05/07/15
Consolidada la noción de que Cristina no tendrá diputados ni senadores suficientes para ejercer un monitoreo inmovilizador desde el Congreso sobre la eventual presidencia de Daniel Scioli, la verdadera operación de protección y control a futuro es el desembarco y ocupación de puestos clave en la Justicia por parte de adherentes kirchneristas.
Lo hacen gracias a la aplicación sesgada, en el Consejo de la Magistratura, de leyes votadas por la mayoría parlamentaria oficialista. Es en la Justicia y no en el Congreso donde Cristina y los suyos planean dar la principal batalla de resistencia después de diciembre.
Visto así, la implantación de Carlos Zannini, el custodio de la fe, como candidato a vicepresidente, sería el emergente más visible de una maniobra de distracción perfectamente ejecutada. La conformación de las listas legislativas, encabezadas por Máximo Kirchner en Santa Cruz, Axel Kicillof en Capital y Eduardo De Pedro en la Provincia, entre otras, funcionó como complemento suficiente y eficaz.
Mientras la política, los distintos círculos de poder y los medios ponían la atención en ese despliegue de la primera línea camporista apuntada al Congreso, bajo luces más atenuadas el Gobierno avanzaba sobre el Poder Judicial. Hubo un hombre que estuvo involucrado en las dos vertientes de la jugada: Zannini, el auténtico jefe de operaciones de Cristina.
Hoy ya se sabe que aún en la mejor de las elecciones soñadas, coronando a Scioli presidente, el kirchnerismo puro no será más de un tercio del futuro bloque de diputados, ni más de un sexto de la bancada de senadores. Esa es la tropa incondicional con la que contará Cristina después de diciembre. El resto será abrumadoramente peronista, como ha sido hasta ahora. Una mayoría siempre dispuesta a sumarse al liderazgo de quien ocupe el sillón del presidente y maneje el destino de los fondos públicos.
Pero debajo de la hojarasca que levantó hábilmente la Presidenta con sus movimientos electorales, venía marchando la invasión a la Justicia. Por enérgica acción propia y extendida lentitud de reflejos ajena, Cristina cada día fue dando otro paso hacia la ocupación estratégica de cámaras, juzgados y fiscalías.
Ese entramado puede terminar funcionando como una red de contención de causas y proyectos futuros que puedan afectar líneas troncales, principios y negocios del proyecto político y económico kirchnerista que se pretende preservar. A la vez, y sobre todo, pondría a resguardo a la Presidenta, a su familia, y al breve puñado de funcionarios sobre los que ella está dispuesta a extender su manto protector.
La cabecera de playa de esta operación fue la abrupta separación del juez Luis María Cabral de su puesto en la Cámara de Casación. Se produjo cuando había comenzado el proceso que debe desembocar en el fallo sobre la constitucionalidad del pacto con Irán, ese enorme error político cuyo costo final Cristina intenta evitar a toda costa. Cabral, como es sabido, se inclinaría por declarar inconstitucional ese acuerdo. Su voto haría mayoría en la sala de Casación que trata el tema, ratificando la inconstitucionalidad que ya dictaminó la Cámara Federal.
El desplazamiento de Cabral y su reemplazo por un abogado designado juez de Cámara gracias a la nueva ley de subrogancias, motivaron una situación de escándalo que aún no concluye. Una de sus muchas ramificaciones es la convocatoria para este martes que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, hizo a todos los titulares de cámaras federales del país.
Sucedió luego de que más de medio centenar de camaristas y jueces penales hicieran llegar una encendida carta de reclamo a Lorenzetti, manifestando su “inquietud y preocupación” por las decisiones que adopta el Consejo de la Magistratura y por el nombramiento de abogados como jueces subrogantes “sin aplicar el procedimiento legal establecido a tal fin” y “conspirando contra la estabilidad en la función judicial que reclama la Constitución”.
Desplazado el juez Cabral, que también era subrogante, el abogado transformado en camarista de Casación –el más alto tribunal penal del país– es Claudio Marcelo Vázquez, de quien se ha señalado como mérito más notorio su amistad con Julián Alvarez, que es secretario de Justicia, dirigente de La Cámpora y ahora aspirante a la intendencia de Lanús.
