22 de abril de 2020
La huella kirchnerista de la impunidad
LA NACION
Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos y un cristinista cerril, llamó a una jueza para "recordarle" que él había pedido la prisión domiciliaria de Luis D'Elía. La jueza dejó constancia por escrito en el expediente de la llamada telefónica del funcionario. Luego, Pietragalla pidió formalmente a la Cámara de Casación que aceptara el pedido de Ricardo Jaime para que su actual prisión efectiva se convirtiera en prisión domiciliaria. Jaime es uno los casos más emblemáticos de la corrupción durante los dos gobiernos Kirchner.
Y es también el exfuncionario que más ostentación hizo de la riqueza recién adquirida. La Cámara de Casación rechazó ayer, con un impecable criterio, los planteos de Jaime y de Pietragalla. Jaime seguirá entre rejas.
Las cosas no terminan ahí. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, otro cristinista de la primera hora, se hizo cargo violentamente del Programa de Testigos Protegidos (llevó hasta efectivos de la Policía Federal). Los testigos protegidos de la corrupción durante los años del kirchnerismo puro comenzaron a huir del programa. Corrían más peligro dentro de él que fuera. Para decirlo de manera directa: el programa de testigos protegidos para los casos de corrupción ha concluido. Se terminó.
El mismo Mena le negó a la abogada Silvina Martínez, una colaboradora muy cercana de Margarita Stolbizer, sobre todo en las investigaciones sobre el robo al Estado, la información sobre el Instituto Patria, el sancta sanctorum del cristinismo. Le negó, en fin, el derecho al acceso a la información pública. La noticia, divulgada por el periodista Nicolás Wiñazki, significa un serio retroceso para el derecho de la sociedad a la información sobre las cuestiones públicas.
El aspecto contradictorio de las andanzas de Pietragalla y Mena es que ambos son subalternos de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la funcionaria del actual gobierno que más respeto convoca en el ámbito donde se mueve, es decir, entre jueces y fiscales independientes. Losardo es una vieja amiga de Alberto Fernández. Tampoco el Presidente, hay que admitirlo, defendió nunca a Jaime ni a quien fue su jefe directo, Julio De Vido.
La llegada de aquellos dos subalternos al Ministerio de Justicia fue consecuencia del entretejido que se hizo en las designaciones entre cristinistas y albertistas. Fuentes oficiales señalaron, incluso, que el propio Alberto Fernández descartó los dos primeros candidatos de Cristina Kirchner para viceministros de Justicia porque directamente eran "indigeribles". "Un desastre", admitieron esas fuentes. Aceptó a Mena porque recordó que había llegado a un alto cargo en ese ministerio en tiempos de Cristina para controlar al entonces viceministro Julián Álvarez, a quien muchos kirchneristas le adjudican gran parte de la culpa de la posterior peripecia judicial de la expresidenta. De hecho, Julián Álvarez es el único camporista de primera línea que no resucitó. No todavía.
Sea como fuere, y si bien se ve lo que está haciendo Mena, su designación es un error. Mena fue también en tiempos de Cristina el segundo de Oscar Parrilli en el control de los servicios de inteligencia. ¿Por qué no buscaron la posibilidad de funcionarios nuevos, no desgastados por la gestión anterior? Es un misterio que solo pueden revelar Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Vale la pena detenerse en Pietragalla. Fue uno de los cuatro diputados nacionales, junto con -cómo no- Leopoldo Moreau, que hicieron un golpe de Estado de hecho contra el entonces presidente de la Cámara Emilio Monzó. Fue en diciembre de 2017. El cuerpo había sido convocado para tratar una reforma previsional que modificaba levemente la ecuación para los aumentos a los jubilados. En los alrededores del Congreso, varias organizaciones de izquierda lanzaron 15 toneladas de piedras y provocaron un destrozo enorme del espacio público. En el recinto, aquellos diputados se abalanzaron sobre el escritorio del presidente de la Cámara y le arrebataron el micrófono. El presidente de un cuerpo de 257 miembros se convierte en el acto en alguien impotente si carece de micrófono. Es lo que hicieron Pietragalla y Moreau. Un golpe de Estado dentro de uno de los poderes de la Constitución.
