01/12/2015 - 18:12hs
No son pocos los que creen que, en lugar de hablar de década ganada, los 12 años de gobierno K deberían haberse denominado “la década saqueada”, término que calza a la perfección para describir lo sucedido en distintas obras sociales manejadas por dirigentes K. Tal es caso del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), con las 15 causas penales abiertas en los tribunales platenses que involucran al directorio de la institución –integrado por funcionarios políticos y presentantes sindicales de Suteba y UPCN- y que fueron reveladas por nuestro diario en su edición de ayer.
Ahora bien, lo ocurrido en el IOMA no es una excepción. En la obra social docente (Osplad) ocurrió un proceso similar, con la particularidad de que actuaron algunos de los personajes involucrados en el vaciamiento de la obra social de la Provincia y que están ligados al gremio Suteba. Tal es el caso de Patricia Nisenbaum, una dirigente sindical muy cercana al ultrakirchnerista Roberto Baradel, quien antes de hacerse cargo de una de las vocalías del IOMA se desempeño como delegada en la Osplad San Justo. Actualmente sigue ligada a la obra social docente, siendo la representante de la Comunidad del Comité de Bioética del Policlínico Docente de la Osplad.
Según pudo saber Hoy, el proceso de vaciamiento habría tenido su origen en que se habrían desviado recursos millonarios pertenecientes a la obra social para sostener la estructura de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que conduce Hugo Yasky, el jefe político de Baradel y uno de los dirigentes sindicales más serviles al kirchnerismo. Recordemos que tanto Yasky como el titular del Suteba fueron entusiastas promotores políticos y económicos de la candidatura a gobernador de Aníbal “La Morsa” Fernández y de la postulación presidencial de Daniel Scioli. Lo mismo ocurrió con Carlos Quintana, secretario general de UPCN, que también tiene designado un representante suyo en el directorio del IOMA.
“Fue tal el desmanejo, que ahora Baradel no quiere designar a su delegado/a en el directorio, pero varios de los gerentes de la Osplad en funciones le responden. Y quienes se animaron a denunciar lo que estaba ocurriendo fueron echados de la obra social”, dijeron altas fuentes consultadas por Hoy. Según pudo saber nuestro diario, se habría detectado un agujero de 30 millones de pesos en la Osplad, correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, cifra que habría sido facturada por empresas fantasmas. Esto se tradujo en una abrupta caída de las prestaciones de la obra social, afectando a miles de educadores en todo el país.
A su vez, el vaciamiento llevó a que la obra social esté al borde la quiebra, por lo cual intervino la Justicia en lo Civil y Comercial de Capital Federal y hubo una convocatoria de acreedores.
Eso no fue todo. El año pasado, la Cámara del Crimen ordenó investigar al titular de la OSPLAD, Daniel Roberto Perata, por el supuesto desvío de fondos provenientes del Ministerio de Salud “en perjuicio de los afiliados de la entidad”. La Sala Cuarta del Tribunal, con las firmas de los jueces Mariano González Palazzo, Carlos González y Alberto Seijas, resolvió enviar el expediente al juzgado de instrucción número 34, actualmente a cargo del magistrado Roberto Ponce.
Además de Perata, en la causa se encuentra imputado el secretario de Actas, Mario Rojas. El resto de los actuales integrantes del directorio de la Osplad son Héctor Cova (Secretario General de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), Guillermo Marconi (Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina), Juan Carlos Manzan (CTERA, lista celeste) y María Pared (CTA-Chaco).
El fallo establece no obstante que “la eventual comisión de una defraudación por administración fraudulenta no puede, en estas condiciones, derivar en un menoscabo a las rentas del Estado Nacional”, sino directamente a los beneficiarios de la obra social. Así, el tribunal remitió las actuaciones a un juzgado penal de la Capital Federal para que determine si se cometieron o no delitos con esos fondos.
