Elección de consejeros: el kirchnerismo temería que Bustos Fierro la suspenda

mayo 20, 2013

By Carlos Tórtora

Aparentemente, la estampida de amparos que se espera contra la ley recientemente sancionada que establece la elección popular de consejeros deberá esperar hasta el 27 de este mes. Es que, luego de sancionar la ley el Senado el pasado 8, Amado Boudou habría demorado el envío de la misma al Ejecutivo hasta el 13. De este modo la cuenta de 10 días hábiles que prescribe el artículo 8° de la Constitución Nacional para que las leyes tengan promulgación automática llevaría al lunes 27. Una maniobra dilatoria excelente para el kirchnerismo, ya que la oposición sólo contará con 13 días hábiles para conseguir que la justicia suspenda la elección, antes de que el 12 de junio venza el plazo para presentar las alianzas ante la justicia electoral, incluyendo las alianzas para las candidaturas a consejeros.

 A partir de allí, el arco opositor debería optar entre participar o impugnar, ya que ambas cosas serían contradictorias entre sí.

En el gobierno habría plena conciencia de que la suspensión por la justicia de la elección de consejeros sería una derrota política de consecuencias imprevisibles, que hasta podría generar en amplios sectores del electorado la impresión de que el oficialismo está derrumbándose. O sea, las condiciones ideales para una derrota electoral. Es lógico entonces que los operadores judiciales del kirchnerismo estén monitoreando uno por uno a los jueces federales electorales de cada provincia, que son los únicos competentes para fallar sobre la elección de consejeros. Es así que habría una short list de magistrados a los que el gobierno sigue con particular desconfianza.

El juez federal de San Luis Juan Esteban Maqueda tiene, por ejemplo, una historia conflictiva con el kirchnerismo. En agosto del 2007, Maqueda jugó fuerte y reconoció el congreso del peronismo disidente que se reunió en Potrero de Funes presidido por Alberto Rodríguez Saá, aceptando el cambio del domicilio del PJ a San Luis. Pero los tiempos cambiaron: los Rodríguez Saá iniciaron en el 2011 una rápida aproximación a la Casa Rosada. De hecho, Alberto Rodríguez Saá se presentaría ahora como candidato a senador porteño y CFK lo apoyaría reservadamente.

Es que el puntano sería funcional al cristinismo al evitar que el voto de algunos sectores peronistas refuercen el caudal del PRO. Además, el gobernador puntano Claudio Poggi, un seguidor de los Rodríguez Saá, habría recibido recientemente, como parte de un acuerdo global, importantes partidas enviadas por Hernán Lorenzino. Todo esto haría que Maqueda quede prácticamente descartado como candidato a suspender la elección de consejeros.

Córdoba bajo la lupa

En los casos de María Servini de Cubría y Manuel Blanco, jueces electorales de Capital y Buenos Aires, tanto en el oficialismo como en la oposición se considera poco probable que hagan lugar a la suspensión de la elección de consejeros. Hoy por hoy, las sospechas del gobierno y las expectativas del peronismo disidente giran alrededor de lo que pueda decidir el juez electoral Ricardo Bustos Fierro. Se trata de un veterano de muchas batallas judiciales que hicieron historia. En 1999, Bustos Fierro produjo una conmoción al resolver que Carlos Menem estaba habilitado para presentarse como candidato a presidente en la interna del PJ, lo que le abría las puertas para su re-reelección. En octubre del 2010, este magistrado cordobés le otorgó una cautelar al Grupo Clarín. La misma garantizaba la continuidad del funcionamiento de Fibertel y prohibió a los organismos nacionales, provinciales o municipales “perturbar los servicios de Internet y televisión por suscripción” que presta esa empresa. A partir de entonces, el kirchnerismo lo habría incorporado a su lista negra.

Ahora, sospecharía concretamente que Bustos Fierro -hoy en buenas relaciones con De La Sota-podría hacer lugar a una medida cautelar que pida suspensión de la elección de consejeros por inconstitucionalidades diversas. Esta hipótesis sería particularmente grave para el cristinismo, porque se podría interpretar como un triunfo de De La Sota y de sus aliados Francisco de Narváez y Hugo Moyano y una fuerte señal a favor de las chances electorales del peronismo disidente. En los últimos días, el gobernador cordobés subió su apuesta contra CFK al emular a Mauricio Macri anunciando el envío a la legislatura provincial de un proyecto de ley protegiendo la libertad de prensa.

De encontrarse entonces con una sentencia que suspenda la elección, el gobierno debería optar entre apelar la decisión ante la Cámara Nacional Electoral o intentar un complicado per saltum ante la Corte Suprema. Hasta ahora, los camaristas electorales Rodolfo Munné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera mantienen un riguroso silencio sobre la nueva ley, que respondería a la intención de que no se los pueda recusar por prejuzgamiento si deben intervenir en los futuros amparos. Como están dadas las cosas, es casi inevitable que la Cámara tenga que definir la cuestión, ya que le llegarían múltiples apelaciones por medidas cautelares rechazadas y, tal vez, la apelación del gobierno por alguna que suspenda la elección.