
El éxito del aislamiento, con el que pueden colaborar algunas peculiaridades del país, hacen que ese pico se esté postergando. Y que, a la luz de algunos modelos probabilísticos, muchos expertos en estadísticas comiencen a verlo problemático. No vaya a ser que, al final, se cumplan las profecías del optimista González García. Él mismo admitió que habría que esperar "un pico chatito", que se registraría en junio. Es obvio: cuanto más se alarga la cuarentena, más se demora la supuesta ola de contagios. La novedad es que algunos matemáticos afirman, con los datos de las autoridades de Salud, que la cantidad de contagios tiende a disminuir y que, en poco tiempo, irá tendiendo a cero. Esa afirmación supone que las restricciones se podrían ir levantando más rápido. Un profesor israelí, Isaac Ben-Israel, fue mucho más allá: sostuvo que la epidemia dura 70 días, en cualquier país y en cualquier régimen sanitario.
En el Gobierno no confían en esas predicciones. Consideran que, si se mantuvo a raya al coronavirus, fue por la severidad del encierro. También se citan casos ejemplares que no fueron tan felices como se había dictaminado: un nuevo estudio del ya célebre Tomás Pueyo, ilustra sobre rebrotes en Singapur, que era un modelo de superación de la epidemia. En voz muy baja, se admite también otra realidad: muchos datos sobre los que se construye la imagen local de la epidemia son imprecisos. Y, sobre todo, desactualizados. Existe también un doble estímulo político a mantener la cuarentena. Por un lado, hay regiones del país donde el aparato sanitario es paupérrimo. "No me preocupan los respiradores, en algunas provincias me preocupan los barbijos", confesó un interlocutor habitual del Presidente. Por otro lado, la cantidad de contagios y, sobre todo, de fallecimientos, está tan por debajo de lo previsto, que el Presidente consume miel con las encuestas.
Una incógnita importante es hasta qué punto Fernández es consciente de lo corrosiva que comienza a ser la recesión. Esa respuesta es crucial para saber cómo se está parando frente a la eventualidad de una cesación del pago de la deuda. Es decir, frente a un estrangulamiento del crédito al sector privado, que es el único que podría tener acceso a financiamiento. El ministro Martín Guzmán realizó una oferta en los términos que podían esperarse. Es decir, dentro de las pautas que se fijaron en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. La propuesta no coincide con lo que esperan los acreedores. Los expertos simplifican de este modo: con una tasa de descuento del 12%, el gobierno promete pagar 30 centavos por dólar adeudado; con una de 10%, 40 centavos. Lo que el mercado espera puede estar entre 40 y 48 centavos. No es una diferencia insalvable.
Varios interrogantes rodean a este problema. ¿Guzmán está dispuesto a negociar? Ayer dio una muestra de firmeza y no pagó un vencimiento por 503 millones de dólares. Es cierto que se descontaba que no lo haría y se tomaría el período de 30 días previsto en esos papeles. ¿Podría el Gobierno mejorar la oferta? ¿Suprimir, por ejemplo, el 5% de quita sobre el capital y, a la vez, capitalizar los intereses impagos durante el período de gracia? ¿Sería capaz de pagar 1 y no 0,5% durante el primer año? El acuerdo está tan cerca que hay quienes piensan que no es impensable. Otro interrogante, decisivo: ¿los bonistas seguirán comentando lo que les ofrecen o harán su propia propuesta para, a partir de los dos documentos, acercar posiciones? Y un tercer aspecto de la cuestión, que planteó anteayer Emmanuel Álvarez Agis en una exposición privada: ¿el Fondo formará parte de esta discusión? Para los acreedores esta incógnita es decisiva: es el principal prestamista de la Argentina. Por lo tanto, la sustentabilidad del canje no puede desvincularse del nivel de exigencia que imponga ese organismo. Más aún: en el marco universal de la pandemia, hasta podría fantasearse con una ayuda especial que facilite el acuerdo y evite el default. Los financistas que operan con bonos argentinos también están sometidos a la tormenta sanitaria: deben recortar a diario el precio de todos sus activos. Sería gracioso que el coronavirus consiga lo impensable: que la única buena noticia para el sistema financiero en esta pesadilla llegue desde Buenos Aires, con un gobierno kirchnerista.
Por: Carlos Pagni
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