8 de enero de 2020
Turbulencias que no le son indiferentes al Gobierno
LA NACION
La realidad es, a veces, inoportuna. El desastre institucional que provocó el domingo último en Caracas el régimen de Nicolás Maduro coincidió en el tiempo con la extrema tensión entre el gobierno de Donald Trump y el régimen iraní de los ayatollahs. Ambas situaciones no pueden resultar ajenas al gobierno de Alberto Fernández, aunque este prefiera la indiferencia, porque su relación con Washington es crucial.
La unanimidad de los economistas (razonables, claro está) señala que gran parte de la suerte de la economía del Presidente depende de lo pronto que pueda lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No se trata de conseguir dinero fresco (Alberto Fernández ya aclaró que no le pedirá más créditos al FMI), sino de acordar un nuevo programa de vencimientos de la deuda que existe por unos 43.000 millones de dólares.
Al Fondo no le reclamarán quita de capital ni de intereses. No lo pueden hacer. Alberto Fernández lo sabe. Pero necesita plazos más generosos para pagar la deuda y, sobre todo, el acuerdo mismo para sentarse después con los bonistas privados, a quienes sí puede reclamarles quita de capital o de intereses. Y si bien los Estados Unidos tuvieron siempre mucha influencia en el Fondo, hoy su ascendiente es mucho mayor. La directora general del organismo, la búlgara Kristalina Georgieva, que acaba de hacerse cargo de sus funciones, no estuvo en el Fondo cuando este decidió los créditos a la Argentina y tampoco representa a un gran país europeo.
La influencia del subdirector gerente del organismo, el norteamericano David Lipton, es enorme. De hecho, ya era muy influyente cuando la francesa Christine Lagarde era la directora general. Funcionarios del gobierno de Mauricio Macri señalaron en su momento que los créditos a la Argentina se resolvieron, en gran medida, en conversaciones telefónicas entre Trump y Lipton.
En ese contexto, la Argentina se apartó el Grupo de Lima para pronunciarse sola sobre el zafarrancho que armó el domingo Maduro, cuando virtualmente cerró el Parlamento venezolano para que Juan Guaidó no fuera reelegido y, por lo tanto, perdiera su condición de presidente encargado del país. El virtual cierre definitivo del Parlamento democráticamente elegido en Venezuela es la condición última (por si faltaba alguna) para colocar al régimen de Madura en la categoría de dictadura. Los partidos políticos opositores están ilegalizados y no pueden participar de elecciones. Las libertades públicas han dejado de existir. La libertad de prensa está restringida hasta su desaparición. La Justicia es una mera dependencia del poder político. Los jerarcas militares son más importantes que cualquier funcionario civil. ¿No son esas condiciones las que definen a una dictadura?
Otra pregunta: ¿qué es lo que impidió al gobierno de Alberto Fernández firmar el documento del Grupo de Lima? Si bien se mira el pronunciamiento de esa coalición de países, la disidencia estuvo precisamente en el párrafo en el que critica "el uso de la fuerza por parte del régimen dictatorial de Venezuela". Desde la campaña electoral, el Presidente viene negándose a señalar al gobierno de Maduro como una dictadura, aunque subrayó que no le gustaban muchas cosas que sucedían en Caracas. Pero la política es dinámica y el régimen venezolano acaba de producir un hecho nuevo.
El documento del canciller Felipe Solá (que Alberto Fernández supervisó palabra por palabra) va más allá de lo que hacía Cristina Kirchner, que en realidad nunca hacía ni decía nada contra Maduro. Solá dijo, en su crítica a Maduro, que lo ocurrido el domingo en Caracas significaba "condenarse al aislamiento internacional" y que "resultan inadmisibles nuevos obstáculos para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho". No escribió "dictadura" ni "dictatorial". El documento de la cancillería argentina fue elogiado por el propio Juan Guaidó y por Elliot Abrams, un viejo halcón de Washington encargado de la crisis en Venezuela y designado en ese cargo por el propio Trump. Alberto Fernández y Abrams se conocen y estuvieron reunidos hace poco. Lo notable de la declaración de Abrams es que pondera que hayan criticado a Maduro "hasta los gobiernos de izquierda" de América Latina, en alusión a la Argentina y México, que también prefirió hacer un pronunciamiento propio.
