domingo, 26 de mayo de 2013

BALANCE DE LOS 10 AÑOS DE GOBIERNO KIRCHNERISTA



BALANCE DE LOS 10 AÑOS DE GOBIERNO KIRCHNERISTA
Por Adrián Pérez (*)
Los diez años de la etapa del Kirchnerismo se inician con lo que los politólogos denominan legitimidad de origen muy debilitada, recordemos que el binomio Kirchner Scioli salió en segundo lugar en las elecciones en primera vuelta con un 22.24% de los votos frente al binomio Menem-Romero que obtuvo el 24.45%.  Frente a lo que hubiera sido una derrota inevitable, Carlos Menem decidió  bajarse de la segunda vuelta  impidiéndole  a Kirchner consolidar su legitimidad electoral. Este hecho no es menor, y en alguna medida definió la impronta de los dos primeros años de gobierno de Néstor Kirchner con algunas medidas que son las consideradas como las más positivas de estos diez años.

En primer lugar, la modificación de la Corte Suprema de Justicia que represento un paso orientado a remover a los jueces más cuestionados del tribunal e introducir un mecanismo de renovación con mayor transparencia, publicidad y con perspectiva de género.  También durante esta primera etapa se impulsó la reapertura de los juicios a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Al mismo tiempo,  en términos de dinámica política se proclamaba una supuesta transversalidad y diálogo con otras fuerzas políticas opositoras que nunca se llevó a cabo.

En términos económicos, no cabe duda que el modelo implementado en el 2003 que se sustentaba en tres pilares: tipo de cambio competitivo, superávits gemelos (fiscal y comercial) y acumulación de reservas internacionales, hace tiempo dejó de existir, aunque el gobierno se obstine en asegurar lo contrario.

Hasta el 2006 las altas tasas de crecimiento están explicadas por un lado por las excelentes condiciones de la economía internacional, que crecía a tasas que duplicaban el promedio histórico, acompañado por el crecimiento de la demanda generalizada de materias primas y su impulso sobre los precios, lo que conllevaba a una mejora significativa de los términos de intercambio, y por consiguiente su impacto positivo sobre la producción local. En el orden  interno la mejora del tipo de cambio que significó la devaluación del 2002 junto con la decisión de establecer un esquema de flotación administrada para evitar la revaluación del peso, significaron un adecuado incentivo para impulsar el aumento de la producción, especialmente del segmento industrial que es la más sensible a la competencia internacional, que como consecuencia de la crisis del 2001/02 contaba con un alto grado de la capacidad ociosa.

A partir del 2007 las condiciones internas ya no eran las mismas, aunque el gobierno se negó a reconocerlo, y en pos de sustentar su permanencia en el poder, decidió continuar con la expansión de las obras públicas, a no avanzar en una reactualizar las tarifas de los servicios públicos que cada vez estaban absorbiendo una porción mayor del presupuesto nacional, lo que  llevaba a desincentivar las inversiones, especialmente en el sector eléctrico, y a sofocar su sustentabilidad en el mediano plazo.

De esta manera comienzan a aparecer las presiones inflacionarias, que a lo largo de los años se consolida en niveles cada vez más altos, -con excepción del 2009 que disminuye por la caída en el nivel de actividad, constituyendo uno de los principales problemas de la administración kirchnerista, no sólo por los inconvenientes derivados de la indexación, sino porque representa un límite para los logros que se había alcanzado en materia de reducción de la pobreza y mejora de la capacidad de consumo de la población a partir del incremento del salario real, además de impactar contra la competitividad de la economía.

En materia energética el balance también es claramente negativo, ya que la falta de inversiones de envergadura, nos llevó a la pérdida del autoabastecimiento, que no logró resolverse con la estatización de YPF, y por lo tanto hoy somos altamente dependientes de la energía importada, que absorbe tres de cuatro dólares del superávit de la balanza comercial. Tal vez si no se hubiesen despilfarrado recursos en los sobreprecios pagados en las obras realizadas, habría habido dinero para hacer las inversiones energéticas que requería el país. En el 2006 la balanza energética aportaba casi el 50% del superávit comercial, mientras que en el año 2012, aun en un contexto de menor demanda por el enfriamiento de la economía, el déficit comercial externo del sector alcanzó los U$S 3.500 millones.

En términos productivos el gobierno kirchnerista tampoco realizó grandes cambios, ya que a pesar de las altas tasas de crecimiento registrada durante la mayor parte de estos diez años, sigue manteniéndose la misma matriz productiva, que determinan que sigamos teniendo una estructura exportadora muy concentrada en sectores extractivos de recursos naturales, con alta concentración en pocas empresas, en donde las PyMEs fueron perdiendo participación, pasando de representar en el 2001 el 13% del total de exportaciones al 10% en el último año.

Este deterioro tambien se observa en la decadencia institucional reflejada durante esta década  en la concentración del poder en manos del Ejecutivo que se erige como omnímodo a partir de resultados electorales favorables, al mismo tiempo que ha hecho todos sus esfuerzos por debilitar e ignorar a los otros poderes republicanos.

Acentuando las características del hiperpresidencialismo argentino con la utilización de DNUs, facultades Delegadas y los superpoderes en materia presupuestaria. Simultáneamente el gobierno se mostró operando por una fuerte vaciamiento de los organismos de control  (SIGEN; OA; FIA) y el debilitamiento de mecanismos de rendición de cuentas  de los actos de gobierno como la manipulación de las estadísticas publicas y la intervención del INDEC, ausencia de una ley nacional de acceso a la información pública, falta de publicidad de las agendas de los funcionarios, falta de realización de audiencias públicas, entre otras.

En resumen el balance de estos diez años de gobierno kirchnerista, ponen en evidencia que las políticas económicas aplicadas en los últimos años fueron un ejemplo de lo opuesto al progresismo, porque en un período de alto crecimiento se dilapidaron recursos públicos en subsidios que no llegaron de manera efectiva a los sectores de menores ingresos, en obras que por sus sobreprecios terminaban costando un valor muy superior al que correspondía, y en la falta de compromiso de atacar al flagelo de la inflación, que generaron una serie de distorsiones en la economía argentina, e impactaron muy fuertemente sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Finalmente el otro rasgo que atraviesa los diez años de gestión es la consolidación de una matriz de corrupción en adjudicaciones de obras públicas de manera ilegal: negociaciones incompatibles, sobreprecios, facturas truchas y eventuales sobornos. La consecuencia de esta gestión con pretensiones hegemónicas y autoritarias es el debilitamiento de las instituciones que deben garantizar los derechos ciudadanos y la afectación de percepción que los ciudadanos tienen del funcionamiento del sistema democrático.

Esperemos que en los próximos 10 años la Argentina se encamine a ser el país de la decencia y del derrame de los buenos ejemplos, pero por sobre todo a ser una sociedad plural, diversa y  equitativa.

(*) Adrián Pérez, candidato a Diputado Nacional por la CC-ARI Provincia de Buenos Aires.

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