Ahora, en sus nuevas funciones, Pietragalla reclamó la libertad de hecho de Jaime, el funcionario del kirchnerismo con peor imagen pública por su complicidad con actos corruptos. En los últimos meses de libertad, Jaime viajaba en avión comercial a la Capital desde su Córdoba natal con una gorra y con amplios lentes de sol. Varias veces lo habían insultado en la vía pública. Pietragalla dice que el abogado defensor de Jaime pidió su prisión domiciliaria porque es un hombre de 65 años y es, por lo tanto, una persona de riesgo ante el Covid-19.
El secretario de Derechos Humanos no hizo ninguna gestión oficial para que un médico del Estado confirmara lo que dice el abogado defensor. Simplemente, hizo suyo el planteo de la defensa y, en tal condición, se presentó ante la Cámara de Casación. Le advirtió a esta que el país podría ser condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar tales derechos; la organización internacional hizo varios llamados para que no se abuse en los países latinoamericanos de la prisión preventiva. La Cámara de Casación le contestó ayer: "No es una prisión preventiva. Está cumpliendo una condena", matiz que Pietragalla parece no entender.
¿O lo entiende y disiente con la jurisprudencia de la Corte Suprema? Jaime fue condenado en juicio oral y público por la tragedia de Once a ocho años de prisión efectiva. La Cámara de Casación confirmó la sentencia y le negó la apelación ante la Corte Suprema. Esas son las condiciones en las que un encartado debe empezar a cumplir la pena de prisión, aunque haya recurrido en queja a la Corte, según la jurisprudencia que existe desde 2008 en el máximo tribunal de Justicia. Es el mismo caso de Amado Boudou, a quien, no obstante, un juez aislado (integrante de un tribunal de tres magistrados) le permitió retozar en su casa mientras está en prisión. Una cosa es discutir sobre la prisión preventiva dispuesta por un juez de primera instancia; otra cosa es cuestionar la prisión efectiva decidida por varios tribunales. Esto último desconoce la necesidad del poder punitivo que tiene cualquier Estado. Es entrar, para decirlo sin tantas vueltas, en el reino de la impunidad.
Según funcionarios del gobierno, que pidieron el anonimato, Pietragalla es un convencido de que todos los casos de corrupción de la era kirchnerista son productos de lawfare . Esto es: de la persecución política de dirigentes nacionales y populares por una conjura jurídico-mediática. ¿También Jaime, que hasta aceptó que cobró sobornos de los empresarios a los que debía controlar y a los que les daba cuantiosos subsidios? También. Jaime fue preso por primera vez cuando Cristina era presidenta. Fue, en tal caso, un preso político de Cristina. "Fue un claro error político", se limitaron a decir cerca de Alberto Fernández. Pero la corriente política de Pietragalla sostiene que una sola excepción que acepte que hubo corrupción podría desarmar la arquitectura del relato. Un cargo tan sensible como lo es el de secretario de Derechos Humanos no debería estar en manos de quien milita en el fanatismo político.
La decisión de Pietragalla de recurrir, sin suerte, a la Justicia para sacar de la cárcel a Jaime no le fue informada previamente a la ministra Losardo. Por lo tanto, tampoco estaba informado Alberto Fernández. El Presidente tomó distancia primero, luego convocó a Pietragalla y le ordenó que diera un comunicado público sobre las razones, aparentemente jurídicas, que lo empujaron a hacer lo inexplicable. No haber informado a sus jefes sobre su decisión de presionar a la Justicia era causa suficiente para que renunciara al cargo o para que el presidente le pidiera la renuncia. No lo hizo. Ya una presión parecida de Pietragalla, aunque más explícita y descarada, mandó a D'Elía a su casa, a pesar de que este fue condenado en una causa que lleva dando vueltas más de una década: la ocupación violenta de una comisaría. La Cámara de Casación puso ayer a Pietragalla en su lugar. Alguien debía hacerlo.
La emergencia sanitaria está promoviendo muchas excepciones. Las deserciones de los otros dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial, ayudan a que funcionarios del Poder Ejecutivo consideren que tienen la suma del poder público. El lunes, el Presidente dijo públicamente que la pandemia obligará a un "Estado sin corrupción". Para terminar con la corrupción no solo se necesitan prácticas transparentes en la administración pública, sino también una sanción clara y efectiva de los hechos corruptos del pasado, sobre todo de un pasado que acaba de pasar.
