17 de octubre de 2019
Fernández, la Justicia Federal y la patología del espionaje ilegal
La justicia federal y el espionaje ilegal
Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat
Carlos Pagni
LA NACION
Es bastante obvio que Alberto Fernández es víctima de su impulsividad. Sobre todo cuando recurre a su cuenta de Twitter. En su reciente polémica con Patricia Bullrich se puso de manifiesto otra vez ese problema. El candidato kirchnerista afirmó: "La UIF [Unidad de Información Financiera] espía a jueces". Se embarcó así, acaso sin saberlo, en una disputa alrededor de una patología gravísima de la vida nacional: las actividades clandestinas de inteligencia y su vinculación con la Justicia Federal.
Lo inesperado: Fernández quedó, en este conflicto, alineado junto a Mauricio Macri.
La acusación de Fernández a la UIF, el organismo que investiga el lavado de dinero, está basada en una inquietud del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. En los tribunales de Comodoro Py se afirma que este magistrado habría recurrido a la UIF para saber si esa agencia había consultado a Migraciones sobre entradas y salidas del juez Luis Rodríguez y de él mismo.
Según las mismas fuentes judiciales, Canicoba habría realizado otras dos preguntas: cuál es la causa judicial en cuyo marco se habrían realizado esas consultas, y si se preservó el secreto de los datos obtenidos.
Que un juez formule requerimientos oficiales sobre su propia situación es una nueva extravagancia de los tribunales criollos. Es solo un detalle. Lo relevante es que es muy improbable que la UIF haya respondido la pregunta de Canicoba, porque estaría violando el secreto que el mismo magistrado quería preservar. Pero, en el caso de que esas consultas a Migraciones se hubieran realizado, la incógnita es cómo llegó a enterarse Canicoba.
En este contexto, la semana pasada, trascendió que este magistrado requirió a Migraciones para que le informe si algún organismo del Estado había pedido información sobre viajes de jueces. Esta vez no se enfocó solo en Rodríguez y en sí mismo. Agregó a ministros de la Corte, camaristas, miembros de tribunales orales, jueces de primera instancia, gobernadores y al director y la subdirectora de la AFI. En medio de esa multitud aparecerían de nuevo el juez Rodríguez y el propio Canicoba.
La UIF, que lidera Mariano Federici, respondió a esa información con un comunicado en el que aclara que está obligada por la ley a no revelar el contenido de sus investigaciones; que "atribuye las operaciones mediáticas montadas en su contra precisamente a su negativa a violar dichas obligaciones en el marco de requerimientos judiciales extralimitados". Esta segunda afirmación aludiría a la solicitud de información de Canicoba respecto de Rodríguez y de sí mismo. Difícil confirmarlo: las autoridades de la UIF se vienen negando a hacer declaraciones.
En esa declaración, el organismo observa que todas sus operaciones se han realizado siguiendo las reglas de la normativa vigente. Sería una contestación a la pretensión de que las consultas a Migraciones, o cualquier otro tipo de pesquisa, se realice previa autorización judicial. Si se lee la ley 25.246, que regula sus actividades, queda claro que la UIF puede requerir información relacionada con sus objetivos de innumerables modalidades. Y que, como establece el artículo 19 de esa norma, una vez que reunió los datos, podrá considerar si los pone en conocimiento del Ministerio Público para formular una denuncia judicial. Esta prerrogativa, que revela la importancia estratégica que tiene hoy la lucha contra el lavado de dinero en el mundo, diferencia a la UIF de cualquier organismo de inteligencia. Un indicio de esta distinción es que la oficina no está sometida a competencia de la Comisión Bicameral legislativa que controla a las agencias de espionaje.
El secreto de las actividades de la UIF hace imposible saber si los jueces Rodríguez y Canicoba están entre sus objetivos. Se puede conjeturar que hay motivos para que lo estén. Carolina Pochetti, la viuda del fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, confesó como arrepentida haber pagado un soborno de 10 millones de dólares a Rodríguez para que no investigue los sospechosos movimientos de dinero de ella y de su esposo. En el caso de Canicoba, los medios han publicado abundante información sobre su patrimonio y sobre las actividades comerciales de su familia. A raíz de esas publicaciones el Consejo de la Magistratura inició una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, que está a cargo del representante de los abogados Juan Pablo Más Vélez. No debería asombrar que en este contexto se haya activado el interés de la UIF.
