La herencia que Cristina dejó para Alberto

04/01/2020 - 22:21

La herencia que Cristina dejó para Alberto

Los temas judiciales de la vicepresidenta comprometen al Presidente. El giro sobre la muerte de Nisman resultó brusco y sorprendente.


Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el
día de la asunción presidencial. Foto: DPA



  Eduardo van der Kooy
                                                    La trama política



Siempre que un gobierno sucede a otro de signo político distinto recurre a la herencia recibida para ganar tiempo en la gestión. Se trata de una herramienta política válida. Aunque por deformación tienda a derivar en un relato. Ocurre en cualquier rincón del mundo donde los sistemas poseen alternancia.


Es menos habitual, en cambio, lo que se está observando en la Argentina. Tierra de extravagancias. Alberto Fernández blande el pésimo legado de Mauricio Macri​ para justificar sus decisiones económicas. Entre ellas, el regreso a la Emergencia. El kirchnerismo le añadió su pincelada artística a la crisis con la difusión de la película “Tierra Arrasada”. La produjo el nuevo ministro de Cultura, Tristán Bauer. La herencia omitida fue uno de los grandes errores bautismales del ingeniero en 2015.

El Presidente lidia con otras mochilas. Las distorsiones estructurales que el kirchnerismo produjo en la economía durante la “década ganada”. Que los cuatro años de Macri no enmendaron. Sobre el primer tópico mantiene silencio. Además, los problemas de corrupción reflejados en las causas que circulan por la Justicia. En especial, las que involucran a Cristina Fernández​ y sus hijos. El mandatario interviene cada vez que la realidad lo exige. En suma, Alberto se estaría haciendo cargo de dos herencias a la vez. Enmascaradas en una.

El Presidente necesita resultados en el campo económico-social para poder operar, en simultáneo, a favor de la situación judicial de la vicepresidenta. La carrera contra reloj no es sencilla por la profundidad de la crisis. Pero lo intenta. De allí que su plan para los primeros meses se afinque en tres pilares: un dólar ahorcado; el congelamiento por seis meses en tarifas de los servicios y transportes; también en el precio de los combustibles. Supone, junto a Martín Guzmán, el ministro de Economía, que esos factores combinados podrían empezar a debilitar una inflación que a Macri se le fue de las manos. La baja inflacionaria y una módica inyección salarial de $ 4 mil representaría quizás una mejora del consumo. La sensación de bienestar que la sociedad estaría demandando. Aunque las cuestiones de fondo permanezcan sin resolver.

El Presidente y su ministro cavilan que ese programa de apuro sería de utilidad mientras se consigue renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De allí los recaudos. El congelamiento de la movilidad jubilatoria, los aumentos por decreto y el pedido a los gremios para que los reclamos salariales no superen límites aceptables. A Alberto -también a Guzmán- le interesa, a propósito, el equilibrio de las cuentas fiscales. La carta de presentación frente a los acreedores. Verdadera novedad para un presidente peronista. Enseñanza, tal vez, que dejó la época precedente de Cambiemos.

Nadie podría cuestionar -ni siquiera el 40% que en octubre votó por Macri- los gravísimos problemas económicos heredados por el Presidente. El asunto se enturbia cuando en la valoración popular se incorporan otros aspectos. Alberto debió la semana pasada retractarse de las palabras que pronunció en 2017 sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. No había iniciado todavía el proceso de reconciliación con Cristina. La definió por entonces en público, ante este periodista, como “cínicamente delirante”. Sobre el fiscal aseguró: “Hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado”.

Esas palabras retumban por el estreno en Netflix de un documental que se titula “El fiscal, la presidenta y el espía”. Refiere a Nisman, a Cristina y a Jaime Stiuso​, el más publicitado de los topos argentinos. En pocos días se cumplirá el quinto aniversario del fallecimiento del fiscal que sigue en tinieblas. Como acontece también con los atentados en la AMIA y la Embajada de Israel.

El Presidente hizo ahora dos comentarios que apuntaron a mantener inalterable su vínculo con Cristina. También, a sosegar cualquier ímpetu irritado del ultrakirchnerismo que ausculta su gestión. Dijo, en primer lugar, que los peritajes de la Gendarmería que llevaron a la Justicia a determinar que se trató de un homicidio “carecen de todo rigor científico”. Aquellos peritajes no fueron hechos por gendarmes, como se pretende confundir. Estuvieron a cargo de especialistas calificados.

Alberto completó la rectificación recurriendo a una lógica de novelas policiales. “Dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. Siendo así, era obvio que si se trataba de un crimen, Cristina era la única perjudicada. Por lo tanto, ella debía ser ajena al hecho”. La elucubración suena inteligente y simpática. Difícilmente aplicable a la política donde pugnan otros intereses. Mucho menos a una tragedia que posee, más allá de las responsabilidades, ramificaciones de orden internacional.