Por: Joaquín Morales Solá
Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos y un cristinista cerril, llamó a una jueza para "recordarle" que él había pedido la prisión domiciliaria de Luis D'Elía. La jueza dejó constancia por escrito en el expediente de la llamada telefónica del funcionario. Luego, Pietragalla pidió formalmente a la Cámara de Casación que aceptara el pedido de Ricardo Jaime para que su actual prisión efectiva se convirtiera en prisión domiciliaria. Jaime es uno los casos más emblemáticos de la corrupción durante los dos gobiernos Kirchner.
Y es también el exfuncionario que más ostentación hizo de la riqueza recién adquirida. La Cámara de Casación rechazó ayer, con un impecable criterio, los planteos de Jaime y de Pietragalla. Jaime seguirá entre rejas.
Las cosas no terminan ahí. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, otro cristinista de la primera hora, se hizo cargo violentamente del Programa de Testigos Protegidos (llevó hasta efectivos de la Policía Federal). Los testigos protegidos de la corrupción durante los años del kirchnerismo puro comenzaron a huir del programa. Corrían más peligro dentro de él que fuera. Para decirlo de manera directa: el programa de testigos protegidos para los casos de corrupción ha concluido. Se terminó.
El mismo Mena le negó a la abogada Silvina Martínez, una colaboradora muy cercana de Margarita Stolbizer, sobre todo en las investigaciones sobre el robo al Estado, la información sobre el Instituto Patria, el sancta sanctorum del cristinismo. Le negó, en fin, el derecho al acceso a la información pública. La noticia, divulgada por el periodista Nicolás Wiñazki, significa un serio retroceso para el derecho de la sociedad a la información sobre las cuestiones públicas.
El aspecto contradictorio de las andanzas de Pietragalla y Mena es que ambos son subalternos de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la funcionaria del actual gobierno que más respeto convoca en el ámbito donde se mueve, es decir, entre jueces y fiscales independientes. Losardo es una vieja amiga de Alberto Fernández. Tampoco el Presidente, hay que admitirlo, defendió nunca a Jaime ni a quien fue su jefe directo, Julio De Vido.
La llegada de aquellos dos subalternos al Ministerio de Justicia fue consecuencia del entretejido que se hizo en las designaciones entre cristinistas y albertistas. Fuentes oficiales señalaron, incluso, que el propio Alberto Fernández descartó los dos primeros candidatos de Cristina Kirchner para viceministros de Justicia porque directamente eran "indigeribles". "Un desastre", admitieron esas fuentes. Aceptó a Mena porque recordó que había llegado a un alto cargo en ese ministerio en tiempos de Cristina para controlar al entonces viceministro Julián Álvarez, a quien muchos kirchneristas le adjudican gran parte de la culpa de la posterior peripecia judicial de la expresidenta. De hecho, Julián Álvarez es el único camporista de primera línea que no resucitó. No todavía.
Sea como fuere, y si bien se ve lo que está haciendo Mena, su designación es un error. Mena fue también en tiempos de Cristina el segundo de Oscar Parrilli en el control de los servicios de inteligencia. ¿Por qué no buscaron la posibilidad de funcionarios nuevos, no desgastados por la gestión anterior? Es un misterio que solo pueden revelar Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Vale la pena detenerse en Pietragalla. Fue uno de los cuatro diputados nacionales, junto con -cómo no- Leopoldo Moreau, que hicieron un golpe de Estado de hecho contra el entonces presidente de la Cámara Emilio Monzó. Fue en diciembre de 2017. El cuerpo había sido convocado para tratar una reforma previsional que modificaba levemente la ecuación para los aumentos a los jubilados. En los alrededores del Congreso, varias organizaciones de izquierda lanzaron 15 toneladas de piedras y provocaron un destrozo enorme del espacio público. En el recinto, aquellos diputados se abalanzaron sobre el escritorio del presidente de la Cámara y le arrebataron el micrófono. El presidente de un cuerpo de 257 miembros se convierte en el acto en alguien impotente si carece de micrófono. Es lo que hicieron Pietragalla y Moreau. Un golpe de Estado dentro de uno de los poderes de la Constitución.