Al afirmar que "la UIF espía a jueces", el candidato Fernández prestó un servicio invalorable a Rodríguez y Canicoba. Estos dos jueces no parecen ser víctimas de una operación de inteligencia clandestina por parte de la UIF. Son solo dos ciudadanos que podrían estar siendo sometidos a una investigación.
Lo anterior no significa que no haya otros organismos del Estado que espíen a miembros del Poder Judicial. Más aún: Canicoba y el fiscal Ramiro González están a cargo de una causa sobre inteligencia ilegal. Es el expediente principal en el que se basa Canicoba para investigar si está siendo investigado.
González resume esas pesquisas en un informe sobre el estado de ese caso, que se inició por una denuncia del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani. Ambos recurrieron a la Justicia para que determine si eran ciertas las tareas de espionaje clandestino descriptas por este cronista en una nota publicada el 2 de abril de 2017 en LA NACION bajo el título "El pestilente círculo negro del espionaje". En ese artículo, y a partir de documentación reservada, se enumeraban, con lujo de detalles, muchísimos ciudadanos y empresas sometidos a trabajos de inteligencia ilegal que, todo hace presumir, se realizaron desde la AFI. Más tarde, y ante nuevas evidencias, este cronista denunció ante el juez Julián Ercolini que él mismo tenía indicios de estar siendo sometido a esas operaciones irregulares. A partir de esa declaración se abrió otra causa, que se sumó a la que investigan Canicoba y González. Existe un expediente más, iniciado por una denuncia del titular de la fundación La Alameda, Gustavo Vera.
El dictamen del fiscal González está plagado de curiosidades y torpezas. Sostiene que la investigación se basa en tres hipótesis. La primera deriva de que el juez consultó a la AFI si allí se realizan investigaciones al margen de la ley. La AFI, consigna González, contestó que no. Aunque más tarde amplió la respuesta, indicando nombres de varias personas que sí efectuarían esas tareas. Entre ellos hay algunos abogados y estos individuos: Marcelo Claudio Icikson, Mariano Rimi Carol, Franco Bindi, Guillermo Alberdi, Claudio Álvarez, Gastón Parra y Alberto Lou. Más allá del interrogante acerca de si la AFI habrá denunciado a estos supuestos espías clandestinos, la información produce una sorpresa: entre esas personas habría agentes de la propia AFI. Por supuesto, González no se dio cuenta de ese pormenor. Acaso espere enterarse a través de un nuevo informe de la AFI. El disparate resulta natural cuando se recuerda que Arribas y Majdalani admitieron ante la comisión bicameral que los controla haber enviado dos espías al juzgado de Luis Carzoglio para interesarse en una causa contra Hugo Moyano.
El fiscal pasa a su segunda hipótesis: los datos que aparecieron en aquella nota de la nacion de hace más de 2 años. González transcribe párrafos enteros, pero se cuida muchísimo de consignar los datos centrales. En esa nota se mencionaban informes con referencia a órdenes de "Silvia", quien podría tratarse de Majdalani. Se explicaba que los seguimientos clandestinos estaban bajo el mando de "Eduardo", que podría ser Eduardo Miragaya, un exfiscal que, para cuando se publicó ese texto, ya había sido despedido por, se supone, la patraña montada para calumniar al juez Sebastián Casanello y correrlo de la investigación sobre las actividades de Lázaro Báez. Se citan observaciones que se realizarían sobre Vera, quien había denunciado a Majdalani en una causa por enriquecimiento ilícito que el juez Ercolini cerró con una velocidad que envidiaría Canicoba en esta otra investigación. Se menciona el espionaje clandestino sobre personalidades del fútbol, entre ellos, sobre Lionel Messi, muy sugerentes para un organismo presidido por un broker de jugadores. El fiscal González excluye también de su reconstrucción que en ese artículo se señalaban como posibles blancos de la AFI a Raúl Zaffaroni y a Eduardo Freiler. Es decir, a dos jueces.
