Martes, 08 de Septiembre de 2015 14:53
La Justicia ordenó a la Junta Electoral no dar por cerrado el escrutinio ni proclamar ganadores de la elección HASTA FIN DE OCTUBRE NO HABRA GOBERNADOR ELECTO ¿Intervención?
La Sala I de la Cámara lo Contencioso Administrativo, integrada por los magistrados Salvador Ruiz y Horacio Castellanos, dictó este martes una medida cautelar ordenándole a la Junta Electoral que se abstenga de dar por concluido el proceso de escrutinio que se está llevando a cabo, y que se abstenga de proclamar ganadores de las elecciones del 23 de agosto, hasta que se resuelva el juicio iniciado por José Cano y Domingo Amaya, denunciando el fraude.
La Junta también deberá abstenerse de proceder a la destrucción o alteración de la totalidad de las urnas utilizadas en esa elección.
Esta decisión se prolongará por varias semanas, hasta que se resuelva el pedido de nulidad de la elección provincial del 23 de agosto.
De hecho, Tucumán no tendrá gobernador electo por varias semanas.
La Cámara dispone de un plazo 51 días para resolver, hasta la fecha de asunción del nuevo gobernador, a fin de octubre.
El viernes 4 de septiembre, Cano y Amaya habían hecho un planteo judicial en el que señalaron decenas de pruebas de lo que consideraron un fraude electoral en la votación del 23 de agosto. Consignaron, entre las evidencias, que hubo entrega de bolsones, traslado de votantes, presuntas maniobras irregulares en las mesas de votación y otras posibles anomalías.
Cuestionaron además a la Junta Electoral por haberse negado a abrir todas las urnas y por haber expresado, a través de Gandur, que los comicios habían sido transparentes. Cinco partidos se adhirieron a la demanda de Cano y Amaya, todos ellos alineados al ApB: la Democracia Cristiana (DC), Libres del Sur, el Partido Socialista y el Movimiento Popular y Federal.
Así, por más que la Junta Electoral termine el recuento de votos, no se proclamará un ganador hasta tanto la Justicia resuelva planteos. La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo tiene 51 días, hasta la asunción de nuevas autoridades, para definir la nulidad.
La decisión judicial tiene un enorme impacto político, pues deja a la provincia sin gobernador electo por varias semanas, y complica gravemente a Daniel Scioli, quien quería que el tema de las elecciones tucumanas desapareciera cuanto antes de la escena nacional.
Por otra parte, la grave situación institucional que crea la indefinición electoral en la provincia hace resonar nuevamente las posibilidades de que desde la Casa Rosada se busque poner fin a todo el entuerto provincial con una intervención federal.
Cano y Amaya, con al patrocinio de los abogados Daniel Ponce y Arnaldo Ahumada, solicitaron que se declaren nulas las elecciones y que se fije un nueva fecha para votar. Según denunciaron, hubo una maniobra sistemática para fraguar los resultados y alterar la voluntad popular.
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