Ahora, en sus nuevas funciones, Pietragalla reclamó la libertad de hecho de Jaime, el funcionario del kirchnerismo con peor imagen pública por su complicidad con actos corruptos. En los últimos meses de libertad, Jaime viajaba en avión comercial a la Capital desde su Córdoba natal con una gorra y con amplios lentes de sol. Varias veces lo habían insultado en la vía pública. Pietragalla dice que el abogado defensor de Jaime pidió su prisión domiciliaria porque es un hombre de 65 años y es, por lo tanto, una persona de riesgo ante el Covid-19.
El secretario de Derechos Humanos no hizo ninguna gestión oficial para que un médico del Estado confirmara lo que dice el abogado defensor. Simplemente, hizo suyo el planteo de la defensa y, en tal condición, se presentó ante la Cámara de Casación. Le advirtió a esta que el país podría ser condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar tales derechos; la organización internacional hizo varios llamados para que no se abuse en los países latinoamericanos de la prisión preventiva. La Cámara de Casación le contestó ayer: "No es una prisión preventiva. Está cumpliendo una condena", matiz que Pietragalla parece no entender.
¿O lo entiende y disiente con la jurisprudencia de la Corte Suprema? Jaime fue condenado en juicio oral y público por la tragedia de Once a ocho años de prisión efectiva. La Cámara de Casación confirmó la sentencia y le negó la apelación ante la Corte Suprema. Esas son las condiciones en las que un encartado debe empezar a cumplir la pena de prisión, aunque haya recurrido en queja a la Corte, según la jurisprudencia que existe desde 2008 en el máximo tribunal de Justicia. Es el mismo caso de Amado Boudou, a quien, no obstante, un juez aislado (integrante de un tribunal de tres magistrados) le permitió retozar en su casa mientras está en prisión. Una cosa es discutir sobre la prisión preventiva dispuesta por un juez de primera instancia; otra cosa es cuestionar la prisión efectiva decidida por varios tribunales. Esto último desconoce la necesidad del poder punitivo que tiene cualquier Estado. Es entrar, para decirlo sin tantas vueltas, en el reino de la impunidad.
Según funcionarios del gobierno, que pidieron el anonimato, Pietragalla es un convencido de que todos los casos de corrupción de la era kirchnerista son productos de lawfare . Esto es: de la persecución política de dirigentes nacionales y populares por una conjura jurídico-mediática. ¿También Jaime, que hasta aceptó que cobró sobornos de los empresarios a los que debía controlar y a los que les daba cuantiosos subsidios? También. Jaime fue preso por primera vez cuando Cristina era presidenta. Fue, en tal caso, un preso político de Cristina. "Fue un claro error político", se limitaron a decir cerca de Alberto Fernández. Pero la corriente política de Pietragalla sostiene que una sola excepción que acepte que hubo corrupción podría desarmar la arquitectura del relato. Un cargo tan sensible como lo es el de secretario de Derechos Humanos no debería estar en manos de quien milita en el fanatismo político.
La decisión de Pietragalla de recurrir, sin suerte, a la Justicia para sacar de la cárcel a Jaime no le fue informada previamente a la ministra Losardo. Por lo tanto, tampoco estaba informado Alberto Fernández. El Presidente tomó distancia primero, luego convocó a Pietragalla y le ordenó que diera un comunicado público sobre las razones, aparentemente jurídicas, que lo empujaron a hacer lo inexplicable. No haber informado a sus jefes sobre su decisión de presionar a la Justicia era causa suficiente para que renunciara al cargo o para que el presidente le pidiera la renuncia. No lo hizo. Ya una presión parecida de Pietragalla, aunque más explícita y descarada, mandó a D'Elía a su casa, a pesar de que este fue condenado en una causa que lleva dando vueltas más de una década: la ocupación violenta de una comisaría. La Cámara de Casación puso ayer a Pietragalla en su lugar. Alguien debía hacerlo.
La emergencia sanitaria está promoviendo muchas excepciones. Las deserciones de los otros dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial, ayudan a que funcionarios del Poder Ejecutivo consideren que tienen la suma del poder público. El lunes, el Presidente dijo públicamente que la pandemia obligará a un "Estado sin corrupción". Para terminar con la corrupción no solo se necesitan prácticas transparentes en la administración pública, sino también una sanción clara y efectiva de los hechos corruptos del pasado, sobre todo de un pasado que acaba de pasar.
Por: Joaquín Morales Solá
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