Al excluir tanta información significativa, es lógico que González recomiende seguir una tercera pista: la que propone el juez Canicoba. Pedir a Migraciones que informe los requerimientos que se le hayan solicitado sobre viajes de los jueces y funcionarios de una lista interminable. Entre ellos, él mismo. En esa nómina aparece un detalle casi cómico: González incluye entre los que podrían ser espiados a Arribas y a Majdalani. Es decir, a los denunciados por espiar. Según el fiscal, los denunciantes, Vera y este cronista, fueron incorporados en la lista de presuntos observados en una segunda oportunidad. Como si se corrigiera un olvido.
Un viejo dicho afirma que la mejor forma de esconder un elefante en la calle Florida es llenar la calle Florida de elefantes. Es lo que parece estar pasando con estas supuestas investigaciones. Se quiere esclarecer si una legión de organismos oficiales está espiando a una legión de ciudadanos. Pero, en rigor, lo que se trataría de determinar es si la UIF está investigando a Canicoba, en el marco de la ley. Conviene insistir: de aquí no se deduce que otros organismos oficiales puedan controlar de manera clandestina a los ciudadanos, sean o no jueces.
Es desconcertante que alguien como Alberto Fernández, que se precia de ser profesor de Derecho Penal desde hace 30 años, y se presenta como el hijo de un honorable juez del crimen, se sume a esta jugada. De él se esperaría lo contrario: que termine con una tradición de contaminación del espionaje sobre los tribunales.
En este contexto, el escrito del fiscal González es inquietante. Parece orientado a preservar a la AFI. Y dirigido a vilipendiar a la UIF. No hace falta recordar el desprestigio de la AFI. Pero sí conviene subrayar el renombre de la UIF, una de las pocas instituciones argentinas de investigación reconocida a nivel internacional. Es otro aspecto inquietante de la adhesión de Fernández a este movimiento: alguien que, de convertirse en presidente, debería resolver un frente externo endemoniado, debería preservar los recursos que garanticen eficacia en el combate al lavado de dinero. Es uno de los puentes confiables que puede tener con el mundo financiero.
Es bastante obvio que Alberto Fernández es víctima de su impulsividad. Sobre todo cuando recurre a su cuenta de Twitter. En su reciente polémica con Patricia Bullrich se puso de manifiesto otra vez ese problema. El candidato kirchnerista afirmó: "La UIF [Unidad de Información Financiera] espía a jueces". Se embarcó así, acaso sin saberlo, en una disputa alrededor de una patología gravísima de la vida nacional: las actividades clandestinas de inteligencia y su vinculación con la Justicia Federal.
Lo inesperado: Fernández quedó, en este conflicto, alineado junto a Mauricio Macri.
La acusación de Fernández a la UIF, el organismo que investiga el lavado de dinero, está basada en una inquietud del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. En los tribunales de Comodoro Py se afirma que este magistrado habría recurrido a la UIF para saber si esa agencia había consultado a Migraciones sobre entradas y salidas del juez Luis Rodríguez y de él mismo.
Según las mismas fuentes judiciales, Canicoba habría realizado otras dos preguntas: cuál es la causa judicial en cuyo marco se habrían realizado esas consultas, y si se preservó el secreto de los datos obtenidos.
Que un juez formule requerimientos oficiales sobre su propia situación es una nueva extravagancia de los tribunales criollos. Es solo un detalle. Lo relevante es que es muy improbable que la UIF haya respondido la pregunta de Canicoba, porque estaría violando el secreto que el mismo magistrado quería preservar. Pero, en el caso de que esas consultas a Migraciones se hubieran realizado, la incógnita es cómo llegó a enterarse Canicoba.
En este contexto, la semana pasada, trascendió que este magistrado requirió a Migraciones para que le informe si algún organismo del Estado había pedido información sobre viajes de jueces. Esta vez no se enfocó solo en Rodríguez y en sí mismo. Agregó a ministros de la Corte, camaristas, miembros de tribunales orales, jueces de primera instancia, gobernadores y al director y la subdirectora de la AFI. En medio de esa multitud aparecerían de nuevo el juez Rodríguez y el propio Canicoba.
