REPUDIAN DECLARACIONES DE LA PRESIDENTE

Adjuntamos el texto y archivo adjunto del repudio a las declaraciones de la presidente sobre

La comparación de caranchos y buitres con los jubilados.

SOLICITAMOS A LOS MEDIOS MAXIMA DIFUSION Y A TODAS LAS REDES SOCIALES

En otra de sus apariciones por la cadena nacional (que debería utilizar sólo para casos de excepción), la presidente Cristina Fernández hizo una infeliz, intolerable y agraviante comparación entre los fondos buitres y los caranchos con los juicios de los jubilados.

Resulta sorprendente el profundo desconocimiento y falta de respeto que la presidente tiene de la Constitución, de numerosas leyes (también sancionadas por ella) y de los fallos de los Tribunales de Justicia de la Nación, incluida la Corte Suprema en los casos “Badaro”, “Eliff”, “Betancourt” y otros, respecto de los derechos que les asisten a los jubilados para cobrar jubilaciones dignas y móviles.

Y de los fallos de la Corte Suprema que ordena al ANSES pagar los juicios y que ésta no cumple, situación que colocaría a sus autoridades en desacato al Máximo Tribunal de Justicia. La Corte se ha pronunciado conforme lo dispone el ordenamiento jurídico.

Cabe resaltar que el Gobierno se comprometió ante la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos en el 2009 a no apelar los juicios y a pagar las sentencias. No cumplió. Se dedicó a cuestionar Magistrados.

Comparar a los fondos buitres y caranchos con los derechos y la situación de los jubilados es un agravio de una hipocresía y una falsedad sorprendente, impropios de una gobernante que debería cumplir con las leyes y los fallos.

Cerca del 70% de los jubilados percibe menos de $ 2.000 por mes, después de haber aportado durante 30, 40 o más años.

En muchos casos sus remuneraciones no alcanzan al 20% de un trabajador activo.

En casos excepcionales, muchos ex funcionarios, que perciben elevados montos, el Estado les aplica el impuesto a las ganancias. ¡Sobre jubilaciones! ¿Cuál es la ganancia, señora presidente?

La referencia al sistema de AFJP nos produce indignación.

Parece que la señora vivió en otro país desde 1976 a la fecha. Su cuñada, actual ministro, era funcionaria del proceso.

No recuerda que su ex esposo fue gobernador y presidente; y ella diputada y senadora nacional , además de presidente. Llevan casi 10 años en el Gobierno.

¿No formó parte del Congreso Nacional que votó la ley de creación de las AFJP como las de todas las privatizaciones que ahora cuestiona?

¿Ambos no fueron congresales constituyentes en la Asamblea de 1994 que dio pie al inicio de las re re elecciones?

Los fondos buitres y los caranchos compraron y especularon con bonos que vendió un estado que no pagó.

Los jubilados, por el contrario, no especulamos.

Fuimos estafados por un Estado que ha permitido que no se nos devuelva lo aportado.

La señora vetó la ley sancionada por unanimidad en el Congreso que nos otorgaba el 82% móvil.

Miles de casos acreditan que los dineros aportados por los trabajadores en las AFJP han sido expropiados y estafados a los jubilados por el Fondo de Sustentabilidad, creado por Ley 26.425 sancionada por la presidente el 20 de noviembre del 2008, que obliga a brindar mejores prestaciones.

El artículo 6º de la Ley 26.425 expresa textualmente: “La totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino.”

Permite hacer inversiones siempre que se apliquen “ de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados” que garanticen la continuidad financiera del Fondo.

¿Se han destinado la totalidad de los recursos para el pago de los beneficios jubilatorios?

¿Se han mantenido criterios de seguridad y rentabilidad adecuados?

¿Cuál es la rentabilidad y la seguridad de los bonos del Estado, de fútbol y automovilismo para todos, asignaciones, y otros destinos que nada tiene de relación con los pagos a los jubilados?

Por centenares de razones Constitucionales y legales, repudiamos sus expresiones porque atentan contra la moral y los derechos de los casi 400.000 jubilados que están ejerciendo sus derechos, los que desprecia para disponer de una caja con dineros que no son propios ni del gobierno, sino de quienes aportamos.

En las expresiones rechaza el accionar de los abogados que llevan las causas y a los Magistrados que intentan aplicar las leyes vigentes.

Resulta lamentable y repudiable que, mientras miles de jubilados han muerto esperando cobrar lo que les corresponde, la presidente los compare con buitres y caranchos. Y afirma con desconocimiento que antes no había juicios.

Tanto en el caso de la elevada pensión que percibe, y en la jubilación de su señora madre, suponemos que no debieron litigar durante 20 o 30 años como muchos jubilados ya fallecidos, generando una discriminación que altera principios éticos.

Pareciera que la presidente ni sus asesores, han leído el Preámbulo de la Constitución Nacional que la obliga a promover la unión nacional y afianzar la justicia. Desune , divide, enfrenta, agravia.

Como lo dice “milita”. Pero no gobierna para todos los Argentinos.

Si gobernara, ya se hubiera ocupado de cumplir con la Ley 25.615 que en julio del 2002 dispuso que en 180 días debía ser normalizado el PAMI, la obra social de los jubilados, que está ilegalmente administrada por un director ejecutivo y no por el directorio de 11 miembros como ordena la norma.

Han pasado más de 10 años violando la ley. Además , brindando servicios de pésima calidad a las personas de la tercera edad. Mientras destinan parte de sus recursos a promover política partidaria.

Parece no tener en cuenta las expresiones de Ulpiano cuando afirmaba que debíamos vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo.

Menos aún a Aristóteles cuando sostenía que sin moral no hay justicia ni derecho.

Y lo que es peor, tratar despreciativamente, comparándolos con buitres y caranchos, a quienes reclaman dentro del marco de la ley por la defensa de sus violados derechos.

De caranchos saben los que remataban casas en la época del proceso gracias a circulares como la 1050.

No imaginamos que tales expresiones puedan ser pronunciadas por algún gobernante de un país serio, donde se respete el Estado de Derecho.

Ningún funcionario es dueño de nuestros derechos , los que seguiremos defendiendo, muy a pesar de ellos.

Son transitorios ocupantes de cargos públicos que deberían desempeñar con lealtad, decencia, eficiencia y probidad. Y sobre todo, en forma igualitaria para todos los Argentinos.

MESA DIRECTIVA DE LA FEDERACION DE JUBILADOS MENDOCINOS.

En Mendoza, a los 30 días del mes de noviembre del 2012