La consolidación del feudo santiagueño

Viernes 27 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

 EDITORIAL

 La decisión judicial de habilitar al gobernador Gerardo Zamora para competir por un tercer mandato consecutivo es un ataque a la institucionalidad
 

Una forzada, burlona y caudillista mecánica de la aplicación de las leyes es la que ha llevado a que el actual gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora , consiga que la Justicia de su provincia, ampliamente dependiente del Poder Ejecutivo local, lo habilite para presentarse por tercera vez para un tercer mandato consecutivo en los comicios del 27 del mes próximo.

Esa posibilidad está taxativamente prohibida en el artículo 152 y la cláusula transitoria sexta de la Constitución santiagueña, que sólo prevé para el gobernador y vicegobernador la posibilidad de dos períodos consecutivos, es decir, una sola reelección inmediata.

Zamora asumió por primera vez como gobernador en 2005, luego de la intervención federal de Pablo Lanusse. A mediados de ese año, llevó adelante una reforma constitucional en la que quedó claramente consignado que el mandato del gobernador en ejercicio al momento de la reforma debe ser considerado como el primer período de su gestión.

En 2009, Zamora volvió a presentarse a elecciones y ganó, por lo cual allí comenzó su segundo y último mandato, según la letra constitucional. En 2010, el Partido Federal, que integra el Frente Cívico por Santiago del Estero, liderado por Zamora, formuló un planteo de inconstitucionalidad de esa limitación mientras que fuerzas opositoras también acudieron a la Justicia, pero para lo contrario: impedir que se consagrara la ilegal posibilidad de re-reelección del primer mandatario provincial.

Tres años llevaba el planteo judicial en defensa de Zamora y se resolvió como él aspiraba cuando apenas quedaban dos días para que venciera el plazo de presentación de candidatos. La jueza civil y comercial Andrea Suárez zanjó la cuestión a favor del gobernador al interpretar que el segundo mandato de Zamora debe ser considerado como primero y que entonces puede volver a competir para retener el cargo. Paralelamente, el Tribunal Electoral de la provincia se declaró incompetente sobre la impugnación a la posibilidad de un tercer mandato presentada por la alianza de partidos opositora a la que lidera Zamora. 

En tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió no intervenir en el asunto al desechar el planteo del Movimiento Santiago Creíble que le reclamaba un virtual per sáltum contra el fallo de la justicia santiagueña. El máximo tribunal de la Nación entendió que no se advierte un retardo de justicia que justifique su intervención en la actual instancia y que deben primero agotarse todas las etapas judiciales provinciales.

Precisamente, la actuación de todas esas instancias distritales podría completarse después de los comicios del 27 de octubre, con lo cual ese planteo devendría abstracto y muy probablemente Zamora ya esté sentado nuevamente en su sillón de gobernador, pues las últimas encuestas le auguraron una intención de votos superior al 80 por ciento.

Todo resulta sospechoso en una provincia como Santiago del Estero, que se ha venido manejando como un feudo, al amparo de un fuerte apoyo político y económico de parte del gobierno de Cristina Kirchner. Resulta incluso curioso que el expediente en el que se reclama una nueva posibilidad para Zamora se haya presentado tantos años después de modificada la Constitución y que las principales resoluciones judiciales provinciales en favor del mandatario aparecieran tan cerca del plazo de expiración de la presentación de candidaturas con vistas a las próximas elecciones.

Lo ocurrido en Santiago del Estero es un hecho escandaloso y de una magnitud impredecible, pues sienta un precedente nefasto para posibles nuevos reclamos en el mismo sentido. Y es una afrenta descomunal en lo político institucional para quienes, como corresponde, se avienen a la ley respetándola y haciéndola respetar.

La actitud de la jueza Suárez representa una vulneración lisa y llana de la voluntad de los constituyentes santiagueños, una regresión jurídico-política orientada a favorecer a un feudo mediante la modificación de las reglas según las necesidades de quienes ostentan una mayoría electoral circunstancial.

Sin duda alguna, la nueva candidatura de Zamora para un tercer período consecutivo como gobernador es un enorme paso hacia la ilegalidad, una regresión histórica y un ataque frontal al sistema democrático y republicano de gobierno.