La UIF, que lidera Mariano Federici, respondió a esa información con un comunicado en el que aclara que está obligada por la ley a no revelar el contenido de sus investigaciones; que "atribuye las operaciones mediáticas montadas en su contra precisamente a su negativa a violar dichas obligaciones en el marco de requerimientos judiciales extralimitados". Esta segunda afirmación aludiría a la solicitud de información de Canicoba respecto de Rodríguez y de sí mismo. Difícil confirmarlo: las autoridades de la UIF se vienen negando a hacer declaraciones.
En esa declaración, el organismo observa que todas sus operaciones se han realizado siguiendo las reglas de la normativa vigente. Sería una contestación a la pretensión de que las consultas a Migraciones, o cualquier otro tipo de pesquisa, se realice previa autorización judicial. Si se lee la ley 25.246, que regula sus actividades, queda claro que la UIF puede requerir información relacionada con sus objetivos de innumerables modalidades. Y que, como establece el artículo 19 de esa norma, una vez que reunió los datos, podrá considerar si los pone en conocimiento del Ministerio Público para formular una denuncia judicial. Esta prerrogativa, que revela la importancia estratégica que tiene hoy la lucha contra el lavado de dinero en el mundo, diferencia a la UIF de cualquier organismo de inteligencia. Un indicio de esta distinción es que la oficina no está sometida a competencia de la Comisión Bicameral legislativa que controla a las agencias de espionaje.
El secreto de las actividades de la UIF hace imposible saber si los jueces Rodríguez y Canicoba están entre sus objetivos. Se puede conjeturar que hay motivos para que lo estén. Carolina Pochetti, la viuda del fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, confesó como arrepentida haber pagado un soborno de 10 millones de dólares a Rodríguez para que no investigue los sospechosos movimientos de dinero de ella y de su esposo. En el caso de Canicoba, los medios han publicado abundante información sobre su patrimonio y sobre las actividades comerciales de su familia. A raíz de esas publicaciones el Consejo de la Magistratura inició una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, que está a cargo del representante de los abogados Juan Pablo Más Vélez. No debería asombrar que en este contexto se haya activado el interés de la UIF.
Al afirmar que "la UIF espía a jueces", el candidato Fernández prestó un servicio invalorable a Rodríguez y Canicoba. Estos dos jueces no parecen ser víctimas de una operación de inteligencia clandestina por parte de la UIF. Son solo dos ciudadanos que podrían estar siendo sometidos a una investigación.
Lo anterior no significa que no haya otros organismos del Estado que espíen a miembros del Poder Judicial. Más aún: Canicoba y el fiscal Ramiro González están a cargo de una causa sobre inteligencia ilegal. Es el expediente principal en el que se basa Canicoba para investigar si está siendo investigado.
González resume esas pesquisas en un informe sobre el estado de ese caso, que se inició por una denuncia del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani. Ambos recurrieron a la Justicia para que determine si eran ciertas las tareas de espionaje clandestino descriptas por este cronista en una nota publicada el 2 de abril de 2017 en LA NACION bajo el título "El pestilente círculo negro del espionaje". En ese artículo, y a partir de documentación reservada, se enumeraban, con lujo de detalles, muchísimos ciudadanos y empresas sometidos a trabajos de inteligencia ilegal que, todo hace presumir, se realizaron desde la AFI. Más tarde, y ante nuevas evidencias, este cronista denunció ante el juez Julián Ercolini que él mismo tenía indicios de estar siendo sometido a esas operaciones irregulares. A partir de esa declaración se abrió otra causa, que se sumó a la que investigan Canicoba y González. Existe un expediente más, iniciado por una denuncia del titular de la fundación La Alameda, Gustavo Vera.