¿Por qué la Argentina se niega a llamar dictadura a lo que es dictadura? Aunque solo se dice en murmullos, hay funcionarios que aceptan que en esa negativa hay una influencia de Cristina Kirchner. Tampoco la expresidenta puede desconocer lo que es evidente, pero su relación con el gobierno de Cuba (muy implicado en el apoyo a Maduro) es estrecha desde que viaja a La Habana con mucha frecuencia. Nadie sabe qué favores le debe a la nomenclatura cubana ni qué es lo que conversa con los funcionarios cubanos en sus visitas a la isla para estar cerca de su hija enferma.
La situación actual contrasta con la crisis que descerrajó Alberto Fujimori en Perú, en 1992, cuando cerró el Congreso para neutralizar a sus opositores. Todos los países de América Latina y la comunidad internacional condenaron el autogolpe de Fujimori, un gobernante de centroderecha. Maduro, en cambio, está protegido por el manto de su supuesta condición de hombre de izquierda. La protección no solo viene de algunos países de América Latina, sino también de naciones de Europa gobernadas por líderes progresistas.
La democracia es un sistema que debe respetar reglas y formas y las unas son tan importantes como las otras. Izquierda o derecha se convierte en un régimen dictatorial cuando se vulneran esas reglas y esas formas. La propuesta de un diálogo entre las partes para resolver la crisis venezolana, suscripta por el gobierno de Fernández, por el de México y por el de Uruguay, debe conllevar una fórmula cierta para hacerla eficaz. Hasta ahora, Maduro usó el diálogo para ganar tiempo o directamente lo rompió cuando le convino. Venezuela es, a todo esto, el monotema de Trump para analizar América Latina.
Maduro utilizó el momento en el que el presidente norteamericano estaba obsesionado con otro conflicto internacional, el que desató con Irán cuando ordenó matar al más influyente jefe militar iraní, Qassem Soleimani. Soleimani era el arquitecto de muchos actos terroristas en el mundo. Por eso, algunos países europeos y la propia oposición de Trump en los Estados Unidos cuestionaron el asesinato del general iraní. Ayer mismo se produjo el primer acto de represalia con un ataque a una base en Irak.
La política de Trump de escalar el conflicto con Irán hasta que este país deje de ser una amenaza a la seguridad mundial contrasta con la de Barack Obama, que prefería la contención mediante el diálogo con Teherán, aunque sabía también que detrás de los ayatollahs se esconde una estrategia de proteger, promover y financiar actos terroristas en el mundo. La Argentina tiene un conflicto particular con Irán, a cuyo gobierno la Justicia local atribuyó la autoría del atentado que voló la sede de la AMIA con un criminal saldo de 85 muertos.
Cristina Kirchner decidió sorprender al país cuando firmó un tratado con Irán para llegar a la verdad sobre lo que sucedió en la mutual judía, pero ese acuerdo no estuvo vigente nunca. El Parlamento de Teherán, que debía aprobarlo, no llegó a tratarlo jamás, mientras Cristina le exigió al Congreso argentino una aprobación exprés del tratado. Irán había conseguido lo que quería. Más que las declaraciones personales del exdirector de Interpol Ronald Noble, en las que afirma que nunca se levantaron las alertas rojas para detener a cinco jerarcas iraníes, importa el documento formal y oficial que Interpol le anexó a las alertas rojas. En ellas, da cuenta de que "ambos países han firmado un tratado para dialogar", lo que es suficiente para frenar cualquier detención.
De todos modos, después del fracaso del acuerdo de Cristina con Irán, y del asesinato del fiscal Alberto Nisman, es necesario que el nuevo gobierno peronista fije su política respecto de Teherán. ¿Seguirá reclamando la detención de los funcionarios y exfuncionarios iraníes que reclama la Justicia argentina? ¿Preferirá, en cambio, olvidarse de Irán para no desdecir a la actual vicepresidenta? Excluido el monotema latinoamericano de Venezuela, el otro monotema de Trump para el resto de su política exterior es precisamente Irán. La realidad es inoportuna, pero Alberto Fernández no puede cambiarla. Discurre fuera de las fronteras del país que él gobierna.