Resulta arriesgado abrir un juicio definitivo sobre el peritaje en Gendarmería. Tan cierto, como el esfuerzo que el Gobierno hace para desentenderse de otras anomalías de origen. Fueron señaladas el día de la tragedia por la jueza Fabiana Palmaghini. La forma en que fue alterada -voluntariamente o por impericia- la escena de la muerte. El apartamento del fiscal en Puerto Madero. Hubo en ese sentido testimonios desinteresados: por caso, el de una camarera que fue tomada como testigo en la calle por Prefectura antes de ingresar al edificio. Algo más: la primera autopsia de la víctima se realizó sin autorización ni presencia de las partes.

La causa, conviene recordarlo, fue sustanciada por el juez Julián Ercolini. Uno de los que está bajo la lupa presidencial y de Cristina. Procesó a ella y sus hijos en las causas de Los Sauces y Hotesur. Ambas, con sospechas de lavado de dinero. El peritaje en Gendarmería fue base para el fallo de la Cámara Federal a cargo de Martín Irurzun (impugnado por el kirchnerismo a raíz de las prisiones preventivas) y Leopoldo Bruglia.

Antes de la nueva opinión acerca de la tragedia, la ministra de Seguridad Sabina Frederic​, pronosticó que el peritaje sería revisado. El fiscal Eduardo Taiano advirtió que se trata de una exclusiva competencia judicial. Pero la funcionaria insistió. Con la anuencia presidencial. No habría error ni desconocimiento. Sólo la pretensión de impugnar el peritaje para empezar a objetar la tesis del homicidio.

El último eslabón de la cadena podría hallarse en la confirmación del juez Daniel Rafecas como postulante a la Procuración General. El encargado de los fiscales. Es, como lo fue también Ercolini, discípulo de Alberto. Con una trayectoria académica reconocida. Pero una actuación pública para diversos paladares. Cristina lo dejó en las orillas del juicio político por haber permitido el avance de la investigación contra Amado Boudou por la causa Ciccone. Atravesó una situación similar a raíz de una denuncia de Elisa Carrió. Lo acusó de haber cerrado dos veces, sin indagar, la denuncia de Nisman contra Cristina por el Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado en la AMIA. Podría tambalear la biblioteca kirchnerista que habla de la manipulación que el macrismo habría hecho de la Justicia. Rafecas zafó del último trance por una moción del entonces representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques. Recibió apenas una temporaria sanción económica.

Ahora el juez debe sortear el examen público de antecedentes y la prueba del Senado para transformarse en Procurador. El problema podría radicar en el Congreso. El oficialismo tiene mayoría en la Cámara alta, pero requerirá de la oposición para alcanzar los dos tercios imprescindibles (48 votos). La llave estaría en manos del radicalismo, más renuente que el macrismo a aceptarlo.
Los radicales nunca olvidan el trancazo que dieron a la nominación de Daniel Reposo, en su momento titular de la SIGEN. Llegaba con el aval de Cristina. Su caída significó el ascenso de Alejandra Gils Carbó. La ex procuradora que tejió el sistema de resguardo judicial más sólido donde todavía se refugia la vicepresidenta. Detrás de Rafecas asomaría Carlos Slokar, un talibán de Justicia Legítima.

Otra pista que habrá que seguir, dentro del ordenamiento en el plano judicial y de seguridad que ensaya el Gobierno, será Gendarmería. Frederic comunicó una próxima purga en sus altos mandos. Está convencida de que fue la fuerza que mayor lealtad brindó a Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad. Curioso e inquietante. Cristina aseguró en 2017 que Gendarmería es siempre la misma. Que los que cambian son los gobiernos. Responsables de las órdenes. ¿Pretenderá repetir su experiencia anterior? ¿Hará lo mismo por lo cual acusa al macrismo? Al activar la memoria se recuerda algo: Sergio Berni, su último ministro de Seguridad, tuvo a los gendarmes como eje de las acciones delicadas.

Frederic pretende deshacer todos los paradigmas del macrismo en materia de seguridad. Eliminó varios protocolos. Ahora, en consonancia con Berni, sostiene que la lucha contra el narcotráfico de Bullrich fue marketing puro.

A juicio de ambos –avalados por informes de la ONU—los métodos clásicos del combate a los narcos en el mundo habrían fracasado. Berni no descartó estudiar la legalización de las drogas blandas. El Presidente aconsejó no hablar de ese tema con tanta liviandad. Holanda y Bélgica están tratando de modificar el actual estado de cosas. La venta legal de marihuana en Uruguay tampoco dio los resultados esperados. Frederic y Berni promueven pensar otras metodologías.

¿Y mientras tanto qué se hará? ¿Cómo se controlará la penetración en la Argentina? El vacío suele ser siempre en política el peor de los remedios.

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