El dictamen del fiscal González está plagado de curiosidades y torpezas. Sostiene que la investigación se basa en tres hipótesis. La primera deriva de que el juez consultó a la AFI si allí se realizan investigaciones al margen de la ley. La AFI, consigna González, contestó que no. Aunque más tarde amplió la respuesta, indicando nombres de varias personas que sí efectuarían esas tareas. Entre ellos hay algunos abogados y estos individuos: Marcelo Claudio Icikson, Mariano Rimi Carol, Franco Bindi, Guillermo Alberdi, Claudio Álvarez, Gastón Parra y Alberto Lou. Más allá del interrogante acerca de si la AFI habrá denunciado a estos supuestos espías clandestinos, la información produce una sorpresa: entre esas personas habría agentes de la propia AFI. Por supuesto, González no se dio cuenta de ese pormenor. Acaso espere enterarse a través de un nuevo informe de la AFI. El disparate resulta natural cuando se recuerda que Arribas y Majdalani admitieron ante la comisión bicameral que los controla haber enviado dos espías al juzgado de Luis Carzoglio para interesarse en una causa contra Hugo Moyano.
El fiscal pasa a su segunda hipótesis: los datos que aparecieron en aquella nota de la nacion de hace más de 2 años. González transcribe párrafos enteros, pero se cuida muchísimo de consignar los datos centrales. En esa nota se mencionaban informes con referencia a órdenes de "Silvia", quien podría tratarse de Majdalani. Se explicaba que los seguimientos clandestinos estaban bajo el mando de "Eduardo", que podría ser Eduardo Miragaya, un exfiscal que, para cuando se publicó ese texto, ya había sido despedido por, se supone, la patraña montada para calumniar al juez Sebastián Casanello y correrlo de la investigación sobre las actividades de Lázaro Báez. Se citan observaciones que se realizarían sobre Vera, quien había denunciado a Majdalani en una causa por enriquecimiento ilícito que el juez Ercolini cerró con una velocidad que envidiaría Canicoba en esta otra investigación. Se menciona el espionaje clandestino sobre personalidades del fútbol, entre ellos, sobre Lionel Messi, muy sugerentes para un organismo presidido por un broker de jugadores. El fiscal González excluye también de su reconstrucción que en ese artículo se señalaban como posibles blancos de la AFI a Raúl Zaffaroni y a Eduardo Freiler. Es decir, a dos jueces.
Al excluir tanta información significativa, es lógico que González recomiende seguir una tercera pista: la que propone el juez Canicoba. Pedir a Migraciones que informe los requerimientos que se le hayan solicitado sobre viajes de los jueces y funcionarios de una lista interminable. Entre ellos, él mismo. En esa nómina aparece un detalle casi cómico: González incluye entre los que podrían ser espiados a Arribas y a Majdalani. Es decir, a los denunciados por espiar. Según el fiscal, los denunciantes, Vera y este cronista, fueron incorporados en la lista de presuntos observados en una segunda oportunidad. Como si se corrigiera un olvido.
Un viejo dicho afirma que la mejor forma de esconder un elefante en la calle Florida es llenar la calle Florida de elefantes. Es lo que parece estar pasando con estas supuestas investigaciones. Se quiere esclarecer si una legión de organismos oficiales está espiando a una legión de ciudadanos. Pero, en rigor, lo que se trataría de determinar es si la UIF está investigando a Canicoba, en el marco de la ley. Conviene insistir: de aquí no se deduce que otros organismos oficiales puedan controlar de manera clandestina a los ciudadanos, sean o no jueces.
Es desconcertante que alguien como Alberto Fernández, que se precia de ser profesor de Derecho Penal desde hace 30 años, y se presenta como el hijo de un honorable juez del crimen, se sume a esta jugada. De él se esperaría lo contrario: que termine con una tradición de contaminación del espionaje sobre los tribunales.
En este contexto, el escrito del fiscal González es inquietante. Parece orientado a preservar a la AFI. Y dirigido a vilipendiar a la UIF. No hace falta recordar el desprestigio de la AFI. Pero sí conviene subrayar el renombre de la UIF, una de las pocas instituciones argentinas de investigación reconocida a nivel internacional. Es otro aspecto inquietante de la adhesión de Fernández a este movimiento: alguien que, de convertirse en presidente, debería resolver un frente externo endemoniado, debería preservar los recursos que garanticen eficacia en el combate al lavado de dinero. Es uno de los puentes confiables que puede tener con el mundo financiero.
Por: Carlos Pagni
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