Es tan grave la situación que atraviesa la obra social docente que los propios trabajadores del instituto asistencial docente decidieron salir a la calle a manifestarse. El pasado 6 de noviembre reclamaron frente al Juzgado Civil y Comercial a cargo de Jorge Sícoli –que interviene en el concurso de acreedores- para que no habilite a la conducción kirchnerista de la Osplad a malvender los inmuebles de la obra social.
“Una de las principales obras sociales del país, con 150 mil afiliados y casi 2 mil trabajadores, está en riesgo gracias a la política de vaciamiento de la conducción encabezada por CTERA”, expresaron los empleados. Y agregaron: “Ahora intenta vender 3 inmuebles a $20 millones; mientras que su valor de mercado (según tasaciones alternativas) asciende a los $39 millones”, concluyeron.
En ese contexto, no son pocos los actores políticos y judiciales que creen que, en la nueva etapa que se inicia, tanto Baradel, Nisembaum, Yasky y Quintana, entre otros dirigentes sindicales, deberán desfilar por los tribunales, dando explicaciones acerca del colapso de las obras sociales que ponen en serio riesgo la salud de millones de afiliados, es decir, trabajadores a los que deberían defender.
Polémica designación
Se acerca el recambio de gobierno y por eso quedaron en la mira varias de las designaciones realizadas en el IOMA. Una de las más polémicas es la joven Gisele Gogorza (31), que estaría vinculada a La Cámpora, a cargo de la dirección regional de la obra social con sede en Olavarría. Según trascendió, Gogorza dice haberse recibido de abogada en una extensión de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora que hay en Olavarría y en la propia regional se escuchan numerosas quejas debido a que habría sido designada a dedo, sin antecedentes, lo que habría derivado en una situación de caos en la regional.
“La regional de Olavarría es una de las peores de la Provincia. Hemos hechos numerosos pedidos de informes para que nos acrediten los antecedentes de Gogorza y si realmente es abogada, y las autoridades no responden”, dijo a Hoy, Idelmar Seillant, titular de la Asociación de Profesionales del Ioma.
Llueven las críticas por la atención del IOMA
Tras las denuncias de Hoy dando cuenta de distintos sindicalistas implicados en el vaciamiento del Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA), numerosos afiliados se comunicaron con la redacción de nuestro diario para dar cuenta de la pésima atención que vienen sufriendo por parte de la obra social.
La más recurrente de las quejas viene por las internaciones domiciliarias, del cual el Instituto paga decenas de millones de pesos al año, no cumpliendo en casi ninguno de los casos con la atención que debería brindarles a sus pacientes.
Una de estas particularidades se da en la localidad de Florencio Varela, donde la empresa Sileno SRL, según denuncias de los afiliados al IOMA, habría falsificado las firmas de distintos asociados para cobrar por un servicio que jamás cumplió.
Según se pudo saber, esta sociedad tiene alrededor de 30 pacientes que deben atender en la populosa ciudad del Conurbano bonaerense, cobrando por la atención de cada uno de ellos, 25.000 pesos por mes, que si se multiplica por los 30, da una cifra de 750.000 pesos mensuales que salen de las arcas de la provincia.
Las acusaciones hacia el IOMA están dadas en que cuando van las personas a denunciar estos hechos, son ignorados por el personal de la obra social, no le quieren dar copia de los legajos donde esta empresa está involucrada, y no hacen nada por controlar de que la misma cumpla por los servicios para los que el Estado bonaerense les paga grandes sumas de dinero.
Vale recordar que el diario Hoy explicitó en su edición de ayer la Causa IPP-denuncia 37646/11 donde 850 afiliados denunciaron que nunca recibieron el módulo de internaciones domiciliarias que el IOMA supuestamente estaba pagando. En la acusación se especifica además que los módulos estarían armados de forma tal de favorecer a empresas cercanas al poder político y sindical, estando involucrados directores centrales y regionales, y funcionarios provinciales.
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