09/09/13 - 06:17hs
La política electoralista del gobierno nacional, que desplegó un operativo de
seguridad con las fuerzas de Gendarmería en la provincia, se revela problemática
en el mediano y largo plazo, ya que las funciones de los nuevos efectivos que
patrullan las calles bonaerenses se superponen con las de la policía, que debe
reorganizarse sobre la marcha.
Así, con poco sentido estratégico, una fuerza financiada con impuestos
nacionales se puso al servicio de una sola provincia discriminando al resto de
los ciudadanos del país que también sufren severos problemas de inseguridad.
Pero el problema de la (des)política de seguridad K se aprecia también a la luz
de los números. En el año 2013, el monto presupuestado para subsidios a
Aerolíneas Argentinas asciende a $3.120 millones. Si esos recursos se
distribuyeran entre las provincias en función a la población, Buenos Aires
recibiría $1.310 millones, es decir, un monto similar a los $1.263 millones que
demanda el actual programa de Gendarmería de seguridad ciudadana.
Limitar el derroche de recursos en los déficits de Aerolíneas Argentinas
aportaría fondos frescos para atender la inseguridad y modernizar las policías
provinciales. Además, evitaría incurrir en riesgosas e ineficientes
superposiciones de funciones entre las fuerzas de seguridad, permitiendo que la
Gendarmería vuelva a cumplir los roles para los que fue creada, que es el
cuidado de las fronteras y la seguridad nacional. Sacando a sus agentes, a su
vez, del vergonzoso estado de situación en el que se encuentran, durmiendo en
condiciones paupérrimas y trabajando sin los recursos mínimos.
Lamentablemente, ante la desesperación por los magros resultados electorales, la farsa de la política K se vuelve a revelar inútil.


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