La realidad es, a veces, inoportuna. El desastre institucional que provocó el domingo último en Caracas el régimen de Nicolás Maduro coincidió en el tiempo con la extrema tensión entre el gobierno de Donald Trump y el régimen iraní de los ayatollahs. Ambas situaciones no pueden resultar ajenas al gobierno de Alberto Fernández, aunque este prefiera la indiferencia, porque su relación con Washington es crucial.
La unanimidad de los economistas (razonables, claro está) señala que gran parte de la suerte de la economía del Presidente depende de lo pronto que pueda lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No se trata de conseguir dinero fresco (Alberto Fernández ya aclaró que no le pedirá más créditos al FMI), sino de acordar un nuevo programa de vencimientos de la deuda que existe por unos 43.000 millones de dólares.
Al Fondo no le reclamarán quita de capital ni de intereses. No lo pueden hacer. Alberto Fernández lo sabe. Pero necesita plazos más generosos para pagar la deuda y, sobre todo, el acuerdo mismo para sentarse después con los bonistas privados, a quienes sí puede reclamarles quita de capital o de intereses. Y si bien los Estados Unidos tuvieron siempre mucha influencia en el Fondo, hoy su ascendiente es mucho mayor. La directora general del organismo, la búlgara Kristalina Georgieva, que acaba de hacerse cargo de sus funciones, no estuvo en el Fondo cuando este decidió los créditos a la Argentina y tampoco representa a un gran país europeo.
La influencia del subdirector gerente del organismo, el norteamericano David Lipton, es enorme. De hecho, ya era muy influyente cuando la francesa Christine Lagarde era la directora general. Funcionarios del gobierno de Mauricio Macri señalaron en su momento que los créditos a la Argentina se resolvieron, en gran medida, en conversaciones telefónicas entre Trump y Lipton.
En ese contexto, la Argentina se apartó el Grupo de Lima para pronunciarse sola sobre el zafarrancho que armó el domingo Maduro, cuando virtualmente cerró el Parlamento venezolano para que Juan Guaidó no fuera reelegido y, por lo tanto, perdiera su condición de presidente encargado del país. El virtual cierre definitivo del Parlamento democráticamente elegido en Venezuela es la condición última (por si faltaba alguna) para colocar al régimen de Madura en la categoría de dictadura. Los partidos políticos opositores están ilegalizados y no pueden participar de elecciones. Las libertades públicas han dejado de existir. La libertad de prensa está restringida hasta su desaparición. La Justicia es una mera dependencia del poder político. Los jerarcas militares son más importantes que cualquier funcionario civil. ¿No son esas condiciones las que definen a una dictadura?
Otra pregunta: ¿qué es lo que impidió al gobierno de Alberto Fernández firmar el documento del Grupo de Lima? Si bien se mira el pronunciamiento de esa coalición de países, la disidencia estuvo precisamente en el párrafo en el que critica "el uso de la fuerza por parte del régimen dictatorial de Venezuela". Desde la campaña electoral, el Presidente viene negándose a señalar al gobierno de Maduro como una dictadura, aunque subrayó que no le gustaban muchas cosas que sucedían en Caracas. Pero la política es dinámica y el régimen venezolano acaba de producir un hecho nuevo.
El documento del canciller Felipe Solá (que Alberto Fernández supervisó palabra por palabra) va más allá de lo que hacía Cristina Kirchner, que en realidad nunca hacía ni decía nada contra Maduro. Solá dijo, en su crítica a Maduro, que lo ocurrido el domingo en Caracas significaba "condenarse al aislamiento internacional" y que "resultan inadmisibles nuevos obstáculos para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho". No escribió "dictadura" ni "dictatorial". El documento de la cancillería argentina fue elogiado por el propio Juan Guaidó y por Elliot Abrams, un viejo halcón de Washington encargado de la crisis en Venezuela y designado en ese cargo por el propio Trump. Alberto Fernández y Abrams se conocen y estuvieron reunidos hace poco. Lo notable de la declaración de Abrams es que pondera que hayan criticado a Maduro "hasta los gobiernos de izquierda" de América Latina, en alusión a la Argentina y México, que también prefirió hacer un pronunciamiento propio.