El miércoles pasado otros dos abogados fueron incorporados a Casación por el mismo método. Se trata de Norberto Federico Frontini y Roberto José Boico, quienes cubrieron así las vacantes que había en ese tribunal. Considerados en el ambiente judicial como afines al Gobierno, ambos posaron luego de la ceremonia, lógicamente felices, junto a la presidenta de esa Cámara, Ana María Figueroa.
La doctora Figueroa fue quien, en la noche del jueves anterior, había tomado juramento urgente al abogado Vázquez. Así se completó la maniobra de desplazamiento de Cabral decidida en el Consejo de la Magistratura por la mayoría kirchnerista que encabeza la titular de ese organismo, la jueza laboral Gabriela Vázquez.
Esta marcha oficialista a paso redoblado se propone objetivos ambiciosos de aquí a diciembre. Apunta al 25% de juzgados que están vacantes en el país y al 28% de las fiscalías en la misma situación.
Se trata de ocupar cuanto casillero sea posible. En Tribunales mencionan un plan kirchnerista para llenar con gente propia alrededor de 200 juzgados. A veces la imaginación vuela, pero los hechos concretos la hacen volar mucho más.
Nada de esto sería posible sin la acción decidida y militante de la jueza Vázquez, presidente del Consejo de la Magistratura, que con su voto suele desempatar a favor de las posturas del Gobierno el habitual seis a seis que se estableció en ese cuerpo.
Según las historias que se cuentan en tribunales de Comodoro Py, la doctora Vázquez –en particular interpretación de sus funciones en la Magistratura– ha visitado a jueces federales para reclamarles celeridad en alguna causa de interés, acompañada por funcionarios de la Procuración General que responden a órdenes directas de la procuradora Alejandra Gils Carbó, una de las piezas centrales que Cristina se propone dejar remachada en la estructura judicial que la sobreviva en el poder.
Como se ha dicho, origen y herramienta de toda esta ofensiva oficialista es la nueva ley de suborgancias. Según un informe reservado que circula en despachos de jueces y camaristas, esa ley promovería “una transformación total del Poder Judicial federal, similar a la que se pretendió con la frustrada reforma judicial anterior”.
Hace dos años Cristina había lanzado la llamada democratización de la Justicia, un conjunto de leyes destinadas a consolidar un fuerte control político sobre los tribunales. Decisiones interpuestas por la propia Justicia lo frenaron. Y le dio sepultura un fallo de la Corte Suprema declarando inconstitucional la elección popular de los miembros de la Magistratura, el organismo que selecciona y sanciona a los jueces.
Ese informe interno, que habría sido puesto en conocimiento de funcionarios de la Corte, destaca que la ley cuestionada otorga a la Magistratura la posibilidad de designar jueces subrogantes por un período de hasta seis años con la simple mayoría de sus miembros. Y que permite “elegir de manera discrecional entre un juez de la Constitución o un abogado de la lista de conjueces, cambiando todo el sistema anterior”.
De tal modo, dice el informe, el oficialismo podrá designar jueces para cubrir todas las vacantes existentes en “tribunales federales de primera instancia, cámaras federales y tribunales orales”, lo que puede significar “frenar algunas causas o impulsar otras”.
Asimismo, podrá “cubrir los cargos en los juzgados creados pero que todavía no han sido puestos en funcionamiento”. Esto incluiría a las cámaras federales de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
También podrán cubrirse los juzgados electorales específicos en todo el país, que se crearon pero que nunca han funcionado. Y a esto se suman juzgados y cámaras para cuestiones de consumo y tres nuevas Cámaras de Casación creadas por ley y aún inactivas, que podrían ser ocupadas en su totalidad por jueces subrogantes.
De tal modo, lo que queda en el ojo de la tormenta es la ley de subrogancias y su discutida constitucionalidad.
El jueves pasado un fallo del juez federal Alberto Recondo, de La Plata, declaró inconstitucional esta ley en el caso del nombramiento de un subrogante, Laureano Durán, al frente del juzgado federal con competencia electoral en toda la Provincia.
La rueda de la objeción judicial a las subrogancias se puso en marcha. Su destino final es la Corte Suprema, que deberá afrontar otra decisión fundamental.
Mientras tanto la formidable maquinaria kirchnerista no se detiene. En apenas el último mes la Presidenta ya firmó la designación de 117 nuevos camaristas, jueces, conjueces, fiscales y defensores.
El recambio presidencial del 10 de diciembre ya está a la vista. Esta es una carrera contra el tiempo. Y contra los tiempos de la Justicia.
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