¿Por qué la Argentina se niega a llamar dictadura a lo que es dictadura? Aunque solo se dice en murmullos, hay funcionarios que aceptan que en esa negativa hay una influencia de Cristina Kirchner. Tampoco la expresidenta puede desconocer lo que es evidente, pero su relación con el gobierno de Cuba (muy implicado en el apoyo a Maduro) es estrecha desde que viaja a La Habana con mucha frecuencia. Nadie sabe qué favores le debe a la nomenclatura cubana ni qué es lo que conversa con los funcionarios cubanos en sus visitas a la isla para estar cerca de su hija enferma.
La situación actual contrasta con la crisis que descerrajó Alberto Fujimori en Perú, en 1992, cuando cerró el Congreso para neutralizar a sus opositores. Todos los países de América Latina y la comunidad internacional condenaron el autogolpe de Fujimori, un gobernante de centroderecha. Maduro, en cambio, está protegido por el manto de su supuesta condición de hombre de izquierda. La protección no solo viene de algunos países de América Latina, sino también de naciones de Europa gobernadas por líderes progresistas.
La democracia es un sistema que debe respetar reglas y formas y las unas son tan importantes como las otras. Izquierda o derecha se convierte en un régimen dictatorial cuando se vulneran esas reglas y esas formas. La propuesta de un diálogo entre las partes para resolver la crisis venezolana, suscripta por el gobierno de Fernández, por el de México y por el de Uruguay, debe conllevar una fórmula cierta para hacerla eficaz. Hasta ahora, Maduro usó el diálogo para ganar tiempo o directamente lo rompió cuando le convino. Venezuela es, a todo esto, el monotema de Trump para analizar América Latina.
Maduro utilizó el momento en el que el presidente norteamericano estaba obsesionado con otro conflicto internacional, el que desató con Irán cuando ordenó matar al más influyente jefe militar iraní, Qassem Soleimani. Soleimani era el arquitecto de muchos actos terroristas en el mundo. Por eso, algunos países europeos y la propia oposición de Trump en los Estados Unidos cuestionaron el asesinato del general iraní. Ayer mismo se produjo el primer acto de represalia con un ataque a una base en Irak.
La política de Trump de escalar el conflicto con Irán hasta que este país deje de ser una amenaza a la seguridad mundial contrasta con la de Barack Obama, que prefería la contención mediante el diálogo con Teherán, aunque sabía también que detrás de los ayatollahs se esconde una estrategia de proteger, promover y financiar actos terroristas en el mundo. La Argentina tiene un conflicto particular con Irán, a cuyo gobierno la Justicia local atribuyó la autoría del atentado que voló la sede de la AMIA con un criminal saldo de 85 muertos.
Cristina Kirchner decidió sorprender al país cuando firmó un tratado con Irán para llegar a la verdad sobre lo que sucedió en la mutual judía, pero ese acuerdo no estuvo vigente nunca. El Parlamento de Teherán, que debía aprobarlo, no llegó a tratarlo jamás, mientras Cristina le exigió al Congreso argentino una aprobación exprés del tratado. Irán había conseguido lo que quería. Más que las declaraciones personales del exdirector de Interpol Ronald Noble, en las que afirma que nunca se levantaron las alertas rojas para detener a cinco jerarcas iraníes, importa el documento formal y oficial que Interpol le anexó a las alertas rojas. En ellas, da cuenta de que "ambos países han firmado un tratado para dialogar", lo que es suficiente para frenar cualquier detención.
De todos modos, después del fracaso del acuerdo de Cristina con Irán, y del asesinato del fiscal Alberto Nisman, es necesario que el nuevo gobierno peronista fije su política respecto de Teherán. ¿Seguirá reclamando la detención de los funcionarios y exfuncionarios iraníes que reclama la Justicia argentina? ¿Preferirá, en cambio, olvidarse de Irán para no desdecir a la actual vicepresidenta? Excluido el monotema latinoamericano de Venezuela, el otro monotema de Trump para el resto de su política exterior es precisamente Irán. La realidad es inoportuna, pero Alberto Fernández no puede cambiarla. Discurre fuera de las fronteras del país que él gobierna.
Por: Joaquín Morales Solá
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